STC16749-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16749-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01438-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 30 de julio de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Hernando Clavijo Lozano contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de la Corte Suprema de Justicia, su hom\u00f3loga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad y la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura \u2013 hoy Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, entre otros, supuestamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De acuerdo con el recuento f\u00e1ctico realizado por el a quo constitucional, se tienen como hechos relevantes los siguientes: <\/p>\n
\u00ab1. HERNANDO CLAVIJO LOZANO recibe un salario m\u00ednimo por concepto de pensi\u00f3n sanci\u00f3n reconocida por el Banco Cafetero; no obstante, interpuso demanda ordinaria laboral contra \u00e9ste \u00faltimo en Liquidaci\u00f3n, mediante la cual exig\u00eda la reliquidaci\u00f3n de la primera mesada pensional, con los ajustes anuales retroactivos. El proceso en menci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado 11 Laboral del Circuito de esta ciudad, Despacho que a trav\u00e9s de decisi\u00f3n del 25 de agosto de 2000 absolvi\u00f3 al demandado de las pretensiones invocadas. La decisi\u00f3n fue confirmada el 27 de septiembre siguiente por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Posteriormente, el ahora accionante inici\u00f3 un segundo proceso ordinario laboral contra el Banco Cafetero en Liquidaci\u00f3n y su liquidador, pretendiendo obtener la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, as\u00ed como el pago de intereses moratorios, indemnizaci\u00f3n moratoria o los perjuicios materiales y morales. El descrito proceso correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien declar\u00f3 probada excepci\u00f3n de cosa juzgada por cuanto hab\u00eda un proceso anterior con identidad de partes, objeto y causa, con sentencia debidamente ejecutoriada. La decisi\u00f3n fue confirmada el 30 de septiembre de 2011 por la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y el 13 de marzo de 2018 la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 no casar el fallo. <\/p>\n
3. El 18 de mayo de 2010, interpuso acci\u00f3n de tutela con el objetivo de obtener la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, pretensiones despachadas desfavorablemente por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, quien mediante fallo del 28 de julio de 2010 declar\u00f3 la improcedencia del amparo propuesto. <\/p>\n
4. La anterior decisi\u00f3n fue recurrida, de ah\u00ed que, al resolver la impugnaci\u00f3n propuesta mediante auto del 25 de agosto de 2010, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decret\u00f3 la nulidad de lo actuado para en su lugar rechazar la demanda de tutela propuesta\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se infiere que busca la invalidaci\u00f3n de las providencias que le resultaron adversas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 aport\u00f3 copia de las decisiones proferidas en el proceso laboral ordinario (rad. 2007-00701). <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de esa urbe adujo que \u00aben lo concerniente al fallo del 27 de septiembre de 2000 proferido dentro del proceso 11001310501119980012401, se reitera lo que la Secretar\u00eda de este Tribunal inform\u00f3 mediante correo electr\u00f3nico de fecha 8 de marzo de 2021, que reposa en el expediente digital.\u00bb. <\/p>\n
3. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico explic\u00f3 que \u00abno es el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico el llamado a responder en el reclamo que plantea en sede de Tutela para que se le reliquide su pensi\u00f3n que sin soluci\u00f3n de continuidad disfruta desde 1987, sino que dichas acciones corresponden ser atendidas administrativa y judicialmente entre el Fondo de Garant\u00edas de Instituciones Financiera – Fogaf\u00edn y la sociedad fiduciaria que administra el patrimonio aut\u00f3nomo de remanentes del Banco Cafetero, esto es Fiduciaria La Previsora S.A.\u201d\u00bb. <\/p>\n
4. Fiduagraria S.A. reliev\u00f3 que \u00aben el caso particular, el proceso ordinario laboral con radicado 110013105001 2007 00701 00 adelantado en contra del extinto Banco Cafetero en Liquidaci\u00f3n, fue el \u00fanico el que se contaba con el se\u00f1or HERNANDO CLAVIJO LOZANO como demandante dentro de la relaci\u00f3n de procesos entregados para la administraci\u00f3n del Patrimonio aut\u00f3nomo, por lo que se ejerci\u00f3 por parte de FIDUAGRARIA S.A. (como vocera y administradora del mismo) la defensa jur\u00eddica en el mencionado proceso que culmin\u00f3 con la sentencia de casaci\u00f3n expedida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el d\u00eda 13 de marzo de 2018 en la que resolvi\u00f3 NO CASAR la sentencia absolutoria proferida por la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 30 de septiembre de 2011\u00bb. <\/p>\n
5. Fogaf\u00edn se\u00f1al\u00f3 que \u00abbajo ninguna circunstancia se encuentra dentro de las funciones del Fondo de Garant\u00edas de Instituciones Financieras, asumir directamente las pretensiones invocadas debido a que, mediante el Decreto 610 de 2005 (art\u00edculo 12), hoy contenido en el art\u00edculo 2.2.10.1.1 y siguientes del Decreto 1833 de 2016, se determin\u00f3 la participaci\u00f3n subsidiaria de FOGAFIN en el faltante que se llegue a generar con ocasi\u00f3n de los asuntos pensionales de la Liquidaci\u00f3n. La Naci\u00f3n por conducto del Fondo asume el faltante de obligaciones pensionales que eventualmente se d\u00e9, s\u00f3lo en cuanto se agoten los recursos dejados por la entidad en liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 arguy\u00f3 que \u00aben respuesta al oficio de la referencia, se informa que el procesos solicitado, ya no se encuentra en custodia de este Despacho debido a que se realiz\u00f3 el tr\u00e1mite previsto para el archivo de procesos en el mes de julio del a\u00f1o 2010, encontr\u00e1ndose a \u00f3rdenes del Consejo Seccional de Bogot\u00e1 \u2013 Archivo, dependencia a la que en la fecha se le solicit\u00f3 el desarchivo de los mismos y se reenvi\u00f3 el requerimiento de la referencia, quedando atentos a la respuesta para as\u00ed enviar las piezas peticionadas\u00bb. <\/p>\n
7. El estrado Diecis\u00e9is Laboral de la citada localidad memor\u00f3 que \u00abuna vez revisadas las bases de datos de este Despacho Judicial, no se encontr\u00f3 que curse ni haya cursado ning\u00fan proceso que se encuentre relacionado con los hechos que se manifiestan en el auto allegado, esto por cuanto se encontr\u00f3 que el proceso que se menciona en el mentado auto en su Numeral 5\u00b0 correspondiente al Radicado No. 20070070100, que no es un proceso ordinario laboral de primera instancia, pues este radicado \u00fanico corresponde a la acci\u00f3n de tutela instaurada por NESTOR POSADA SOLANO Y LUZ EDDY ESCOBAR DE POSADA contra FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., motivo el que no se encuentra relaci\u00f3n alguna entre el actor con este Despacho Judicial\u00bb. <\/p>\n
8. El hom\u00f3logo Dieciocho Laboral de la misma ciudad aclar\u00f3 que \u00abuna vez verificado el sistema de informaci\u00f3n siglo XXI, se pudo establecer que el proceso 2007- 701 corresponde a una acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or HERNANDO ABADIA RODRIGUEZ en contra del extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES cuyo archivo se orden\u00f3 el 7 de abril de 2008, partes diferentes a las que intervienen en la acci\u00f3n constitucional bajo estudio. Ahora bien, de conformidad con el oficio y el auto remitido por ustedes, se observa que la acci\u00f3n de tutela se encuentra dirigida en contra del Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 – Adjunto; no obstante, dicho Despacho fue creado transitoriamente del 1 de marzo a 16 de diciembre de 2011 a quien le correspond\u00eda proferir fallos de diferentes Despachos Judiciales, no solo del Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, desconociendo el suscrito a que Juzgado le correspond\u00eda el conocimiento del proceso ordinario laboral promovido por el se\u00f1or HERNANDO CLAVIJO LOZANO\u00bb. <\/p>\n
9. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca dijo que \u00abrevisado el escrito tutelar, se tiene que la inconformidad nace de las providencias judiciales proferidas, entre otros, por los jueces Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, por la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y por el Juzgado 18 Adjunto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, las que en criterio del accionante constituyen claras v\u00edas de hecho y son violatorias de sus derechos fundamentales constitucionales\u00bb. <\/p>\n
10. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial explic\u00f3 que \u00abno es posible que esta Corporaci\u00f3n se pronuncie acerca de las actuaciones y fallos proferidos por la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en la medida en que no los elabor\u00f3, discuti\u00f3 y no tuvo participaci\u00f3n en los mismos y no est\u00e1 dentro de sus competencias pronunciarse sobre el contenido de decisiones proferidas en el marco de procesos que fueron conocidos por la extinta corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n recalc\u00f3 que se incumple el presupuesto de inmediatez, porque \u00abse aclara que no se cuestiona la inmediatez de la acci\u00f3n de tutela con la fecha de traslado de la misma en la presente anualidad, pues se entiende que la acci\u00f3n se esta ventilando por orden de la Corte Constitucional dada mediante auto 247 de 2021, sino respecto de la fecha en la que interpuso la acci\u00f3n de tutela, el 22 de noviembre de 2019, pues como lo dijo la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en su momento, el fallo de tutela cuestionado fue expedido el 25 de agosto de 2010\u00bb. <\/p>\n
11. El Banco Davivienda S.A. destac\u00f3 que \u00abfrente a los hechos relacionados en la presente acci\u00f3n de tutela se debe indicar que los mismo no son de conocimiento, aceptaci\u00f3n negaci\u00f3n o postura alguna por parte de mi representada. Lo anterior teniendo en cuenta que dentro de la discusi\u00f3n que trae a colaci\u00f3n el accionante, el Banco Davivienda S.A no ha tenido ni tendr\u00e1 injerencia alguna, pues tal y como se pasar\u00e1 a explicar posteriormente, en la presente acci\u00f3n existe una falta de legitimaci\u00f3n por parte del Banco Davivienda\u00bb. <\/p>\n
12. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 se pronunci\u00f3 frente a \u00abi) la imposibilidad de utilizar el presente medio constitucional como una instancia adicional, con el objeto de revivir el an\u00e1lisis del conflicto. ii) el incumplimiento por parte del actor del requisito de inmediatez, en perspectiva de la fecha en la que se profiri\u00f3 la sentencia CSJ SL910-2018 y, iii) la sujeci\u00f3n de la decisi\u00f3n que se cuestiona a la Constituci\u00f3n, la ley y al precedente jurisprudencial. Por lo anterior, en aras de la brevedad, insisto en remitirme a las argumentaciones all\u00ed expuestas, para que sean tenidas en cuenta al momento de decidir lo pertinente\u00bb. <\/p>\n
13. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n reliev\u00f3 que \u00aben atenci\u00f3n a su comunicaci\u00f3n por medio de la cual se notifica a este Patrimonio el avoco en la presente acci\u00f3n constitucional en contra de la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia por el proceso ordinario laboral radicado N\u00b0 2007-00701- 01; de manera respetuosa me permito informarle que se elev\u00f3 la consulta del caso con el \u00e1rea pertinente de esta Entidad; la cual nos inform\u00f3 que el proceso laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R. o el extinto I.S.S.\u00bb. <\/p>\n
14. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 a\u00f1adi\u00f3 que \u00abse cumpli\u00f3 cabalmente con la funci\u00f3n de administrar justicia que le fue encomendada y en virtud de la interpretaci\u00f3n normativa y jurisprudencial efectuada sobre el asunto puesto en conocimiento con la acci\u00f3n de tutela estudiada, profiri\u00f3 una decisi\u00f3n motivada legal y probatoriamente. Sin embargo, es igualmente claro que el superior jer\u00e1rquico funcional de la suscrita decidi\u00f3 en segunda instancia que esta colegiatura carec\u00eda de competencia para solventar la acci\u00f3n de tutela en que el se\u00f1or Hernando Clavijo Lozano era parte, por cuanto exist\u00eda previamente un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que no pod\u00eda desconocerse\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 improcedente el amparo, porque \u00aben lo que ata\u00f1e a la primera de las decisiones censuradas, esto es, la emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al examinar las pruebas obrantes en el expediente, la Sala puede concluir que la presente solicitud de amparo debe ser declarada improcedente, comoquiera que no cumple a cabalidad con los precitados requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades enjuiciadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en (i) el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor, por mantener en firme la sentencia desfavorable del tribunal ad quem; y (ii) por rechazar la tutela que el interesado present\u00f3 en 2010, ante la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 13 de marzo de 2018 y la tutela se intent\u00f3 en noviembre de 2019, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de esta Corporaci\u00f3n mantuvo inc\u00f3lume la sentencia desfavorable del tribunal ad quem, en tanto \u00abla demanda con la que se pretende sustentar el recurso extraordinario, no se atiene a las reglas que gobiernan este medio de impugnaci\u00f3n\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los cargos formulados por el gestor, el estrado convocado reliev\u00f3 que se encontraron numerosas deficiencias t\u00e9cnicas en la demanda de sustentaci\u00f3n, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab 1.- En el alcance de la impugnaci\u00f3n, que constituye el petitum de casaci\u00f3n, en el que el recurrente debe expresar claramente lo que pretende que la Corte haga con la sentencia acusada, esto es, si casarla total o parcialmente y, en este caso, sobre qu\u00e9 puntos debe versar la anulaci\u00f3n del fallo y cu\u00e1les deben quedar vigentes; as\u00ed como indicar qu\u00e9 pretende que ella decida en relaci\u00f3n con la sentencia del juzgado, es decir, si confirmarla, modificarla o revocarla y, en estos dos \u00faltimos eventos, cu\u00e1l debe ser la decisi\u00f3n de reemplazo, la censura, si bien impetra el quiebre del segundo fallo de instancia, no le se\u00f1ala a la Corte pretensi\u00f3n espec\u00edfica alguna respecto del primer prove\u00eddo de instancia, en la medida en que, de manera general y abstracta, le depreca que profiera la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, declinando asumir la carga ineludible que reci\u00e9n se ha se\u00f1alado, con lo cual coloca la Corporaci\u00f3n en el predicamento de desentra\u00f1ar su inter\u00e9s litigioso en lo atinente con el fallo del a quo, actitud que desconoce el car\u00e1cter rogado del recurso sobre el que se discurre. <\/p>\n
2.- En el cargo primero, presentado y desarrollado en 68 folios, con recurrentes citas normativas y jurisprudenciales, la acusaci\u00f3n, no solo desconoce la regla del art\u00edculo 91 del CPTSS, que le impone presentar la demanda que soporta el recurso de casaci\u00f3n de manera sucinta, sin extenderse en consideraciones jur\u00eddicas, como en los alegatos de instancia, sino que, no obstante expresar que el fallo del Tribunal no es f\u00e1ctico probatorio, por lo que lo ataca por la v\u00eda directa, termina blandiendo dos conceptos de trasgresi\u00f3n normativa mutuamente excluyentes en esa senda, como la infracci\u00f3n directa y la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, que al tenor del primer ordinal del art\u00edculo 87 ib\u00eddem y del literal a) del quinto ordinal del art\u00edculo 90 ib\u00eddem, son cada uno aut\u00f3nomos e independientes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, debe recordarse que, en el imperativo l\u00f3gico de la exposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, es conceptualmente inaceptable que se diga que un precepto que el Tribunal no aplic\u00f3 porque lo ignora, o porque, conoci\u00e9ndolo, se rebela contra \u00e9l y se abstiene de aplicarlo (concepto de infracci\u00f3n directa), tambi\u00e9n lo interpret\u00f3 con error, pues deviene evident\u00edsimo, por sustracci\u00f3n de materia, que es imposible comprender con error, porque se le hizo decir m\u00e1s de lo que sus supuestos de hecho permiten, o menos de lo que ellos posibilitan (concepto de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea), una norma que el juzgador no emple\u00f3 para resolver el conflicto puesto a su consideraci\u00f3n\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, la Colegiatura se\u00f1al\u00f3 que \u00absi se escudri\u00f1ara la acusaci\u00f3n, comprendi\u00e9ndola como dirigida por la v\u00eda directa, bajo el exclusivo motivo de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la normativa sustancial enlistada en la proposici\u00f3n jur\u00eddica, de todas maneras tampoco podr\u00eda estimar el cargo, pues distra\u00edda la impugnaci\u00f3n en las extensas citas normativas y jurisprudenciales que realiza, no avanz\u00f3 en desentra\u00f1ar, en relaci\u00f3n con el caso concreto, en qu\u00e9 consisti\u00f3 la equivocada intelecci\u00f3n que le endilga al juez de la apelaci\u00f3n, como impact\u00f3 ello la sentencia, y cu\u00e1l era la comprensi\u00f3n de aquellas normas, que se aven\u00eda al caso\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que en los cargos segundo y tercero tambi\u00e9n se constataron errores similares, comoquiera que \u00abal expresar la impugnante que para su demostraci\u00f3n se remite a lo que expres\u00f3 para el primero, no s\u00f3lo les afecta con el desconocimiento que a este se le apunt\u00f3 de la regla del art\u00edculo 91 del CPTSS, por lo que su planteamiento se asemeja m\u00e1s a un alegato de instancia, sino que asume, con protuberante equivocaci\u00f3n, que los tres motivos de violaci\u00f3n de la ley sustancial de alcance nacional a que se refieren los art\u00edculos 87 y 90 del CPTSS, pueden acreditarse ante la Corte de la misma manera, cuando al tenor de esa normativa y de la jurisprudencia que se ha tra\u00eddo a colaci\u00f3n, como cada uno tiene identidad propia, es aut\u00f3nomo e independiente, y exige, por ende, un ejercicio de acreditaci\u00f3n diferente, en vista de que refulge que una cosa es imputar a un Tribunal ignorancia de la ley sustantiva de alcance nacional, o rebeld\u00eda frente a ella; intelecci\u00f3n equivocada o aplicaci\u00f3n indebida de la misma\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, precis\u00f3 que \u00aben lo que ata\u00f1e con el cuarto cargo, dirigido por la senda indirecta, la censura tampoco cumple con las exigencias t\u00e9cnicas de la casaci\u00f3n laboral, pues si bien el recurrente puntualiza, en el literal A), los yerros de hecho que afirma cometi\u00f3 el ad quem, y relaciona en el B) los elementos de convicci\u00f3n que en su criterio dejaron de apreciarse, cumple decir que en el primer ac\u00e1pite no enrostra s\u00f3lo yerros de apreciaci\u00f3n f\u00e1ctico probatoria a dicho juez colegiado, sino que en los dos \u00faltimos, le increpa es cuestiones jur\u00eddicas, relacionadas con los derechos fundamentales y la jurisprudencia constitucional, con lo cual mezcla, inapropiadamente, las v\u00edas de ataque directa e indirecta, que deben ser utilizadas por el recurrente en casaci\u00f3n en cargos independientes, como lo ha orientado la jurisprudencia de la Sala, pues las mismas son excluyentes, en la medida que la primera comporta el cuestionamiento de ilegalidad del segundo fallo de instancia con prescindencia de debates sobre las conclusiones f\u00e1cticas y la actividad de valoraci\u00f3n probatoria del Tribunal, y la segunda apareja cuestionarlo pero alegando la violaci\u00f3n de la ley sustantiva de alcance nacional, a partir de la alegaci\u00f3n de errores evidentes de hecho, fruto de la falta de apreciaci\u00f3n, o la apreciaci\u00f3n equivocada de las pruebas que se singularizan\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta a los cuestionamientos tendientes a enervar la juridicidad de las decisiones adoptadas en el primer proceso laboral iniciado por el memorialista, en el cual se desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n de reliquidaci\u00f3n de la primera mesada pensional, se tiene que, de acuerdo con el recuento realizado por el a quo constitucional, este correspondi\u00f3 al Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien con fallo del 25 de agosto de 2000 absolvi\u00f3 a la entidad demandada, determinaci\u00f3n que fue confirmada el 27 de septiembre siguiente por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, sin que se desprenda de esas actuaciones \u2013ni de la consulta realizada al sistema de gesti\u00f3n judicial\u2013 que el interesado controvirtiera dicha providencia, aspecto con el cual desperdici\u00f3 la oportunidad de debatir las censuras tra\u00eddas a esta senda. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: \u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo atinente al rechazo de la acci\u00f3n de tutela que el peticionario radic\u00f3, deviene di\u00e1fano que se pretermiti\u00f3 el criterio de inmediatez que rige esta clase de asuntos, en tanto la decisi\u00f3n confutada data del 25 de agosto de 2010, mientras que este amparo, se itera, se present\u00f3 en noviembre de 2019, superando ampliamente el plazo razonable para acudir a este mecanismo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
5.2. En cuanto al reproche atinente al rechazo de la acci\u00f3n de tutela que el memorialista present\u00f3 en 2010, se colige la pretermisi\u00f3n del criterio de tempestividad que rige este mecanismo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue ingresado a este despacho el 18 de noviembre de 2021, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC16749-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16749-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01438-01 (Aprobado en Sala de siete de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 30 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60182","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60182"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60182\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}