STC16752-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16752-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04385-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la salvaguarda que Carlos Arturo Serna Uribe instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, extensiva al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de esa ciudad y a los dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 2017-00221-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En sustento se\u00f1al\u00f3 que promovi\u00f3 demanda de responsabilidad civil contractual contra el Banco Pichincha S.A., asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Pereira, quien neg\u00f3 las pretensiones, veredicto que confirm\u00f3 el Tribunal accionado (7 octubre 2021). <\/p>\n
Precis\u00f3 que las autoridades judiciales incurrieron en defecto f\u00e1ctico habida cuenta que no valoraron en debida forma los contratos de leasing y el paz y salvo que daba cuenta que siempre fue un contratante cumplido y que era obligaci\u00f3n del Banco demandado hacer el respectivo traspaso al aqu\u00ed actor de los veh\u00edculos objeto de la opci\u00f3n de compra. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que no se tuvo en cuenta que en el interrogatorio efectuado a la gerente del Banco, M\u00f3nica Marisol Baquero, ella confes\u00f3 que no hab\u00eda podido hacer el traspaso del dominio de los bienes objeto del leasing al aqu\u00ed accionante, debido a las anomal\u00edas presentadas en el Ministerio del Transporte. De igual forma adujo que el Cuerpo colegiado desconoci\u00f3 los art\u00edculos 1546, 1609 y 1893 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. Para la fecha de elaboraci\u00f3n de esta decisi\u00f3n no se hab\u00eda recibido respuesta de las autoridades accionadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que la decisi\u00f3n de segunda instancia cuestionada es razonable. <\/p>\n
En efecto, en la sentencia censurada se hall\u00f3 que el Tribunal rese\u00f1\u00f3 los argumentos del recurso de apelaci\u00f3n, los cuales coinciden con el fundamento de la queja constitucional. Para resolver la alzada la autoridad judicial hizo una valoraci\u00f3n integral de los medios suasorios obrantes en el expediente a partir de los cuales estableci\u00f3 que en los dos contratos de leasing suscritos por la partes se estipul\u00f3 a cargo del demandante el pago de todos los gastos relacionados con la adquisici\u00f3n, dominio, utilizaci\u00f3n, matr\u00edcula, registro, gravamen y enajenaci\u00f3n de los tracto camiones objeto del contrato. Al respecto dijo: <\/p>\n
En el caso se tiene que, entre las obligaciones contra\u00eddas por el locatario, reza la No.26\u00aa: \u201cGASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se ocasionen con motivo de la firma de este contrato, as\u00ed como los que se causen y\/o deriven directa o indirectamente por adquisici\u00f3n, dominio, utilizaci\u00f3n, matr\u00edcula, registro, gravamen, enajenaci\u00f3n y\/o cualquier otro concepto respecto del bien o los bienes objeto del mismo, ser\u00e1n de cargo de LOS LOCATARIOS. Si LOS LOCATARIOS incumplen las obligaciones contenidas en \u00e9sta (Sic) Cl\u00e1usula (Sic), ser\u00e1n de su cargo, cualquier multa, inter\u00e9s o sanci\u00f3n que se cause.\u201d. Resaltado de esta Sala (Carpeta No. 03, cuaderno llamamiento en garant\u00eda, documento No.02, folio 20). <\/p>\n
Vale aclarar que el banco Pichincha SA no desconoce la obligaci\u00f3n de transferir el dominio de los camiones, as\u00ed indic\u00f3 al responder el hecho No.1, que acept\u00f3 con la explicaci\u00f3n de que \u201c(\u2026) est\u00e1 supeditada a los contratos de leasing suscritos (\u2026) y el cumplimiento de las cl\u00e1usulas que all\u00ed se incorporan.\u201d (Carpeta 1\u00aa, cuaderno principal, documento No.01, folio 90), adem\u00e1s obran los dos (2) documentos que contiene en forma expresa ese acuerdo, suscrito por ambas partes en litigio, ninguna tacha hubo (Carpeta 1\u00aa, cuaderno principal, documento No.01, folios 29 y ss). Sin dificultad alguna, del enunciado textual de la cl\u00e1usula copiada antes, se infiere que todos los pagos relacionados con la matr\u00edcula e impuestos de los automotores de marras y \u201ccualquier otro concepto\u201d, fueron pactados a cargo de la parte hoy demandante (Locataria o tomadora tambi\u00e9n llamada usuaria leasing), y seg\u00fan los hechos de demanda se abstuvo de realizar ese tr\u00e1mite en raz\u00f3n a estimar que correspond\u00edan al banco y que solamente este pod\u00eda adelantarlos (Hecho No.13). <\/p>\n
Empero, al dar lectura al oficio No.STTF-2130 del 12-06-2017 de la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transportes de Facatativ\u00e1 (Carpeta 1\u00aa, cuaderno principal, documento No.01, folio 64 y ss), se advierte con claridad que la gesti\u00f3n ante la mencionada oficina la pod\u00edan adelantar tambi\u00e9n los poseedores o tenedores del veh\u00edculo, no \u00fanicamente el due\u00f1o del bien; mas ning\u00fan pago o procedimiento se agot\u00f3 ante la referida circunstancia por parte del demandante, por el contrario, enterado del inconveniente jur\u00eddico con la matr\u00edcula, el se\u00f1or Serna Uribe opt\u00f3 por abstenerse de cualquier otra gesti\u00f3n, debiendo hacerlo, para as\u00ed honrar los compromisos adquiridos. <\/p>\n
Incluso la cl\u00e1usula 6\u00aa que aparece en los dos (2) documentos que se denominaron \u201cContratos de transferencia de propiedad de un veh\u00edculo automotor\u201d (Carpeta 1\u00aa, cuaderno principal, documento No.01, folios 29 y ss), est\u00e1 redactada en sentido semejante: \u201cGASTOS. Cualquier costo o gasto que se genere por motivo y\/o con ocasi\u00f3n de la celebraci\u00f3n del presente Contrato (Sic) ser\u00e1 asumido por EL ADQUIRENTE, incluido el valor correspondiente a los gastos e impuestos relacionados con el traspaso de la propiedad del veh\u00edculo objeto del presente Contrato (Sic).\u201d. <\/p>\n
De la decisi\u00f3n rese\u00f1ada se infiere que la autoridad judicial valor\u00f3 de forma razonable e integral las probanzas existentes en el expediente. T\u00e9ngase en cuenta que la obligaci\u00f3n establecida respecto del pago de las gestiones para el registro de los inmuebles resultaba relevante toda vez que, en parte, es el costo de esos tr\u00e1mites lo que ha impedido materializar el registro de los veh\u00edculos respectivos. Aunado a lo anterior, no se advierte que se desconocieran el contenido de los art\u00edculos 1546, 1609 y 1893 del C\u00f3digo Civil, por el contrario, se evidencia el an\u00e1lisis impl\u00edcito de las reglas que rigen los contratos bilaterales. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que el precursor no comparta tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo instado, pues como qued\u00f3 dicho no se observan los desaciertos que se enrostran a la colegiatura fustigada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Arturo Serna Uribe. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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