STC16755-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16755-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-04413-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Edith Esther Ben\u00edtez P\u00e9rez instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado 8\u00ba Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso ejecutivo n\u00b013001310300820150000101. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 que se decrete la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite en comento y, en consecuencia, se ordene a las autoridades accionadas que declaren la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y la ausencia de exigibilidad de la obligaci\u00f3n hipotecaria. <\/p>\n
En sustento adujo que, en el a\u00f1o 1999, Concasa Inversiones S.A.S. promovi\u00f3 en su contra y de Carlos Hern\u00e1ndez demanda ejecutiva hipotecaria de la cual conoci\u00f3 el Juzgado 8\u00ba Civil del Circuito de Cartagena. Dicha sede judicial declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por falta de reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito de conformidad con lo establecido en el par\u00e1grafo 3 art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 (28 enero 2002); sin embargo, en el a\u00f1o 2015, la referida empresa present\u00f3 un id\u00e9ntico proceso, que tambi\u00e9n le correspondi\u00f3 al Juzgado del Circuito mencionado, quien profiri\u00f3 orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n (25 enero 2017). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que present\u00f3 solicitud de nulidad fundada en que las cesiones de la hipoteca no cumplieron las formalidades de ley, y, en que se desconoci\u00f3 que el proceso ya hab\u00eda sido decidido y terminado por ausencia de reliquidaci\u00f3n; no obstante, el Juzgado neg\u00f3 su pedimento y dispuso comisionar a la Notar\u00eda Sexta del Circulo de Cartagena para que realizara la diligencia de remate del inmueble hipotecado (4 diciembre 2017), quien realiz\u00f3 la subasta y adjudic\u00f3 el inmueble al cesionario Jes\u00fas Antonio Blanco Reyes (22 febrero 2018). En consecuencia, el Juzgado aprob\u00f3 la diligencia y comision\u00f3 a la Alcald\u00eda de la Localidad N\u00b0 1 Hist\u00f3rica y del Caribe Norte para que hiciera la diligencia de entrega (agosto 2018). <\/p>\n
Precis\u00f3 que en el a\u00f1o 2019 present\u00f3 una nueva solicitud de nulidad por la inexistencia de las cesiones de hipoteca, pero la sede judicial referida la rechaz\u00f3 (10 septiembre 2019) y aunque promovi\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, ninguno de ellos prosper\u00f3 (5 diciembre 2019 y 31 mayo 2021). A juicio de la censora la decisiones mencionadas desconocieron el precedente de la Corte Suprema de Justicia y de la homologa Constitucional sobre la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, as\u00ed como las reglas sobre cesi\u00f3n de hipoteca. <\/p>\n
2. Para la fecha de elaboraci\u00f3n de esta decisi\u00f3n no se hab\u00eda recibido pronunciamiento alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo reclamado no est\u00e1 llamado a prosperar, de un lado, porque la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal accionado, mediante la cual se decidi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n promovido contra la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 un incidente de nulidad es razonable; y de otro, porque no se encuentran acreditados los presupuestos jurisprudenciales que dan lugar a la concesi\u00f3n del amparo por ausencia de la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado en el tr\u00e1mite ejecutivo. <\/p>\n
Revisada la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal, encuentra la Sala que all\u00ed se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que dispuso rechazar el incidente de nulidad formulado por la actora en raz\u00f3n a que: i) las irregularidades alegadas no se formularon con antelaci\u00f3n a la fecha de adjudicaci\u00f3n del bien rematado, ii) la falta de legitimaci\u00f3n alegada no se formul\u00f3 en el momento procesal oportuno y iii) las falencias aducidas frente a la cesi\u00f3n no configuran alguna causal de nulidad prevista en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. Al respecto el Tribunal consign\u00f3: <\/p>\n
Precisado lo anterior, como se adelant\u00f3, resulta claro que dicha hermen\u00e9utica, fue correcta, toda vez que ciertamente el art\u00edculo 455 ib\u00eddem contempla que las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se consideraran saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n. Las solicitudes que se formulen despu\u00e9s de esta, no ser\u00e1n o\u00eddas. <\/p>\n
De tal suerte, que al encontrarse el ejecutivo referido en etapa de ejecuci\u00f3n y haberse materializado el remate con la aprobaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes, en realidad los recurrentes, actuaron previamente sin proponer oportunamente las anomal\u00edas referidas. <\/p>\n
De esta manera, los ejecutados convalidaron y sanearon las actuaciones procesales desplegadas; adem\u00e1s, la irregularidad derivada de una supuesta falta de legitimaci\u00f3n no se propuso ni aleg\u00f3 por la senda adecuada en el decurso del proceso, no siendo esta la oportunidad, ni el mecanismo procedente para ello, tanto m\u00e1s, si el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad. <\/p>\n
Adicionalmente, si alguna duda queda, lo cierto es que el motivo central de la invalidez reclamada consiste en que el cesionario no se encuentra legitimado en la causa, por irregularidades en la cesi\u00f3n. Sin embargo, esa no es una de las causales de nulidad contempladas en el canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancia que bastar\u00eda para negar la solicitud actual. <\/p>\n
De lo expuesto se colige que el Cuerpo Colegiado dio aplicaci\u00f3n a las reglas que rigen la nulidad, espec\u00edficamente los art\u00edculos 455 y 133 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que la interpretaci\u00f3n de dichos preceptos se advierta lesiva de las garant\u00edas supralegales de la accionante. As\u00ed, el hecho que la promotora no est\u00e9 de acuerdo con el an\u00e1lisis descrito, no habilita la intromisi\u00f3n constitucional clamada, ya que como lo ha dicho esta Corte, las simples discrepancias frente a lo resuelto por las autoridades judiciales no tornan exitosa esta herramienta, dado que la acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
Ahora bien, en lo que tiene que ver con lo aducido frente a la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado, debe destacarse que esta Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 reglas para la procedencia de acciones constitucionales con las que se busque conjurar la ausencia de reliquidaci\u00f3n de cr\u00e9ditos hipotecarios adquiridos en UPAC antes del 31 de diciembre de 1999. Sobre el particular la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n de obligaciones hipotecarias prevista en la Ley 546 de 1999, trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos en los que se pretenden cobrar cr\u00e9ditos otorgados, para la adquisici\u00f3n de vivienda, antes del 31 de diciembre de 1999, la Sala ha indicado que, para acceder al amparo solicitado, por v\u00eda constitucional, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado o, a\u00fan, con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional, a cuyo tenor: <\/p>\n
\u00abLos jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) \u00e9sta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo; b) La acci\u00f3n de tutela se considerar\u00e1 improcedente cuando se hubiere interpuesto con posterioridad del registro del auto de aprobaci\u00f3n del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble\u00bb [T- 881\/13]. (STC5248-2021, 12 de mayo de 2021). <\/p>\n
Bajo el marco descrito debe se\u00f1alarse que en el proceso ejecutivo mencionado desde el 22 febrero 2018 fue aprobado el remate y adjudicado el inmueble inicialmente hipotecado; adem\u00e1s, la obligaci\u00f3n cobrada fue objeto de reliquidaci\u00f3n, circunstancias que permiten afirmar que en el caso objeto de estudio no se cumplen los requisitos necesarios para que proceda la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Por lo expuesto, deviene inf\u00e9rtil el amparo solicitado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edith Esther Ben\u00edtez P\u00e9rez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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