STC16758-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16758-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04449-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Skandia Seguros de Vida S.A. instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso verbal de enriquecimiento sin causa con radicado n\u00b0 760013103013-2020-00170-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 que se revoque el fallo de segunda instancia que resolvi\u00f3 el litigio para que, en su lugar, se confirme el veredicto de primer grado. <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandada junto con el banco Av Villas S.A. por Aida Lorena San\u00edn P\u00e1ez quien pretendi\u00f3 que se declarara el enriquecimiento sin causa de esas entidades \u00abcomo consecuencia del \u201cno pago de la obligaci\u00f3n hipotecaria\u201d amparada \u201ccon el seguro de vida\u201d del que era supuesta titular la se\u00f1ora Eumelia P\u00e1ez De San\u00edn, progenitora de la Demandante\u00bb. Relat\u00f3 que el 30 de junio de 2021 se dict\u00f3 sentencia anticipada favorable a sus intereses, la que fue apelada, con \u00e9xito, por su contraparte (2 nov. 2021). <\/p>\n
Critic\u00f3, en esencia, que el veredicto acusado incurriera en un \u00abincorrecto entendimiento de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa\u00bb y una \u00abincorrecta aplicaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n extintiva\u00bb, tambi\u00e9n censur\u00f3 que se desvinculara del caso a la entidad crediticia y el desconocimiento de la presunci\u00f3n de capacidad de la demandante. De all\u00ed deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales. <\/p>\n
2. A la fecha de elaboraci\u00f3n de esta providencia no se presentaron manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos del gestor se impone el fracaso del auxilio porque las decisiones criticadas se perciben adoptadas bajo criterios de interpretaci\u00f3n razonable de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria, normativa y jurisprudencial que fue conocida por la Sala convocada, en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. En efecto, se observa que la queja de Skandia Seguros de Vida S.A. se circunscribe a la forma en que la querellada defini\u00f3 la impugnaci\u00f3n en contra de la sentencia de primer grado pues, a su juicio, el Tribunal no apreci\u00f3 adecuadamente la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, normativa y jurisprudencial acaecida en el pleito. As\u00ed, queda sentado desde ya que la verdadera intenci\u00f3n de la accionante se halla cimentada sobre la base de discutir el raciocinio desplegado por el juzgador natural de su causa a pesar de que, al margen de que se comparta, no se vislumbra caprichoso, fortuito o abiertamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico, como se pasa a exponer. <\/p>\n
Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos procesales y materiales para proveer de fondo, el Tribunal accionado realiz\u00f3 un escrutinio legislativo y jurisprudencial en torno a la figura de la prescripci\u00f3n adquisitiva, extintiva y relativa al contrato de seguro, para luego exponer sus consideraciones en torno a los presupuestos de procedencia y efectos de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa que fue demandada en el caso concreto. En seguida, se refiri\u00f3 a la \u00absuspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n a favor de los incapaces y el momento a partir del que tal fen\u00f3meno jur\u00eddico se consolida\u00bb fundado en precedentes de esta Corporaci\u00f3n1. <\/p>\n
Seguidamente, sobre la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva del Banco Av Villas S.A. se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En efecto, si como qued\u00f3 se\u00f1alado en los apartes jurisprudenciales de esta providencia, para la prosperidad de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa se exige, entre otros, la producci\u00f3n de un enriquecimiento, ventaja, beneficio o provecho acaecido por el aumento del patrimonio o la ausencia de su disminuci\u00f3n, y que la ganancia o ausencia de mengua carezca de una causa justa, de entrada se advierte que, el cumplimiento de tal requisito en cabeza de la entidad bancaria demandada, no se halla acreditado. <\/p>\n
Y no podr\u00eda estarlo cuando resulta apenas evidente que \u00e9sta, en su calidad de acreedora del cr\u00e9dito asegurado, no estaba llamada a efectuar el pago del seguro reclamado, pues no s\u00f3lo NO fung\u00eda como aseguradora que asumi\u00f3 el riesgo y consecuente funci\u00f3n indemnizatoria, sino porque adem\u00e1s, el socorrido \u201cno pago\u201d de aquel tampoco la enriqueci\u00f3 al no ser quien deveng\u00f3 la prima que sustent\u00f3 la relaci\u00f3n asegurativa y, ocurrido el sinestro, se sustrajo de su obligaci\u00f3n contractual de indemnizar la materializaci\u00f3n del riesgo asegurado. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, probada como se halla la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de la entidad demandada BANCO AV VILLAS S.A., su declaraci\u00f3n y desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite en sede de segunda instancia devine en imperativa. <\/p>\n
Luego, sobre el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n para el caso concreto predic\u00f3: <\/p>\n
Trat\u00e1ndose la de la acci\u00f3n ordinaria, que es la que aqu\u00ed importa de cara al enriquecimiento sin causa alegado, el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 8 de la Ley 791 de 2002 exige un t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os el que, seg\u00fan lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, \u201cdebe computarse a partir de cu\u00e1ndo pod\u00eda ejercitarse la acci\u00f3n o el derecho\u201d. Ello, en armon\u00eda con el art\u00edculo 2535 ib\u00eddem (CSJ SC mayo 3 de 2002. Rad. 6153). <\/p>\n
En concordancia con lo dicho, en torno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n judicial que da origen a la demanda y el hecho que da lugar a ella, vale la pena recordar que en nuestro derecho el enriquecimiento sin causa es un principio general que fue definido por la Corte Suprema de Justicia a partir del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, del que se desprende que su autonom\u00eda se centra en que el enriquecimiento que se produce sin una causa que lo justifique, y que, como quiera que no hay causa justificante, se carece de la correspondiente acci\u00f3n que dar\u00eda la justa causa si \u00e9sta existiere. <\/p>\n
Por consiguiente, siendo la pretensi\u00f3n de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa, de car\u00e1cter restitutorio de un enriquecimiento incausado, el cual por supuesto, \u201cconstituye un da\u00f1o para el empobrecido y que por lo tanto es equitativo que aunque no exista causa al amparo de la cual pueda exigirse la restituci\u00f3n esta se conceda en aplicaci\u00f3n de la regla que proh\u00edbe enriquecerse a expensas de otro (\u2026)\u201d, es claro que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la misma debe contarse a partir del momento en que tal empobrecimiento oper\u00f3. Para el caso de marras, a partir del momento en el que se consum\u00f3 el tiempo de prescripci\u00f3n del contrato de seguro, pues, con independencia de la valoraci\u00f3n que al estudiar de fondo la pretensi\u00f3n pueda hacerse de si se produjo \u201csin causa\u201d o justificaci\u00f3n de cara a la pretensi\u00f3n restitutoria se\u00f1alada, es a partir de ese momento cuando se puede entender que la entidad demandada obligada al pago del seguro supuestamente se enriqueci\u00f3 en desmedro de los derechos patrimoniales de la parte demandante. <\/p>\n
En este orden entonces, el hito para establecer en qu\u00e9 momento empieza a transitar el plazo de 10 a\u00f1os establecido en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil para la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa, no ser\u00e1, por tanto, la fecha en la que se verific\u00f3 el siniestro (muerte de la asegurada), ni su reclamaci\u00f3n como se dijo en el curso de la primera instancia, sino en v\u00eda de principio general, aquella en la cual el t\u00e9rmino contemplado para prescripci\u00f3n del contrato de seguro del que la parte demandante pretende derivar su derecho se materializ\u00f3 <\/p>\n
Sobre el origen comercial del enriquecimiento demandado, precis\u00f3: <\/p>\n
(…) teniendo en cuenta que en el presente asunto la fuente del alegado enriquecimiento es una obligaci\u00f3n comercial -contrato de seguro-, vale la pena traer a colaci\u00f3n, a v\u00eda de ejemplo o s\u00edmil, que en materia de t\u00edtulos valores, el legislador en desarrollo del ampliamente citado enriquecimiento sin causa como principio general de derecho, estableci\u00f3 que el advenimiento del fen\u00f3meno jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n o de la caducidad de la acci\u00f3n cambiaria es el presupuesto estructural que habilita la acci\u00f3n de enriquecimiento cambiario y, por ende, el hito a partir del que empieza a contarse el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la citada acci\u00f3n en el art\u00edculo 882 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Es decir, aplicando al presente asunto la regla que ya fue fijada por el legislador para ese caso espec\u00edfico de los t\u00edtulos valores, bien puede concluirse, como se hace en esta providencia, que trat\u00e1ndose de acciones de enriquecimiento sin causa cuya fuente es un contrato comercial, como lo es el de seguro, el t\u00e9rmino a partir del que debe comenzar a correr la prescripci\u00f3n extintiva de dicha acci\u00f3n es aquel en la que se extingue el derecho de reclamaci\u00f3n por la materializaci\u00f3n del fen\u00f3meno prescriptivo del evento o contrato del que se predica el injusto; para el caso en concreto, el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio respecto la prescripci\u00f3n ordinaria del mismo. <\/p>\n
En lo que respecta a la \u00abincapacidad\u00bb de la demandante y los efectos jur\u00eddicos que de ella derivan, indic\u00f3: <\/p>\n
Bajo las anteriores circunstancias se tiene que en el primero de los reparos planteados el apelante, \u00e9ste aduce que el a quo err\u00f3 al resolver la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva planteada por las demandadas bajo los par\u00e1metros fijados por el inciso 2 del art\u00edculo 2541 del C\u00f3digo Civil, cuando, en su sentir, lo correcto era aplicar la regla contenida en el inciso final del art\u00edculo 2530 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual \u201cno se contara el tiempo de prescripci\u00f3n en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista\u201d. Ello, tras exponer que la demandante padece de una incapacidad permanente legalmente declarada mediante sentencia del 8 de junio de 2011 por el Juzgado 3 de Familia de Cali en la que se declar\u00f3 la interdicci\u00f3n judicial definitiva por discapacidad mental absoluta y que tal circunstancia hace que el tiempo de prescripci\u00f3n no se hubiese empezado a contar conforme lo prev\u00e9 el inciso 4 del art\u00edculo 2530 C.C. <\/p>\n
Revisado el anterior reparo de cara al caso concreto, de entrada, debe indicarse que, de acuerdo con la interpretaci\u00f3n del r\u00e9gimen que regula el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva como fuente de protecci\u00f3n de los derechos de quien se encuentra en imposibilidad de ejercerlos, y el precedente jurisprudencial en cita, el mismo se halla llamado a prosperar. <\/p>\n
En torno a las \u00e9pocas en que se configur\u00f3 la causal de \u00abincapacidad\u00bb de la parte activa y el hecho demandado, expuso: <\/p>\n
En efecto, si bien en principio no podr\u00eda se\u00f1alarse que existi\u00f3 un error de aplicaci\u00f3n de la norma sustancial, pues el juez de primera instancia aplic\u00f3 al caso el precepto que regula el fen\u00f3meno de la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva, esto es, el art\u00edculo 2541 del C\u00f3digo Civil, lo cierto es que, de cara a las circunstancias f\u00e1cticas del presente asunto, s\u00ed se evidencia que el mismo err\u00f3 en su interpretaci\u00f3n cuando se halla probado que la discapacidad mental de la demandante exist\u00eda con anterioridad a la fecha en la que se deprec\u00f3 la ocurrencia del hecho que da base a la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
Si como se halla probado con la correspondiente sentencia de interdicci\u00f3n judicial allegada al plenario la demandante padece de retardo mental cong\u00e9nito que conllev\u00f3 justamente a la declaratoria de su interdicci\u00f3n judicial definitiva por discapacidad mental absoluta, y que, dadas las caracter\u00edsticas de tal afecci\u00f3n \u00e9sta le imped\u00eda ejercitar sus derechos, resulta v\u00e1lido que opere a su favor el fen\u00f3meno de la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n previsto en el ordenamiento sustantivo, justamente con la finalidad de proteger sus derechos ante la imposibilidad manifiesta que tal condici\u00f3n m\u00e9dica le genera de cara a la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n judicial tendiente a reclamar los derechos invocados en el presente juicio. Lo anterior, en virtud del efecto suspensivo que prev\u00e9 el inciso 5 del art\u00edculo 2530 del C.C., respecto de las personas que se hallan absolutamente imposibilitadas de hacer valer sus derechos y, que, en palabras de la Corte Suprema en la jurisprudencia transcrita, \u201ccobija a quien se encuentra impedido por su estado de salud para incoar una determinada reclamaci\u00f3n, ya sea porque padece enfermedad mental que le impide discernir de forma absoluta o, por lo menos, trunca la toma de decisiones inmediatas acerca de una situaci\u00f3n personal o patrimonial que lo afecta\u201d. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a la forma en que se resolvi\u00f3 sobre la presunci\u00f3n de capacidad de la demandante para la fecha del siniestro, argument\u00f3: <\/p>\n
Situaci\u00f3n que se depreca de la demandante AIDA LORENA SANIN DE PAEZ, qui\u00e9n se aclara, no obstante contar con presunci\u00f3n de capacidad legal para el momento de ocurrencia del fallecimiento de su progenitora y \u00e9poca en que comenz\u00f3 a verificarse el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n que da origen al presente asunto, en tanto para aquella data no hab\u00eda sido declarada interdicta, aquella s\u00ed estaba en imposibilidad de adoptar la decisi\u00f3n de incoar el presente juicio por presentar diagn\u00f3stico de retardo mental. <\/p>\n
De lo anterior, resulta evidente entonces que la relevancia temporal del estado de salud de la demandante cobra sentido si a bien se tiene que aquella presentaba una especial condici\u00f3n de salud que le imped\u00eda ejercer por s\u00ed sola sus derechos, resultando inadecuado se\u00f1alar, como se hizo en primera instancia, que con independencia de tal imposibilidad, el s\u00f3lo transcurso del t\u00e9rmino previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 2541 del C\u00f3digo Civil deb\u00eda imponerse, pues es justamente a favor \u201cde los incapaces\u201d (enti\u00e9ndase antes de la vigencia de la Ley 1996 de 2019), \u201cy en general de quienes se encuentren bajo tutela o curadur\u00eda\u201d, que tal norma prev\u00e9 la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n a su favor y que se verifica en el momento a partir del cual tal condici\u00f3n acaezca y hasta tanto ella subsista. <\/p>\n
Bajo el anterior entendido debe entonces quedar sentando que la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n se verific\u00f3 desde el momento mismo en que ocurri\u00f3 el hecho que da base a la acci\u00f3n y se mantuvo hasta el 8 de junio de 2011, fecha en la que se profiri\u00f3 la sentencia que declar\u00f3 la interdicci\u00f3n judicial definitiva de la demandante por discapacidad mental absoluta y se le design\u00f3 curador, pues es s\u00f3lo a partir de tal data que ces\u00f3 la imposibilidad en la que ella se encontraba de hacer valer sus derechos y a partir de la que el curador, a ella designado, tiene por deber representar sus derechos, cesando con ello la imposibilidad que \u00e9sta ten\u00eda de reclamar sus derechos. <\/p>\n
En consecuencia, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n suspendido, s\u00f3lo comenz\u00f3 a correr desde la sentencia que declar\u00f3 la interdicci\u00f3n de la demandante. <\/p>\n
Relativo a los efectos de la Ley 791 de 2002 en el caso concreto, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) debe se\u00f1alarse que, atendiendo el postulado de la irretroactividad de las normas, seg\u00fan el cual aquellas gobiernan las situaciones presentadas en su vigencia, pero no pueden tener efectos sobre el pasado, el precepto bajo el que debe regirse la prescripci\u00f3n liberatoria, en principio, es el que estaba vigente para el momento en el que inici\u00f3 el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino extintivo. <\/p>\n
No obstante, para el caso concreto en donde la parte pasiva invoc\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva de que trata la Ley 791 de 2002, es dable aplicar al presente asunto la excepci\u00f3n contendida en el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, a la se\u00f1alada regla, a cuyo tenor: \u201cLa prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado a\u00fan al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligi\u00e9ndose la \u00faltima, la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir\u201d. <\/p>\n
Por tal motivo, visto para el caso concreto que la ocurrencia de la prescripci\u00f3n ordinaria del contrato de seguro se verific\u00f3 el 25 de noviembre de 2002 (dos a\u00f1os despu\u00e9s del fallecimiento de la se\u00f1ora Eumelia P\u00e1ez de San\u00edn), no obstante que, en aplicaci\u00f3n de la Ley 791 de 2002, dicho t\u00e9rmino s\u00f3lo puede contarse a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n, el mismo se verificar\u00eda el 27 de diciembre del a\u00f1o 2002, es decir, 2 a\u00f1os despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de dicha ley. Por ende, es a partir de tal \u00e9poca que debe entenderse que se materializ\u00f3 el hecho que da base a la acci\u00f3n, y del cual, en principio deb\u00eda empezar a contarse el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria de 10 a\u00f1os ya se\u00f1alado. <\/p>\n
No obstante, como quiera que en el presente asunto oper\u00f3 el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n a favor de la demandante desde el mismo d\u00eda que ocurri\u00f3 el hecho que da base a la acci\u00f3n y que se mantuvo hasta el 8 junio de 2011, fecha en la que se profiri\u00f3 la sentencia de su interdicci\u00f3n judicial cuya inscripci\u00f3n se halla verificada en el registro civil de nacimiento de la demandante, es claro que s\u00f3lo a partir de \u00e9sta \u00faltima fecha puede contabilizarse el inicio del t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa, pues se itera, ces\u00f3 la imposibilidad en la que se encontraba la demandante de ejercer sus derechos. <\/p>\n
Por ende, si como se sabe la demanda que da base a esta acci\u00f3n fue presentada el 9 de octubre de 2020, emerge con claridad que, entre estas dos fechas, transcurrieron solamente 9 a\u00f1os y 4 meses; tiempo inferir a los 10 a\u00f1os de que trata el ya citado art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, y con ello que la presente acci\u00f3n no se halla prescrita, imponi\u00e9ndose en consecuencia la revocatoria de la decisi\u00f3n tomada en sentencia anticipada de primera instancia respecto el advenimiento del se\u00f1alado fen\u00f3meno jur\u00eddico y, en consecuencia, la continuaci\u00f3n del proceso y definici\u00f3n de fondo de la Litis. <\/p>\n
Luego de lo cual enfatiz\u00f3 sobre la protecci\u00f3n a los derechos de la demandante que: <\/p>\n
(\u2026) se insiste, la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n obra como garant\u00eda de protecci\u00f3n de los derechos de la demandante quien, por su condici\u00f3n mental verificada inclusive desde antes de que acaeciera el hecho que da base a la acci\u00f3n, no se hallaba en condici\u00f3n de ejercer sus derechos, y en todo caso, conforme la legislaci\u00f3n bajo la cual fue declarada su interdicci\u00f3n judicial definitiva por discapacidad mental absoluta requer\u00eda para su ejercicio del nombramiento de un curador, de quien, existe prueba dentro del expediente, comenz\u00f3 a ejercer su labor como tal a partir de la tal fecha (acta de posesi\u00f3n y entrega de bienes), no habiendo constancia de inscripci\u00f3n de la existencia de una curadur\u00eda provisional ni publicaci\u00f3n del correspondiente aviso 3 que hiciere pensar que la referida imposibilidad de ejercer sus derechos ces\u00f3 con anterioridad. <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
4. En definitiva, dado que la providencia acusada no se percibe caprichosa, antojadiza o abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, al margen de que se comparta, no queda alternativa diferente a la de desestimar el auxilio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Skandia Seguros de Vida S.A. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 14 al 20 del fallo acusado. <\/p>\n
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STC16758-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16758-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04449-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que Skandia Seguros de Vida S.A. instaur\u00f3 contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60191","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60191","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60191"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60191\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60191"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60191"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60191"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}