STC16761-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16761-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02328-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Miguel Antonio Rubio P\u00e9rez frente a la sentencia de 28 de octubre de 2021 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 38 Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a la Superintendencia Financiera de Colombia y los intervinientes en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor No. 2018155772. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor pretende que se revoque la sentencia emitida por el juzgado accionado (14 julio 2021), para que, en su lugar, se confirme la proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia (24 abril 2020). <\/p>\n
Como soporte de su pretensi\u00f3n adujo que radic\u00f3 demanda de protecci\u00f3n al consumidor ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el fin que se declarara que existe un contrato de seguro entre el Banco Popular y Seguros de Vida Alfa S.A., del cual fue asegurado en virtud del cr\u00e9dito No. 02203010042830, desembolsado por ese banco, con las consecuencias pecuniarias propias. Precis\u00f3 que en el mes de enero de 2019, la aseguradora pag\u00f3 algunas de las obligaciones que ten\u00eda a su cargo, raz\u00f3n por la cual el aqu\u00ed actor desisti\u00f3 de varias pretensiones, pero mantuvo la demanda para obtener el pago de los intereses. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la referida Superintendencia profiri\u00f3 sentencia de primera instancia en la que conden\u00f3 a la demandada al pago de $21.774.859, por concepto de intereses de mora causados desde el 5 de enero de 2017 hasta el 15 de enero de 2019 (24 abril 2020). Dicha determinaci\u00f3n fue apelada por el banco y la aseguradora; sin embargo, la entidad bancaria desisti\u00f3 de la alzada. Precis\u00f3 que el Juzgado accionado revoc\u00f3 el veredicto cuestionado y neg\u00f3 las pretensiones (14 julio 2021), pero, a su juicio, la referida autoridad incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho toda vez que no tuvo en cuenta el art\u00edculo 1144 del C\u00f3digo de Comercio, el canon 120 de la Ley 633 de 1993, las circulares 007, 052 y 029 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Decreto 2555 de 2010 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia; por el contrario, legitim\u00f3 al banco para efectuar el \u00abcobro de unos intereses moratorios que por ley no le corresponden y no los puede solicitar, al menos dentro del contrato de seguro vida individual o de grupo y por las coberturas de muerte e incapacidad\u00bb. Tambi\u00e9n adujo que el juzgado convocado hizo una deficiente lectura del expediente, no valor\u00f3 las pruebas allegadas por la parte demandada, como son la liquidaci\u00f3n y pago del siniestro y el contrato de vida grupo deudores GRD 464, documentales en las cuales se se\u00f1ala qui\u00e9nes son las partes del contrato, sin que dentro de las mismas se encuentre el banco apelante. <\/p>\n
2. El Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe de las actuaciones cumplidas en el proceso objeto de debate constitucional. Aleg\u00f3 que no ha incurrido en vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales y que el tr\u00e1mite se hizo con apego a la normatividad y respetando el debido proceso. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo tras se\u00f1alar que la decisi\u00f3n cuestionada es razonable. <\/p>\n
4. El gestor impugn\u00f3 con fundamento en las mismas razones aducidas en el escrito de tutela, las cuales present\u00f3 in extenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace opugnado debe respaldarse comoquiera que la actuaci\u00f3n desplegada por el Juzgado del Circuito accionado no luce arbitraria o caprichosa. <\/p>\n
Al decidir el recurso de apelaci\u00f3n instaurado frente a la sentencia que inicialmente le fue favorable al accionante, el Juzgado 38 Civil del Circuito se\u00f1al\u00f3 que la alzada estaba fundada en la falta de legitimaci\u00f3n por activa y por pasiva; adem\u00e1s, compendi\u00f3 lo aducido al descorrer el traslado de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
Manifest\u00f3 que no se puede desconocer la calidad de asegurado del se\u00f1or MIGUEL ANTONIO RUBIO P\u00c9REZ, quien tuvo cr\u00e9dito de libranza con el Banco Popular, pues del contenido de la p\u00f3liza se concluye que el deudor de un cr\u00e9dito de libranza con esa entidad bancaria, adquiere la calidad de asegurado de la p\u00f3liza de seguro grupo deudores GRD-464, con la que se cubre los riesgos de muerte e incapacidad total o permanente de las personas que tengan una relaci\u00f3n mutual con el banco, por tanto el asegurado es el deudor. <\/p>\n
En el presente caso, encuentra el Despacho, que fue errada la decisi\u00f3n del a quo, por cuanto fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en contra de lo dispuesto en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En efecto dicha norma establece que: <\/p>\n
\u201cEl asegurador estar\u00e1 obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, a\u00fan extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el art\u00edculo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocer\u00e1 y pagar\u00e1 al asegurado o beneficiario, adem\u00e1s de la obligaci\u00f3n a su cargo y sobre el importe de ella, un inter\u00e9s moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad\u201d. <\/p>\n
De las pruebas allegadas, se encuentra que quien realiz\u00f3 la reclamaci\u00f3n ante la aseguradora demandada fue la entidad bancaria vinculada a esta acci\u00f3n, esto es, el BANCO POPULAR y no el demandado. <\/p>\n
Por tanto, conforme a la norma antes trascrita, para hacerse acreedor a los intereses de mora pretendidos, debi\u00f3 el demandante en su oportunidad, acreditar ante la aseguradora su derecho, conforme al art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, esto es haber demostrado ante SEGUROS ALFA S.A. la ocurrencia del siniestro, lo cual se repite, fue realizado, pero por el BANCO POPULAR, por lo que mal puede resultar favorecido con una condena por intereses de mora, cuando quien ejerci\u00f3 la acci\u00f3n fue la entidad bancaria vinculada al tr\u00e1mite. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el \u00fanico legitimado para solicitar el pago de los intereses de mora, que solicit\u00f3 por esta v\u00eda el se\u00f1or Rubio P\u00e9rez, como \u00fanica pretensi\u00f3n con ocasi\u00f3n de la reforma a la demanda, era el BANCO POPULAR como determina el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, por lo que es clara la falta de legitimaci\u00f3n del demandante (\u2026). <\/p>\n
Lo anterior permite afirmar que, contrario a lo aducido en el escrito de tutela, el Juzgado accionado no fund\u00f3 su decisi\u00f3n en el cuestionamiento de quienes eran partes en el contrato de seguro de vida grupo deudores, sino que evalu\u00f3 que el aqu\u00ed actor no present\u00f3 reclamaci\u00f3n alguna ante la Aseguradora, actividad que s\u00ed despleg\u00f3 el Banco Popular. En raz\u00f3n de ello, concluy\u00f3 que el demandante no cumpli\u00f3 con la carga que le impon\u00edan los art\u00edculos 1080 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio, toda vez que no acredit\u00f3 ante el asegurador su derecho. T\u00e9ngase en cuenta que dichos raciocinios obedecen a un an\u00e1lisis plausible de las documentales aportadas con la demanda. <\/p>\n
As\u00ed, el hecho que el promotor no est\u00e9 de acuerdo con el analisis descrito, no habilita la intromisi\u00f3n constitucional clamada, ya que como lo ha dicho esta Corte, las simples discrepancias frente a lo resuelto por las autoridades judiciales no tornan exitosa esta herramienta, dado que la acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
Por lo discurrido, en el presente caso no logra advertirse la existencia de alg\u00fan yerro que amerite la injerencia supralegal, por tanto, no queda opci\u00f3n distinta que la de respaldar el desenlace rebatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, resuelve CONFIRMAR el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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