STC16765-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16765-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 29 de abril de 20211, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Nassar Coll contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, con vinculaci\u00f3n de las partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 08001-31-05-009-2010-00420-00 (rad. Corte 67986). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n de la sentencia SL1962-2020 y, en consecuencia, se profiera una nueva \u00aben la que prosperen los cargos formulados (\u2026) y se acojan las pretensiones de la demanda inicial\u00bb. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de Industrias Sedal S.A., con el fin de que se declarara la existencia de un contrato laboral desde el 16 de diciembre de 1986 hasta el 26 de septiembre de 2007, con el consecuente pago de salarios dejados de cancelar, las primas, vacaciones, cesant\u00edas, indemnizaci\u00f3n por la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo y moratoria, y las dem\u00e1s a las que tuviera derecho, pretensiones que no fueron de recibo por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla (30 sep. 2011), determinaci\u00f3n que apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 (30 abr. 2013). Cont\u00f3 que postul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero la Corte decidi\u00f3 no casar la sentencia del juez colegiado (CSJ SL1962-2020, 19 may.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que los funcionarios de segunda instancia y de casaci\u00f3n incurrieron en indebida valoraci\u00f3n probatoria, lo que de no haber ocurrido \u00abhubiera cambiado el sentido del fallo\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 26 Judicial II se\u00f1al\u00f3 que en esa entidad no se adelant\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n y que lo alegado le resultaba ajeno. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b04 defendi\u00f3 su pronunciamiento y se\u00f1al\u00f3 que resolvi\u00f3 el recurso objeto de estudio ci\u00f1\u00e9ndose a los argumentos planteados en los dos cargos formulados y en los precedentes de la sala permanente. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego tras considerar que su interposici\u00f3n fue tempestiva y tuvo como extremo la data en que la sentencia le fue remitida v\u00eda correo electr\u00f3nico (14 sep. 2020). De igual manera, al estudiar el fondo del asunto hall\u00f3 razonable la sentencia confutada porque los planteamientos por la v\u00eda extraordinaria \u00abfueron debidamente analizados y resueltos al interior del asunto y por parte de los jueces competentes para ello (\u2026)\u00bb\u00b8 y en cuanto a la presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad \u00ablo aportado al expediente constitucional no acredita que el accionante haya sido discriminado por la autoridad demandada, en relaci\u00f3n con otras personas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. El quejoso recurri\u00f3 e insisti\u00f3 en las alegaciones del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los fallos dictados por la Sala Laboral del Tribunal de Barranquilla (30 abr. 2013) y la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n (19 may. 2020), el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al \u00faltimo de ellos porque el asunto objeto de debate fue definido en sede extraordinaria por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en esa especialidad. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, se anticipa que el desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia reprochada no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
Como lo tiene decantado la Corte, esta instituci\u00f3n no fue creada para replicar la actividad jurisdiccional, salvo cuando exista una irregularidad que configure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y el interesado as\u00ed lo exponga dentro de un tiempo prudencial, siempre que no tenga ni haya desaprovechado otros instrumentos ordinarios o extraordinarios para conjurar el agravio. De ah\u00ed que, solamente \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ STC9877-2018, CSJ STC9600-2019, memorados STC8097-2021). <\/p>\n
En el caso bajo estudio y luego de revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho y menos el agravio de prerrogativas fundamentales, toda vez que, si bien result\u00f3 adversa a los intereses del inconforme, tampoco por esta circunstancia debe tildarse de arbitraria o caprichosa, menos a\u00fan, si se tiene en cuenta que para despachar desfavorablemente los cargos que en esa sede elev\u00f3 Nassar Coll, hall\u00f3 demostrado que el Tribunal no incurri\u00f3 en la trasgresi\u00f3n del marco normativo denunciado en la censura y, por el contrario, lo que resalt\u00f3 fue el dislate del juez de primer grado porque \u00aberr\u00f3 al exigirle al demandante la prueba de la subordinaci\u00f3n\u00bb, ya que \u00e9sta se infiere cuando se acredita la prestaci\u00f3n personal del servicio (art. 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo) y desde esa perspectiva sostuvo que: <\/p>\n
<\/p>\n
I. (\u2026) el ad quem rechaz\u00f3 ese raciocinio del fallador de primer grado. Y, al valorar las pruebas recaudadas, dedujo que ellas desvirtuaban la referida presunci\u00f3n, lo que le permiti\u00f3 arribar a la absoluci\u00f3n de la demandada. Esa intelecci\u00f3n est\u00e1 lejos de configurar un proceder inadecuado, y mucho menos una equivocada hermen\u00e9utica de la preceptiva citada.<\/p>\n
II. <\/p>\n
Por ello al adentrarse en el tema de inconformidad atinente a la relaci\u00f3n contractual con la empresa demandada explic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el colegiado estim\u00f3 que nada imped\u00eda que un socio celebrara un contrato de trabajo con la sociedad de la cual hace parte, salvo que (i) su labor consistiera en un aporte industrial, o (ii) hiciera parte de los \u00f3rganos de direcci\u00f3n o administraci\u00f3n de la empresa. Estas premisas no fueron acusadas por la censura de ning\u00fan desvar\u00edo de tipo jur\u00eddico, pues, cuando a ellas se refiri\u00f3, \u00fanicamente lo hizo respecto del primer punto, para decir que no estaba probado que hubiera pactado que su aporte consistiera en una labor, sino que estaba plenamente demostrado que fue vinculado como trabajador, reproches que, evidentemente, no cab\u00edan en el primer cargo enfilado por la v\u00eda directa, pero que, en todo caso, resultan insustanciales, porque la sentencia confirmatoria se finc\u00f3 en la segunda de las excepciones se\u00f1aladas, no en la primera. <\/p>\n
Y, justamente, frente a esa segunda premisa planteada por el Tribunal, consistente en que la regla general que posibilita la existencia de un contrato de trabajo, entre el socio y la sociedad que integra, se except\u00faa cuando aquel hace parte de los \u00f3rganos de direcci\u00f3n o administraci\u00f3n de la empresa, el recurrente guard\u00f3 absoluto silencio. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
(\u2026) esa reflexi\u00f3n, que, en el contexto, fue de cardinal importancia, pues constituy\u00f3 el argumento basilar que gui\u00f3 al juez colegiado a encontrar desvirtuada la presunci\u00f3n legal del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, pas\u00f3 por entero desapercibida para el recurrente, y, en esa medida, no pudo desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto propia del pronunciamiento definitivo de instancia. <\/p>\n
As\u00ed mismo, al ocuparse del segundo cargo ya en el plano f\u00e1ctico indic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) las pruebas singularizadas no traslucen los yerros enrostrados, o por lo menos, ninguno con el car\u00e1cter de protuberante. En efecto, la inferencia extra\u00edda de las cl\u00e1usulas del acta de constituci\u00f3n de la sociedad, visibles en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 3101 del 16 de diciembre de 1986 (f. 47-52) es razonable, pues ni la decimonovena ni la vigesimoquinta disponen que el cargo de subgerente comercial forzosamente debiera ser provisto mediante contrato de trabajo. Adem\u00e1s, el Tribunal analiz\u00f3 esas estipulaciones bajo la \u00e9gida del principio de la primac\u00eda de la realidad sobre las formalidades, lo que le permiti\u00f3 tener presente que por el cargo de alto nivel directivo ocupado por el actor, no se ve\u00eda con claridad la subordinaci\u00f3n que pudiera ejercer la junta de socios o los dem\u00e1s \u00f3rganos de administraci\u00f3n, mucho menos cuando hac\u00eda parte de esos estamentos debido a su condici\u00f3n de socio, y ejerc\u00eda funciones de direcci\u00f3n, conforme a la cl\u00e1usula octava de esos estatutos. <\/p>\n
En cuanto a la escritura p\u00fablica n.\u00ba 1302 del 28 de junio de 1993 (f. 53 y 68 a 73), lejos de mostrar alg\u00fan desatino del juez plural, lo que en verdad hace es corroborar el juicio realizado. Ello es as\u00ed, por cuanto el mencionado documento revela que, en la junta de socios reunida el 10 de mayo de 1993, el gerente de la empresa ley\u00f3 un oficio proveniente de la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla, en el que esta manifestaba que se absten\u00eda de certificar sobre \u00ablos nombramientos de los subgerentes administrativo, comercial, y operativo por cuanto no tienen funciones de representaci\u00f3n legal asignada estatutariamente\u00bb. Enseguida, se escuch\u00f3 el concepto jur\u00eddico de la persona que elabor\u00f3 los estatutos y sus reformas, y finalmente, por unanimidad se aprob\u00f3 distribuir entre los socios las funciones de la subgerencia, as\u00ed: al demandante se le asign\u00f3 la comercial, a El\u00edas Nassar Coll la administrativa, y a Fernando Nassar Coll la operativa. <\/p>\n
El documento demuestra, entonces, que las funciones de subgerente comercial estaban relacionadas con el desarrollo de las facultades de administraci\u00f3n que le compet\u00edan al actor, de acuerdo con el convenio social, al igual que los otros dos socios. Puestas as\u00ed las cosas, el hallazgo del Tribunal se muestra en l\u00ednea con el criterio jurisprudencial citado en precedencia, y por lo tanto, se descarta cualquier error grosero en la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En cuanto al interrogatorio de parte de El\u00edas Nassar Coll, no emerge del mismo una confesi\u00f3n que pudiera alterar el rumbo de la decisi\u00f3n, con mayor raz\u00f3n cuando el reconocimiento que hizo de la prestaci\u00f3n personal del servicio por parte del actor fue un asunto sobre el cual no se present\u00f3 ninguna controversia. <\/p>\n
Finalmente, el recurrente no precis\u00f3 c\u00f3mo es que las constancias de afiliaci\u00f3n del demandante al Sistema de Seguridad Social Integral por parte de la pasiva fueron apreciadas incorrectamente por el Tribunal. En todo caso, la valoraci\u00f3n que hizo de esas documentales no fue desacertada, pues, aun cuando el principio de unidad de la prueba no supone la ausencia de un an\u00e1lisis individualizado de cada medio demostrativo, lo cierto es que, con fundamento en ese postulado, es la valoraci\u00f3n conjunta de todos ellos lo que le permite al juzgador arribar a un fallo coherente con el objeto del proceso. Y en ese an\u00e1lisis global, el colegiado encontr\u00f3 desvirtuada la presunci\u00f3n que amparaba al demandante, raciocinio que, en rigor, no llega a ser derruido por las constancias de afiliaci\u00f3n aludidas por la censura. <\/p>\n
Y en ese contexto infiri\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el recurrente pas\u00f3 por alto que el Tribunal tambi\u00e9n confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo por estar demostrado que el demandante \u00ablaboraba para la Alcald\u00eda Municipal\u00bb, hecho que la primera instancia dio por acreditado con las certificaciones, actos administrativos y dem\u00e1s documentos que militan a folios 176 a 186 del expediente, as\u00ed como con la confesi\u00f3n del actor. Esa deducci\u00f3n qued\u00f3 libre de ataque en casaci\u00f3n, de modo que se mantiene inc\u00f3lume. <\/p>\n
Pues bien, e colegirse que la decisi\u00f3n reprochada: i) valor\u00f3 tanto los documentos recaudados en el proceso, as\u00ed como los testimonios, con inclusi\u00f3n de las narrativas aducidas por el accionante, ii) aplic\u00f3 el postulado de primac\u00eda de la realidad sobre las formas consagrado en los art\u00edculos 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, \u00abconforme al cual, el juez debe darle prelaci\u00f3n a las circunstancias que rodearon la relaci\u00f3n jur\u00eddica, m\u00e1s que a la forma que resulte del documento contractual o de cualquier otro que hayan suscrito o expedido las partes\u00bb, y de all\u00ed la magistratura de casaci\u00f3n consider\u00f3 que la valoraci\u00f3n omnicompresiva de los medios suasorios conforme a los postulados de la sana cr\u00edtica influy\u00f3 considerablemente en la decisi\u00f3n, pues resultaron insuficientes para acreditar la existencia de un contrato de naturaleza laboral entre Jorge Nassar Coll y la sociedad Industrias Sedal S.A., adem\u00e1s, encontr\u00f3 acreditado el v\u00ednculo laboral que s\u00ed sosten\u00eda con la \u00abAlcald\u00eda Municipal\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, la sentencia adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por el contrario, queda en evidencia una diferencia de criterios entre la recurrente y la autoridad convocada que no acogi\u00f3 sus pedimentos, luego razonablemente debe admitirse que al margen de que el inconforme no comparta las reflexiones y conclusiones del prove\u00eddo cuya revocatoria pretende, estos pilares no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, fruto como son de una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a la ponderaci\u00f3n de esa autoridad judicial, ejercicio que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia en STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, CSJ STC4937-2016, CSJ STC6631-2018 CSJ STC 14267-2018 y CSJ STC3956-202, entre otras. <\/p>\n
Finalmente, en lo relativo al desconocimiento del derecho a igualdad, el actor solo se limit\u00f3 a su enunciaci\u00f3n y en este espec\u00edfico punto, no obran en estas diligencias elementos demostrativos que permitan establecer que ante situaciones plenamente id\u00e9nticas la autoridad hubiere dispensado un tratamiento discriminado e injustificadamente distinto (CSJ STC 19 abr. 2012, rad.00740-00, reiterada en STC4506-2014, 10 abr. 2014, rad. 00089-01, citada en STC10934-2021). <\/p>\n
En este orden de ideas, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n plausible, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo del impugnante es que prevalezca su criterio, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado sin necesidad de m\u00e1s disquisiciones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 21 de septiembre, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 12 de noviembre, donde se radic\u00f3, reparti\u00f3 e ingres\u00f3 al despacho el d\u00eda 17 de noviembre siguiente. <\/p>\n
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