STC16767-2021<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 44001-22-14-000-2020-00123-02 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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STC16767-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 44001-22-14-000-2020-00123-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., siete de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
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Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formularon Carlos Serrano Cort\u00e9s y Mar\u00eda Rosario Acosta de Serrano frente a la sentencia emitida el 29 de octubre de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes le interpusieron al Juzgado Promiscuo del Circuito de Maicao, extensiva al Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad y a los intervinientes en el declarativo n\u00b0 44430-40-89-002-2014-00136-00. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- Los libelistas solicitaron dejar sin efecto la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao el 29 de octubre de 2020, en la segunda instancia del declarativo que Edgar Sa\u00fal Ibarra Ortiz, Adan\u00edes Rafael Ibarra L\u00f3pez, Leila Ibarra de Illidge, Liliana Ibarra Benjumea e Idelma Ibarra Mej\u00eda le instauraron, para que, en su lugar, expida una en la que corrija los yerros en que incurri\u00f3. <\/p>\n
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Sostuvieron, en lo fundamental, que el accionado ratific\u00f3 el veredicto del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao, que le orden\u00f3 restituir, a t\u00edtulo de reivindicaci\u00f3n, el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula No. 212-41228 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, y desestim\u00f3 la demanda de prescripci\u00f3n que plantearon en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En su criterio, el fallador enjuiciado se equivoc\u00f3 al adoptar esa determinaci\u00f3n, ya que i) dio por demostrado que fueron tenedores del predio con un solo testimonio, sin analizar las evidencias que demostraban su calidad de poseedores; ii) no acopi\u00f3 oficiosamente los medios de convicci\u00f3n que eran necesarios para esclarecer las condiciones de la posesi\u00f3n que invocaron, a lo que estaba obligado debido a que al a quo no se pronunci\u00f3 sobre la solicitud de pruebas que elev\u00f3 el curador ad litem en la primera instancia; y iii) no motiv\u00f3 adecuadamente la decisi\u00f3n, al no resolver todos los puntos de la apelaci\u00f3n ni ponderar arm\u00f3nicamente las probanzas practicadas. <\/p>\n
2.- El Juzgado reprochado defendi\u00f3 lo actuado. Por su parte, Lenin \u00c1vila Campo, quien fungi\u00f3 en el proceso acusado como curador ad litem de las personas indeterminadas, coadyuv\u00f3 la solicitud de amparo, con el fin de que se decretaran las pruebas que pidi\u00f3 en nombre de sus representados. <\/p>\n
<\/p>\n
Aunque los demandantes del juicio controvertido fueron debidamente notificados de la acci\u00f3n, luego de que esta Corporaci\u00f3n anulara el fallo inicialmente emitido por el Tribunal el 18 de diciembre de 2020, guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- El a quo desestim\u00f3 el ruego porque consider\u00f3 que el fallo censurado \u201cs\u00ed estuvo motivado\u201d, se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes en el proceso, y si bien, no estudi\u00f3 todos los reparos concretos, esa omisi\u00f3n no traduce per se una afectaci\u00f3n al debido proceso, \u00abpor cuanto trat\u00e1ndose la demanda de acreditar la prescripci\u00f3n adquisitiva respecto un bien inmueble, los presupuestos para su declaratoria son excluyentes entre s\u00ed; que de no verificarse el cumplimiento de uno de estos, puede el Funcionario Judicial prescindir del estudio de las dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
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4.- Los gestores impugnaron, insistiendo en los argumentos del escrito inaugural. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1.- Como cuesti\u00f3n preliminar, se precisa que el resguardo cumple con el requisito de inmediatez, comoquiera que este se present\u00f3 el 4 de diciembre de 2020 (Acta de reparto) y la directriz acusada data de 29 de octubre de ese a\u00f1o. Ahora, la controversia se define hasta ahora porque el Tribunal de Riohacha solo remiti\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n el 11 de octubre de este a\u00f1o, luego de que los actores impugnaran la sentencia de 18 de diciembre de 2020, que defini\u00f3 la primera instancia; decisi\u00f3n que, adem\u00e1s, fue anulada por la Sala el pasado 27 de octubre, por no haberse vinculado a los intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Dicho esto, se advierte que el desenlace censurado se revocar\u00e1, pues, como lo afirman los peticionarios, el Juzgado convocado no resolvi\u00f3 todos los puntos de la alzada, como se lo impone el art\u00edculo 320 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abel recurso de apelaci\u00f3n tiene por objeto que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisi\u00f3n\u00bb, as\u00ed como el canon 328 del mismo estatuto, a cuyas voces, \u00abel juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, obs\u00e9rvese que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n anhelada por Edgar Sa\u00fal Ibarra Ortiz, Adan\u00edes Rafael Ibarra L\u00f3pez, Leila Ibarra de Illidge, Liliana Ibarra Benjumea e Idelma Ibarra Mej\u00eda, y rechaz\u00f3 la prescripci\u00f3n pretendida por los censores, porque, en s\u00edntesis, consider\u00f3 que i) se cumpl\u00edan con los presupuestos para que prospera la acci\u00f3n reivindicatoria (derecho de dominio sobre el inmueble de los demandantes y posesi\u00f3n de los convocados), ii) los aqu\u00ed accionantes no pod\u00edan oponer a sus antagonistas la posesi\u00f3n que alegaban, ya que ingresaron al inmueble como arrendatarios, en virtud del contrato que celebraron con el progenitor de los demandantes, y no hab\u00eda certeza del momento en que mutaron esa calidad, iii) hasta la presentaci\u00f3n de la demanda de pertenencia (2014) no se hab\u00eda configurado el tiempo necesario para ganar por prescripci\u00f3n, teniendo en cuenta que los actos de posesi\u00f3n iniciaron cuando Mar\u00eda Acosta Serrano pidi\u00f3, por v\u00eda administrativa, la adjudicaci\u00f3n del inmueble al municipio de Maicao (2007), y iv) los aqu\u00ed gestores eran poseedores de mala fe. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, los actores, por medio de su apoderado, replicaron cada uno de los razonamientos que permitieron al a quo arribar a esas conclusiones, as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
i) Que los demandados actuaron como meros tenedores sobre el predio objeto de usucapi\u00f3n en virtud de un contrato de arrendamiento. Argumentaron, en lo esencial, que no era cierto que hubiesen ocupado inicialmente el inmueble como meros tenedores, pues \u00abno est\u00e1 debida y plenamente probada la existencia, en la forma y temporalidad del contrato de arrendamiento alegado por los demandantes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii) Que fue a partir de la adjudicaci\u00f3n administrativa del inmueble por parte de la Alcald\u00eda Municipal de Maicao, el momento a partir del cual empez\u00f3 a correr el t\u00e9rmino de posesi\u00f3n para los demandados. Sostuvieron, en lo fundamental, que esa apreciaci\u00f3n descalificaba \u00abtodos los actos posesorios que ven\u00edan ejecut\u00e1ndose desde el a\u00f1o de 1987, los cuales est\u00e1n debidamente probados y que, adem\u00e1s, los demandantes no lograron desvirtuar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii) Que los demandantes demostraron justo t\u00edtulo para reivindicar. Expusieron, en breve, que \u00abel a quo se equivoc\u00f3 no solo porque solo admiti\u00f3 como presupuesto de la acci\u00f3n reivindicatoria el t\u00edtulo que ostentan los demandantes sino tambi\u00e9n, porque desestim\u00f3 el efecto del tiempo transcurrido en el cual los demandantes estuvieron despojados libremente de la posesi\u00f3n, sin haber mostrado inter\u00e9s sobre el predio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv) No est\u00e1 probado a partir de cu\u00e1ndo los demandados empezaron a ejecutar los actos posesorios. En ese sentido, criticaron la valoraci\u00f3n de los testimonios, concretamente, las declaraciones de V\u00edctor Ram\u00f3n Guerra Nieves y Leonardo Jos\u00e9 G\u00e1mez Anaya, pues, a su parecer, daban cuenta de que pose\u00edan el predio hace m\u00e1s de diez a\u00f1os. A su turno, alegaron que el juez inicial no fue exhaustivo al interrogarlos, ni le permiti\u00f3 a la parte interesada interrogarlos, ni se pronunci\u00f3 sobre la solicitud de pruebas elevada por el curador ad litem. <\/p>\n
<\/p>\n
v) Que la prescripci\u00f3n alegada por los demandados carece de legitimidad. En este punto, discutieron las apreciaciones del a quo frente a que son poseedores de mala fe. <\/p>\n
<\/p>\n
vi) Que el solo hecho de que los demandantes no hayan ejercido acci\u00f3n reivindicatoria no legitima la posesi\u00f3n de los demandados. Adveraron, al respecto, que esa tesis es un contrasentido, toda vez que \u00abla falta de acci\u00f3n por parte de los propietarios, m\u00e1s bien consolida y legitima la posesi\u00f3n de los demandados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii) Aunque se encontrara probada la fecha en que empez\u00f3 la posesi\u00f3n tampoco tendr\u00eda decisi\u00f3n favorable la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, por cuanto el plazo prescriptivo tuvo una interrupci\u00f3n con la solicitud de Revocatoria Directa que present\u00f3 uno de los intervinientes. Afirmaron que \u00abpara negar el medio exceptivo propuesto por los demandados, el Despacho considera equivocadamente que el plazo prescriptivo se interrumpi\u00f3 con la reclamaci\u00f3n en sede administrativa por parte de los demandantes, cuando solicitaron la revocatoria directa del Acto de Adjudicaci\u00f3n del predio en litigio a favor de los demandados, por parte del municipio de Maicao\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Adicionalmente, solicitaron que, de oficio, decretara los testimonios de V\u00edctor Ram\u00f3n Guevara Nieves y Leonardo Jos\u00e9 G\u00f3mez Anaya, as\u00ed como \u00ablas dem\u00e1s pruebas que, de oficio, estime necesarias el Despacho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Por su parte, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Maicao, al desatar la alzada, se limit\u00f3 a estudiar los presupuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria, dejando de lado lo relativo a los de la prescripci\u00f3n. Adicionalmente, por el camino de resolver el primero de los aspectos, solo constat\u00f3 la existencia del derecho de dominio de los demandantes, pues al analizar el de la posesi\u00f3n de los convocados, aqu\u00ed quejosos, luego de relacionar sin sentido alguno varios medios de convicci\u00f3n, pas\u00f3, sin coherencia alguna, al t\u00f3pico de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
N\u00f3tese que luego de explicar cu\u00e1les son los presupuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria, esboz\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
Al revisar el caudal probatorio aunado al plenario puede observar esta agencia judicial, que forman en la foliatura y sobresalen o son de mejor relieve para la situaci\u00f3n que merece atenci\u00f3n privilegiada en principio, las que a continuaci\u00f3n se relacionan: El folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.212-41228 (folio-09) expedido por la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Maicao, La Guajira, que consigna anotaciones respecto del inmueble motivo de la controversia judicial, en las que da cuenta que el bien fue adquirido por el se\u00f1or ADULFO IBARRA (fallecido), por compraventa que le hiciera el Municipio de Maicao, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 112 del 05-09-1966. <\/p>\n
<\/p>\n
Que en el mismo certificado, en su anotaci\u00f3n tercera se registra la adjudicaci\u00f3n en sucesi\u00f3n, a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica n\u00famero 193 del 13-03-2013, anot\u00e1ndose como titular de derecho real de dominio a los aqu\u00ed demandantes. Con esos documentos ha quedado demostrado que los demandantes son los propietarios del bien objeto de la acci\u00f3n judicial, y as\u00ed mismo se advierte la presencia de la demostraci\u00f3n como adquiri\u00f3 el bien y por ende, se establece la legitimaci\u00f3n por activa, con lo que se configura el primero de los requisitos requeridos para la acci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Seguidamente se ocup\u00f3 del requisito de la posesi\u00f3n de la parte convocada, se\u00f1alando que: <\/p>\n
<\/p>\n
Sigue entonces analizar lo relativo a la posesi\u00f3n material del bien objeto de la controversia judicial en cabeza de los demandados, que como ya se dijo al advertir el segundo de los requisitos que establece la jurisprudencia y la doctrina para la prosperidad de la reivindicaci\u00f3n, lo constituye el hecho de que el bien est\u00e9 ocupado por los demandados con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, es decir, que ejerza actos a los que solo tiene derecho el due\u00f1o, y por lo mismo sin reconocer derecho ajeno, conforme lo previene el art\u00edculo 762 del c\u00f3digo civil. <\/p>\n
<\/p>\n
Recordemos que los demandantes en el libelo acusan a los demandados de ocupar el inmueble materia del proceso por un contrato verbal de arrendamiento sostenido entre el se\u00f1or ADULFO LEON IBARRA PANA (fallecido) y los demandados, arriendo que se le pagaba despu\u00e9s su muerte a ADULFO IBARRA BENJUMEA, el que igualmente falleci\u00f3 el 20 de 2007, dej\u00e1ndose de pagar los arriendo por lo que hoy alegan los demandados la posesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Frente a lo anterior y a fin de establecer con precisi\u00f3n y en forma concreta la posici\u00f3n optada por cada una de las partes y de esa manera determinar lo que se deb\u00eda imponer al decidir en el fondo el asunto en controversia, el plenario permite advertir la presencia del siguiente caudal probatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Se aport\u00f3 por parte del extremo demandante, copia del certificado de libertad y tradici\u00f3n con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 212-41228 expedida por la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Maicao, prueba anticipada solicitada por EDGAR IBARRA ORTIZ contra los aqu\u00ed demandados, realizada ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esta ciudad, Certificado especial expedido por la Oficina de Registro de Maicao. <\/p>\n
<\/p>\n
Por el apoderado del extremo demandado en su contestaci\u00f3n se aportaron como pruebas Interrogatorio de parte, como documentales resoluci\u00f3n 434 del 28 de junio de 1983, recibos de servicios p\u00fablicos y recepciones testimoniales. <\/p>\n
<\/p>\n
En acta de junio 30 de 2017, el se\u00f1or EDGAR RAFAEL OCHOA GOMEZ, a quien luego de recibirle los generales de ley, asegur\u00f3 haber ido con el se\u00f1or ADULFO IBARRA hasta el colegio el Jord\u00e1n a cobrar los arriendos en el a\u00f1o 1989, donde una se\u00f1ora de nombre Mar\u00eda Acosta que era la persona que los atend\u00eda, ten\u00eda una libreta donde anotaba los pagos que ella les hac\u00eda, anotando ella misma y firmando el se\u00f1or ARNULFO lo que recib\u00eda (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
Se aportaron al expediente pruebas como la resoluci\u00f3n 401 del 19 de julio de 2010, donde por parte del Municipio de Maicao, se revoca directamente la resoluci\u00f3n 0257 del 21 de septiembre de 2007, escritura n\u00famero 188 del 6 de septiembre de 1966, acto de protocolizaci\u00f3n otorgada por ADULFO IBARRA a su favor, entre otras. <\/p>\n
<\/p>\n
Y a continuaci\u00f3n, remat\u00f3 concluyendo que: <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden est\u00e1 ausente por completo la existencia del segundo de los elementos necesarios para obtener por parte de los demandados una decisi\u00f3n favorable frente a la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, lo cual es suficiente para que sin necesidad de examinar los restantes requisitos previstos para ese fin, se tenga que decir que las pretensiones incluidas en el libelo introductorio no est\u00e9n llamadas a prosperar como lo defini\u00f3 el a-quo en el fallo de la primera instancia, lo cual conduce a la confirmaci\u00f3n de la sentencia apelada, con la consecuente condenaci\u00f3n en las costas de la segunda instancia a la parte apelante. <\/p>\n
<\/p>\n
Como puede verse, el estrado denunciado no dirimi\u00f3 en debida forma la apelaci\u00f3n de los impulsores, la cual le impon\u00eda determinar, a la luz de las inconformidades de aquellos, si, como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo, deb\u00eda salir avante la acci\u00f3n de dominio instaurada contra Carlos Serrano y Mar\u00eda Acosta, y desestimarse la de prescripci\u00f3n formulada por ellos, m\u00e1xime si por esa v\u00eda omiti\u00f3 efectuar el an\u00e1lisis probatorio que reclamaron los actores al replicar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
<\/p>\n
No debe perderse de vista que se trata de acciones distintas, con presupuestos diversos, de suerte que, aunque deben ser analizadas conjuntamente por tramitarse bajo el mismo proceso, conservan su identidad. De ah\u00ed que, a tono con las censuras de los apelantes le correspondan al fallador de segundo grado, establecer si ten\u00edan o no el derecho que defienden. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, se revocar\u00e1 lo opugnado y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo rogado, a fin de que el despacho enjuiciado desate nuevamente la apelaci\u00f3n propuesta por los actores, sin que lo anotado signifique que deba acoger sus aspiraciones, pues ello lo determinar\u00e1 una vez dirima adecuadamente el remedio vertical. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, CONCEDE el amparo solicitado por Carlos Serrano Cort\u00e9s y Mar\u00eda Rosario Acosta de Serrano. <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto la sentencia emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Maicao el 29 de octubre de 2020 en el proceso que origin\u00f3 esta acci\u00f3n (2014-00136-01), as\u00ed como las dem\u00e1s actuaciones que dependan de ella. En su lugar, se ORDENA al titular de ese despacho que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de primera instancia, pronunci\u00e1ndose sobre todos los puntos que fueron materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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