STC16768-2021<\/p>\n
NF <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16768-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00961-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se desata la impugnaci\u00f3n del fallo de 8 de junio de 20201, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Beatriz Cardozo Salazar en nombre propio y en representaci\u00f3n legal de Andr\u00e9s Felipe y Carlos Andr\u00e9s Beltr\u00e1n Salazar contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a los intervinientes en el litigio 2013-00152-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia SL4476-2020, dictada por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura (11 nov. 2020). <\/p>\n
En su lugar, ordenar a la Sala convocada proferir nueva determinaci\u00f3n donde \u00abNO SE CASE la sentencia\u00bb dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (6 sept. 2016) y \u00abdeje en firme la proferida en sede de instancia, las cuales nos otorgan el derecho a la PENSI\u00d3N DE SOBREVIENTE ORIGEN LABORAL\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s de una revisi\u00f3n del escrito genitor y sus anexos, quedan evidenciadas las siguientes premisas f\u00e1cticas m\u00e1s relevantes: <\/p>\n
La libelista en representaci\u00f3n de sus dos hijos menores formul\u00f3 proceso ordinario laboral contra Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. para obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a partir del 2 de marzo de 2009, el retroactivo debidamente indexado, los intereses moratorios, condena extra y ultra petita y costas, conocimiento que correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, qui\u00e9n profiri\u00f3 sentencia estimatoria (26 jun. 2015). <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue confirmada parcialmente por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (6 sep. 2016), toda vez que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n respecto de las mesadas causadas con anterioridad a 8 de abril de 2010, frente a la actora y uno de sus descendientes, por tanto, dispuso: i) hacer exigible el reconocimiento de la prestaci\u00f3n pensional para ella en proporci\u00f3n del 50% del SMLMV desde el 8 de abril de 2010 y as\u00ed mismo a favor de Carlos Andr\u00e9s Beltr\u00e1n Salazar en proporci\u00f3n del restante 50% del SMLMV, desde el 1\u00ba de marzo del 2009 y hasta su mayor\u00eda de edad o hasta los 25 a\u00f1os, siempre y cuando acredite cursar estudios y, ii) reconoci\u00f3 el pago de intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 13 de junio de 2010 y hasta que se verifique su desembolso. <\/p>\n
Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, decurso donde la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 el prove\u00eddo de segundo grado (11 nov. 2020). En su lugar, absolvi\u00f3 a la aseguradora y revoc\u00f3 el fallo condenatorio emitido por el a quo. <\/p>\n
En su criterio, la autoridad convocada, por un lado, \u00abviol\u00f3 el Art. 61 del CPT\u00bb y por otro, \u00abno dio la apreciaci\u00f3n jur\u00eddica que merec\u00edan las pruebas allegadas de manera regular y oportuna al proceso\u00bb, ya que al no tener en cuenta tanto la comunicaci\u00f3n de \u00ab07\/07\/2010\u00bb, donde la ARL Positiva reconoci\u00f3 que el fallecimiento de su compa\u00f1ero se caus\u00f3 por un accidente laboral, aunque neg\u00f3 la pensi\u00f3n de sobreviviente por la presunta falta de afiliaci\u00f3n y la de \u00ab16\/02\/2011\u00bb, expedida tambi\u00e9n por Positiva donde le inform\u00f3 que la Coordinaci\u00f3n de Recaudo y Cartera de la entidad certific\u00f3 que las cotizaciones correspondientes a los ciclos de febrero de 2007 a diciembre de 2008, el pago fue del 7 de abril de 2009, para el ciclo de enero de 2009 se cancelaron 30 d\u00edas (pago el 19 de febrero de 2009) y el ciclo de febrero de 2009 se cancelaron 30 d\u00edas (pago el 7 de abril de 2009), desconoci\u00f3: i) \u00abla afiliaci\u00f3n de hecho o t\u00e1cita\u00bb efectuada por el empleador que gener\u00f3 el pago a la entidad escogida y, ii) la calificaci\u00f3n del siniestro realizada por la ARL (confesi\u00f3n expresa); iii) el pago de aportes tard\u00edo y, iv) allanamiento a la mora. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, tras realizar un recuento de la actuaci\u00f3n surtida y defender su legalidad, precis\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada no es arbitraria, ya que consult\u00f3 los par\u00e1metros legales y jurisprudenciales aplicables, as\u00ed como la realidad f\u00e1ctica acreditada en el proceso y, por el contrario, la accionante pretende reabrir un debate que ya fue zanjado, de ah\u00ed que solicit\u00f3 denegar el amparo por inexistencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
A su vez, inform\u00f3 que Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. logr\u00f3 demostrar los yerros en que incurri\u00f3 el fallador de segundo grado, especialmente por cuanto dej\u00f3 en evidencia que para la fecha del supuesto accidente y consecuente siniestro fatal de Sebasti\u00e1n Beltr\u00e1n Puentes (q.e.p.d.), no existi\u00f3 afiliaci\u00f3n al sistema de riesgos laborales por parte del aparente empleador (Arnoldo P\u00e1ez) y, por consiguiente, tampoco inici\u00f3 la cobertura a su cargo, luego consigui\u00f3 derruir \u00edntegramente los fundamentos de la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Por \u00faltimo, adujo que no se pod\u00eda colegir que la Administradora de Riesgos Laborales hubiese aceptado la afiliaci\u00f3n del trabajador, ni su afiliaci\u00f3n por cuenta de Arnoldo P\u00e1ez. <\/p>\n
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 29 Judicial II para Asuntos de Trabajo y Seguro Social solicito negar el auxilio constitucional por ausencia de vulneraci\u00f3n, puesto que la decisi\u00f3n atacada es resultado de una interpretaci\u00f3n plausible por cuanto se acredit\u00f3 la inexistencia de afiliaci\u00f3n al sistema de riesgos laborales por parte del empleador, por tanto, jam\u00e1s inici\u00f3 la cobertura. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego, tras considerar que la providencia censurada est\u00e1 \u00abdebidamente fundamentada, sustentada en argumentos razonables, que descartan que sea producto de la arbitrariedad o el capricho, y que hayan consecuentemente vulnerado o puesto en riesgo los derechos fundamentales invocados por la parte actora., adem\u00e1s de indicar que \u00abla accionante no logra acreditar los presupuestos de la denominada afiliaci\u00f3n t\u00e1cita\u00bb. <\/p>\n
4. La quejosa impugn\u00f3 con asidero en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego de Mar\u00eda Beatriz Cardozo Salazar debe negarse y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmado el prove\u00eddo opugnado porque los razonamientos de la Sala hom\u00f3loga aqu\u00ed reprochados no lucen arbitrarios o caprichosos, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
Tras revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio donde la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 la sentencia de 6 de septiembre de 2016, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (SL4476-2020, 11 nov. 2020) y en sede instancia absolvi\u00f3 a la aseguradora y revoc\u00f3 la sentencia condenatoria emitida por el a quo, cabe observar que no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos el agravio a las prerrogativas fundamentales invocadas, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica plausible. <\/p>\n
En punto a los reparos formulados por la interesada, relacionados con la indebida valoraci\u00f3n probatoria de las comunicaciones de \u00ab7\/07\/2010 [y] 16\/02\/2011\u00bb, la autoridad enjuiciada concluy\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) Lo primero que debe decir la Sala, es que, no existe discusi\u00f3n en cuanto a que no se alleg\u00f3 documento de afiliaci\u00f3n de (\u2026) [Sebasti\u00e1n Beltr\u00e1n Puentes] a la Entidad Administradora de Riesgos Laborales Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A.; ello, resultar\u00eda suficiente para la prosperidad del recurso, de conformidad con las normativas acusadas, en especial, lo previsto en el literal k del art. 4 del Decreto 1295 de 1994, que consagra: La cobertura del sistema se inicia desde el d\u00eda calendario siguiente a la afiliaci\u00f3n. <\/p>\n
A su turno, adujo que <\/p>\n
(\u2026) De lo expuesto, se desprende que, la cobertura del sistema est\u00e1 supeditada al cumplimiento del acto jur\u00eddico formal de la afiliaci\u00f3n, el que, trat\u00e1ndose de trabajadores dependientes est\u00e1 a cargo exclusivo del empleador y, sin el cual, no es posible que opere la subrogaci\u00f3n de la responsabilidad al sistema integral de seguridad social. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Al revisar las documentales que refiere la recurrente, esto es, la comunicaci\u00f3n dirigida a la apoderada judicial de la demandante, de fecha 7 de julio de 2010 (fls. 9 y 10), se observa que ante la reclamaci\u00f3n pensional, la entidad le explic\u00f3 que consultado el sistema de afiliaciones, (\u2026) [Sebasti\u00e1n Beltr\u00e1n Puentes] no se encontraba inscrito al momento de sufrir el accidente de trabajo; que revisados los aplicativos PMU recaudo, MPU afiliaciones y consulta de pagos, solo obran dos en los ciclos, marzo y abril de 2005, el primero a nombre del empleador Restaurante (\u2026) [Aves C.] y el segundo, realizado por (\u2026) [Pollos y pollos], pero en el a\u00f1o 2009 no exist\u00eda ning\u00fan pago, raz\u00f3n para considerar que, como lo alega la censura, no existi\u00f3 cobertura por falta del acto jur\u00eddico formal de la previa afiliaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, de tales pruebas no se puede concluir la inscripci\u00f3n del entonces trabajador a Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A.; por el contrario, la entidad lo que hace es ratificar que revisada la documentaci\u00f3n y consultado el sistema de afiliaciones para el 1\u00ba de marzo del a\u00f1o 2009, el citado no se encontraba vinculado, sin que por el hecho de que cuando la demandada manifiesta que \u00abal momento de sufrir el accidente de trabajo\u00bb, se est\u00e9 aceptando la afiliaci\u00f3n al sistema. <\/p>\n
No obstante que en la referida comunicaci\u00f3n se acepta que obran dos pagos para los ciclos marzo y abril de 2005, los mismos fueron realizados por el empleador (\u2026) Restaurante [Aves C], que no por quien se aduce era el empleador del trabajador al momento de su muerte y, por ende, el obligado a su previa inscripci\u00f3n al sistema. <\/p>\n
Estima la Sala que de tales elementos de juicio no se pod\u00eda establecer el acto jur\u00eddico formal de la afiliaci\u00f3n del trabajador a la administradora demandada, simult\u00e1nea a su vinculaci\u00f3n laboral y en ning\u00fan caso, previa a la ocurrencia del siniestro. Tampoco era viable inferir que, como en las citadas respuestas se aludi\u00f3: \u00abal momento de sufrir el accidente de trabajo\u00bb, se deba tener por acreditado que por esa sola afirmaci\u00f3n se acept\u00f3 la afiliaci\u00f3n a la entidad. (Subrayas fuera del texto original). <\/p>\n
De ah\u00ed que coligi\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) de las documentales revisadas, como lo sostiene la recurrente, contrario a lo concluido por el Tribunal, no se colige que la Administradora de Riesgos Laborales demandada aceptara en el tr\u00e1mite administrativo el origen laboral de la muerte de (\u2026) [Sebasti\u00e1n Beltr\u00e1n Puentes], ni su afiliaci\u00f3n por cuenta del empleador (\u2026) [Arnoldo P\u00e1ez] <\/p>\n
De otra parte, tambi\u00e9n le asiste raz\u00f3n a la recurrente, cuando manifiesta que el ad quem cre\u00f3 una afiliaci\u00f3n impl\u00edcita no prevista en la ley. <\/p>\n
Se dice lo anterior pues, no obstante aceptar el colegiado que no existi\u00f3 documento de inscripci\u00f3n del trabajador a la entidad demandada, ni reporte del supuesto accidente de trabajo por parte del se\u00f1alado empleador, err\u00f3neamente y sin fundamento normativo, consider\u00f3 que por haber recibido los pagos que realiz\u00f3 el 7 de abril de 2009 (fls. 17 a 30), supuestamente correspondientes a ciclos de a\u00f1os anteriores e incluso de unos muy pocos meses previos al deceso, en febrero 19 de 2009, esto fue, 11 d\u00edas antes del \u00f3bito de (\u2026) [Sebasti\u00e1n Beltr\u00e1n Puentes], era \u00abdable entender que la aseguradora acept\u00f3 t\u00e1citamente la afiliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De lo que viene de analizarse, la recurrente logra acreditar los enunciados yerros jur\u00eddicos y f\u00e1cticos, estos \u00faltimos evidentes, manifiestos y protuberantes, en que incurri\u00f3 el fallador de segundo grado, especialmente, en cuanto demuestra que, para la fecha del supuesto accidente y el consecuente siniestro fatal, no existi\u00f3 afiliaci\u00f3n al sistema de riesgos laborales por parte del supuesto empleador y por ende, no inici\u00f3 la cobertura a su cargo, con lo que consigue derruir \u00edntegramente los fundamentos del fallo impugnado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la sentencia adoptada como se anticip\u00f3 no es infundada o arbitraria, por el contrario, queda en evidencia una diferencia de criterios entre la recurrente y la autoridad convocada, luego razonablemente debe admitirse que al margen de que la precursora no comparta las reflexiones y conclusiones del prove\u00eddo cuya revocatoria pretende, estos pilares no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, fruto como son de una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a la ponderaci\u00f3n de esa autoridad judicial, ejercicio que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, CSJ STC4937-2016, CSJ STC6631-2018 CSJ STC 14267-2018 y CSJ STC3956-2021 entre otras). <\/p>\n
En consecuencia, comoquiera que el prove\u00eddo cuestionado en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n razonable, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo de la impugnante es anteponer su propio criterio para aniquilar el fallo que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendada la sentencia protestada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 9 de agosto, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 8 de noviembre, donde se radic\u00f3, reparti\u00f3 e ingres\u00f3 al despacho el 9 de noviembre. <\/p>\n
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