STC16775-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16775-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00323-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Faryde Su\u00e1rez Yaber frente a la sentencia de 7 de octubre de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 a los Juzgados Cuarto Civil Municipal y Sexto Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el litigio con radicado n\u00b02020-00108. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 que se \u00abdeje sin efectos las providencias de primera y segunda instancia censuradas, y se resuelva, nuevamente\u00bb. <\/p>\n
Como sustento, manifest\u00f3 que suscribi\u00f3 contrato de mandato con la inmobiliaria Eureka, para que administrara y diera en arriendo un bien inmueble de su propiedad. A\u00f1adi\u00f3 que la autoriz\u00f3 para que tomara \u00abFianza inmobiliaria y\/o Seguro Inmobiliario\u00bb y as\u00ed pudiera recibir el valor de los c\u00e1nones ante un eventual incumplimiento en su pago, lo que en efecto sucedi\u00f3; sin embargo, fue solo hasta la ocurrencia del suceso que la mandataria le inform\u00f3 que no hab\u00eda podido asegurar el riesgo. As\u00ed las cosas, present\u00f3 demanda para que se declarara que no se cumpli\u00f3 con la gesti\u00f3n aludida y se le ordenara el reconocimiento y pago de lo que dej\u00f3 de percibir. <\/p>\n
Finalmente, manifest\u00f3 que el estrado municipal no accedi\u00f3 a sus pretensiones, por lo que apel\u00f3, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Su reproche consisti\u00f3 en que hubo una indebida valoraci\u00f3n probatoria del contrato, porque en \u00e9l se estipul\u00f3 la obligaci\u00f3n de \u00abconstituir las p\u00f3lizas respectivas, as\u00ed como descontar la comisi\u00f3n a que hubiera lugar, pues ya se hab\u00edan dado todas las autorizaciones\u00bb para ello, lo que no fue tenido en cuenta por los juzgadores. Adem\u00e1s, aleg\u00f3 que la inmobiliaria contaba con la facultad de ejecutar los actos que fueran necesarios en su favor \u00abes decir, los que de acuerdo a la naturaleza del encargo, resulten accesorios o complementarios del mismo\u00bb. Aunado a ello, tambi\u00e9n se doli\u00f3 porque Eureka \u00abdeb[\u00ed\u00f3] proceder con la diligencia de un buen padre de familia\u00bb, lo cual no hizo ni acredit\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los despachos judiciales y la entidad mandataria se opusieron a la prosperidad del amparo, apoyados en que el an\u00e1lisis probatorio que se realiz\u00f3 fue ponderado.<\/p>\n
3. El Tribunal neg\u00f3 el ruego al considerar que \u00abcomp\u00e1rtase o no la decisi\u00f3n del despacho [del circuito], la providencia no se torna caprichosa ni antojadiza, por el contrario, el fallo fue motivado conforme lo que advirti\u00f3 del proceso, explic\u00e1ndose suficientemente la raz\u00f3n por la cual se deber\u00edan negar la[s] pretensiones de la parte demandante hoy tutelante, siendo congruente dicha explicaci\u00f3n con lo probado en el proceso\u00bb. <\/p>\n
4. La libelista impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, fincada en argumentos similares a los iniciales; sin embargo, a\u00f1adi\u00f3 otros, en los cuales reproch\u00f3 que no se \u00abrealiz\u00f3 ni aplic\u00f3 en debida forma las reglas de interpretaci\u00f3n que se deben seguir a efectos de determinar el alcance obligacional del respectivo negocio jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Como aspecto preliminar es importante anunciar que el examen de la presunta lesi\u00f3n de las prerrogativas incoadas por Faryde Su\u00e1rez Yaber recaer\u00e1 de forma exclusiva en el pronunciamiento del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, pues si bien su ataque tambi\u00e9n involucra la determinaci\u00f3n del Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa misma ciudad, lo cierto es que ese proceder ya fue sometido al escrutinio del despacho del circuito, a trav\u00e9s del recurso de alzada, de suerte que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario [constitucional] en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC14012-2015, reiterada en STC2377-2018, STC8062-2020, entre otras). <\/p>\n
Dicho lo anterior, se observa la necesidad de ratificar el veredicto confutado, pues no se logr\u00f3 advertir la existencia de alg\u00fan yerro que amerite la injerencia supralegal. <\/p>\n
As\u00ed, al estudiarse el primer reproche, esto es, el relacionado con la obligatoriedad de adquirir la p\u00f3liza de seguro, la autoridad judicial accionada advirti\u00f3 que, en efecto, se pact\u00f3 una cl\u00e1usula1 que autorizaba su consecuci\u00f3n, pero que en ning\u00fan momento se fij\u00f3 como obligatoria la obtenci\u00f3n de la garant\u00eda, de modo que, al no existir dicho deber, no hab\u00eda lugar a su incumplimiento. Frente a este prop\u00f3sito sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) Del anterior recuento probatorio, lo primero que debe indicarse es que, efectivamente, la demandada Eureka inmobiliaria estaba autorizada para constituir una p\u00f3liza de fianza inmobiliaria (\u2026) sin embargo, observa el despacho, que el contenido de la cl\u00e1usula 3.04 del contrato no dice taxativamente que Eureka Inmobiliaria estuviera obligada a constituir la p\u00f3liza, y en ese sentido, al no existir obligaci\u00f3n expresamente exigible, tampoco pod\u00eda predicarse su incumplimiento. <\/p>\n
Aunado a ello, insisti\u00f3 en que no era imperativo para la inmobiliaria lo que le endilg\u00f3, porque: <\/p>\n
En efecto, al tenor literal de la cl\u00e1usula no se evidencia una obligaci\u00f3n contundente y di\u00e1fana de que era deber de la inmobiliaria constituir la p\u00f3liza. Todo lo contrario, esa la (sic) cl\u00e1usula no es imperativa, sino condici\u00f3n potestativa y causal (art\u00edculo 1534 C.C) y como se itera, no lleva impl\u00edcito el deber de tomar una p\u00f3liza, pues estipula que: \u201csi el MANDANTE ha autorizado y se ha tomado la Fianza Inmobiliaria o el Seguro de Arriendos, el MANDANTE continuar\u00e1 recibiendo los c\u00e1nones mes a mes conforme a la cl\u00e1usula\u201d (subrayas propias), es decir, el cumplimiento de la cl\u00e1usula est\u00e1 condicionado a que se tomara la p\u00f3liza, o lo que es lo mismo, a que la p\u00f3liza existiera precisamente porque las aseguradoras son quienes determinan si aseguran o no, y como en este evento, ello no sucedi\u00f3 por el alto riesgo de asegurar a la arrendataria I.P.S, tal circunstancia por s\u00ed sola no implica que Eureka Inmobiliaria hubiera inobservado sus obligaciones, pues, debe insistirse, que dentro de las cl\u00e1usulas del contrato no se estipul\u00f3 que la demandada tuviera dentro de sus obligaciones el deber de adquirir la p\u00f3liza de seguro inmobiliario como tampoco que tuviera que informar de ello a la demandante. Entonces, como no existe obligaci\u00f3n exigible, tampoco hay incumplimiento. <\/p>\n
Con todo, agreg\u00f3 que si, hipot\u00e9ticamente, se hubiera establecido la obligaci\u00f3n de suscribir la p\u00f3liza, lo cierto es que la parte actora acept\u00f3 sin reproches, y durante varios a\u00f1os, el pago de los c\u00e1nones, a los cuales no se les dedujo el valor correspondiente para la constituci\u00f3n de la garant\u00eda. En ese sentido manifest\u00f3 que: <\/p>\n
De otra parte, si en gracia de discusi\u00f3n, la cl\u00e1usula 3.04 del contrato objeto de an\u00e1lisis estableciera la obligaci\u00f3n de la mandataria de tomar la p\u00f3liza aludida, es lo cierto, que del comportamiento de las partes se infiere cosa diferente; en verdad, por un lado, el de no efectuar los descuentos del 2% por concepto de la p\u00f3liza por parte de la inmobiliaria, y por otro, la aceptaci\u00f3n del pago de los c\u00e1nones de arrendamiento sin el mentado descuento, tales conductas se postergaron en el tiempo desde el a\u00f1o 2014 hasta el 2018; interregno en el que no existi\u00f3 inconformidad por la parte actora. <\/p>\n
El anterior an\u00e1lisis, lo efectu\u00f3 apoyado en la declaraci\u00f3n de parte de la gestora, testimonios de terceros y en los documentos aportados. Pruebas que, a su vez, lo llevaron a concluir que: <\/p>\n
N\u00f3tese, que no obra en el plenario prueba alguna que certeramente tenga la convicci\u00f3n que se hubieran efectuado descuentos por dicho concepto a la demandante; contrariamente, lo que se observa es que a la demandante se le entregaron las sumas de dinero que le correspond\u00edan previo descuento del 8% pactado por la administraci\u00f3n del inmueble (\u2026). Suma que la actora recib\u00eda sin inconformidad. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Obviamente, otro ser\u00eda el panorama si la p\u00f3liza se hubiera tomado o si a pesar de no haberse constituido, se hubieren efectuado los descuentos, pero ese no es el caso\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en relaci\u00f3n con la queja relacionada con que la inmobiliaria contaba con la facultad de ejecutar los actos necesarios que, de acuerdo a la naturaleza del encargo, resultaban accesorios o complementarios del mismo, y de que debi\u00f3 proceder con la \u00abdiligencia de un buen padre de familia\u00bb, lo cual no hizo ni acredit\u00f3, se indic\u00f3 por parte del juzgado que: <\/p>\n
(\u2026) al interior del plenario se comprob\u00f3 que Eureka Inmobiliaria actu\u00f3 dentro de los l\u00edmites del objeto del contrato de mandato, pues, no s\u00f3lo cumpli\u00f3 con sus obligaciones de arrendar el inmueble, en particular, dirigirse a la aseguradora para tomar el seguro, el que fue negado; sino que adem\u00e1s respondi\u00f3 por el pago del canon de arrendamiento de que trata la cl\u00e1usula 3.03 cuando el contrato est\u00e1 sin p\u00f3liza. Adem\u00e1s, asumi\u00f3 las obligaciones de emprender las acciones judiciales para recuperar los c\u00e1nones adeudados, as\u00ed como la restituci\u00f3n del inmueble y tambi\u00e9n se hizo parte dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de [la arrendataria]. <\/p>\n
En consecuencia, la providencia adoptada no es infundada o arbitraria, por el contrario, queda en evidencia una diferencia de criterios entre la recurrente y el estrado del circuito que no acogi\u00f3 su pedimento, luego debe admitirse que al margen de que la precursora no comparta las reflexiones y conclusiones, estos pilares no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, fruto como son de un an\u00e1lisis probatorio plausible que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019\u00bb (CSJ STC7213-2020). <\/p>\n
Finalmente, respecto de los alegatos esgrimidos en sede de impugnaci\u00f3n, cabe observar que la censora plante\u00f3 hechos nuevos relacionados con la indebida aplicaci\u00f3n de las reglas hermen\u00e9uticas. De manera que, estos nov\u00edsimos planteamientos, son ajenos a la discusi\u00f3n porque el despacho cuestionado no tuvo la oportunidad para controvertirlos, so pena de quebrantar el derecho de defensa que le asiste a aquel, conforme se ha evocado en casos similares, donde esta Corporaci\u00f3n ha subrayado que <\/p>\n
(\u2026) [r]especto de las circunstancias que expuso la impugnante ante esta Corporaci\u00f3n (\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular la Sala ha indicado que: (\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (15 mar. 2011, exp. 00003-01, 20 sep. 2012, exp. 2012-00195-01, CSJ STC5618-2020, CSJ STC-572-2021, y CSJ STC2544-2021, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, puesto que la providencia cuestionada en esta queja descansa en un discernimiento razonable, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00ab3.04. FIANZA INMOBILIARIA. Si el MANDANTE ha autorizado y se ha tomado la Fianza Inmobiliaria o el Seguro de Arriendos, el Mandante continuar\u00e1 recibiendo los c\u00e1nones mes a mes conforme a la cl\u00e1usula\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16775-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16775-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00323-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Faryde Su\u00e1rez Yaber frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60208","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60208","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60208"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60208\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60208"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60208"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60208"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}