STC16786-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16786-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00853-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de julio de 20201 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Irley Otavo Rojas contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y dem\u00e1s intervinientes en la causa judicial a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La quejosa a trav\u00e9s de apoderado judicial demand\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la defensa, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco del juicio penal seguido en su contra, bajo el consecutivo n.\u00ba 2012-00039. <\/p>\n
En consecuencia, pide para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, se deje \u00absin valor ni efecto las sentencias proferidas por la SALA CUARTA DE DECISI\u00d3N PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA, CAQUET\u00c1 y el JUZGADO SEGUNDO (2\u00ba) PENAL DEL CIRCUITO DE FLORENCIA, CAQUET\u00c1\u00bb y, en consecuencia, decretar la nulidad de todo lo actuado. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia la conden\u00f3 -en calidad de autora- a noventa y seis meses de prisi\u00f3n, como pena principal, por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, decisi\u00f3n que a su turno fue confirmada por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Florencia mediante providencia del 24 de abril de 2017. <\/p>\n
Explic\u00f3 que su captura ocurri\u00f3 con posterioridad en la capital del pa\u00eds, esto es, el 10 de diciembre de 2019, y en la actualidad se encuentra purgando su condena en la C\u00e1rcel el Buen Pastor. En su particular criterio, las determinaciones en mientes constituyen v\u00edas de hecho, en la medida en que se desconoci\u00f3 su presunci\u00f3n de inocencia y, por el contrario, los elementos materiales de prueba fueron contradictorios entre s\u00ed, lo que gener\u00f3 en \u00faltimas \u00abdudas\u00bb que debieron resolverse en su favor, dado que \u00abel grado de conocimiento que se exige para condenar que no es otro que la certeza, y s\u00ed frente a la misma certeza de los hechos exist\u00edan incongruencias, frente al relato de la testigo de descargo, por qu\u00e9 se confirma la sentencia del A quo\u00bb. <\/p>\n
Dijo que el relato de los testigos de cargo, constituyen en esencia, \u00abmeras especulaciones\u00bb, sobre las cuales no era viable sustentar una condena en su contra. Finalmente, asegur\u00f3 que no le fue posible acudir antes al resguardo, dado que es \u00abv\u00edctima del desplazamiento forzado y por esa condici\u00f3n se vio obligada a abandonar su tierra natal con el fin de protegerse, lo que imposibilit\u00f3 su presencia durante el tr\u00e1mite del proceso y de esa manera ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n que le asiste\u00bb (subrayas y negrillas del original). Entonces, pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n del juez de tutela en aras de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad, limitaron su intervenci\u00f3n a remitir copia de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
b. Por su parte, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa misma urbe se\u00f1al\u00f3 que no ten\u00eda a su alcance informaci\u00f3n necesaria para dar alcance a la vinculaci\u00f3n realizada, en la medida en que \u00abse trata de un asunto de Ley 906 de 2004, no se guarda copia del mismo, ello lo realiza la Fiscal\u00eda de Conocimiento\u00bb. <\/p>\n
c. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n realiz\u00f3 un compendio de la actuaci\u00f3n a su cargo e inform\u00f3 que despleg\u00f3 una debida actividad probatoria que le permiti\u00f3 \u00abprobar su teor\u00eda y (\u2026) vencer en Juicio oral\u00bb. <\/p>\n
d. Por su parte, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n consider\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela carec\u00eda del requisito de la subsidiariedad, en la medida en que \u00abcontra la sentencia de segunda instancia no se interpuso el recurso extraordinario de CASACI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Especializada en lo Penal de esta Corte neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, porque no satisfizo el plazo considerado como razonable para acudir a este mecanismo excepcional, toda vez que \u00ab(i) que la ciudadana se encontraba en la ciudad de Bogot\u00e1 para esa fecha, lo que la faculto para presentar personalmente dicha solicitud o; (ii) que MARTHA IRLEY OTAVO ROJAS, como consecuencia del desplazamiento forzado, se encontraba \u00abpor fuera de su tierra natal\u00bb, pero gozaba de alg\u00fan medio o persona que le permit\u00eda presentar peticiones a pesar de esto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el apoderado de la gestora, insistiendo en similares motivos a los que expuso en su escrito inicial. Por dem\u00e1s, dijo que el juez de tutela cuenta con un amplio margen que le permite la intromisi\u00f3n en las decisiones que quebranta de forma evidente garant\u00edas superiores. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, la ciudadana Otavo Rojas se queja, en lo fundamental, del fallo de 24 de abril de 2017 de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Florencia, que confirm\u00f3 la sentencia condenatoria emitida en su contra el 22 de junio de 2015 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad, al encontrarla responsable en la modalidad de autora del delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, en raz\u00f3n a que en su criterio, esas decisiones pues en sentir de aqu\u00e9l, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas y la trasgresi\u00f3n de la presunci\u00f3n de inocencia que le asiste. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplir con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la \u00faltima de las decisiones cuestionadas, correspondiente a la del Tribunal Superior de Florencia, data del 24 de abril de 2017; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 17 de junio de 2020, es decir, transcurridos m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os y un (1) mes, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de la actora es reprochar la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3 dentro del referido juicio, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de la \u00faltima actuaci\u00f3n all\u00ed adoptada, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para que aquel haya tardado en reclamar por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
Lo anterior, sin que, para soslayar el mentado requisito de procedibilidad, sea suficiente con afirmar que por ser desplazada por la violencia le fue imposible acudir con prontitud al resguardo; ello, en la medida en que verificado el asunto se advierte que dicha condici\u00f3n le fue reconocida a la gestora desde antes de la condena de primera instancia. Al efecto se precisa, que el 16 de febrero de 2016 (es decir, despu\u00e9s de proferida la sentencia condenatoria en primera) acudi\u00f3 a trav\u00e9s de una petici\u00f3n ante la Unidad para la atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas, luego no se advierte que esa condici\u00f3n haya constituido un impedimento para hacer uso de las herramientas que estaban a su alcance para propender por la defensa de sus garant\u00edas. No se olvide, adem\u00e1s, que dado el tr\u00e1mite expedito y sumario del mecanismo de amparo permite que su acceso se materialice incluso a trav\u00e9s de interpuesta persona, como en efecto, se present\u00f3 en esta oportunidad. <\/p>\n
4. Y aunque lo anterior resulta suficiente para dar al traste con la aspiraci\u00f3n de la quejosa, vale precisar que revisado el escrito de tutela y las documentales allegadas al expediente digital, no cabe duda para la Sala que el asunto tambi\u00e9n se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, la quejosa dej\u00f3 de aprovechar el medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque si el descontento de la se\u00f1ora Martha Irley se soporta, b\u00e1sicamente, en lo determinado por el juez cognoscente al interior de la causa penal donde result\u00f3 condenada, seg\u00fan su dicho, por la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas y la trasgresi\u00f3n de la presunci\u00f3n de inocencia, ha debido formular contra lo resuelto en segunda instancia el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 180 y s.s. del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por ser esta una herramienta eficaz a fin de ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional. <\/p>\n
Por consiguiente, como le correspond\u00eda a la actora exponer dentro del proceso criticado la inconformidad que trae a esta sede excepcional, mediante el uso efectivo de los medios de defensa con que all\u00e1 cont\u00f3, pero no procedi\u00f3 as\u00ed, mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto dentro del proceso, pues, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 el mecanismo procesal para viabilizarlo, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el quejoso ha desaprovechado debido a su incuria. <\/p>\n
La Sala, en supuestos similares ha indicado que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Asunto repartido a esta Sala para estudio el 18 de noviembre de 2021. <\/p>\n
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