STC16789-2021 <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16789-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01331-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Omar Dami\u00e1n Cata\u00f1o Zapata contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y los Juzgados Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de esa misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del procedimiento judicial a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la libertad y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, en el marco de la causa penal que se le sigui\u00f3 por el delitos de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os. <\/p>\n
Solicita entonces de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, se invalide tanto la sentencia de segunda instancia confirmatoria de la condena impuesta, pronunciada el 26 de noviembre de 2019, como el auto que desestim\u00f3 la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria, adiado 19 de mayo de 2020. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo se limit\u00f3 a se\u00f1alar el actor, que las determinaciones antes enlistadas trasgreden los bienes jur\u00eddicos primarios que invoc\u00f3, porque las mismas son resultado de una indebida valoraci\u00f3n probatoria, a la par de la inaplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad que rige los juicios en materia penal; que adem\u00e1s, en un caso de contornos similares al suyo, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, Caquet\u00e1, s\u00ed accedi\u00f3 a la prerrogativa de prisi\u00f3n domiciliaria, aun cuando el delito por el que el procesado Cristian David Saldarriaga Suarez result\u00f3 condenado, tambi\u00e9n lo fue respecto de un menor de edad, circunstancias las anteriores por las que acude a la presente senda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, luego de solicitar que se examine la existencia de actuar temerario por parte del se\u00f1or Cata\u00f1o Zapata, en tanto que sobre la misma tem\u00e1tica y en pret\u00e9rita oportunidad, ya interpuso una acci\u00f3n constitucional de este mismo linaje, puso de presente que la salvaguarda instada resulta improcedente, por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad que la gobierna, pues si bien el aqu\u00ed interesado promovi\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia de segundo grado que mantuvo inc\u00f3lume la sentencia que lo conden\u00f3 a la pena principal de 9 a\u00f1os y 5 meses de reclusi\u00f3n intramural, el mismo fue declarado desierto. <\/p>\n
b. Por su parte, la Fiscal 260 Seccional Caivas, luego de hacer referencia al tr\u00e1mite acaecido con ocasi\u00f3n del juicio penal objeto de estudio, coment\u00f3 que al revisar el acta de lo ocurrido en la audiencia preparatoria, encontr\u00f3 que al inconforme \u00able fueron decretadas varias pruebas, en especial testimonial\u00bb, cosa diferente es que luego de proceder a su valoraci\u00f3n, hubiere advertido el juez de conocimiento que las mismas no daban cuenta de la inocencia del reo, sin que en esa actividad exista alg\u00fan tipo de yerro. <\/p>\n
c. A su turno, el Juez Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medell\u00edn, adem\u00e1s de indicar que no fung\u00eda como titular de ese despacho para el momento de la emisi\u00f3n del fallo cuestionado, remiti\u00f3 copia digital del mismo. <\/p>\n
d. Por su parte, la Procuradora 349 Judicial II de la citada circunscripci\u00f3n, pidi\u00f3 la negativa de la protecci\u00f3n solicitada, luego de manifestar, en suma, que \u00abcuenta con la decisi\u00f3n del 26 de noviembre de 2019, aprobada por Acta No. 117, mediante la cual resuelve la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa del se\u00f1or OMAR DAMI\u00c1N CATA\u00d1O ZAPATA, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Medell\u00edn, del 2 de julio de 2019, que lo conden\u00f3 por el delito de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os. <\/p>\n
Teniendo en cuenta el texto de la decisi\u00f3n, comparado con los fundamentos de la tutela, se considera que la misma no est\u00e1 llamada a prosperar por las siguientes consideraciones: <\/p>\n
1. Se desprende que se garantiz\u00f3 el derecho a la defensa t\u00e9cnica y material, tuvo oportunidad de ofrecer testigos y fueron escuchados en sede de juicio oral. <\/p>\n
2. Se respect\u00f3 el derecho a la doble instancia. <\/p>\n
3. La decisi\u00f3n de primera instancia y de segunda fue motivada. No se evidencia v\u00eda de hecho. <\/p>\n
4. Se garantiz\u00f3 el derecho a recurrir la sentencia de segunda instancia por v\u00eda del mecanismo recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que en el presente caso es claro que los principios de inmediatez y de subsidiariedad no se cumplen, porque \u00ab[r]especto a la decisi\u00f3n de condena que fuera confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, debe indicar esta Corte que la demanda no cumple con los requisitos generales necesarios para su procedencia. Es que precisamente, al examinar las pruebas obrantes en el expediente, la Sala evidencia que no cumple con el requisito de inmediatez, es decir, \u2018que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n\u2019, ni tampoco con el de subsidiariedad o, en otras palabras, \u2018que se hayan agotado todos los medios – ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada\u2019. <\/p>\n
En lo concerniente al primero de estos, esta Corporaci\u00f3n advierte que la \u00faltima decisi\u00f3n censurada por el accionante fue proferida hace m\u00e1s de diecinueve (19) meses, excediendo considerablemente lo que se podr\u00eda considerar como un plazo razonable, sin establecer en su escrito alguna raz\u00f3n que justifique dicha tardanza. <\/p>\n
Ahora, en lo que ata\u00f1e al requisito de subsidiariedad, se puede evidenciar que el accionante no agot\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo de defensa para el cumplimiento de sus pretensiones, esto es, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n en contra de la providencia de segunda instancia, puesto que, si bien fue interpuesto dentro del t\u00e9rmino legal oportuno, este no fue sustentado, por lo que fue declarado desierto por el Tribunal accionado. <\/p>\n
De otra parte, la pretensi\u00f3n del actor es demostrar presuntas irregularidades en la actuaci\u00f3n adelantada en su contra, no obstante, al revisar las providencias aportadas, se puede constatar que en ning\u00fan momento present\u00f3 estos argumentos ante los jueces ordinarios, por lo cual, no puede recurrir a la acci\u00f3n de tutela en aras de reabrir debates probatorios que no fueron debidamente aprovechados, pues esta figura no tiene la finalidad de suplir las negligencias de los ciudadanos frente a los elementos de hecho o derecho que hubiesen servido para defender sus intereses. <\/p>\n
De igual forma, esta Sala advierte que, si el accionante considera que posee elementos materiales probatorios que no exist\u00edan al momento de surtirse el proceso penal adelantado en su contra, los cuales versan sobre hechos que no fueron objeto debate en dicha oportunidad y que tienen la vocaci\u00f3n probatoria suficiente para demostrar su inocencia, tiene la posibilidad hacer uso de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n establecida en el art\u00edculo 192 y subsiguientes de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
Con \u00abrelaci\u00f3n a la decisi\u00f3n emitida por el Juez Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, se advierte que la demanda de tutela incumple el requisito de subsidiariedad, dado que, notificado del auto de 19 de mayo de 2020 que le neg\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria como padre cabeza de familia, el afectado no interpuso recurso alguno en contra de tal determinaci\u00f3n, lo que hace inviable su examen a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional\u00bb. <\/p>\n
Y con relaci\u00f3n a \u00abla pretensi\u00f3n del actor encaminada a que mediante tutela se examine el otorgamiento de la prisi\u00f3n domiciliaria como padre cabeza de familia, resulta evidentemente improcedente, pues sabido es que son temas de competencia de los jueces ordinarios, sin que sea dable al juez constitucional inmiscuirse en \u00e1mbitos que no le corresponden\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante replic\u00f3 el fallo anterior, luego de esgrimir, en estricto sentido, similares argumentos a los de la demanda inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por consagraci\u00f3n constitucional y legal, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario al alcance de las personas para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, y en ciertos casos, de los particulares. <\/p>\n
Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar; adem\u00e1s, tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por el Omar Dami\u00e1n Cata\u00f1o Zapata resulta improcedente, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, conforme se pasa a explicar: <\/p>\n
2.1. De un lado, el promotor del auxilio pretende desconocer el requisito de la prontitud que gobierna las acciones de este linaje, si en cuenta se tiene que las determinaciones que expresamente cuestiona son i) la sentencia de segundo grado, pronunciada el 26 de noviembre de 2019, a trav\u00e9s de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn confirm\u00f3 la sentencia condenatoria por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os, y ii) el auto del 19 de mayo de 2020, en el que el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad, dispuso denegar el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 el 30 de junio de 2021. <\/p>\n
Lo anterior deja en evidencia, que el tutelante para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir desde la emisi\u00f3n del \u00faltimo de los prove\u00eddos cuestionados, m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, t\u00e9rmino que supera ostensiblemente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
En lo que toca con este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que, \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC7554-2021). <\/p>\n
2.2. De otro lado, y para ahondar en razones desestimatorias de la salvaguarda, se encuentra que el se\u00f1or Cata\u00f1o Zapata, en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de utilizar los mecanismos de defensa judicial que la ley prev\u00e9 en este tipo de proceso para controvertir las decisiones que hoy cuestiona, estos son, a) el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, procedente a voces de los art\u00edculos 180 y 181 de la Ley 906 de 20041, contra el fallo de segunda instancia aludido; b) y los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n frente al auto que desestim\u00f3 el mentado subrogado penal, \u00fanicas oportunidades que proced\u00edan a fin de ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente excepcional, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido, al haber desaprovechado las herramientas que estaban a su disposici\u00f3n para debatir la condena que le fue impuesta y la negativa de la prisi\u00f3n domiciliaria, desidia de la cual ahora no se puede valer para anular o retrotraer dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC STC5293-2021). <\/p>\n
Puntualizando que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto por el medio m\u00e1s expedito, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u201cPor la cual se expide el C\u00f3digo de Procedimiento Penal.\u201d <\/p>\n
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