STC16791-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16791-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00619-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veinte) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Stella Herrera Escobar contra los Juzgados Quinto de Familia y Decimo Civil Municipal, ambos de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y dem\u00e1s intervinientes de los juicios de sucesi\u00f3n y divisorio a los que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocada, respectivamente, al conocer y tramitar el proceso de sucesi\u00f3n del causante Hugo Vargas Arciniegas, radicado con el No. 2016-00499-00, y la contienda divisoria iniciada por Hugo Vargas Arciniegas, Fredy Vargas Quintero, V\u00edctor Hugo y Frenger Vargas G\u00f3mez contra Katherin, Milena y Carlos Vargas Herrera, identificado con el consecutivo 2019-00332. <\/p>\n
Exige entonces, en concreto, que se le \u00abreconozca como conyugue del se\u00f1or Hugo Vargas Arciniegas, (\u2026) [y, en consecuencia, su] derecho a los gananciales de la sociedad conyugal como esposa de este dentro de la sucesi\u00f3n [memorada] (\u2026)\u00bb; \u00ab[s]e anulen los procesos [referenciados] (\u2026) por violaci\u00f3n al debido proceso y v\u00eda del hecho al haber sido adelantados con informaci\u00f3n falsa\u00bb; y, \u00ab[s]e suspenda la orden de desalojo del inmueble por parte de la Inspecci\u00f3n Municipal de Polic\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tales pretensiones se limit\u00f3 a manifestar la accionante, que su difunto esposo Hugo Vargas Arciniegas, \u00ab[l]e dej\u00f3 el inmueble donde actualmente viv[e] con [su] hija y nietos, ubicado en la calle 14 # 12-29 del Barrio Gait\u00e1n\u00bb; no obstante lo anterior, \u00absin tener[la] en cuenta como esposa, [ni el] derecho que [tiene] por los gananciales de la sociedad conyugal, los hijos de [aqu\u00e9l], adelantaron juicio de sucesi\u00f3n en el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga\u00bb, tr\u00e1mite en el que los citados solicitantes \u00abocultaron informaci\u00f3n\u00bb con el fin que les fuera adjudicado el predio en el que actualmente reside y respecto del cual, el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de la citada circunscripci\u00f3n, en el marco del litigio divisorio aludido, orden\u00f3 su desalojo, circunstancias las anteriores por las que acude a la presente v\u00eda excepcional, en aras de obtener la protecci\u00f3n a la que tiene derecho, por ser, adem\u00e1s, una persona de la tercera edad. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
a.) La titular del Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, adem\u00e1s de efectuar una concisa relaci\u00f3n de las actuaciones acaecidas a la luz del proceso liquidatorio reprochado, aleg\u00f3 que contrario a lo manifestado por la quejosa, ella hizo se hizo parte del sucesorio en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, estuvo representada por apoderada judicial y fue escuchada a trav\u00e9s de los diferentes mecanismos de defensa que ejerci\u00f3, y la verdadera raz\u00f3n por la cual el \u00fanico bien inmueble inventariado no le fue adjudicado en la respectiva proporci\u00f3n, responde a que se determin\u00f3 que el mismo era propio, es decir, adquirido por el causante con anterioridad al v\u00ednculo matrimonial. <\/p>\n
b.) Por su parte, la Juez D\u00e9cima Civil Municipal de la capital santandereana inform\u00f3 no es cierto que dentro del litigio divisorio base de la s\u00faplica se hubiere emitido orden alguna relativa al desalojo del predio objeto de la contienda, m\u00e1xime cuando se encuentra en etapa de integraci\u00f3n de contradictorio, sin que hasta la fecha, la se\u00f1ora Herrera Escobar, interviniera en el mismo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que no se cumple con los presupuestos de la inmediatez ni de la subsidiariedad que gobiernan este tipo de asuntos, ya que, de un lado, y \u00aben lo que respecta al proceso de sucesi\u00f3n cuyo conocimiento y sustanciaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto de Familia de es[a] ciudad se tiene, que el pasado 5 de junio de 2018 fue proferida la respectiva sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n con la cual culmin\u00f3 la actuaci\u00f3n, esto es, hace m\u00e1s de tres a\u00f1os contados hacia atr\u00e1s desde el 3 de noviembre hoga\u00f1o en que se promovi\u00f3 esta acci\u00f3n constitucional, sin que la parte actora justificara su inactividad\u00bb. <\/p>\n
Y frente al juicio divisorio, porque \u00abla parte actora no ha realizado intervenci\u00f3n alguna en tanto a\u00fan se encuentra pendiente de conformar el contradictorio atendiendo la falta de notificaci\u00f3n de la totalidad de la parte pasiva, a lo cual vale la pena agregar, tampoco se evidenci\u00f3 la supuesta orden de lanzamiento emitida por el Juzgado accionado, luego en caso de insistir en los argumentos aqu\u00ed expuestos deber\u00e1 ponerlos en conocimiento del Juez natural, en aras de que \u00e9ste disponga lo que en derecho corresponda. <\/p>\n
Por contera, es necesario poner en conocimiento de la peticionaria que la acci\u00f3n de amparo es un mecanismo excepcional que depende del cumplimiento de requisitos de procedibilidad para ahondar en el fondo del asunto. De suerte que no puede el Juez de tutela suplantar al Juez natural de controversias como la del sub judice, en grosero desconocimiento del principio de subsidiariedad que rige acciones como la de la especie\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante replic\u00f3 el anterior fallo, tras citar, en suma, los mismos argumentos esgrimidos en la demanda de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas1. <\/p>\n
Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por Luz Stella Herrera Escobar resulta improcedente, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, conforme se pasa a explicar: <\/p>\n
2.1. De un lado, y con relaci\u00f3n al proceso liquidatorio varias veces nombrado, la promotora del auxilio pretende desconocer el requisito de la prontitud que gobierna las acciones de este linaje, si en cuenta se tiene que la determinaci\u00f3n con la que aqu\u00e9l culmin\u00f3, esta es, la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, fue emitida el 5 de junio de 2018 por el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 el 3 de noviembre de 2021. <\/p>\n
Lo anterior deja en evidencia, que la tutelante para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir desde la emisi\u00f3n del \u00faltimo de los prove\u00eddos cuestionados, m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os, t\u00e9rmino que supera ostensiblemente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
En lo que toca con este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que, \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC7554-2021). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, en lo respecta al tr\u00e1mite divisorio, se advierte que la gestora del amparo no integra ninguno de los extremos de la litis, luego es incontrovertible entonces, que no ostenta legitimaci\u00f3n en la causa para atacar lo all\u00ed ocurrido, raz\u00f3n por la cual no est\u00e1 autorizada para elevar el reclamo constitucional, indistintamente que seg\u00fan su dicho, sea la persona a quien realmente pertenece la heredad objeto de la contienda, pues se tiene por averiguado que, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb (CSJ STC7545-2021). <\/p>\n
2.3. Finalmente, a pesar que la aqu\u00ed interesada aduce ser una persona de la tercera edad y por tal condici\u00f3n, sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, no se advierte una situaci\u00f3n actual de peligro inminente que amerite conceder el resguardo como mecanismo transitorio, pues no demostraron la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha indicado que \u00abel hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (CSJ STC5470-2020). <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, se impone ratificar el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto por el medio m\u00e1s expedito, y en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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