STC16793-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16793-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2021-00660-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Coosalud E.P.S. S.A. contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La EPS promotora del amparo reclama por intermedio de su representante legal, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la vida, salud y seguridad social \u00abde toda nuestra poblaci\u00f3n pobre y vulnerable perteneciente a los niveles I, II y III del Sisb\u00e9n, y afiliados en movilidad, contributivo\u00bb, al debido proceso, a \u00abla protecci\u00f3n de los recursos del sistema general de seguridad social en salud \u2013 SGSSS\u00bb, al \u00abflujo normal de los recursos del SGSSS\u00bb, y, al m\u00ednimo vital \u00abde los trabajadores de COOSALUD EPS S.A.\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con la medida cautelar de \u00abembargo y secuestro de los dineros contenidos o que llegaren a existir en los contratos de encargo fiduciario en varias fiduciarias, que decret\u00f3 en el marco del proceso ejecutivo que en su contra adelanta Jotamedic S.A.S, el cual est\u00e1 acumulado a la ejecuci\u00f3n iniciada por Mediasistir S.A.S., con radicado No. 2019-00046-01. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, \u00abrevo[car] las medidas cautelares en las que ordena el embargo y secuestro de los dineros contenidos o que llegaren a existir en los contratos de encargos fiduciarios en la Fiduciaria Servitrust GNB Sudameris, Fiduciaria Davivienda, Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 ADRES, en la cuenta de Coosalud en el Banco BBVA\u00bb, y en consecuencia, que \u00abse abstenga y se inhiba de ordenar la entrega de t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial a cualquiera de los ejecutantes y\/o sus apoderados en el [referido proceso]\u00bb, y de ordenar su pago. <\/p>\n
En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que presta el servicio de salud a poblaci\u00f3n de escasos recursos, perteneciente a los niveles I, II y III del Sisb\u00e9n, r\u00e9gimen subsidiado y movilidad, contributivo, y para ello, los recursos de la UPC del r\u00e9gimen subsidiado son inembargables, conforme lo advirti\u00f3 la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n en la directiva No. 22 de abril de 2010, donde inst\u00f3 a las entidades bancarias, jueces de la rep\u00fablica y a la Superintendencia Financiera, para que acataran dicha restricci\u00f3n, as\u00ed mismo, la Ley 1751 de 2015 en su art\u00edculo 25 prev\u00e9 la mencionada inembargabilidad de los recursos que tienen destinaci\u00f3n espec\u00edfica para la salud. <\/p>\n
Sostiene que en las Fiduciaria Servitrust GNB Sudameris, Fiduciaria Davivienda y en el Banco de BBVA tiene unas cuentas y contratos de encargos fiduciarios para el manejo de movilidad, con los cuales garantiza la prestaci\u00f3n del servicio de salud de la poblaci\u00f3n antes se\u00f1alada, recursos que por ende no pertenecen a su patrimonio, ya que est\u00e1 destinado para el proceso de compensaci\u00f3n que efect\u00faa la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad – ADRES. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el bloqueo del dinero de esas cuentas y contratos, debido al embargo decretado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena mediante auto del 5 de mayo del presente a\u00f1o, le impide destinarlo a la prestaci\u00f3n del servicio de salud a sus usuarios o afiliados, vulnerando los derechos superiores de \u00e9stos, situaci\u00f3n que, en su criterio, abre paso a la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena manifest\u00f3, que la decisi\u00f3n cuestionada por la gestora se encuentra cobijada por la excepci\u00f3n a la inembargabilidad a los recursos de la salud establecida jurisprudencialmente y adem\u00e1s, que se incumple con el requisito de procedibilidad de la inmediatez. <\/p>\n
b. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, tras pedir su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, pidi\u00f3 acceder a la protecci\u00f3n solicitada, debido a que las cuentas Maestras de Recaudo son inembargables, porque los recursos all\u00ed depositados son de propiedad del ADRES y no de la EPS accionante, y tienen destinaci\u00f3n espec\u00edfica para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. <\/p>\n
c. La Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 ADRES, pidi\u00f3 que se conceda el amparo, con sustento en el mismo argumento expuesto por la Cartera de Salud y Protecci\u00f3n Social. <\/p>\n
d. El Banco Agrario pidi\u00f3 ser desvinculado del presente decurso, porque su funci\u00f3n es la de recaudador y pagador seg\u00fan las ordenes de los estrados judiciales. <\/p>\n
e. Jotamedic S.A.S., ejecutante dentro del juicio acumulado objeto de reproche, pidi\u00f3 que no se acceda a la protecci\u00f3n, por incumplimiento del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que la aqu\u00ed inconforme dej\u00f3 de utilizar dentro del proceso los mecanismos ordinarios con que cont\u00f3 para revocar el auto con que se decretaron las medidas cautelares que ahora critica. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, porque \u00abla accionante ha sido omisiva a la hora de activar los mecanismos de defensa dispuestos para la protecci\u00f3n de los derechos presuntamente conculcados. La primera oportunidad ocurri\u00f3 en el mes de mayo de este a\u00f1o, cuando no present\u00f3 oposici\u00f3n a la medida de embargo, misma que, de haberse negado, era susceptible del recurso de alzada (art\u00edculo 321 CGP); el segundo evento, se registr\u00f3 cuando el Despacho accionado neg\u00f3 la petici\u00f3n de levantamiento cautelar, prove\u00eddo susceptible de apelaci\u00f3n conforme la norma antes citada\u00bb, adem\u00e1s, \u00aben el caso objeto de estudio, no se encuentra prueba alguna que demuestre que la interesada se encontraba en imposibilidad de hacer uso de los recursos y oportunidades legales que el ordenamiento procesal le otorga para hacer valer sus derechos y en uso de ellos presentar y exponer sus argumentos, por lo que su actuar se considera negligente, descuidado e incurioso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora, con similares motivos a los que expuso en el escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en que la tutela se present\u00f3 como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En este caso, Coosalud E.P.S. S.A. cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, que dentro del proceso ejecutivo que en su contra y de la Cooperativa Coosalud adelanta Jotamedic S.A.S. el cual est\u00e1 acumulado a la ejecuci\u00f3n que en su contra promovi\u00f3 Mediasistir S.A.S., se haya decretado el embargo de las cuentas y contratos de encargo fiduciario que tiene en la Fiduciaria Servitrust GNB Sudameris, Fiduciaria Davivienda y en el Banco de BBVA, pues seg\u00fan su dicho, la cautela es improcedente porque recae sobre recursos inembargables, por tener destinaci\u00f3n espec\u00edfica a la prestaci\u00f3n del servicio de salud. <\/p>\n
3. Para la Corte tienen trascendencia los siguientes hechos extra\u00eddos de la documental anexa al expediente constitucional. <\/p>\n
SEGUNDO Decretar el Embargo y Secuestro de las sumas de dinero presentes y futuras, que bajo cualquier modalidad deba cancelarle, pagarle o girarle, la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD \u2013 ADRES, a la demandada COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. \u2013 COOSALUD EPS S.A, identificada con NIT. 900.226.715-3. <\/p>\n
TERCERO: Decretar el embargo y secuestro de las sumas de dineros presentes y futuras que hayan o llegaren a existir en la FUDUCIARIA SERVITRUST GNB SUDAMERIS de los contratos de encargo fiduciarios No. 40550500617-2, 90550935830, 90550936300, 55100020050, 90550936270, 4055-05-00484-7, 4055-05-004854, 4055-05-00488-8 y 4330-05-01331- 6 y\/o de cualquier otro contrato de encargo fiduciario y contrato de fiducia mercantil, donde se manejen y\/o administren recursos de propiedad del demandado, COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. \u2013 COOSALUD EPS S.A, identificada con NIT. 900.226.715-3. <\/p>\n
CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de las sumas de dineros presentes y futuras que hayan o llegaren a existir en la FUDUCIARIA DAVIVIENDA del contrato de encargo fiduciario No. 05770012372-2 y\/o de cualquier otro contrato de encargo fiduciario y contrato de fiducia mercantil, donde se manejen y\/o administren recursos de propiedad del demandado, COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. \u2013 COOSALUD EPS S.A, identificada con NIT. 900.226.715-3 <\/p>\n
QUINTO: Decretar el embargo y secuestro de las sumas de dineros presentes y futuras que haya o llegaren a existir en la cuenta de ahorro No. 0756002382 del Banco BBVA, de propiedad de la demandada COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. \u2013 COOSALUD EPS S.A, identificada con NIT. 900.226.715-3, incluso, los dineros que en esa cuenta le sean girados o pagados por la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD \u2013 ADRES, o, por las Entidades Territoriales con recursos propios, al igual que cualquier otro giro que reciban las demandas. <\/p>\n
SEXTO: Decretar el embargo y secuestro de los rendimientos financieros y bienes que conforman el patrimonio aut\u00f3nomo denominado \u00b4PATRIMONIO AUTONOMO COOSALUD EPS\u00b5, celebrado y\/o suscrito entre la demandada COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. \u2013 COOSALUD EPS S.A, identificada con NIT. 900.226.715-3 y SERVITRUST GNB SUDAMERIS, el d\u00eda 27 de noviembre de 2017, y donde la sociedad COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. \u2013 COOSALUD EPS S.A, funge como Fideicomitente y Beneficiario, en ese sentido, s\u00edrvase oficiar a la fiduciaria SERVITRUST GNB SUDAMERIS, para el cumplimiento de la medida. <\/p>\n
SEPTIMO: Inf\u00f3rmese a las entidades que esta media de trata de una excepciona al principio de inembargabilidad de los recursos del sistema general de participaciones en salud y sistema de seguridad social, teniendo en cuenta que el objeto del cobro ejecutivo son facturas generadas por la prestaci\u00f3n del servicio de salud, por tanto, dese aplicaci\u00f3n inmediata a la medida y p\u00f3ngase a disposici\u00f3n de este Despacho los dineros embargados. Lo anterior, en consonancia con las sentencias C 1154 de 2008 y 313 de 2014. An\u00e9xese al oficio la providencia con los fundamentos constitucionales y legales de procedencia de la medida. – OCTAVO: Limitar la medida decretada en el numeral anterior en la suma de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS\/MCTE ($776.500.290).- <\/p>\n
3.2. La aqu\u00ed interesada elev\u00f3 solicitud para el levantamiento de esas cautelas \u00abpor inembargabilidad de recursos de la salud\u00bb, frente a lo cual el estrado accionado se manifest\u00f3 el 19 de mayo siguiente, negando lo pedido, porque, en s\u00edntesis, \u00abestas medidas son procedentes cuando se trata, tal como lo es en este caso de obligaciones que tiene como fuente alguna de las actividades para las cuales estaban destinadas; pues adem\u00e1s, resulta discriminatorio y violatorio al derecha a la igualdad, que de manera inamovible se otorgue prioridad a los recursos para el pago de las futuras prestaciones del servicio de salud, si lo que permite la prestaci\u00f3n continua y estable es que todos los actores involucrados cumplan con las obligaciones que ya fueron adquiridas\u00bb <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta que se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que, en un acto constitutivo de incuria, la actora dej\u00f3 de aprovechar el medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque si el descontento de Coosalud recae en el sentido de las decisiones acabadas de citar, le correspond\u00eda atacarlas mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, conforme autorizan los art\u00edculos 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso, para de esa manera haber procurado dejarlas sin efecto, por lo que al as\u00ed no haber procedido, mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto, pues, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que la quejosa ha desaprovechado debido a su incuria. <\/p>\n
4. La Sala, en supuestos similares ha indicado que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
5. Sin perjuicio de lo expuesto, amerita relievar que las decisiones cuestionadas no son susceptibles de intervenci\u00f3n tutelar, porque en ellas se accedi\u00f3 al embargo de los dineros y contratos que la aqu\u00ed interesada tiene en unas fiduciarias y en una cuenta bancaria, donde se gestionan recursos destinados a la prestaci\u00f3n del servicio de salud, tras encontrar configurada una de las excepciones que la jurisprudencia ha establecido para la inembargabilidad de dichos recursos, consistente en que la ejecuci\u00f3n cuestionada es adelantada precisamente para el cobro de obligaciones generadas por la prestaci\u00f3n de dichos servicios. <\/p>\n
6. Sobre la tem\u00e1tica, esta Sala precis\u00f3 al fallar una acci\u00f3n de tutela anterior promovida por la aqu\u00ed interesada, respecto de similar decisi\u00f3n a la aqu\u00ed cuestionada, pero emitida dentro del proceso ejecutivo al cual est\u00e1 acumulado el aqu\u00ed criticado, lo siguiente: \u00abes claro que la decisi\u00f3n tomada por el Tribunal accionado, esto es, la de confirmar la decisi\u00f3n del juzgador a quo consistente en decretar las medidas cautelares de embargo y retenci\u00f3n de los dineros que Coosalud E.P.S. S.A. tenga o llegare a tener en las cuentas reportadas por el Banco GNB Sudameris provenientes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, resulta acorde con los anotados precedentes, toda vez que se configura una de las excepciones atr\u00e1s analizadas, al estar establecido dentro del proceso que los t\u00edtulos base del recaudo tienen \u00abcomo fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)\u00bb, al incorporar el valor de los servicios de salud que la ejecutante, Mediasistir S.A.S., prest\u00f3 a los afiliados de la EPS ejecutada, aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Es que, tal como expuso la Sala en un reciente pronunciamiento emitido en un asunto de contornos similares, \u00abes aplicable la excepci\u00f3n a tal inembargabilidad cuando el t\u00edtulo objeto de recaudo tenga como g\u00e9nesis la prestaci\u00f3n de servicios de salud, por ser \u00e9sta la actividad para la que est\u00e1n destinados los recursos del Sistema General de Participaciones\u00bb (STC1339-2021)\u00bb. (STC14014-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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