STC16794-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16794-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00626-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juli\u00e1n Uribe Mendoza y Bibiana Vargas Mosquera, contra los Juzgados Once Civil del Circuito y Sexto Civil Municipal ambos de la citada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de la justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al haberles negado el mandamiento de pago en el marco del proceso ejecutivo singular que promovieron contra Inversiones La Pen\u00ednsula Ltda., con rad. 2020-00515-01. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, para que se dejen \u00abSIN EFECTO\u00bb los prove\u00eddos calendados 15 de diciembre de 2020 y 4 de junio de 2021, y, que como consecuencia de ello se ordene al Juzgado Sexto Civil Municipal Bucaramanga, \u00abprofiera mandamiento de pago\u00bb en el referido proceso. <\/p>\n
2. En apoyo de tales reparos aducen en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que la sociedad demandada \u00abEXPRESAMENTE acept\u00f3 deberle[s] (\u2026) el valor que (\u2026) paga[ron] e incluso propuso una forma de pago\u00bb con una \u00abcarta de aceptaci\u00f3n (\u2026) dirigida a los acreedores\u00bb, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del hom\u00f3logo Sexto Civil Municipal de la misma ciudad, que se neg\u00f3 a librar orden de apremio en contra de la mentada empresa, circunstancia que, dicen, hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga indic\u00f3, que \u00abning\u00fan derecho fundamental se le ha sido lesionado o puesto en peligro a la parte accionante, por lo cual solicito muy respetuosamente sea denegado el amparo constitucional impetrado\u00bb <\/p>\n
b. La Juez Sexta Civil Municipal de la misma localidad, despu\u00e9s de memorar las actuaciones que ha conocido del juicio referido, precis\u00f3 que \u00abtodas las decisiones se encuentran debidamente sustentadas y al parecer la accionante NO comparte o NO entiende los fundamentos de la actuaci\u00f3n que se realiz\u00f3, sin que por ello pueda considerarse que lo resuelto al interior del expediente es una v\u00eda de hecho, ya que all\u00ed se explica claramente las razones que edificaron tal decisi\u00f3n, las cuales se encuentran ajustadas a la normatividad vigente\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras advertir que en las decisiones criticadas \u00abse efectuaron an\u00e1lisis serios respecto a dos t\u00f3picos precisos. El primero de ellos, con relaci\u00f3n a la existencia o no de un t\u00edtulo complejo entre los documentos adunados y; el segundo, frente al contenido mismo de los dos escritos, particularmente, la existencia o no de obligaciones a cargo de La Pen\u00ednsula LTDA y a favor de los ejecutantes en los t\u00e9rminos reclamados. Frente al primero de ellos, ambos despachos concluyeron, con fundamento en el art\u00edculo 422 del estatuto adjetivo, en concordancia con jurisprudencia y doctrina patria, que no se reun\u00edan los presupuestos para aseverar que exist\u00edan unidad jur\u00eddica entre los pluri citados cartulares. Y, el segundo apunt\u00f3 a determinar que la obligaci\u00f3n contenida en la carta del 9 de enero de 2019 y proveniente de la persona jur\u00eddica en ciernes, en realidad no es tal, pues solo constituy\u00f3 una propuesta para hacer la devoluci\u00f3n de unos dineros y, en gracia de discusi\u00f3n, tal proposici\u00f3n no encontraba g\u00e9nesis en ninguna de las obligaciones pactadas en la promesa de compraventa\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los actores recurrieron el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito convocado para mantener el prove\u00eddo que neg\u00f3 la orden de apremio reclamada por los tutelantes, luego de destacar que los documentos que presuntamente componen el t\u00edtulo ejecutivo son la promesa de compraventa y la una carta de aceptaci\u00f3n proveniente de la sociedad demandada, puntualiz\u00f3 respecto del primero, \u00abque, (i) conforme la cl\u00e1usula primera, la obligaci\u00f3n principal de la promitente vendedora, aqu\u00ed demandada, consist\u00eda en la transferencia a t\u00edtulo de venta de un lote de terreno (\u2026) a favor de los se\u00f1ores JULIAN UBIBE MENDOZA y BIBIANA VARGAS MOSQUERA, (ii) por su parte, los promitentes compradores, (\u2026), se comprometieron a cancelar la suma total de $106.770.000, en la forma indicada en la cl\u00e1usula s\u00e9ptima de la promesa, (iii) el perfeccionamiento del contrato se llevar\u00eda a cabo con la firma de la Escritura p\u00fablica de venta el d\u00eda 30 de noviembre de 2018 (cl\u00e1usula D\u00e9cimo Segunda), (iv) la entrega del predio se har\u00eda una vez se encontrar\u00e1 perfeccionada la venta con la firma de la Escritura P\u00fablica (cl\u00e1usula Novena)\u00bb; luego entonces, \u00abrefulge diamantino que (\u2026) no viene inmersa la obligaci\u00f3n clara y expresa, tendiente a que la sociedad demandada LA PEN\u00cdNSULA LTDA, realizar\u00e1 la devoluci\u00f3n del dinero que como cuota inicial abonaron los demandantes para la compra del predio. En el asunto de marras, no se observa, como pretende hacerlo ver el recurrente, la existencia de una estipulaci\u00f3n inequ\u00edvoca con la que se respalde el pago de los dineros que se cobran a trav\u00e9s de esta demanda\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa se\u00f1al\u00f3, que \u00abno se comprende la obligaci\u00f3n que a trav\u00e9s de este proceso se pretende obtener, pues (\u2026), no se plasm\u00f3 por parte de los contratantes compromisos distintos a los atr\u00e1s sintetizados, espec\u00edficamente, que en caso de terminaci\u00f3n del contrato por parte de los compradores, la sociedad vendedora devolver\u00eda el dinero que le hab\u00edan entregado en una fecha cierta y determinada\u00bb; de all\u00ed que acorde con el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887, \u00abno tiene la virtualidad de modificar la decisi\u00f3n tomada por la Juez de primera instancia, en tanto, la promesa de compraventa como contrato legamente constituido comprende los compromisos que expresamente se plasman all\u00ed, m\u00e1s tales estipulaciones no se pueden extender o ser entendidas m\u00e1s all\u00e1 de lo que netamente se suscribi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, respecto de los dos documentos arrimados asever\u00f3, que \u00abno [se] configura T\u00cdTULO EJECUTIVO COMPLEJO frente a la obligaci\u00f3n expresa que aqu\u00ed se cobra, habida cuenta que, (i) Como ya se explicit\u00f3, no se observa dentro del cuerpo del contrato tal compromiso especifico y (ii) La mencionada carta no contempla ning\u00fan tipo de deber a cargo de la demandada, sino que solamente se limita a proponer una forma de devoluci\u00f3n de los dineros entregados por los demandantes, tal como all\u00ed se lee: \u201cAhora bien, estamos en la disponibilidad de proponerles, como \u00fanica alternativa viable en el momento, la siguiente forma de pago, teniendo en cuenta que no haremos efectiva la cl\u00e1usula penal, es decir en su caso, su saldo a favor es de TREINTA Y DOS MILLONES TREINTA MIL PESOS, que ser\u00e1n cancelados as\u00ed: (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Concluyendo entonces, que los citados legajos \u00abno conforman una unidad integrada que configure un t\u00edtulo ejecutivo complejo, pues pac\u00edfica ha sido la Jurisprudencia en enfatizar que en dicha estructura documental debe constatarse sin mayor esfuerzo, una obligaci\u00f3n clara expresa y exigible, elementos que como se dijo, no se aprecian en este caso\u00bb; a m\u00e1s que \u00abel mismo examen que se le hace al texto de la demanda, se puede deducir que la devoluci\u00f3n del dinero que hoy persiguen los demandantes deriva de una manifestaci\u00f3n de terminaci\u00f3n unilateral del contrato por parte de aquellos (v\u00e9anse hechos quinto y sexto), cuestiones que no competen ser zanjadas dentro de un tr\u00e1mite ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la autoridad judicial convocada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela, y menos cuando lo que realmente pretenden los peticionarios del amparo (all\u00ed ejecutantes), es anteponer su propio criterio y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que les desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios judiciales. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, que, en la determinaci\u00f3n criticada, se dio una hermen\u00e9utica razonable de las normas y la jurisprudencia aplicables cuando se trata de t\u00edtulos complejos, adem\u00e1s que analiz\u00f3 con suficiencia los medios de prueba arrimados, los que permitieron establecer, que las obligaciones que se pretend\u00edan exigir a trav\u00e9s de los documentos referidos, vistos en su conjunto, no configuraban una documento cambiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 422 del C.G. del P. normatividad que rige la materia y que en este caso particular no admite flexibilidad alguna, adem\u00e1s que la actuaci\u00f3n preparatoria, estipulada en el documento base de la ejecuci\u00f3n, en efecto, esta dirigida al perfeccionamiento de otro tipo de obligaciones, luego, ante el presunto incumplimiento de la sociedad demandada, no era la v\u00eda ejecutiva la id\u00f3nea para lograr la devoluci\u00f3n de los dineros que le fueron all\u00e1 entregados. <\/p>\n
5. Al respecto, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1821-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
6. En un asunto de contornos similares al presente, indic\u00f3 que \u00abno es acertado aseverar que a la primera de las reclamaciones del extremo all\u00e1 actor pod\u00eda impart\u00edrsele el tr\u00e1mite compulsivo, pues la obligaci\u00f3n de reembolsar los valores sufragados como cuota inicial no se hallaba inserta en el documento allegado como t\u00edtulo y de igual modo, tampoco era resultado de un juicio en el cual se hubiese dispuesto la resoluci\u00f3n del contrato con las correspondientes restituciones\u00bb (CSJ STC3811-2017). <\/p>\n
7. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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