STC16795-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16795-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2021-00160-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 2 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilfredo Pardo Herrera contra los Juzgados Tercero Civil y Cuarto Civil del Circuito, ambos de Palmira, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes del juicio a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las determinaciones a trav\u00e9s de las cuales, se abri\u00f3 a pruebas el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n elevado por el aqu\u00ed interesado -en calidad de poseedor; y, ii) declar\u00f3 bien denegado el recurso de alzada por \u00e9l promovido frente a dicha determinaci\u00f3n, lo anterior, en el proceso de entrega del tradente al adquirente interpuesto por Luis Fernando Zuluaga Izquierdo contra Robert Tulio Sanclemente Clavijo, identificado con el consecutivo 2009-00683. <\/p>\n
Y aun cuando en el ac\u00e1pite relativo a las pretensiones el actor s\u00f3lo indic\u00f3 que solicita la protecci\u00f3n su derecho al debido proceso, lo cierto es que, de los hechos narrados en el escrito inicial se extrae, que el ruego se centra en que se invaliden las mentadas determinaciones. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado adujo en lo esencial y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que en el litigio de entrega del tradente al adquirente en l\u00edneas precedentes descrito, en calidad de poseedor, present\u00f3 oposici\u00f3n a la diligencia de entrega del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 378-143992, tr\u00e1mite dentro del cual, a su juicio, innecesario resultaba el decreto de la prueba de oficio al que procedi\u00f3 el Juez Tercero Civil Municipal de Palmira, comoquiera que con los medios de convicci\u00f3n que aport\u00f3 se encuentra m\u00e1s que demostrada la antedicha calidad en la que obra desde hace m\u00e1s de diez a\u00f1os, motivo por el cual, apel\u00f3 la respectiva providencia, pero de manera infructuosa, pues mediante auto adiado 1\u00b0 de septiembre de 2020, el recurso fue denegado por improcedente, postulado ratificado en sede de queja el 23 de julio de 2021 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Palmira, quien, adem\u00e1s, tard\u00f3 m\u00e1s de 8 meses en resolver esa r\u00e9plica vertical. <\/p>\n
Comenta que, de otro lado, la autoridad judicial de conocimiento no ha efectuado el respectivo \u00abcontrol de legalidad\u00bb, en vista del incumplimiento de lo normado en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso y las irregularidades presentadas en la notificaci\u00f3n de las decisiones adoptadas entre los meses de julio de 2020 y julio de 2021, situaciones todas las anteriores que lo habilitan para acudir a la presente senda residual, m\u00e1xime cuando, lo \u00fanico que est\u00e1n buscando los jueces convocados, es \u00abprevaricar y darle el derecho a quien no lo tiene\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
a.) El titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de Palmira, adem\u00e1s de realizar un informe pormenorizado de las actuaciones acaecidas a la luz del juicio base del reclamo, se\u00f1al\u00f3 de manera puntual, que con fundamento en el canon 309 del C\u00f3digo General del Proceso, dispuso la prueba de oficio de la que se duele el petente, lo anterior, para poder resolver sobre la oposici\u00f3n por aqu\u00e9l presentada frente a la diligencia de entrega ordenada a favor del adquirente demandante. <\/p>\n
De otra parte indic\u00f3, que no se evidencia la ocurrencia de ninguna irregularidad que amerite efectuar el control de legalidad que echa de menos el se\u00f1or Wilfredo, motivos los anteriores por lo que la salvaguarda inquirida debe ser desestimada. <\/p>\n
b.) Por su lado, el Juez Cuarto Civil del Circuito de la nombrada urbe, quien tambi\u00e9n present\u00f3 un informe del rito procesal seguido en sede de queja, resalt\u00f3 que las decisiones all\u00ed adotadas, obedecen a los lineamientos procesales y sustanciales aplicables a la materia. <\/p>\n
c.) A su turno, el Juez Cuarto Civil Municipal de esa localidad, luego de referir que conoce del proceso de usucapi\u00f3n adelantado por Wilfredo Pardo Herrera (aqu\u00ed interesado) contra Luis Fernando Zuluaga Izquierdo, identificado con el consecutivo No. 2019-00006, tr\u00e1mite en el que se integr\u00f3 la litis en el mes de septiembre de los corrientes, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional de la referencia, tras asegurar que ninguna injerencia tiene en el asunto aqu\u00ed debatido. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Buga -Sala Civil Familia, deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras advertir que \u00abla autoridad judicial para adoptar una decisi\u00f3n de fondo, debe basarse en el acopio probatorio allegado legal y oportunamente al tr\u00e1mite incidental; no obstante, si el litigio ofrece deficiencia probatoria, es obligaci\u00f3n del juzgador emplear los poderes oficiosos para decretar todos los elementos de convicci\u00f3n que, a su juicio, considere convenientes para verificar los hechos alegados por las partes. <\/p>\n
Lo anterior, atendiendo lo dispuesto en el canon 170 del CGP: (\u2026) El juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia (\u2026). Sobre este aspecto, la Corte Constitucional ha destacado que los jueces tienen la facultad de decretar pruebas de oficio, con el fin de esclarecer la verdad y contar con los elementos de convicci\u00f3n necesarios para resolver de fondo la controversia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De modo que la decisi\u00f3n cuestionada no lesiona el debido proceso del accionante, pues el deber oficioso de decretar pruebas, no puede ser tomado como una forma de favorecer a alguno de los intervinientes en el litigio, ya que la b\u00fasqueda de la verdad es el fin \u00faltimo de la administraci\u00f3n de justicia, m\u00e1xime cuando con el referido medio de prueba se procura identificar plenamente el inmueble y dilucidar cuales son los titulares de derecho real de dominio inscritos ante el IGAC, aspectos que son relevantes para decidir la oposici\u00f3n formulada, una vez se agoten las etapas procesales respectivas\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque el auto que decreta una prueba de oficio no es susceptible de apelaci\u00f3n a la luz del art\u00edculo 321 ejusdem, motivo por el cual no exist\u00eda otro camino que declarar bien denegada la alzada propuesta. <\/p>\n
Por \u00faltimo, puso de presente que \u00abla inconformidad del promotor Wilfredo Pardo Herrera tambi\u00e9n se remite a la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia de la juez 3\u00aa civil municipal de Palmira para conocer del asunto, por haber transcurrido aproximadamente 12 a\u00f1os de iniciado el juicio de entrega del tradente al adquirente y la presunta irregularidad en que incurri\u00f3 el juez 4\u00b0 civil del circuito al decidir el recurso de queja, vencido el t\u00e9rmino de 6 meses, en consonancia con lo dispuesto en el art. 121 del CGP. <\/p>\n
En punto de este reparo, advierte la sala que el prenotado cuestionamiento vinculado al libelo inicial es improcedente porque el asunto no ha sido debatido ante el juez natural. En este sentido, debe destacarse que en el plenario no hay evidencia de que el accionante hubiere presentado ante la autoridad judicial de la causa las situaciones que considera lesivas a su prerrogativa fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial, adem\u00e1s de indicar que el a quo constitucional no valor\u00f3 en debida forma las pruebas relacionadas en la demanda de amparo, que daban cuenta de los yerros cometidos por las autoridades jurisdiccionales enjuiciadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, Wilfredo Pardo Herrera cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, en lo fundamental, los autos calendados 1\u00b0 de septiembre de 2020 y 23 de julio de 2021, a trav\u00e9s de los cuales, los Juzgados Tercero Civil Municipal y Cuarto Civil del Circuito, ambos de Palmira, en su orden, a.) decret\u00f3 una prueba de oficio dentro del tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n a la entrega por \u00e9l presentada en calidad de poseedor; y, b.) declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n que contra tal providencia se promovi\u00f3, ello, en el juicio de entrega del tradente al adquirente <\/p>\n
3. Sin embargo, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n con que se resolvieron las mentadas providencias, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto las mismas no son el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tengan aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. En lo relacionado con el Juzgado Tercero Civil Municipal de Palmira, se tiene que en auto del 1\u00b0 de septiembre de 2020, al abrir a pruebas la oposici\u00f3n varias veces referida, consider\u00f3 imperante decretar, de oficio, el siguiente medio de convicci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab2.1. OFICIAR al INSTITUTO GEOGR\u00c1FICO AGUST\u00cdN CODAZZI – IGAC, para que se sirva allegar (\u2026) la carta catastral actualizada del inmueble con n\u00famero predial 01-01-0357-0008-000, y n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 378- 143992, ubicado en la carrera 32 con calle 10, y de manera di\u00e1fana indiquen quien o quienes figuran inscritos como propietarios del inmueble en mientes, la extensi\u00f3n o \u00e1rea del predio, los linderos espec\u00edficos, la nomenclatura urbana con la cual se identifica el bien, as\u00ed mismo, expida los certificados de planos predial del mismo inmueble, y una vez sean allegados al Despacho tales documentos, de ser necesario se ordenar\u00e1 la pr\u00e1ctica de dictamen pericial, a fin de identificar plenamente el bien ra\u00edz objeto de la acci\u00f3n, dictamen que deber\u00e1 allegarse a es[e] Juzgado por la parte incidentalista. <\/p>\n
Para dar cumplimiento a lo anterior, se concede el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas, no obstante, en caso de requerir una pr\u00f3rroga para visitar el terreno deber\u00e1 informar dentro de dicho periodo de tiempo la fecha y hora en la que se llevar\u00e1 a cabo tal inspecci\u00f3n por parte de funcionarios de esa entidad. <\/p>\n
No cabe duda, entonces, que dicha prueba fue decretada \u00fanica y exclusivamente en aras de establecer si los dichos del opositor corresponden a la realidad y, con ello, fallar de fondo el incidente. <\/p>\n
Y es que, contrario a lo esbozado por el interesado, existir\u00eda quebranto de las garant\u00edas invocadas, pero por la inactividad del juez frente al deber de dilucidar el asunto sometido a su conocimiento, pues la misi\u00f3n de la justicia en el Estado constitucional es lograr la demostraci\u00f3n de la verdad real para restablecer derechos agredidos, respecto del juzgamiento de los intereses en conflicto. <\/p>\n
Bajo ese panorama, evidente es que la sede judicial acusada al carecer de los debidos elementos demostrativos necesarios para resolver el asunto cuestionado, hizo uso de las potestades oficiosas, frente a las cuales esta Corte ha dicho, que cuando los litigios ofrecen deficiencia probatoria, es obligaci\u00f3n del juzgador emplear los poderes conferidos por el legislador para decretar todos los medios de convicci\u00f3n que, a su juicio, considere convenientes para verificar los hechos alegados por las partes. <\/p>\n
Esta Colegiatura refiri\u00e9ndose al poder-deber oficioso para el decreto de medios demostrativos, anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [A]quella es una valios\u00edsima herramienta que ha de servir al compromiso de apropiarse de la mayor cantidad de elementos de juicio posibles con el fin de hallar la verdad hist\u00f3rica de lo sucedido, y as\u00ed resolver las controversias de la manera m\u00e1s acertada posible, de cara a cumplir con el mandato constitucional de dar prevalencia al derecho sustancial (\u2026)\u201d (CSJ STC, 8 may. 2006, rad. 00089-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 7 feb. 2013, rad. 00160-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDel mismo tenor, se ha expuesto que: <\/p>\n
\u201c[F]rente a las dudas que puedan derivarse en el juicio para el fallador, ah\u00ed est\u00e1 a mano la facultad oficiosa en materia probatoria a la que puede acudir contingentemente y si lo estima oportuno (\u2026), porque no otra connotaci\u00f3n tiene que prevalezca el derecho sustancial sobre el adjetivo (art\u00edculos 228 Superior y 4\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), lo cual posibilita que aquellas se remuevan, aun exofficio, en aras de perseguir la verdad real, cometido a que perennemente se debe propender por parte de la jurisdicci\u00f3n (CSJ STC, 21 may. 2013, rad. 01008-00) (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
3.2. A su turno, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, dispuso declarar bien denegado el recurso de alzada que el se\u00f1or Pardo Herrera pospuso contra la providencia descrita en el numeral inmediatamente anterior, con fundamento, b\u00e1sicamente, en que atendiendo lo se\u00f1alado en el precepto 321 de la Ley 1564 de 2012, el auto que decreta una prueba de oficio, no es susceptible del mismo, postulado que, en efecto, se ajusta a la disposici\u00f3n adjetiva en cita, y no requiere de otro tipo de justificaci\u00f3n para calificarse de acertada, m\u00e1xime cuando el criterio adoptado por esa oficina judicial, no tuvo nada que ver con la naturaleza del tr\u00e1mite, sino de la providencia como tal censurada. <\/p>\n
4. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por el actor no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajustan a las normas adjetivas o sustanciales que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039- 2021). <\/p>\n
5. Para rematar, no sobra indicar, acerca de las quejas relativas al incumplimiento de los t\u00e9rminos dispuestos en el art\u00edculo 121 ibidem, por ambos juzgados convocados, basta con se\u00f1alar, que sobre ese particular t\u00f3pico, el accionante no ha elevado ninguna solicitud ante tales dependencias, lo que torna improcedente la tutela, por incumplir con el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (ver recientemente en CSJ STC3986-2020). <\/p>\n
De manera que \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto por el medio m\u00e1s expedito a las partes, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC15833-2021. <\/p>\n
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