STC16797-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16797-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la demora en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular por \u00e9l promovida contra el Centro de Servicios Crediticios, radicada bajo el consecutivo n.\u00ba 2019-00188-00. <\/p>\n
Exige entonces, para la protecci\u00f3n de la citada garant\u00eda, que se ordene al Juzgado Quinto del Circuito de Pereira, dictar sentencia que de aplicaci\u00f3n estricta al derrotero contemplado en el art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
2. En apoyo de su aspiraci\u00f3n, simplemente dijo que dentro de la queja popular en mientes, la autoridad judicial a quien por reparto correspondi\u00f3 el asunto (i) no ha notificado a la accionada; (ii) incumple los tiempos previstos en el canon 84 de la Ley 472 de 1998; y (iii) niega la solicitud de desistimiento de la acci\u00f3n; circunstancias suficientes, dice, para que intervenga el juez de tutela en su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, tras realizar un compendio de la actuaci\u00f3n a su cargo consider\u00f3, que la acci\u00f3n o tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en la medida en que el asunto se encuentra \u00aba la espera que el actor popular cumpla el requerimiento realizado mediante auto del 7 de septiembre de 2020, lo cual no permite al despacho dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, ante la imposibilidad de continuar con el tr\u00e1mite por no haberse podido notificar a la entidad accionada\u00bb. <\/p>\n
b. La Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, aunque en escritos separados, pidieron su desvinculaci\u00f3n dentro del asunto, al considerar que con su actuaci\u00f3n no han quebrantado las garant\u00edas reclamadas por el quejoso, y tampoco tienen injerencia alguna frente al desarrollo del asunto aqu\u00ed cuestionado. <\/p>\n
c. La Alcald\u00eda Municipal de Pereira simplemente dijo que se aten\u00eda a lo que resultara probado dentro del asunto. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 el auxilio implorado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues el actor no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en contra del prove\u00eddo que neg\u00f3 la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 84, ley 472 de 1998. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor replic\u00f3 el anterior fallo, pero no inform\u00f3 las razones de su descontento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar, que en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo dictado el 9 de octubre de 2021 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s del cual se deneg\u00f3 la solicitud de aplicaci\u00f3n del canon 84 de la Ley 472 de 1998, tras advertir \u00abla imposibilidad para el despacho de continuar con el tr\u00e1mite procesal, cuando existe una carga del accionante pendiente por cumplir\u00bb. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas digitalmente al presente tr\u00e1mite, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, por incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad que gobierna este tipo de acciones, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial \u00e9ste no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues no obra prueba en el plenario que d\u00e9 cuenta que las quejas ahora expuestas por el promotor, fueron por \u00e9l exteriorizadas ante la autoridad competente, a trav\u00e9s de los mecanismos procesales con los que contaba para cuestionar la actuaci\u00f3n, esto es, el recurso de reposici\u00f3n, conforme se extrae del art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998; en contraste, permaneci\u00f3 imp\u00e1vido frente al prove\u00eddo que ahora considera lesivo a sus garant\u00edas, por lo que cerrada qued\u00f3 toda posibilidad de acudir a esta acci\u00f3n constitucional, it\u00e9rese, sin haber agotado previamente los medios procesales contemplados en la ley para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, si el promotor de esta excepcional acci\u00f3n no agot\u00f3 los mecanismos de defensa contemplados por la ley adjetiva respecto de la determinaci\u00f3n que considera transgresora de las garant\u00edas mencionadas, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que deb\u00eda dirimirse dentro de la jurisdicci\u00f3n competente, a trav\u00e9s del medio que dej\u00f3 de formular, m\u00e1s a\u00fan cuanto no refiri\u00f3 situaci\u00f3n v\u00e1lida que justifique su actuar. Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC7555-2021). <\/p>\n
5. Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 el fallo criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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