STC16804-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16804-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2021-00319-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, desata la Corte la impugnaci\u00f3n propuesta por Gloria Mar\u00eda Hern\u00e1ndez Caicedo (en representaci\u00f3n de su menor hijo Felipe Andr\u00e9s Montes Hern\u00e1ndez) y Jos\u00e9 Mario Montes Hern\u00e1ndez frente a la sentencia del 24 de agosto de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes le instauraron al Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, extensiva a los intervinientes en el declarativo de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria con radicado n\u00b0 2021-00262-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores pidieron que se deje sin efecto los autos que inadmitieron y rechazaron su demanda (11 y 25 jun. 2021) para que, en su lugar, se ordene al juzgador accionado \u00abestudiar el escrito de demanda y subsanaci\u00f3n, y se tomen las decisiones que en derecho correspondan\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujeron haber presentado demanda de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos ante el juzgado accionado y en contra de quienes administran la masa sucesoral de su difunto padre. Relataron que su libelo fue inadmitido (11 jun. 2021) para que se i). anexara el poder especial conforme a lo reglado por la legislaci\u00f3n adjetiva, ii). adecuaran las pretensiones con precisi\u00f3n y claridad seg\u00fan el art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso, iii). acreditaran el agotamiento de \u00abconciliaci\u00f3n prejudicial\u00bb como requisito de procedibilidad y, iv). se demostrara \u00abel env\u00edo de la demanda y sus anexos al correo electr\u00f3nico de los demandados\u00bb en virtud del mandato del canon 6\u00ba del Decreto Legislativo 806 de 2020. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que en su escrito de subsanaci\u00f3n se argument\u00f3 que las pretensiones eran claras dado que se aspiraba a la fijaci\u00f3n de una cuota alimentaria en su favor y a cargo de la masa sucesoral de su padre, la cual era administrada por los demandados; tambi\u00e9n que no era dable exigir el agotamiento del requisito de procedibilidad rese\u00f1ado como quiera que se hab\u00eda solicitado el embargo y secuestro de los bienes de la sucesi\u00f3n a fin de garantizar el pago de la eventual mesada. Finalmente, manifestaron haber aportado el poder conforme a lo requerido. <\/p>\n
Narraron que en auto del 25 de junio el juzgado consider\u00f3 que, si bien se hab\u00eda adecuado el mandato, las pretensiones no fueron modificadas conforme a lo indicado y que las cautelas pedidas no se adecuaban al supuesto f\u00e1ctico consagrado en el art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006, \u00abpor lo que no [era] (\u2026) posible tenerlas en cuenta para suplir\u00bb la conciliaci\u00f3n prejudicial y el env\u00edo del escrito inicial a la parte demandada. <\/p>\n
Acusaron que, como hecho novedoso, se indic\u00f3 que los demandantes no hab\u00edan \u00abacreditado que se en[contraran] dentro de las personas enlistadas en el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil\u00bb. Informaron que dicho prove\u00eddo fue impugnado sin \u00e9xito con reiteraci\u00f3n de las consideraciones del auto reprochado (15 jul. 2021). <\/p>\n
De la situaci\u00f3n descrita derivaron la lesi\u00f3n a sus prerrogativas ius fundamentales. <\/p>\n
2. El juzgado querellado remiti\u00f3 el link de acceso al expediente. <\/p>\n
3. La primera instancia predic\u00f3 la subsidiariedad del ruego tras considerar que los actores no recurrieron la decisi\u00f3n de rechazo de la demanda. <\/p>\n
4. Los promotores criticaron que el a quo no tuviera en cuenta la resoluci\u00f3n desfavorable que se emiti\u00f3 en raz\u00f3n al recurso que formularon contra la determinaci\u00f3n acusada. En lo dem\u00e1s, reiteraron sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La conciliaci\u00f3n prejudicial y las medidas cautelares constituyen importantes instrumentos que persiguen, entre otras, la realizaci\u00f3n de diferentes principios de naturaleza constitucional como son la eficiencia judicial y la tutela jurisdiccional efectiva, respectivamente. <\/p>\n
La primera de dichas instituciones es un instrumento de eficiencia y econom\u00eda judicial destinado a impedir el arribo a los juzgados de aquellos asuntos que pueden resolverse por ese medio. En contraste, las cautelas son herramientas de que se sirve el derecho constitucional fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva para lograr su concreci\u00f3n. Sin ellas su vigencia queda expuesta. Esto es, sin bienes sobre los cuales hacer caer la condena, esta se convierte en una ilusi\u00f3n. <\/p>\n
Lo expuesto refleja en el campo constitucional una pugna entre dos postulados de alta importancia para el ordenamiento jur\u00eddico (eficiencia judicial Vs tutela jurisdiccional efectiva), de lo que se colige con facilidad que al ponderar la val\u00eda de la conciliaci\u00f3n prejudicial como herramienta conveniente en beneficio de la descongesti\u00f3n judicial frente a la instituci\u00f3n cautelar como medio para la satisfacci\u00f3n de los derechos sustanciales, debe primar la interpretaci\u00f3n que conforme al art\u00edculo 11 del referido c\u00f3digo favorezca \u00abla efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial\u00bb, esto es, que cuando medie solicitud precautoria no ser\u00e1 necesario que el demandante hubiese intentado el mecanismo autocompositivo en cita. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, es claro que en caso de enfrentamiento entre la eficiencia \u2013valor importante pero menor- y la tutela jurisdiccional efectiva \u2013derecho y principio fundamental constitucional-, el primero debe ceder ante el \u00faltimo, sin la menor dubitaci\u00f3n, pues la prerrogativa supra legal prevalece ante el prop\u00f3sito de econom\u00eda y descongesti\u00f3n. <\/p>\n
1.1 Ahora bien, desde una hermen\u00e9utica gramatical el panorama no muta, pues basta remitirse al par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso para evidenciar que ha sido voluntad del legislador que \u00ab[e]n todo proceso y ante cualquier jurisdicci\u00f3n, cuando se solicite la pr\u00e1ctica de medidas cautelares se podr\u00e1 acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad\u00bb, esto es, para el estatuto procesal basta la petici\u00f3n de cautelas para que se exonere al demandante del requisito de procedibilidad. Ello obedece en un estado constitucional a la necesidad de proteger, cual atr\u00e1s se dijo, un postulado fundamental directamente relacionado con la necesidad de hacer efectivas las decisiones judiciales. <\/p>\n
No es de olvidar que, el perfeccionamiento de las medidas cautelares supone tres etapas, a saber: su solicitud, decreto y pr\u00e1ctica, como lo ha sostenido la doctrina sobre la materia1. La solicitud le incumbe a la parte que busca garantizar o anticipar el cumplimiento de la decisi\u00f3n judicial y se concreta con la petici\u00f3n que aqu\u00e9l presenta ante la autoridad con ese prop\u00f3sito. El decreto le compete al juez, quien est\u00e1 llamado, seg\u00fan sea el caso, a constatar los presupuestos de las precautorias, as\u00ed como determinar y verificar la prestaci\u00f3n de la cauci\u00f3n, para luego adoptar las directrices a que haya lugar, a fin de otorgar o no la cautela pedida, o, incluso, cualquier otra que considere razonable y proporcional. Y en la pr\u00e1ctica participan una multiplicidad de sujetos e instituciones que, liderados por el juez, ejecutar\u00e1n los grav\u00e1menes, limitaciones u \u00f3rdenes dadas por este, para de esa manera culminar con el tr\u00e1mite abordado, sin perjuicio que se adopten otras determinaciones m\u00e1s tarde, ya sea para modificarlas, suspenderlas o levantarlas. <\/p>\n
As\u00ed, no existe duda que el imperativo contemplado en el precepto transcrito exige de la parte interesada \u00fanicamente requerir la medida cautelar para quedar relevada de intentar la conciliaci\u00f3n prejudicial, sin que sea indispensable que el juzgador las decrete o practique, pues indicar lo opuesto contrar\u00eda el tenor literal de la disposici\u00f3n legal en comento. <\/p>\n
Y es que, si el legislador hubiese querido otra cosa, esto es, que dicho eximente se materializara con el decreto o con la pr\u00e1ctica precautoria, as\u00ed lo habr\u00eda se\u00f1alado de forma expresa, pero, como es visible, ello no ocurri\u00f3. De all\u00ed que mal se har\u00eda en predicar semejante sanci\u00f3n, como es el rechazo de la demanda, sin tener en cuenta la norma objeto de an\u00e1lisis. Valga recordar que sobre la imposici\u00f3n de sanciones sin ley que las establezca -nulla poena sine lege-, se ha reiterado pac\u00edficamente por esta Sala que: <\/p>\n
(\u2026) las normas sancionatorias son de interpretaci\u00f3n restrictiva y no es posible extender su \u00e1mbito de acci\u00f3n a hip\u00f3tesis diferentes de las situaciones y circunstancias que el legislador consider\u00f3 ameritaban esa consecuencia desfavorable, ni tampoco es admisible desconocer el principio de legalidad de las sanciones consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental al debido proceso aplicable a \u00abtodas las actuaciones judiciales y administrativas\u00bb, conforme al cual no puede existir pena o sanci\u00f3n sin ley que la establezca y precise la infracci\u00f3n o comportamiento merecedor de la misma (STC010-2018 reiterada en STC3004-2020). <\/p>\n
En ese orden, no queda duda que desde una mirada legal la exigencia de la conciliaci\u00f3n prejudicial sin tener en cuenta la eventual petici\u00f3n cautelar, luce contraria al principio de legalidad y a intereses de raigambre constitucional. <\/p>\n
Ahora, habr\u00e1 quienes perciban una contradicci\u00f3n normativa entre la disposici\u00f3n que consagra las reglas de inadmisi\u00f3n de la demanda, en concreto, el numeral 7\u00ba del canon 90 el estatuto adjetivo, y el mencionado par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 590 de la misma codificaci\u00f3n, tras considerar que en aquel se faculta el repudio del libelo por la falta de acreditaci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n prejudicial, mientras que en este se avala la omisi\u00f3n de dicha exigencia siempre que medie solicitud cautelar; no obstante, basta con realizar una lectura sistem\u00e1tica de las normas en comento para corroborar lo que resulta elemental, esto es, que el legislador ha impuesto al actor el deber de acreditar el intento de conciliaci\u00f3n previo en aquellos casos que la ley lo exige a fin de materializar criterios de eficiencia, salvo en los eventos en que el demandante acompa\u00f1e con su demanda peticiones precautorias, porque, en este caso, el anhelo de un mayor rendimiento o ahorro de los recursos judiciales sucumbe ante la necesidad de salvaguardar el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, la regla general impone al demandante intentar la conciliaci\u00f3n previa al proceso, y la excepci\u00f3n a dicha pauta, por disposici\u00f3n legal, tiene lugar con la solicitud de medidas cautelares que acompa\u00f1e al libelo inicial. <\/p>\n
1.2. En suma, la conciliaci\u00f3n extrajudicial como requisito de procedibilidad no es exigible cuando el demandante solicita medidas cautelares, aun cuando \u00e9stas, a juicio del juez, no deban ser decretadas. De modo que en estos casos no proceder\u00e1 el rechazo de la demanda, so pena de conculcarse los derechos al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues como se dej\u00f3 expuesto, actuar de esa forma contrar\u00eda abiertamente la expresa disposici\u00f3n del canon 590 del estatuto adjetivo y desconoce la principial\u00edstica constitucional del proceso civil actual, en tanto la econom\u00eda judicial \u2013valor importante pero menor\u2013 debe ceder ante la tutela jurisdiccional efectiva \u2013derecho y principio fundamental constitucional-. <\/p>\n
Y el segundo motivo, porque la decisi\u00f3n acusada se percibe contraria a los postulados constitucionales y legales que rigen la materia objeto de discusi\u00f3n. <\/p>\n
3. En efecto, no queda duda que el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, al rechazar la demanda de los aqu\u00ed gestores bajo el argumento de no haber agotado el pluricitado requisito de procedibilidad, desconoci\u00f3 abiertamente los efectos propios de la solicitud cautelar que fue elevada a fin de asegurar la materializaci\u00f3n de los alimentos pretendidos, pues al margen de la procedencia de la medida, en el caso concreto, ha quedado esclarecida la prevalencia del derecho de acceder, de manera efectiva, a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4. En lo que refiere a la exigencia del juzgador consistente en que los demandantes remitieran a su contraparte la copia de la demanda y sus anexos seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto Legislativo 806 de 2020, tambi\u00e9n se abre paso el resguardo como quiera que se desconoci\u00f3, en el prove\u00eddo de rechazo, que justamente ese mismo canon releva al demandante de tal deber \u00abcuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibir\u00e1 notificaciones el demandado\u00bb. Disposici\u00f3n que luce acorde a la efectiva ejecuci\u00f3n de las eventuales cautelas que se llegasen a decretar en el juicio, y que fue ignorada por el juzgado acusado en perjuicio de los derechos de los promotores. <\/p>\n
5. Ahora, dado que otro de los argumentos del juzgador para rechazar la demanda consisti\u00f3 en predicar que la parte activa \u00abno adecu\u00f3 las pretensiones de la demanda con precisi\u00f3n y claridad\u00bb, basta con remitirse al libelo inicial y su respectiva subsanaci\u00f3n para vislumbrar que de la criticada redacci\u00f3n se extrae con facilidad que el anhelo de los promotores radica en obtener, en lo medular, la fijaci\u00f3n de una cuota alimentaria a cargo de la sucesi\u00f3n de quien dicen fue su progenitor. Ciertamente los actores pidieron: <\/p>\n
Declarar que la SUCESI\u00d3N del se\u00f1or Rafael Arturo Montes Zuluaga, representada por los herederos que la administran, esto es (\u2026), y sus hijos (\u2026), est\u00e1 obligada a suministrar alimentos al menor Felipe Andr\u00e9s Montes Hern\u00e1ndez y al joven Jos\u00e9 Mario Montes Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
Queda de presente, que la decisi\u00f3n de no dar tr\u00e1mite a la acci\u00f3n de los gestores carece de fundamento y lesiona su derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia, dado que de las l\u00edneas transcritas brota con suficiencia la intenci\u00f3n principal de los actores. <\/p>\n
6. Finalmente, estudiado el auto de inadmisi\u00f3n y el de rechazo, se observa que el juzgado agreg\u00f3 en este \u00faltimo un motivo novedoso para no tramitar la demanda, esto es, que no se hallaba acreditado que los demandantes \u00abse encuentre[n] dentro de las personas enlistadas en el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed, no solamente se evidencia que el fallador fund\u00f3 tambi\u00e9n su decisi\u00f3n de rechazo en una cavilaci\u00f3n que no fue conocida primigeniamente por los demandantes y que, por consiguiente, no tuvieron la oportunidad de subsanar, sino que aflora con claridad que dicho raciocinio corresponde m\u00e1s a aquellos que son propios de una etapa de juzgamiento debidamente precedida de la correspondiente actividad probatoria, en tanto alude a la legitimaci\u00f3n por activa, motivo suficiente para vislumbrar la arbitrariedad del prove\u00eddo censurado y la procedencia del auxilio. <\/p>\n
7. En definitiva, como quiera que la decisi\u00f3n de rechazar la demanda de los precursores luce contraria al ordenamiento jur\u00eddico, conforme se dej\u00f3 expuesto en precedencia, no queda alternativa diferente a revocar y conceder el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto el interlocutorio de 15 de julio de 2021, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 confirm\u00f3 el auto que rechaz\u00f3 la demanda en el proceso declarativo con radicado n\u00b0 2021-00262-00, para que, en el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, resuelva nuevamente sobre la admisibilidad del libelo, pero con observancia de las consideraciones expuestas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
(Conjuez) <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00319-01 <\/p>\n
De acuerdo a lo expresado en la sala de decisi\u00f3n, me permito sustentar mi SALVAMENTO DE VOTO frente a lo decidido por la sala mayoritaria, que decidi\u00f3 proteger unos derechos frente a lo decidido por el juzgado en un proceso en el que se exigi\u00f3 la conciliaci\u00f3n extraprocesal como requisito de procedibilidad y en consecuencia, ante el incumplimiento decidi\u00f3 rechazar la demanda. <\/p>\n
La se\u00f1ora GLORIA MARIA HERNANDEZ CAICEDO, en representaci\u00f3n de su menor hijo, y otro, demandaron ejecutivamente y solicitaron medidas cautelares, o lo cual consideran que se pod\u00eda soslayar la obligaci\u00f3n de presentar la conciliaci\u00f3n extraprocesal como requisito de procedibilidad, pero el juzgado exigi\u00f3 dicho requisito, y al no cumplirlo, rechaz\u00f3 la demanda, raz\u00f3n por la cual vinieron en acci\u00f3n de tutela, que la sala concedi\u00f3 al considerar que se hab\u00eda vulnerado los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de tutela jurisdiccional efectiva en raz\u00f3n de que la norma invocada por el juzgado \u2013 art\u00edculo 590 del C. G. del P.- se\u00f1ala que cuando se solicite medidas cautelares se podr\u00e1 acudir directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad. <\/p>\n
Sea lo primero advertir, que los jueces gozan de cierto grado de libertad interpretativa, y que en tal sentido los int\u00e9rpretes constitucionales no pueden imponer su visi\u00f3n hermen\u00e9utica como la \u00fanica posible, pues de esa forma se est\u00e1 propiciando al fin de la justicia ordinaria y la dictadura constitucional. Es claro que, si los jueces hacen una interpretaci\u00f3n por lo menos no il\u00f3gica y debidamente razonada de la norma, no puede calificarse su actuar como v\u00eda de hecho. Los jueces constitucionales no constituyen una nueva instancia de conocimiento y mucho menos de car\u00e1cter superior a los jueces ordinarios. <\/p>\n
Y segundo, la \u00fanica interpretaci\u00f3n v\u00e1lida en derecho no es la gramatical como se est\u00e1 haciendo en la providencia en la que estoy salvando mi voto, pues decir que el art\u00edculo dice literalmente que basta solicitar medidas cautelares sin la exigencia de que estas sean procedentes es acudir a una interpretaci\u00f3n gramatical excesiva y exeg\u00e9tica, la m\u00e1s criticada de las formas de interpretar la ley. Por eso clamo porque para el caso y los similares se proceda mediante una interpretaci\u00f3n finalista, es decir, que no basta que se soliciten medidas cautelares, sino que aquella sea procedente. <\/p>\n
Como considero que no debi\u00f3 concederse el amparo sino validar la interpretaci\u00f3n del juez, me aparto de la decisi\u00f3n, advirtiendo, adem\u00e1s, sin alargar m\u00e1s mis fundamentaciones, que los jueces de tutela no pueden entrar en la totalidad del conocimiento de los procesos sino \u00fanicamente en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales cuando ellos resulten directa y arbitrariamente vulnerados y no compitiendo con los jueces en su raz\u00f3n de ser: la interpretaci\u00f3n de la ley. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00319-01 <\/p>\n
<Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
Para ello, precis\u00f3 que <\/p>\n
\u00abLa conciliaci\u00f3n prejudicial y las medidas cautelares constituyen importantes instrumentos que persiguen, entre otras, la realizaci\u00f3n de diferentes principios de naturaleza constitucional como son la eficiencia judicial y la tutela jurisdiccional efectiva, respectivamente. <\/p>\n
La primera de dichas instituciones es un instrumento de eficiencia y econom\u00eda judicial destinado a impedir el arribo a los juzgados de aquellos asuntos que pueden resolverse por ese medio. En contraste, las cautelas son herramientas de que se sirve el derecho constitucional fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva para lograr su concreci\u00f3n. Sin ellas su vigencia queda expuesta. Esto es, sin bienes sobre los cuales hacer caer la condena, esta se convierte en una ilusi\u00f3n. <\/p>\n
Lo expuesto refleja en el campo constitucional una pugna entre dos postulados de alta importancia para el ordenamiento jur\u00eddico (eficiencia judicial Vs tutela jurisdiccional efectiva), de lo que se colige con facilidad que al ponderar la val\u00eda de la conciliaci\u00f3n prejudicial como herramienta conveniente en beneficio de la descongesti\u00f3n judicial frente a la instituci\u00f3n cautelar como medio para la satisfacci\u00f3n de los derechos sustanciales, debe primar la interpretaci\u00f3n que conforme al art\u00edculo 11 del referido c\u00f3digo favorezca \u00abla efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial\u00bb, esto es, que cuando medie solicitud precautoria no ser\u00e1 necesario que el demandante hubiese intentado el mecanismo autocompositivo en cita. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, es claro que en caso de enfrentamiento entre la eficiencia \u2013valor importante pero menor- y la tutela jurisdiccional efectiva \u2013derecho y principio fundamental constitucional-, el primero debe ceder ante el \u00faltimo, sin la menor dubitaci\u00f3n, pues la prerrogativa supra legal prevalece ante el prop\u00f3sito de econom\u00eda y descongesti\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que, afirm\u00f3, no muta desde una hermen\u00e9utica gramatical, pues <\/p>\n
\u00ab(\u2026) basta remitirse al par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso para evidenciar que ha sido voluntad del legislador que \u00ab[e]n todo proceso y ante cualquier jurisdicci\u00f3n, cuando se solicite la pr\u00e1ctica de medidas cautelares se podr\u00e1 acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad\u00bb, esto es, para el estatuto procesal basta la petici\u00f3n de cautelas para que se exonere al demandante del requisito de procedibilidad. Ello obedece en un estado constitucional a la necesidad de proteger, cual atr\u00e1s se dijo, un postulado fundamental directamente relacionado con la necesidad de hacer efectivas las decisiones judiciales (\u2026). <\/p>\n
Coligi\u00f3, entonces, que <\/p>\n
(\u2026) no existe duda que el imperativo contemplado en el precepto transcrito exige de la parte interesada \u00fanicamente requerir la medida cautelar para quedar relevada de intentar la conciliaci\u00f3n prejudicial, sin que sea indispensable que el juzgador las decrete o practique, pues indicar lo opuesto contrar\u00eda el tenor literal de la disposici\u00f3n legal en comento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Ahora, habr\u00e1 quienes perciban una contradicci\u00f3n normativa entre la disposici\u00f3n que consagra las reglas de inadmisi\u00f3n de la demanda, en concreto, el numeral 7\u00ba del canon 90 el estatuto adjetivo, y el mencionado par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 590 de la misma codificaci\u00f3n, tras considerar que en aquel se faculta el repudio del libelo por la falta de acreditaci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n prejudicial, mientras que en este se avala la omisi\u00f3n de dicha exigencia siempre que medie solicitud cautelar; no obstante, basta con realizar una lectura sistem\u00e1tica de las normas en comento para corroborar lo que resulta elemental, esto es, que el legislador ha impuesto al actor el deber de acreditar el intento de conciliaci\u00f3n previo en aquellos casos que la ley lo exige a fin de materializar criterios de eficiencia, salvo en los eventos en que el demandante acompa\u00f1e con su demanda peticiones precautorias, porque, en este caso, el anhelo de un mayor rendimiento o ahorro de los recursos judiciales sucumbe ante la necesidad de salvaguardar el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, la regla general impone al demandante intentar la conciliaci\u00f3n previa al proceso, y la excepci\u00f3n a dicha pauta, por disposici\u00f3n legal, tiene lugar con la solicitud de medidas cautelares que acompa\u00f1e al libelo inicial. <\/p>\n
Concluy\u00f3, finalmente: <\/p>\n
(\u2026) En suma, la conciliaci\u00f3n extrajudicial como requisito de procedibilidad no es exigible cuando el demandante solicita medidas cautelares, aun cuando \u00e9stas, a juicio del juez, no deban ser decretadas. De modo que en estos casos no proceder\u00e1 el rechazo de la demanda, so pena de conculcarse los derechos al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues como se dej\u00f3 expuesto, actuar de esa forma contrar\u00eda abiertamente la expresa disposici\u00f3n del canon 590 del estatuto adjetivo y desconoce la principial\u00edstica constitucional del proceso civil actual, en tanto la econom\u00eda judicial \u2013valor importante pero menor\u2013 debe ceder ante la tutela jurisdiccional efectiva \u2013derecho y principio fundamental constitucional-. <\/p>\n
Y frente al caso concreto, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 3. En efecto, no queda duda que el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, al rechazar la demanda de los aqu\u00ed gestores bajo el argumento de no haber agotado el pluricitado requisito de procedibilidad, desconoci\u00f3 abiertamente los efectos propios de la solicitud cautelar que fue elevada a fin de asegurar la materializaci\u00f3n de los alimentos pretendidos, pues al margen de la procedencia de la medida, en el caso concreto, ha quedado esclarecida la prevalencia del derecho de acceder, de manera efectiva, a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No comparto la resoluci\u00f3n principalmente porque la decisi\u00f3n del Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 de convalidar el rechazo de la demanda por falta de la \u00abconciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad\u00bb, no luce contraria al ordenamiento jur\u00eddico patrio, en la medida que tiene respaldo en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- No puede afirmarse como lo hace la Sala Mayoritaria, la existencia de \u00abuna pugna entre dos postulados de alta importancia para el ordenamiento jur\u00eddico (eficiencia judicial Vs tutela jurisdiccional efectiva)\u00bb y, menos, colegir de ello, que \u00abal ponderar la val\u00eda de la conciliaci\u00f3n prejudicial como herramienta conveniente en beneficio de la descongesti\u00f3n judicial frente a la instituci\u00f3n cautelar como medio para la satisfacci\u00f3n de los derechos sustanciales, debe primar la interpretaci\u00f3n que conforme al art\u00edculo 11 del referido c\u00f3digo favorezca \u00abla efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial\u00bb. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque, de conformidad con la Sentencia C-279 de 2013 de la Corte Constitucional, \u00abEl derecho a la administraci\u00f3n de justicia tambi\u00e9n llamado derecho a la tutela judicial efectiva se ha definido como \u201cla posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en las leyes\u201d. Este derecho constituye un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicaci\u00f3n inmediata, que forma parte del n\u00facleo esencial del debido proceso\u00bb (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
<\/p>\n
Por su parte, en la C-1195 de 2001 (15 nov.), donde examin\u00f3 la constitucionalidad de los art\u00edculos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley 640 de 2001, \u00abPor la cual se modifican normas relativas a la conciliaci\u00f3n y se dictan otras disposiciones\u00bb, dej\u00f3 establecidas, entre otras cosas, que: <\/p>\n
\u00abEl derecho a acceder a la justicia guarda estrecha relaci\u00f3n con el derecho al recurso judicial efectivo como garant\u00eda necesaria para asegurar la efectividad de los derechos, como quiera que, no es posible el cumplimiento de las garant\u00edas sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso\u00bb. <\/p>\n
\u00abPara la Corte resulta claro que la justicia estatal formal no siempre es efectiva, en especial cuando no se han previsto recursos judiciales id\u00f3neos y suficientes que faciliten la soluci\u00f3n pac\u00edfica de los conflictos, o cuando la complejidad de los procedimientos o de las condiciones de tiempo, modo y lugar exigidas por el legislador restringen la capacidad de alcanzar el goce efectivo de los derechos cuya protecci\u00f3n se busca al acudir a las instancias judiciales. Los mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de conflictos no representan una desconfianza hacia la justicia estatal formal, sino un reconocimiento de que procedimientos menos formales y alternativas de justicia autocompositiva complementan las opciones a las cuales pueden acudir las personas para resolver sus disputas. Por ello, mecanismos como la mediaci\u00f3n y la conciliaci\u00f3n, m\u00e1s que medios para la descongesti\u00f3n judicial, son instrumentos para garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover la resoluci\u00f3n pac\u00edfica de los conflictos\u00bb. <\/p>\n
Concretamente, de la conciliaci\u00f3n, dijo que: \u00abvarios son los fines que se pretende alcanzar con la conciliaci\u00f3n prejudicial obligatoria, a saber: (i) garantizar el acceso a la justicia; (ii) promover la participaci\u00f3n de los individuos en la soluci\u00f3n de sus disputas; (iii) estimular la convivencia pac\u00edfica; (iv) facilitar la soluci\u00f3n de los conflictos sin dilaciones injustificadas; y (v) descongestionar los despachos judiciales. <\/p>\n
Y frente a cada uno de tales fines, indic\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
* \u00abComo mecanismo de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, constituye una oportunidad para resolver de manera r\u00e1pida un conflicto, a menores costos que la justicia formal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
* \u00abPromueve la participaci\u00f3n de los particulares en la soluci\u00f3n de controversias, bien sea como conciliadores, o como gestores de la resoluci\u00f3n de sus propios conflictos. Por ello se ha calificado la conciliaci\u00f3n como un mecanismo de autocomposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
* \u00ab(\u2026) contribuye a la consecuci\u00f3n de la convivencia pac\u00edfica, uno de los fines esenciales del Estado. El hecho de que a trav\u00e9s de la conciliaci\u00f3n sean las partes, con el apoyo de un conciliador, las que busquen f\u00f3rmulas de acuerdo para la soluci\u00f3n de un conflicto, constituye una clara revelaci\u00f3n de su virtud moderadora de las relaciones sociales. La conciliaci\u00f3n extrae, as\u00ed sea transitoriamente, del \u00e1mbito litigioso la resoluci\u00f3n de los conflictos, allanando un camino para que las disputas entre individuos se resuelvan por la v\u00eda del acuerdo. Adem\u00e1s, la conciliaci\u00f3n estimula el di\u00e1logo, reduce la cultura adversarial y elimina la agudizaci\u00f3n del conflicto como consecuencia del litigio\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) favorece la realizaci\u00f3n del debido proceso, en la medida que reduce el riesgo de dilaciones injustificadas en la resoluci\u00f3n del conflicto. Como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, el debido proceso involucra, am\u00e9n de otras prerrogativas ampliamente analizadas, el derecho a recibir una pronta y cumplida justicia y como quiera que la conciliaci\u00f3n prejudicial ofrece, precisamente, una oportunidad para resolver el conflicto de manera expedita, r\u00e1pida y sin dilaciones, desarrolla el mandato establecido por la Carta en su art\u00edculo 29\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) repercute de manera directa en la efectividad de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de administraci\u00f3n de justicia, al contribuir a la descongesti\u00f3n de los despachos judiciales. En efecto, visto que los particulares se ven compelidos por la ley no a conciliar, pero si a intentar una f\u00f3rmula de arreglo al conflicto por fuera de los estrados judiciales, la audiencia de conciliaci\u00f3n ofrece un espacio de di\u00e1logo que puede transformar la relaci\u00f3n entre las partes y su propia visi\u00f3n del conflicto, lo que contribuye a reducir la cultura litigiosa a\u00fan en el evento en que \u00e9stas decidan no conciliar\u00bb. <\/p>\n
2.- Significa, entonces, que, contrario a lo aducido en la providencia de la que me aparto, la conciliaci\u00f3n prejudicial no s\u00f3lo es una \u00abherramienta conveniente en beneficio de la descongesti\u00f3n judicial\u00bb, sino que como acaba de verse, constituye un instrumento eficaz para la tutela jurisdiccional efectiva, como quiera que con \u00e9l se busca evitar que los conflictos lleguen al juez, que los solucione un conciliador. <\/p>\n
3.- Si por cualquier causa se quiere impedir que el asunto sea resuelto por las mismas partes o por un conciliador, es imperioso el cumplimiento del par\u00e1grafo 1\u00ba el art\u00edculo 590 antes citado, mediante la solicitud de las medidas cautelares que resulten procedentes. <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto que las medidas cautelares han sido concebidas como mecanismos procesales para asegurar la efectividad de los derechos judicialmente declarados y, por ende, como un componente del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n lo es, que las previstas como excepci\u00f3n en la referida norma, debe ser real y efectiva y no una simple excusa para no agotar el requisito de la conciliaci\u00f3n prejudicial, en tanto que ello desnaturalizar\u00eda la finalidad propia de ese mecanismo de resoluci\u00f3n pronta del conflicto. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo no debi\u00f3 concederse porque el rechazo de la demanda por falta del requisito de la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n por la recurrente de dicha exigencia. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00319-01 <\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la decisi\u00f3n proferida en el asunto de la referencia, me permito expresar respetuosamente los motivos de mi disenso. <\/p>\n
1. Precisiones sobre el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
Mediante la providencia referida, esta Corporaci\u00f3n concedi\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales de la memorialista, presuntamente conculcados con la decisi\u00f3n del estrado convocado de rechazar la demanda de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria por falta de subsanaci\u00f3n, en tanto \u00ab(\u2026) no queda duda [de] que el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, al rechazar la demanda de los aqu\u00ed gestores bajo el argumento de no haber agotado el pluricitado requisito de procedibilidad [conciliaci\u00f3n], desconoci\u00f3 abiertamente los efectos propios de la solicitud cautelar que fue elevada a fin de asegurar la materializaci\u00f3n de los alimentos pretendidos, pues al margen de la procedencia de la medida, en el caso concreto, ha quedado esclarecida la prevalencia del derecho de acceder, de manera efectiva, a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, expuso la mayor\u00eda, \u00abla conciliaci\u00f3n extrajudicial como requisito de procedibilidad no es exigible cuando el demandante solicita medidas cautelares, aun cuando \u00e9stas, a juicio del juez, no deban ser decretadas. De modo que en estos casos no proceder\u00e1 el rechazo de la demanda, so pena de conculcarse los derechos al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues como se dej\u00f3 expuesto, actuar de esa forma contrar\u00eda abiertamente la expresa disposici\u00f3n del canon 590 del estatuto adjetivo y desconoce la principial\u00edstica constitucional del proceso civil actual, en tanto la econom\u00eda judicial \u2013valor importante pero menor\u2013 debe ceder ante la tutela jurisdiccional efectiva \u2013derecho y principio fundamental constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. Sobre el requisito de procedibilidad de conciliaci\u00f3n prejudicial y la admisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
El art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, en su par\u00e1grafo primero, establece que \u00ab[e]n todo proceso y ante cualquier jurisdicci\u00f3n, cuando se solicite la pr\u00e1ctica de medidas cautelares se podr\u00e1 acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad\u00bb, pauta que \u2013contrario a lo sostenido en la providencia de la cual comedidamente disiento\u2013, para garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia de todos los interesados, debe entenderse no solo como la simple enunciaci\u00f3n de la solicitud de la cautela, sino que esta \u00faltima debe tener vocaci\u00f3n de prosperidad \u2013y ser adecuada de conformidad con el tr\u00e1mite de que se trate\u2013, para que pueda reconoc\u00e9rsele la potencialidad de pretermitir el requisito de procedibilidad en cita. <\/p>\n
En efecto, en varias providencias de esta Corporaci\u00f3n se ha avalado la razonabilidad de las determinaciones de los jueces de instancia que, al verificar la viabilidad de las peticiones que sobre el particular se formulan en los libelos iniciales, han resuelto rechazar el tr\u00e1mite, porque las medidas requeridas no se \u00abadec\u00faan\u00bb a las disposiciones legales en que se fundamentan, por lo que, bajo esa perspectiva, se hac\u00eda exigible el agotamiento de la mentada conciliaci\u00f3n, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(…) En efecto, para que el juzgador ad quem confirmara el rechazo de la demanda formulada por los aqu\u00ed quejosos, dijo que, de conformidad con el art\u00edculo 621 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abla acreditaci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad es adem\u00e1s requisito de las demandas\u00bb pero que, de dicha regla, se exceptuaban los asuntos divisorios y de expropiaci\u00f3n o cuando se promoviera contra personas indeterminadas o \u00abse solicite la pr\u00e1ctica de medidas cautelares, en cuyo caso se puede acudir directamente al juez (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Se refiri\u00f3 espec\u00edficamente a la \u00faltima excepci\u00f3n al deber de agotar el requisito de procesabilidad, consagrada puntualmente en el art\u00edculo 590 del Estatuto Procesal, sobre la que indic\u00f3 que ante tal manifestaci\u00f3n o petici\u00f3n \u00abel juez deber\u00e1 apreciar la legitimaci\u00f3n e inter\u00e9s de la parte petente, la verdadera existencia de una amenaza o vulneraci\u00f3n de derechos, la apariencia de buen derecho y necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida\u00bb pues \u00absolo cuando se verifiquen [esas circunstancias] ser\u00e1 viable el decreto de las cautelas [en] el proceso declarativo\u00bb. <\/p>\n
Al descender al estudio del caso concreto, expuso que si bien la petici\u00f3n de inscripci\u00f3n de la demanda \u00abse solicit\u00f3\u2026 sobre un predio que resulta ser propiedad del demandado\u00bb, la misma no se adecuaba a ninguna de las reglas consagradas en la disposici\u00f3n legal en cita por cuanto \u00abla demanda no versa sobre el dominio o derecho real principal del bien\u00bb sobre el que se solicit\u00f3. la cautela sino respecto otros diferentes, seg\u00fan se desprende del contrato de promesa de compraventa, al tiempo que tampoco \u00abse persigue el pago de perjuicios ocasionados por responsabilidad civil\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, con apoyo de la doctrina y el precedente de su superior funcional consider\u00f3 que, aunque la demandante adujo que la procedencia de la medida \u00abdeven\u00eda de la aplicaci\u00f3n del literal c de la norma en comento\u2026 esta juzgadora difiere de tal conclusi\u00f3n, pues la inscripci\u00f3n de la demanda en los t\u00e9rminos\u2026 del libelo genitor no resulta razonable para la protecci\u00f3n del derecho objeto de litis, m\u00e1s a\u00fan, cuando del certificado de tradici\u00f3n se extrae que el folio se encuentra cerrado, lo que hace inviable y totalmente inefectiva la materializaci\u00f3n de la cautela\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3: \u00ab(\u2026) As\u00ed pues se concluye que la cautela solicitada no resulta razonable para la guarda del derecho que se discute en la demanda y por esa precisa raz\u00f3n su mera solicitud no desplaza el requisito de procedibilidad, pues la verdadera apariencia de buen derecho de la cautela y su efectiva materializaci\u00f3n, es lo que permite acceder a la jurisdicci\u00f3n ordinaria sin el agotamiento del requisito de procedibilidad, y como en este caso ello no ocurri\u00f3, la determinaci\u00f3n de rechazo de la demanda se ajusta al sistema de normas que rigen la materia (\u2026)\u00bb De acuerdo con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por el juzgado accionado no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, pues en momento alguno denota ser irrazonable\u00bb (CSJ STC4139-2021, 21 abr., rad. 2021-00013-01). <\/p>\n
De igual forma, en otra ocasi\u00f3n en la que se verific\u00f3 un asunto similar al sub-lite, tambi\u00e9n se acompa\u00f1\u00f3 el mentado raciocinio, esto es, que la posibilidad de obviar el referido criterio de procedibilidad cuando se formulan cautelas exige que estas \u00faltimas sean viables en el proceso respectivo, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(…) Seg\u00fan lo esbozado, asegur\u00f3 que la medida solicitada en el caso bajo estudio, \u00abno puede considerarse (\u2026) una medida cautelar, puesto que al ordenarse \u201cla entrega inmediata de la obra en el estado que se encuentre\u201d, no se estar\u00eda garantizando el cumplimiento de la sentencia sino anticip\u00e1ndose a la prosperidad de las pretensiones, sin que la contraparte hubiere tenido la oportunidad de defender su derecho. Medida poco razonable y por dem\u00e1s desproporcionada si tenemos en cuenta que el cumplimiento o no del contrato y el pago de los perjuicios solicitado, es algo que debe debatirse dentro del proceso y no tenerse por cierto como si se tratara de un proceso ejecutivo en el que la pretensi\u00f3n no es disputada, por tratarse de un derecho cierto y consolidado. Ahora, diferente fuera que se pusiera lo pedido en manos de un auxiliar de la justicia para garantizar, en caso de prosperidad de las pretensiones, la efectividad de la sentencia, pero ello equivaldr\u00eda a una medida de embargo, cautela, que como qued\u00f3 visto, no procede en los procesos declarativos\u00bb. <\/p>\n
En las condiciones descritas, concluy\u00f3 que siendo inviables las medidas cautelares solicitadas, correspond\u00eda a la demandante acreditar el agotamiento de \u00abla conciliaci\u00f3n extrajudicial, requisito de procedibilidad consagrado en el art\u00edculo 621 de la ley 1564 del 2012 modificatorio del art\u00edculo 38 de la Ley 640 de 2001, conforme fuera ordenado en el auto fechado 13 de marzo de 2019 mediante el cual se inadmiti\u00f3 la demanda, mandato que al no haber sido cumplido dentro del t\u00e9rmino legal, daba lugar, como en efecto se hizo, a que a trav\u00e9s de la providencia calendada 20 del mismo mes y a\u00f1o se rechazara\u00bb, sin que, por tanto, se hiciera necesario el an\u00e1lisis de las dem\u00e1s causales de inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, no se advierte una amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial que la querellante invoca a trav\u00e9s de este instrumento excepcional, en tanto que la providencia cuestionada no revela arbitrariedad o desmesura, sino una divergencia conceptual cuya razonabilidad torna inviable la salvaguarda. Esto, porque tras un adecuado an\u00e1lisis de las medidas cautelares nominadas e innominadas, la autoridad judicial acusada concluy\u00f3 que eran improcedentes, y por lo mismo no pod\u00eda obviarse el requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n prejudicial previsto en el art\u00edculo 38 de la Ley 640 de 2001, modificada por el canon 621 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual, la decisi\u00f3n cuestionada es razonable\u00bb Resaltado fuera de texto. (CSJ STC3028-2020, 18 mar., rad. 2019-04162-00). <\/p>\n
Adicionalmente, tal postura obvia la observancia de los principios rectores de las cautelas tales como la apariencia de buen derecho, peligro de la mora judicial, legalidad, proporcionalidad y temporalidad, los cuales deben ser examinados oficiosamente por el director de la relaci\u00f3n negocial a fin de determinar la viabilidad de su decreto que fue justamente lo que hizo al juez accionado en claro acatamiento de la filosof\u00eda y fines que las rigen, lo que de suyo excluye la concesi\u00f3n del amparo como lo decidi\u00f3 la Sala <\/p>\n
Con todo, tampoco estimo pertinente que la controversia deba ser planteada en los t\u00e9rminos empleados en el sub ex\u00e1mine \u2013esto es, aduciendo una eventual colisi\u00f3n entre las prerrogativas de \u00abeficiencia judicial\u00bb y tutela judicial efectiva, en el evento de exigirse la conciliaci\u00f3n extrajudicial cuando la cautela no sea id\u00f3nea\u2013, teniendo en cuenta la relevancia de los m\u00e9todos de soluci\u00f3n alternativa de conflictos, los cuales en nada ri\u00f1en con la garant\u00eda de acceder a la justicia en condiciones de igualdad y sin trabas injustificadas, sino que, por el contrario, buscan materializar una oportunidad para la resoluci\u00f3n previa y pac\u00edfica de las disputas que se suscitan en la sociedad. <\/p>\n
Acorde con lo expuesto, respetuosamente me permito reiterar que la providencia que rechaza la demanda por incumplir el requisito de la conciliaci\u00f3n extrajudicial no constituye, per se, un desafuero constitutivo de causal de procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, susceptible de ser enmendado. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentado mi salvamento de voto, con la comedida reiteraci\u00f3n de respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Confrontar, entre otros, con Chiovenda Giuseppe en Instituciones de Derecho Procesal Civil, Volumen I, Editorial Revista de Derecho Privado Madrid, 1954, p\u00e1gs. 316 y s.s..; Eduardo Garc\u00eda Sarmiento en Medidas Cautelares: Inducci\u00f3n a su estudio, Librer\u00eda Editorial El Foro de la Justicia, 1981, p\u00e1gs. 22 y s.s.; Mart\u00ednez Botos Ra\u00fal en Medidas Cautelares: Embargabilidad e inembargabilidad, embargo preventivo, secuestro, inhibici\u00f3n de bienes, prohibici\u00f3n de innovar, intervenci\u00f3n judicial, anotaci\u00f3n de la litis, Editorial Universidad, 1994, p\u00e1gs. 102 y s.s.; Adolfo Alvarado Velloso en Las Cautelas Procesales, Editorial universidad del Rosario, 2010, p\u00e1gs. 22 y s.s. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16804-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16804-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2021-00319-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de noviembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60221","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60221","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60221"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60221\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60221"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60221"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60221"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}