STC16893-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16893-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2021-00323-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte1 la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 22 de octubre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela promovida por E.R.G. contra el Juzgado Tercero de Familia de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos con radicado 2020-00219. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 18 de agosto de 2020, G.C.P.A., en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, formul\u00f3 una demanda ejecutiva de alimentos contra E.R.G., proceso que correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Medell\u00edn, el cual libr\u00f3 mandamiento de pago el 14 de octubre siguiente y decret\u00f3 el embargo de los dineros percibidos por el demandado como empleado de la rama judicial (fls. 1 a 33 \u201811Expediente003202000219\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.2. El 19 de febrero de 2021, el apoderado judicial de la demandante diligenci\u00f3 la notificaci\u00f3n del ejecutado, v\u00eda correo electr\u00f3nico certificado (fls. 53 a 55 \u201811Expediente003202000219\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.3. El accionado pidi\u00f3 rechazar la demanda, pues consider\u00f3 que el acto administrativo que regul\u00f3 la cuota alimentaria no estaba ejecutoriado y solicit\u00f3, como \u00abPRETENSI\u00d3N SUBSIDIARIA (\u2026), Rechazar la demanda al no estar adecuada conforme al salario del trabajador, a fin de evitar UN ABUSO DEL DERECHO, y se acomoden las pretensiones de conformidad con las reglas del c\u00f3digo sustantivo del trabajo y de la seguridad social\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 5 de agosto de 2021, el Juzgado tuvo por contestada la demanda oportunamente y dispuso que, \u00abComo quiera que (\u2026) no fueron formuladas, excepciones de m\u00e9rito, ejecutoriado este auto, se emitir\u00e1 la decisi\u00f3n que en derecho corresponde\u00bb (fl. 80 \u201811Expediente003202000219\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.5. El gestor reproch\u00f3 que \u00abUn a\u00f1o, luego del 14 de octubre de 2020, que se libr\u00f3 mandamiento ejecutivo y se efectiviz\u00f3 el embargo de salarios, ten\u00eda el juez demandado en tutela para dictar sentencia y no lo hizo\u2026causado (sic) los perjuicios de embargo de salarios y no pago de cuotas de alimentos de dos menores de edad, viol\u00f3 el debido proceso y no hay otro medio de remediarlo que con la acci\u00f3n constitucional de tutela\u00bb, pues \u00abNo cumpli\u00f3 los t\u00e9rminos que establece el Art. 121 del c\u00f3digo general del proceso\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, indic\u00f3 que \u00abEl Art. Del CGP no se\u00f1ala que el PROCESO ejecutivo de alimentos deba llevarlo el juez de familia, por lo que, si se presenta la causal de incompetencia, el procedimiento agotado est\u00e1 viciado de nulidad, torn\u00e1ndose ilegal el embargo debi\u00e9ndose resarcir el da\u00f1o causado, ordenando la devoluci\u00f3n de lo descontado y reconociendo los intereses, lucro cesante y da\u00f1o emergente que se materializ\u00f3 al dejar inutilizado el dinero descontado del salario del suscrito\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00aben la contestaci\u00f3n de la demanda se le pidi\u00f3 que esa cuota debe ser del 25% del salario pues hay otro menor que tambi\u00e9n tiene derecho a su porci\u00f3n de cuota alimentaria de ese otro 25% que se afect\u00f3 en el embargo del 40% de los ingresos del suscrito\u2026\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, argument\u00f3 que, como no se ha hecho entrega de los t\u00edtulos judiciales al menor de edad demandante, significa que \u00abno necesita de la cuota de alimentos y por tanto el proceso ejecutivo es innecesario y lo que se persigue con \u00e9l es un fin distinto al establecido por el legislador en el canon 24 de la ley 1098 de 2006\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 (i) declarar \u00abla nulidad de todo lo actuado por el juzgado tercero de familia de oralidad de Medell\u00edn, y como consecuencia dejar sin efectos el embargo de salarios del suscrito\u2026atendiendo que en el Art. 22 del CGP no aparece el proceso ejecutivo de alimentos como competencia del juez de familia\u00bb; (ii) \u00abEn caso de no prosperar la pretensi\u00f3n anterior, DECLARE se cumpli\u00f3 con la pretensi\u00f3n econ\u00f3mica fijada en la demanda de $5.660.381 pues se ha hecho un descuento por m\u00e1s de $12.325.322 ORDENADO (sic) devolver el remanente, al suscrito\u00bb; (iii) declarar terminado el proceso ejecutivo y levantar las medidas cautelares; (iv) \u00abDe no acceder al anterior punto ORDENE al juzgado tercero de familia de Medell\u00edn, al haber pasado m\u00e1s de un a\u00f1o emitido el mandamiento de pago DECLARE perdi\u00f3 la competencia y se de estricta aplicaci\u00f3n al Art. 121 del CGO, compulsando las copias para la posible investigaci\u00f3n disciplinaria al infringir el Art. 153 de la ley 270 de 2006; el Juez tercero de familia ya no podr\u00e1 actuar m\u00e1s dentro del proceso referido pues como lo dice la norma, ser\u00e1 nula de pleno derecho lo que haga dentro de esa causa\u00bb. <\/p>\n
4. En escrito aparte, el promotor manifest\u00f3 que, el 7 de octubre de 2021, acudi\u00f3 al despacho acusado \u00aba indagar por el estado del proceso\u2026la empleada que me atendi\u00f3 me dijo que no me pod\u00eda mostrar el proceso, ya que se trata de un asunto \u2018virtual\u2019\u00bb; raz\u00f3n por la que contrat\u00f3 a un abogado para que lo representara, pero no sabe si \u00e9ste ha elevado solicitud alguna al juzgado convocado. <\/p>\n
Finalmente, asever\u00f3 que s\u00ed \u00abse propusieron excepciones: contenidas en la oposici\u00f3n a las pretensiones\u00bb, pero si el juzgado \u00abno comprendi\u00f3 la excepci\u00f3n\u2026podr\u00edamos decir entonces que se desconoce el derecho\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Familia de Medell\u00edn envi\u00f3 el enlace del expediente y realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones desarrolladas en el proceso; adem\u00e1s, afirm\u00f3 que, \u00abal no haber vulnerado los derechos endilgados\u2026debe desestimarse la acci\u00f3n de tutela por esta propuesta\u00bb. <\/p>\n
2. J.C.H., quien dijo ser el apoderado de la se\u00f1ora G.C.P.A., no aport\u00f3 poder que lo facultara para actuar en el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 17 Judicial II de Infancia, Adolescencia y Familia estim\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela debe declararse improcedente, toda vez que \u00ab\u2026la posible nulidad que el aqu\u00ed accionante predica, debe ser alegada ante el Juez de conocimiento no ante el Juez de Tutela\u00bb. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n de Justicia de Medell\u00edn asegur\u00f3 que el accionante trabaja en la rama judicial desde el 15 de agosto de 1995 y que, desde noviembre de 2020 \u00abhasta el 30 de septiembre de 2021, se le han hecho retenciones al accionante por un valor total de $14.306.508\u00bb. Advirti\u00f3 que no hab\u00eda recibido comunicaci\u00f3n alguna del juzgado cognoscente sobre el levantamiento de la medida cautelar previamente decretada. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, por cuanto no se cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad, en raz\u00f3n a que no se acredit\u00f3 \u00abque aqu\u00e9l hubiese solicitado ante el Juzgado accionado, lo que hoy pretende en sede constitucional, a sabiendas de que es dicha autoridad, la competente para conocer y resolver las nulidades procesales, contempladas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026y adem\u00e1s, de la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por pago, a la que hace referencia el art\u00edculo 461 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la nulidad reclamada, precis\u00f3 que \u00ab\u2026el ordenamiento jur\u00eddico ha establecido un mecanismo que determina la legitimaci\u00f3n, forma y oportunidad, para alegarla y decretarla, al interior del proceso, al que necesariamente el interesado o afectado debe acudir\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos esbozados en el escrito inicial y destac\u00f3 que el a quo constitucional no se pronunci\u00f3 sobre la nulidad pedida, conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, \u00abaceptar las pretensiones del demandante las cuales solo son exigibles desde el momento de presentaci\u00f3n de la demanda de alimentos y no desde antes y, la dudosa ejecutoria del t\u00edtulo ejecutivo provisional que al parecer se convirti\u00f3 en permanente y todo en concreto es una violaci\u00f3n del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela fue para evitar nulidades en las etapas que siguen al proceso tramitado en el juzgado tercero de familia de oralidad de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la parte actora pretende que se declare la nulidad del proceso cuestionado, pues, en su criterio, el Juzgado Tercero de Familia de Medell\u00edn no es competente para conocer del ejecutivo de alimentos y por haber perdido supuestamente la competencia, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 121 de la Ley 1564 de 2012; en subsidio, pidi\u00f3 que se declare terminado el proceso, por pago total de la obligaci\u00f3n, y que se ordene el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas. <\/p>\n
2. Vistas las actuaciones surtidas en el proceso objeto de reproche, observa la Sala que las solicitudes formuladas por el accionante a trav\u00e9s de este mecanismo extraordinario no han sido propuestas ante la autoridad judicial que conoce el asunto, lo cual torna inviable el amparo reclamado. <\/p>\n
En ese sentido, se recuerda que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia para sustituir los instrumentos id\u00f3neos ni las potestades de los jueces cognoscentes, as\u00ed como tampoco para adelantarse a tomar decisiones sobre aspectos que no han sido sometidos al escrutinio del juez competente, dado que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala: <\/p>\n
\u00ab\u2026el juez del resguardo no puede arrogarse facultades que le corresponde decidir al ordinario, y mientras haya posibilidad de que al interior del proceso se discuta y resuelvan los puntos tra\u00eddos en sede excepcional, la acci\u00f3n incoada deviene improcedente ya que \u00e9sta no puede reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, y no se ha estatuido como una instancia alterna a la ordinaria, ni el juez del amparo puede tenerse como un funcionario adicional de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver el juicio, conforme a las competencias se\u00f1aladas por el legislador\u00bb (CSJ STC912-2020 5 feb. 2020 rad.2019-00171-00). <\/p>\n
Por las mismas razones tampoco es de recibo lo alegado en la impugnaci\u00f3n, en cuanto a que \u00abla acci\u00f3n de tutela fue para evitar nulidades en las etapas que siguen al proceso tramitado en el juzgado tercero de familia de oralidad de Medell\u00edn\u00bb, toda vez que, como se indic\u00f3, el juez constitucional no puede desplazar ni asumir la competencia del de conocimiento ni hacer revisiones oficiosas de los procesos en curso. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, en lo relativo a que \u00abse compulsen copias para la investigaci\u00f3n disciplinaria por infringir el art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996\u00bb, debe se\u00f1alarse que, si el promotor considera que la actuaci\u00f3n del funcionario judicial puede ser constitutiva de alguna falta, debe presentar la queja ante las autoridades respectivas. <\/p>\n
4. Teniendo en cuenta lo anterior, se confirmar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16893-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC16893-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2021-00323-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte1 la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 22 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60226","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60226","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60226"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60226\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}