STC16894-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16894-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2021-00176-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Diana Chaparro Unibio frente al fallo proferido el 28 de octubre de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra los Juzgados Primero Civil Municipal de Sogamoso y Tercero Civil del Circuito de ese lugar, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
1. La convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n, defensa y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcadas por las autoridades judiciales querelladas al dictar sentencia en su disfavor y declarar desierta su alzada, en su orden. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, declarar que \u00abla sentencia con fecha 25-02-2021 del Juzgado\u2026 Municipal\u2026 se profiri\u00f3 dentro de un proceso afectado de inobservancia al debido proceso y nulidad insanable\u2026, como es la omisi\u00f3n de vincular al demandado determinado acreedor hipotecario Banco Central Hipotecario\u00bb, por lo cual \u00abdebe decretarse [su] nulidad\u2026 desde el auto admisorio de la demanda\u00bb; y \u00abrevocar el auto de\u2026 29-07-2021[,] a trav\u00e9s del cual se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n por el Juzgado\u2026 del Circuito\u2026[,] para que proceda con la decisi\u00f3n de fondo\u00bb. <\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante para definir el presente caso es el que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de pertenencia promovido por Zonia Edy Torres Mart\u00ednez contra Mar\u00eda Dioselina Fonseca Rodr\u00edguez, el 25 de febrero de 2021 el a-quo dict\u00f3 sentencia acogiendo las pretensiones, decisi\u00f3n que, mediante escrito allegado a trav\u00e9s de mensaje de datos el 3 de marzo siguiente, apel\u00f3 el apoderado de la accionante, exteriorizando y sustentando sus reparos concretos. <\/p>\n
2.2. El 25 de marzo \u00faltimo el ad-quem encausado admiti\u00f3 tal alzada, sin embargo, el 29 de julio siguiente la declar\u00f3 desierta al advertir que el extremo recurrente no la sustent\u00f3 en la oportunidad establecida en el canon 14 del Decreto 806 de 2020, decisi\u00f3n que ratific\u00f3 el 23 de septiembre posterior al desechar la solicitud de ilegalidad que el 2 de agosto anterior, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de ese auto, plante\u00f3 la quejosa. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela el extremo accionante se doli\u00f3, en concreto, de que el a-quo omiti\u00f3 vincular al juicio al acreedor hipotecario registrado en el respectivo folio inmobiliario y, adem\u00e1s, para acceder a las pretensiones de la demanda efectu\u00f3 una deficiente valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
De otro lado, se quej\u00f3 de que el ad-quem no tuvo en cuenta que ella s\u00ed sustent\u00f3 su alzada en tres ocasiones, por escrito, ante el a-quo, al momento de formularla; y en dos oportunidades ante el Superior, despu\u00e9s de otorgado el traslado para tal efecto. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso pidi\u00f3 negar el amparo solicitado porque, \u00abde cara al tr\u00e1mite en la segunda instancia, \u2026la Corte Constitucional unific\u00f3 jurisprudencia sobre la oportunidad de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, concluyendo que la interpretaci\u00f3n adecuada, resulta ser la adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se tiene que, los reparos concretos que el apelante exponga ante la primera instancia, no constituyen sustentaci\u00f3n del recurso, por lo que resulta imperioso al impugnante sustentar ante la segunda instancia, so pena de declaratoria de desierto\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que si la apelaci\u00f3n no se sustenta ante el ad-quem, como afirm\u00f3 ocurri\u00f3 en el caso en cuesti\u00f3n, debe declararse desierta, \u00absin que dicha consecuencia pueda predicarse como violatoria de derechos fundamentales, sino como desarrollo de los mismos al amparar el debido proceso a la totalidad de las partes en litigio\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque \u00abno ha vulnerado derecho alguno\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional de Tierras y el Municipio de Sogamoso tambi\u00e9n solicitaron su exclusi\u00f3n de esta actuaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que no son los encargados de atender las inconformidades exteriorizadas por la quejosa. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso indic\u00f3 que \u00abno debe accederse a la[s] pretensiones, pues\u2026 existe carencia de legitimaci\u00f3n, as\u00ed como desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n constitucional\u00bb, destacando que la gestora nunca adujo en el juicio fustigado la falta de vinculaci\u00f3n del Banco Central Hipotecario. <\/p>\n
5. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos – Seccional Sogamoso sostuvo no ser parte en la actuaci\u00f3n judicial recriminada ni tener ning\u00fan inter\u00e9s en ella. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada al considerar que \u00ablas autoridades accionadas actuaron con observancia del orden legal, y sin desbordar la discrecionalidad interpretativa en perjuicio de los intereses de la actora\u00bb, destacando que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de su apelaci\u00f3n no luce arbitraria, comoquiera que no la sustent\u00f3 dentro del t\u00e9rmino de traslado dispuesto en la segunda instancia para tal fin. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus argumentos iniciales, especialmente en el hecho de que, ante el a-quo criticado, present\u00f3 sustentaci\u00f3n escrita anticipada de su apelaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
2. Por ese trasegar, en los precisos casos en los cuales el funcionario cognoscente incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de amparo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, en este nivel se ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el fallador natural se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Corte la prosperidad de la impugnaci\u00f3n propuesta, comoquiera que el resguardo deprecado debi\u00f3 concederse, con alcance parcial, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la accionante, la autoridad ad-quem cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un nuevo escrito de sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el juzgado de primer rango, por cuanto en el mismo escrito con el cual el 3 de marzo de 2021 formul\u00f3 sus reparos concretos, los sustent\u00f3. <\/p>\n
3.1. Lo primero a se\u00f1alar es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, incoada contra la sentencia emitida por el a-quo el 25 de febrero de 2021, desde el mismo momento en que fue propuesta, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el Decreto 806 -pues este entr\u00f3 en vigencia el 4 de junio de 2020-, que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aquella norma, en su canon 14, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que con el decreto referido a espacio se busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones all\u00ed vertidas, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
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326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
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327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
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328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite; es decir, entend\u00eda como v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dijo: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema de oralidad que gobierna el comentado estatuto (criterio respaldado por la Corte Constitucional en SU-418\/19), al devenir improbable la sustituci\u00f3n de las intervenciones orales por escritas; sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural, como sucede con la vigencia del Decreto 806 de 2020, al estarse aqu\u00ed frente a una formalidad innecesaria en caso de haberse sustentado desde la primera instancia, merced a que esta \u00faltima norma, ins\u00edstase, no busca velar por la oralidad. <\/p>\n
Precisamente, la parte final del art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso impone a los falladores abstenerse de exigir y cumplir formalidades innecesarias, pues el norte del derecho procesal est\u00e1 en servir de instrumento para lograr la eficacia de las prerrogativas sustanciales. Esto se traduce en que en vigencia de la descrita codificaci\u00f3n adjetiva la segunda instancia deb\u00eda ser oral y, por tanto, se justificaba que la alzada tuviera que sustentarse necesariamente durante la audiencia que para tal efecto se convocara; por el contrario, como el Decreto 806 de 2020 fij\u00f3 la escrituralidad del segundo grado, deviene procedente que se tenga como v\u00e1lida la sustentaci\u00f3n que de esa manera se haga ante el juez a-quo. <\/p>\n
3.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 29 de julio de 2021 el Juzgado del Circuito convocado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que propusiera la accionante al concluir que no fue sustentada en segunda instancia, acorde al Decreto 806 de 2020; decisi\u00f3n que ratific\u00f3 el 23 de septiembre siguiente al desechar la solicitud de ilegalidad que, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de ese auto, propuso la censora. <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar la gesti\u00f3n de ese estrado judicial con los derroteros expuestos en precedencia, para establecer la incursi\u00f3n en el defecto procedimental aludido, pues al margen de que la tutelante sustentara o no su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencia se mostraba inviable porque, en \u00faltimas, cumpli\u00f3 la carga sustentatoria ante el juzgado a-quo, mediante escrito radicado dentro del t\u00e9rmino legal, comoquiera que para esta Corte, se itera, en el mismo no s\u00f3lo exterioriz\u00f3 sino que sustent\u00f3 sus reparos concretos. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado al Juzgado ad-quem accionado impidi\u00f3 que la quejosa obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del Decreto 806 de 2020 -en cuyo imperio se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el mentado juzgador, bajo una apreciaci\u00f3n de la norma procedimental que desatiende el deber de abstenerse de cumplir y exigir formalidades innecesarias, impuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda producirse de forma escrita (no oral), como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la accionante, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. En consecuencia, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado para, en su lugar, ordenar al Juzgado del Circuito convocado que, tras dejar sin efecto su decisi\u00f3n del 23 de septiembre \u00faltimo, adopte la que en derecho corresponda, conforme a las consideraciones atr\u00e1s vertidas. <\/p>\n
5. Finalmente, como lo concluido trae consigo la carencia de firmeza de la sentencia dictada por el a-quo en el asunto fustigado, por sustracci\u00f3n de materia, resulta inviable que por ahora la Corte se ocupe de los restantes cuestionamientos de la reclamante, en tanto que no le es dable anticiparse a los eventuales veredictos que al respecto y por ley le corresponde emitir al fallador natural. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso de Diana Chaparro Unibio. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sogamoso que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, tras dejar sin valor ni efecto la providencia que profiri\u00f3 el 23 de septiembre de 2021, junto todas las que de ella dependan, en el juicio de pertenencia impulsado por Zonia Edy Torres Mart\u00ednez contra Mar\u00eda Dioselina Fonseca Rodr\u00edguez (rad. 15759-40-53-001-2018-00316), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto a la solicitud de \u00abilegalidad\u00bb propuesta por la accionante frente al auto del pasado 29 de julio -dentro de su t\u00e9rmino de ejecutoria-, atendiendo lo consignado en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia. <\/p>\n
Segundo. Requerir al Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso para que, de tener en su poder el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja tutelar, proceda a remitirlo de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, al despacho referido a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero. En lo dem\u00e1s, se deniega la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Cuarto. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO<\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2021-00176-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que profirieron la providencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria revoc\u00f3 el fallo proferido el 28 de octubre de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la tutela que Diana Chaparro Unibio promovi\u00f3 en contra de los Juzgados Primero Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de Sogamoso. En consecuencia, concedi\u00f3 el amparo constitucional invocado y orden\u00f3 al \u00faltimo de los estrados mencionados que, tras dejar sin valor ni efecto el auto de 23 de septiembre de 2021, junto todos los que de \u00e9l dependieran, emitiera una nueva decisi\u00f3n respecto a la solicitud de \u00abilegalidadN propuesta por la accionante frente al prove\u00eddo del pasado 29 de julio, que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n formulada contra el fallo de primera instancia en el proceso de pertenencia n\u00ba 15759-40-53-001-2018-00316. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que sustent\u00f3, aduciendo, en lo principal, <\/p>\n
2 <\/p>\n
que K(…), anticipa la Corte la prosperidad de la impugnaci\u00f3n propuesta, comoquiera que el resguardo deprecado debi\u00f3 concederse, con alcance parcial, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la accionante, la autoridad ad-quem cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un nuevo escrito de sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el juzgado de primer rango, por cuanto en el mismo escrito con el cual el 3 de marzo de 2021 formul\u00f3 sus reparos concretos, los sustent\u00f3. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque con la expedici\u00f3n del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, <\/p>\n
K(..) se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que K[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto (…) 3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, Ka m\u00e1s tardarN, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite; es decir, entend\u00eda como v\u00e1lidas y vinculantes todas las <\/p>\n
3 <\/p>\n
atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
Luego de lo cual, concluy\u00f3, <\/p>\n
K(…) En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema de oralidad que gobierna el comentado estatuto (criterio respaldado por la Corte Constitucional en SU-418\/ 19), al devenir improbable la sustituci\u00f3n de las intervenciones orales por escritas; sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural, como sucede con la vigencia del Decreto 806 de 2020, al estarse aqu\u00ed frente a una formalidad innecesaria en caso de haberse sustentado desde la primera instancia, merced a que esta \u00faltima norma, ins\u00edstase, no busca velar por la oralidad. <\/p>\n
No comparto la determinaci\u00f3n, principalmente, porque el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por la actora. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, de conformidad con los arts. 322 y 327 del CGP, comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. <\/p>\n
4 <\/p>\n
Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 14 no estableci\u00f3 modificaci\u00f3n alguna mientras que para el siguiente s\u00ed, respecto de la sustentaci\u00f3n, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
En otras palabras, tales modificaciones privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia, cuya finalidad no es otra que Kevitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administraci\u00f3n de justicia a los despachos judiciales y notar\u00edas y, de esta forma, proteger su salud\u00bb, tambi\u00e9n permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y, las <\/p>\n
consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han<\/p>\n
variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de<\/p>\n
Ksustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el<\/p>\n
ad quem, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad<\/p>\n
prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin<\/p>\n
necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de Ksustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de <\/p>\n
5 <\/p>\n
deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, tambi\u00e9n integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a \u201ctodas las actuaciones\u201d del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este \u201cdebe adelantarse en la forma establecida en la ley\u201d\u2013arts. 29 CN; 7, 13 y 14 Ley 1564 de 2012-; y, hace visible el principio de preclusi\u00f3n, \u201cfundamental del derecho procesal en cuyo desarrollo se establecen las diferentes etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, as\u00ed, como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse\u201d (Corte Constitucional A 232-2001). Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
2.- Con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 V.gr. SC 4855 de 2014; STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
3.- Tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
4 . – Todo lo antes afirmado permite igualmente cole gir, en los t\u00e9rminos del art. 14 de la Ley 153 de 1887, que no se trata de revivir la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito que consagraba el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la que igualmente deb\u00eda hacerse \u00ab ante el juez o tribunal que… \u201e deb\u00eda \u00ab resolverlo \u201e sino, se itera, de una excepci\u00f3n provisional al principio de oralidad. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el amparo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n de l a recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador , lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
mi <\/p>\n
6 <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada discrepancia. <\/p>\n
~ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA<\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
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STC16894-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16894-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2021-00176-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Diana Chaparro Unibio frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60227","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60227","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60227"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60227\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60227"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60227"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60227"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}