STC16931-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16931-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04198-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria y el Fideicomiso Bd Cartagena Beach Club \u2013 Hotel promovieron contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los intervinientes en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor No. 11001319900320190271801. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las gestoras pidieron que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso en comento (19 ago. 2021), para que, en su lugar, se ordene al Tribunal accionado que acoja los fallos de la Corte Suprema de Justicia en los que se indica que la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n es un acto diferente al del escrito de reparos presentado ante el juez de primera instancia. <\/p>\n
Como soporte de su pretensi\u00f3n adujeron que Elvira Wasserman present\u00f3 en su contra acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero. La Delegatura para asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera resolvi\u00f3 negar las pretensiones de la demanda (15 de feb. 2021), dicha decisi\u00f3n fue apelada por la demandante quien radic\u00f3 ante la entidad un escrito en el que expuso sus reparos. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 admitir la alzada; adem\u00e1s, en esa misma providencia advirti\u00f3 que, conforme a lo indicado en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, el recurso deb\u00eda ser sustentado dentro de los 5 d\u00edas siguientes, vencidos los cuales la contraparte pod\u00eda descorrer el correspondiente traslado (3 jun. 2021). Indic\u00f3 que, a pesar de que la parte demandante guard\u00f3 silencio y no radic\u00f3 escrito alguno, el Cuerpo Colegiado, sin correr traslado alguno, profiri\u00f3 sentencia en la que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, declar\u00f3 no probadas las excepciones invocadas por las aqu\u00ed accionantes y, en consecuencia, conden\u00f3 a Acci\u00f3n Fiduciaria a pagar $76.596.643,58 (19 agosto 2021). <\/p>\n
Estimaron que, con la actuaci\u00f3n descrita, no tuvieron oportunidad de ejercer su derecho de contradicci\u00f3n y defensa dentro del tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n. Se\u00f1alaron, que Acci\u00f3n Fiduciaria present\u00f3 un incidente de nulidad contra la sentencia de segunda instancia, pero el mismo no fue pr\u00f3spero (23 septiembre 2021) y aunque instauraron recurso de s\u00faplica, la decisi\u00f3n se mantuvo inc\u00f3lume (13 octubre 2021). Precisaron que el Tribunal sostuvo que no ten\u00eda obligaci\u00f3n de correr traslado de los reparos, lo que a juicio de las accionantes vulner\u00f3 el principio de publicidad del proceso. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Tribunal de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 que se niegue el amparo, toda vez que la controversia planteada fue objeto de pronunciamiento al denegar la solicitud de nulidad formulada por las accionantes (23 septiembre 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el pasado ha sido abordado por esta Sala el estudio de la sustentaci\u00f3n anticipada del recurso de apelaci\u00f3n en contra de sentencias y en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, fruto de lo cual se ha establecido que, \u00absi bien existe un escenario propicio para tal ejercicio de justificaci\u00f3n, su presentaci\u00f3n anticipada, bajo las circunstancias legislativas actuales, podr\u00e1 ser de recibo siempre que se ofrezcan los elementos necesarios para que el superior resuelva de fondo la impugnaci\u00f3n.\u00bb (STC13326-2021). <\/p>\n
No obstante, llama ahora la atenci\u00f3n lo relativo a la oportunidad procesal destinada a que el no recurrente, o simplemente, la parte distinta a quien sustenta -para aquellos casos en que el n\u00famero de impugnantes es plural-, efect\u00fae su derecho de defensa y contradicci\u00f3n frente a los argumentos expuestos por el inconforme. <\/p>\n
Al respecto, no ofrece discusi\u00f3n el evento en el que, seg\u00fan el art\u00edculo 14 del Decreto en comento, el apelante fundament\u00f3 su alzada \u00abdentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u00bb al \u00abauto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas\u00bb pues en ese supuesto, \u00ab[d]e la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas\u00bb, de lo que fluye con nitidez la garant\u00eda al derecho del opositor. <\/p>\n
El debate gira, entonces, sobre aquellos casos en los que el recurrente fundament\u00f3 su opugnaci\u00f3n de forma anticipada a la prevista por el legislador, pues de ello podr\u00edan derivar distintas hip\u00f3tesis que, al margen de sus particularidades, no tienen la virtud de cercenar el derecho de contradicci\u00f3n que asiste constitucional y legalmente al no recurrente, como se pasa a exponer. <\/p>\n
Ciertamente, en virtud de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, as\u00ed como del principio de bilateralidad de la audiencia\u00b8 en todo litigio debe garantizarse la igualdad real de las partes sin que sea dable otorgar ventaja a alguna de ellas y mucho menos juzgar con desconocimiento de las etapas propias para escuchar los argumentos de los llamados a la litis, so pena de socavar en su debido proceso. De all\u00ed que pueda concluirse que, desde una perspectiva supralegal, el traslado de la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, sea anticipada o no, comporta un derecho subjetivo de los sujetos procesales distintos a quien fundamenta la alzada. <\/p>\n
Ahora bien, como si lo anterior no fuese suficiente para sostener el derecho que asiste al opositor del recurrente, bastar\u00eda con remitirse a la codificaci\u00f3n adjetiva actual que, a diferencia de la anterior, en su art\u00edculo 133, numeral 6\u00b0, consagr\u00f3 como causal de nulidad la omisi\u00f3n de \u00abla oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n o para sustentar un recurso o descorrer su traslado\u00bb. De lo que emerge con claridad la importancia que el novel legislador otorg\u00f3 a la oportunidad para que el opositor de una opugnaci\u00f3n expusiera sus argumentos respectivos. <\/p>\n
Establecido lo anterior, no queda duda que la omisi\u00f3n de la etapa respectiva comporta una irregularidad susceptible de ser alegada, por supuesto, ante el juez natural del asunto conforme a las reglas que gobiernan el r\u00e9gimen de las nulidades procesales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, valga precisar que es propio del juez de segundo grado acoger el tr\u00e1mite dispuesto en el mencionado Decreto sin perder de vista que, una vez admitida la alzada y vencido el t\u00e9rmino legal que tiene el apelante para sustentarla, debe proceder a examinar el asunto a fin de determinar si la sustentaci\u00f3n, prematura o no, tuvo lugar y derivar de ello las consecuencias respectivas, esto es, la deserci\u00f3n del recurso si no existi\u00f3 fundamentaci\u00f3n o el respectivo traslado por auto a las dem\u00e1s partes del juicio, previa resoluci\u00f3n final del asunto. <\/p>\n
Y ello debe ser as\u00ed porque es apenas obvio que el recurrente, a pesar de la opci\u00f3n que tiene sustentar ante el a quo, cuenta con el t\u00e9rmino de ley para reafirmar en segunda instancia su postura o modificarla en el sentido que considere m\u00e1s acorde a sus intereses. De esa forma, tambi\u00e9n emerge ostensible que s\u00f3lo cuando fenece ese t\u00e9rmino puede el no apelante conocer la totalidad de los asertos expuestos por su contraparte y, sobre ello, ejercer un adecuado derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Decir lo contrario ser\u00eda tanto como afirmar que quien no impugna tiene el deber de manifestarse en primera instancia sobre la eventual sustentaci\u00f3n de un recurso que, a decir verdad, ni siquiera se tiene certeza de si ser\u00e1 admitido o no por el ad quem. <\/p>\n
Y es que, bajo esa l\u00f3gica, mal se har\u00eda en predicar que la remisi\u00f3n que efect\u00fae el apelante de su sustentaci\u00f3n anticipada al no recurrente -deber de los apoderados (art. 78, num. 14 C\u00f3digo General del Proceso), conlleva indefectiblemente a que este deba pronunciarse de manera inmediata, pues como ya se dijo, para esa etapa procesal, la suerte del recurso se torna aun incierta por los diversos sucesos connaturales al tr\u00e1mite impugnaticio. <\/p>\n
En suma, como quiera que a la parte contraria de quien impugna le asiste el derecho de pronunciarse al respecto, trat\u00e1ndose de sustentaci\u00f3n de apelaci\u00f3n de sentencias conforme al Decreto Legislativo 806 de 2020, corresponde al juez de segundo grado, una vez fenecido el t\u00e9rmino legal para sustentar, verificar la existencia o no de dicha fundamentaci\u00f3n a fin de determinar, bien sea la deserci\u00f3n del recurso, o el traslado por auto al no recurrente, previa resoluci\u00f3n definitiva del asunto. <\/p>\n
2. Dado lo anterior y revisado el escrito de tutela se advierte que las censuras de las accionantes se circunscriben a que el Tribunal, para decidir la alzada, tuviese en cuenta los reparos formulados en primera instancia y que pretermitiera la oportunidad para referirse a los argumentos de la parte recurrente. <\/p>\n
2.1. Respecto de la primera queja, se desprende del expediente cuestionado que el recurso de apelaci\u00f3n presentado por Elvira Wasserman fue sustentado de forma prematura, dado que ante la Superintendencia que actu\u00f3 como juez de primera instancia ella se\u00f1al\u00f3, en esencia, que Acci\u00f3n Fiduciaria incumpli\u00f3 su deber legal y contractual de informaci\u00f3n, toda vez que no le remiti\u00f3 los informes semestrales a los que se oblig\u00f3 en la cl\u00e1usula d\u00e9cimo s\u00e9ptima del contrato de fiducia. <\/p>\n
Situaci\u00f3n suficiente para develar que, aun cuando no es la forma id\u00f3nea, la sustentaci\u00f3n anticipada tuvo lugar y, en ese sentido, se deb\u00eda salvaguardar el derecho de impugnaci\u00f3n de la parte y se impon\u00eda al ad quem el deber de resolver la respectiva alzada por ofrecerse los motivos suficientes para entrever la inconformidad. De all\u00ed que el tropiezo del resguardo frente a este particular no se haga esperar pues la conducta del Tribunal que criticaron las censoras no luce irreflexiva y, por el contrario, se enmarca dentro de la postura jurisprudencial mayoritaria que rige la materia, como se dej\u00f3 expuesto en precedencia. <\/p>\n
2.2. Ahora, en lo que ata\u00f1e al segundo reproche relativo a la omisi\u00f3n del traslado al no recurrente de la sustentaci\u00f3n del apelante y, a pesar de lo expuesto en precedencia, para el caso concreto se impone la improcedencia del auxilio como quiera que las gestoras aun cuentan con mecanismos de defensa judicial para exponer su causa, situaci\u00f3n que impide la intervenci\u00f3n constitucional so pena de soslayar el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, a pesar de que las promotoras adujeron haber solicitado la nulidad de la actuaci\u00f3n censurada y la misma fue desatada de forma desfavorable, lo cierto es que el art\u00edculo 355, numeral 8, del C\u00f3digo General del Proceso consagra como causal del recurso extraordinario de revisi\u00f3n el hecho de \u00ab[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb, de lo que se colige con facilidad el desconocimiento del car\u00e1cter excepcional y subsidiario de este mecanismo constitucional sobre el cual se ha reiterado que: <\/p>\n
no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (STC7560-2018, reiterado en STC9581-2021). <\/p>\n
3. En suma, como quiera que la decisi\u00f3n de tramitar la alzada conforme a la sustentaci\u00f3n anticipada hecha por la parte apelante no luce irrazonable, y dado que las gestoras aun cuentan con mecanismos de defensa judicial para ventilar su inconformidad, no queda alternativa diferente a desestimar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria y el Fideicomiso Bd Cartagena Beach Club \u2013 Hotel. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria neg\u00f3 la tutela que Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria y el Fideicomiso Bd Cartagena Beach Club \u2013 Hotel promovieron en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para que se le ordenara acoger los fallos de la Corte Suprema de Justicia en los que se indica que la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n es un acto diferente al escrito de reparos presentado ante el juez de primera instancia. Ello, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero que Elvira Wasserman inco\u00f3 en su contra (rad. 11001319900320190271801). <\/p>\n
A efectos de adoptar esa decisi\u00f3n, advirti\u00f3 que las inconformidades de las precursoras se circunscribieron a que la Magistratura reprochada, para solventar la alzada, tuvo en cuenta los reparos formulados en primera instancia y que les cercen\u00f3 la oportunidad para referirse a los argumentos de la parte recurrente. <\/p>\n
Luego de lo cual, cit\u00f3 el precedente de esta Corporaci\u00f3n sobre la sustentaci\u00f3n anticipada del recurso de apelaci\u00f3n de sentencia, vertido en la STC13326-2021, seg\u00fan el cual: \u00absi bien existe un escenario propicio para tal ejercicio de justificaci\u00f3n, su presentaci\u00f3n anticipada, bajo las circunstancias legislativas actuales, podr\u00e1 ser de recibo siempre que se ofrezcan los elementos necesarios para que el superior resuelva de fondo la impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Precisando, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es propio del juez de segundo grado acoger el tr\u00e1mite dispuesto en el mencionado Decreto (806 de 2020) sin perder de vista que, una vez admitida la alzada y vencido el t\u00e9rmino legal que tiene el apelante para sustentarla, debe proceder a examinar el asunto a fin de determinar si la sustentaci\u00f3n, prematura o no, tuvo lugar y derivar de ello las consecuencias respectivas, esto es, la deserci\u00f3n del recurso si no existi\u00f3 fundamentaci\u00f3n o el respectivo traslado por auto a las dem\u00e1s partes del juicio, previa resoluci\u00f3n final del asunto\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, afirm\u00f3 que no tiene discusi\u00f3n que, en el evento en el que, seg\u00fan el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 el apelante fundamente su alzada dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u00bb al \u00abauto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas\u00bb pues en ese supuesto, \u00ab[d]e la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas\u00bb, fluye con nitidez la garant\u00eda al derecho del opositor; empero, aclar\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abCiertamente, en virtud de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, as\u00ed como del principio de bilateralidad de la audiencia\u00b8 en todo litigio debe garantizarse la igualdad real de las partes sin que sea dable otorgar ventaja a alguna de ellas y mucho menos juzgar con desconocimiento de las etapas propias para escuchar los argumentos de los llamados a la litis, so pena de socavar en su debido proceso. De all\u00ed que pueda concluirse que, desde una perspectiva supralegal, el traslado de la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, sea anticipada o no, comporta un derecho subjetivo de los sujetos procesales distintos a quien fundamenta la alzada. <\/p>\n
Establecido lo anterior, no queda duda que la omisi\u00f3n de la etapa respectiva comporta una irregularidad susceptible de ser alegada, por supuesto, ante el juez natural del asunto conforme a las reglas que gobiernan el r\u00e9gimen de las nulidades procesales (\u2026). <\/p>\n
Y es que, bajo esa l\u00f3gica, mal se har\u00eda en predicar que la remisi\u00f3n que efect\u00fae el apelante de su sustentaci\u00f3n anticipada al no recurrente -deber de los apoderados (art. 78, num. 14 C\u00f3digo General del Proceso), conlleva indefectiblemente a que este deba pronunciarse de manera inmediata, pues como ya se dijo, para esa etapa procesal, la suerte del recurso se torna aun incierta por los diversos sucesos connaturales al tr\u00e1mite impugnaticio\u00bb. <\/p>\n
Ubicada la Colegiatura en el caso concreto, frente a la primera queja, coligi\u00f3 que, como el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Elvira Wasserman fue sustentado de forma prematura, esa, era una <\/p>\n
\u00absituaci\u00f3n suficiente para develar que, aun cuando no es la forma id\u00f3nea, la sustentaci\u00f3n anticipada tuvo lugar y, en ese sentido, se deb\u00eda salvaguardar el derecho de impugnaci\u00f3n de la parte y se impon\u00eda al ad quem el deber de resolver la respectiva alzada por ofrecerse los motivos suficientes para entrever la inconformidad. De all\u00ed que el tropiezo del resguardo frente a este particular no se haga esperar pues la conducta del Tribunal que criticaron las censoras no luce irreflexiva y, por el contrario, se enmarca dentro de la postura jurisprudencial mayoritaria que rige la materia, como se dej\u00f3 expuesto en precedencia. <\/p>\n
Y en lo que concierne al segundo reproche – relativo a la omisi\u00f3n del traslado al no recurrente de la sustentaci\u00f3n del apelante \u2013 infiri\u00f3 la improcedencia del auxilio \u00abcomo quiera que las gestoras aun cuentan con mecanismos de defensa judicial para exponer su causa, situaci\u00f3n que impide la intervenci\u00f3n constitucional so pena de soslayar el presupuesto de subsidiariedad\u00bb, en tanto \u00abel art\u00edculo 355, numeral 8, del C\u00f3digo General del Proceso consagra como causal del recurso extraordinario de revisi\u00f3n el hecho de \u00ab[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb, de lo que se colige con facilidad el desconocimiento del car\u00e1cter excepcional y subsidiario de este mecanismo constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No comparto la determinaci\u00f3n, \u00fanicamente en lo que a la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n ante el a quo se refiere, porque en mi opini\u00f3n, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por las actoras. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- La tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra resoluciones judiciales comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n \u2013 (Arts. 322 y 327 del CGP). <\/p>\n
Ahora, la modificaci\u00f3n que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, lo fue respecto de la \u00absustentaci\u00f3n\u00bb, que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito. <\/p>\n
Pero, en mi criterio, esa \u00absustentaci\u00f3n\u00bb en todo caso, debe hacerse una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita exclusivamente al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
Y, es que, si como qued\u00f3 dicho, \u00abla apelaci\u00f3n de sentencias comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas\u00bb, no puede inferirse como lo hace la Sala Mayoritaria, que \u00ab(\u2026) si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ello, porque con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 v. gr. SC 4855 de 2014, STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
2.- La \u00abcarga de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, en oportunidad, ante su destinatario leg\u00edtimo, esto es, el juez de segunda instancia a quien le fue asignada la competencia para esta actuaci\u00f3n, tampoco ri\u00f1e con el principio-derecho de la doble instancia en tanto reconocido constitucionalmente el margen de \u00abconfiguraci\u00f3n legislativa\u00bb con que cuenta el legislador, cuando este le impone l\u00edmites a ese principio-derecho \u201c\u2026, es viable que consagre cargas procesales, entendidas como aquellas situaciones que exigen una conducta de realizaci\u00f3n facultativa establecida en inter\u00e9s del propio sujeto y cuya omisi\u00f3n reporta una consecuencia desfavorable como, por ejemplo, la preclusi\u00f3n de una oportunidad o un derecho procesal o inclusive hasta la p\u00e9rdida del derecho sustancial sometido a la litis. Significa lo anterior que supone un proceder potestativo del sujeto con inter\u00e9s propio y que en caso de incumplimiento acarrea una consecuencia que puede limitar derechos fundamentales\u201d (C-337 junio 29 de 2016). <\/p>\n
3.- Tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la \u00abcarga de sustentaci\u00f3n\u00bb si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su \u00abcumplimiento\u00bb y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16931-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16931-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04198-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria y el Fideicomiso Bd Cartagena […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60229","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60229","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60229"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60229\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60229"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}