STC17167-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC17167-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2021-04550-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala del quince de diciembre de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Prenar S.A.S. le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y al Juzgado Cuarto Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Pasto, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 52001 31 03 004 2015 00134 00\/01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se ordenara a la Magistratura acusada \u00abrevocar la sentencia del 02 julio de 2021\u00bb y, por ende, emitir una \u00abnueva decisi\u00f3n ajustada las normas de procedimiento vigentes, al principio de congruencia y a los medios de prueba decretados y practicados al interior del proceso judicial, lo cual lleva a concluir que en este caso no existe una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible a favor de BANCOLOMBIA S.A.\u00bb. <\/p>\n
Como soporte de ello, indic\u00f3 que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de Bancolombia S.A., en su contra y de Mar\u00eda del Socorro Coral Guerrero por $512.148.525 y $30.690.099, correspondientes al capital e intereses de mora contenidos en los pagar\u00e9s n\u00ba 8780081192 y el sin n\u00famero suscrito el 1\u00ba de marzo de 2010, respectivamente (11 ag. 2015), determinaci\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume al no encontrar probada la \u00abexcepci\u00f3n previa de cosa juzgada\u00bb, disponiendo adem\u00e1s, la desvinculaci\u00f3n de Coral Guerrero de acuerdo con lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 545 del C\u00f3digo General del Proceso (2 mar. 2016). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que luego, decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial y requiri\u00f3 al Banco para que allegara la documentaci\u00f3n relacionada con los cr\u00e9ditos ejecutados (14 jun. 2017), pero ante la renuencia de aqu\u00e9l frente a las varias intimaciones del juzgador, le impuso multa de 8 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes (12 jul. y 20 sep. 2017, y 18 dic. 2018) y, orden\u00f3, oficiosamente una inspecci\u00f3n judicial en aras de materializar tal objetivo, que se llev\u00f3 a cabo el 21 de junio de 2019, lo que permiti\u00f3 que se rindiera el concepto t\u00e9cnico (29 ag.). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en dicho juicio se declararon no probadas las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u201ccosa juzgada\u201d, \u201ccobro de lo no debido\u201d, \u201ccompensaci\u00f3n\u201d y la \u201cinnominada o gen\u00e9rica\u201d, y se dispuso seguir adelante el cobro (28 feb. 2020,), veredicto que el Tribunal de Pasto modific\u00f3 para declarar demostrado el \u00abcobro de lo no debido\u00bb y variar el m\u00e9rito ejecutivo, en el sentido de establecer que las sumas debidas eran $410.253.545 por el \u00abpagar\u00e9 n\u00ba 8780081192\u00bb y, $30.690.099 por el otro (2 jul. 2021). <\/p>\n
Acus\u00f3 al ad quem de incurrir en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb por \u00abdefecto f\u00e1ctico, probatorio y de procedimiento\u00bb, comoquiera que: <\/p>\n
i) Valor\u00f3 inadecuadamente la experticia en la que se precis\u00f3 que no se encontraba acreditado el desembolso de los cr\u00e9ditos contenidos en el t\u00edtulo valor, pese a que no fue infirmada ni objetada. <\/p>\n
ii) No impuso las sanciones procesales contempladas en el art\u00edculo 238 del C.G.P., ya que no calific\u00f3 la conducta renuente de la entidad bancaria, ni dio por \u00abciertos los hechos objeto de dictamen\u00bb. <\/p>\n
iii) No tuvo en cuenta que la existencia de las obligaciones reclamadas no estaba demostrada, a m\u00e1s que no eran \u00abclaras, expresas ni exigibles\u00bb. <\/p>\n
iv) Pas\u00f3 por alto que el \u00abcr\u00e9dito\u00bb demandado fue objeto de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
v) Profiri\u00f3 un fallo \u00abextra petita\u00bb, porque sigui\u00f3 adelante la ejecuci\u00f3n \u00abpor el valor contenido en cuatro pagar\u00e9s [y diferentes tarjetas de cr\u00e9dito que se recogieron en el t\u00edtulo ejecutado, pero] que NO fueron objeto de la demanda\u00bb, pues en la misma se afirm\u00f3 que la cartular base del coercitivo tan s\u00f3lo garantizaba el pago del \u00abcr\u00e9dito para adquisici\u00f3n de veh\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
vi) Desconoci\u00f3 que de cara a las excepciones propuestas que la carga de la prueba reca\u00eda en el ejecutante, quien no prob\u00f3 el desembolso del \u00abcr\u00e9dito para adquisici\u00f3n de veh\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal relat\u00f3 lo surtido en el juicio controvertido, y se opuso a la prosperidad del resguardo, en vista que \u00abla decisi\u00f3n objeto de reparo (\u2026) no est\u00e1 imbuida de los defectos que se acusa\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado del Circuito defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, resaltando que \u00abel accionante busca controvertir el escenario constitucional en otra instancia de decisi\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que la salvaguarda instada no puede abrirse paso, debido a que la sentencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto (2 jul. 2021), que modific\u00f3 la de 28 de febrero de 2020, para declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abcobro de lo no debido\u00bb y variar la orden de pago expedida el 11 de agosto de 2015, en el sentido de \u00abque las sumas de dinero a pagar por parte de la ejecutada, son\u00bb: 1) \u00abPor el pagar\u00e9 No. 8780081192, (\u2026) ($410.253.545) por concepto de capital, m\u00e1s intereses de mora (\u2026)\u00bb y, 2) \u00abPor el pagar\u00e9 sin n\u00famero, suscrito el 1\u00b0 de marzo de 2010, (\u2026) ($30.690.099), por concepto de capital, m\u00e1s intereses de mora (\u2026)\u00bb, no luce antojadiza ni arbitraria; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb la configuraci\u00f3n de la excepci\u00f3n denominada \u00abcobro de lo no debido\u00bb. <\/p>\n
En efecto, para llegar a dicha conclusi\u00f3n, sostuvo que <\/p>\n
los t\u00edtulos valores revestidos de las condiciones de incorporaci\u00f3n, literalidad, legitimaci\u00f3n y autonom\u00eda, constituyen t\u00edtulos ejecutivos por excelencia, en tanto contienen obligaciones claras, expresas y exigibles contenidas en un documento, que en s\u00ed mismas consideradas conforman prueba suficiente de la existencia del derecho de cr\u00e9dito y, en consecuencia, de la exigibilidad judicial del mismo. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abNo obstante, existe una causal de oposici\u00f3n a la acci\u00f3n cambiaria derivada del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo\u00bb, que en el sub judice se invoc\u00f3 bajo la denominaci\u00f3n de \u00abcobro de lo no debido\u00bb y repercute en la din\u00e1mica de la carga probatoria, ya que \u00absi el deudor pretende negar la exigibilidad de la obligaci\u00f3n cambiaria, deber\u00e1 demostrar fehacientemente que la literalidad del t\u00edtulo se ve afectada por las particularidades del negocio subyacente\u00bb. <\/p>\n
Esboz\u00f3 que Prenar S.A. s\u00ed cumpli\u00f3 con tal labor al paso que acredit\u00f3 los supuestos de hecho en que ciment\u00f3 las defensas, si se tiene en cuenta que alleg\u00f3 material probatorio que evidenci\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) que el cr\u00e9dito aqu\u00ed cobrado no se adquiri\u00f3 para respaldar la compra de un veh\u00edculo como se asever\u00f3 en la demanda, sino que el pagar\u00e9 base de recaudo recoge otras obligaciones monetarias contra\u00eddas con Bancolombia S.A.; adem\u00e1s, solicit\u00f3 (\u2026) la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial con el cual pretendi\u00f3 demostrar el \u201ccobro de lo no debido\u201d, ante un presunto cobro de intereses sobre intereses o capitalizaci\u00f3n de los mismos y fue con ocasi\u00f3n de dicha petici\u00f3n que el Juez A quo decret\u00f3 la prueba e impuso, (\u2026) a la ejecutante, el deber de colaboraci\u00f3n (\u2026) [para} allegar los soportes contables de la obligaci\u00f3n perseguida. <\/p>\n
No es entonces que, a la parte ejecutante, en principio, le corresponda acreditar la exigibilidad o claridad de la obligaci\u00f3n contenida en el t\u00edtulo valor, sino que, en este caso espec\u00edfico, ante la prueba decretada a instancia de la parte ejecutada, fue que se le solicit\u00f3 a Bancolombia S.A. que allegara unos documentos espec\u00edficos con el fin de elaborar el dictamen pericial decretado. <\/p>\n
Despu\u00e9s, acot\u00f3 que el a quo \u00abimpuso multa en contra de la ejecutada por no colaborar con la informaci\u00f3n solicitada\u00bb, pero no valor\u00f3 \u00absu conducta como un indicio grave en su contra, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 250 de[l C.P.C.]\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, advirti\u00f3 que la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 n\u00ba 8780081192 \u00abno se desembols\u00f3 porque aquel fue destinado al pago de 14 obligaciones m\u00e1s\u00bb y, el negocio jur\u00eddico subyacente estaba demostrado y correspond\u00eda al \u00abmutuo con intereses respaldado con t\u00edtulos valores, as\u00ed como [a] la adquisici\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito y no [a] la compra de un veh\u00edculo automotor como se indic\u00f3 inicialmente en la demanda (\u2026). <\/p>\n
Adem\u00e1s, aclar\u00f3 que de acuerdo con la documental aportada por el demandante y el concepto t\u00e9cnico rendido por el auxiliar de la justicia, <\/p>\n
(\u2026) cuatro de las obligaciones contenidas en el pagar\u00e9 base de recaudo se encuentran documentadas en otros pagar\u00e9s, evidenci\u00e1ndose que respecto de ellas la entidad Bancaria no cobr\u00f3 intereses sobre intereses; correspondiendo dichas obligaciones a las siguientes carteras: <\/p>\n
– No. 8780080945 por valor de $344.700.000,00 <\/p>\n
– No. 8780081088 por valor de $36.665.145,00 <\/p>\n
– No. 8780081114 por valor de $18.888.400,00 <\/p>\n
– No. 8780081120 por valor de $10.000.000,00 <\/p>\n
No obstante, se desconocen los datos y particularidades de las 10 carteras restantes, porque ciertamente, no se alleg\u00f3 suficiente documentaci\u00f3n respecto de ellas por parte de Bancolombia S.A. pese a haber informado en el proceso que la informaci\u00f3n aportada era toda con la cual contaba la entidad financiera; circunstancia que no fue tenida en cuenta por el se\u00f1or Juez de primera instancia. <\/p>\n
Por ejemplo, respecto de las carteras No. 87881001858, 87881001904, 87881001934, 87881001992, 87881002035 y 87881002103 lo aportado por Bancolombia fueron unas tablas contenidas en unas hojas en blanco, que ni siquiera cuentan con un logo de la entidad bancaria que identifique su procedencia, sin firma alguna que permita tener certeza al menos sobre qui\u00e9n es el deudor y c\u00f3mo se adquiri\u00f3 tal obligaci\u00f3n. Lo anterior es importante, porque dos de las carteras correspondientes a los No. 513099524047077 y 513099562503692 al parecer corresponden a una tarjeta de cr\u00e9dito a nombre del se\u00f1or Guillermo Guerrero, quien no es parte dentro del presente litigio. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la cartera No. 513090420286661 corresponde posiblemente a una tarjeta de cr\u00e9dito a nombre de la se\u00f1ora MAR\u00cdA DEL SOCORRO CORAL GUERRERO y por \u00faltimo, de la cartera No. 83877090291 no se aport\u00f3 documento alguno que refleje el origen y estado del cr\u00e9dito. <\/p>\n
En ese orden, coligi\u00f3 que, si bien, se encuentra acreditada la existencia de \u00abrelaciones comerciales entre las partes que han derivado en varios t\u00edtulos valores y en diferentes tarjetas de cr\u00e9dito\u00bb, cuyas obligaciones est\u00e1n contenidas en \u00abun solo pagar\u00e9 que material y formalmente cumple con los requisitos para (\u2026) [ser] exigible\u00bb, cierto es que, <\/p>\n
(\u2026) a lo largo del proceso, con ocasi\u00f3n de las excepciones formuladas por la parte ejecutada, se recaudaron una serie de pruebas, incluido el dictamen pericial, que permiten concluir que la demandada no est\u00e1 obligada a pagar a la ejecutante por concepto de capital el valor de $512.148.525 respecto del pagar\u00e9 No. 8780081192, sino \u00fanicamente la suma de los valores correspondientes a las cuatro primeras carteras enunciadas en el documento denominado \u201canexo de operaci\u00f3n activa\u201d que asciende a la suma de $410.253.545, dado que solamente de ellas se tiene certeza y claridad, pues corresponden a cuatro pagares suscritos tambi\u00e9n por la ejecutada, los cuales cumplen con los requisitos de ley y se encuentran incorporados al expediente. No sucede lo mismo con las 10 carteras restantes, pues no hay prueba suficiente de dichas obligaciones en plenario (\u2026); siendo ello atribuible a la entidad ejecutante, quien teniendo la posibilidad de allegar al juicio los soportes correspondientes, se abstuvo de hacerlo, debiendo por ende soportar las consecuencias que ello comporta. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere la sedicente, que busca imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, sin que dicho anhelo se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00, STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- Finalmente, en punto al cuestionamiento relativo a que se no tuvo en cuenta que la obligaci\u00f3n ejecutada hab\u00eda sido objeto de \u00abconciliaci\u00f3n\u00bb, la Sala precisa que tal defensa sirvi\u00f3 de sustento a la excepci\u00f3n previa de \u00abcosa juzgada\u00bb, que se declar\u00f3 no probada mediante prove\u00eddo de 2 de marzo de 2016, decisi\u00f3n respecto de la cual se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el requisito temporal que impera en esta sui generis justicia, en la medida que entre la fecha de dicha providencia y la formulaci\u00f3n de la demanda superlativa (6 dic. 2021), transcurrieron m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os y nueve (9) meses; esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han apreciado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Prenar S.A.S.. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC17167-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC17167-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2021-04550-00 (Aprobado en Sala del quince de diciembre de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la tutela que Prenar S.A.S. le instaur\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60236","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60236"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60236\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}