STC17172-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17172-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04381-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Pablo Carvajal Puyana y Carvajal Peralta S.A.S., en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Tercero Civil Del Circuito de esa ciudad; a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en concreto, \u201cse ordene continuar\u201d con el litigio materia de resguardo. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Con ocasi\u00f3n del laudo arbitral de fecha 13 de marzo de 2020, Juan Pablo Carvajal Puyana y Carvajal Peralta S.A.S., incoaron demanda ejecutiva contra Urbanizadora David Puyana S.A. \u201cUrbanas S.A.\u201d en Reorganizaci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de ese asunto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
2.2. Aseveran los quejosos que, el 15 de julio de 2020, el referido despacho rechaz\u00f3 el libelo, \u201cpor considerar que seg\u00fan el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006 no es posible admitir demandas ejecutivas contra las empresas que se encuentren en procesos de reorganizaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.3. Afirman que luego de desatado los recursos impetrados frente a esa determinaci\u00f3n, el referido estrado emiti\u00f3 mandamiento de pago por las sumas dinerarias se\u00f1aladas en el documento base de recaudo y decret\u00f3 las medidas cautelares deprecadas. <\/p>\n
2.4. Aducen que la all\u00ed ejecutada recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la comentada orden de apremio, remedio zanjado el 2 de diciembre de 2020, de forma favorable al extremo pasivo, pues se decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el aludido decurso, y se dispuso \u201crechazar la demanda ejecutiva y remitir el expediente a la Superintendencia de Sociedades\u201d. <\/p>\n
2.5. Manifiestan que incoaron reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n, siendo desestimado el recurso horizontal y denegada la alzada por improcedente. <\/p>\n
2.6. Sostienen que el 19 de julio de 2021, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga declar\u00f3 bien denegado el remedio vertical intentado. <\/p>\n
2.7. Se duelen lo promotores porque, en su sentir, los convocados incurrieron en <\/p>\n
\u201c(\u2026) una GRAVE IRREGULARIDAD PROCESAL toda vez que el Juez de primera instancia, como el Magistrado que desat\u00f3 la apelaci\u00f3n, se apartaron del del texto legislativo expreso que regula la situaci\u00f3n puesta a conocimiento de ellos, esto es el art\u00edculo 71 de la Ley 1116 de 2006, el cual es perentorio en indicar que las obligaciones causadas con POSTERIORIDAD al inicio del proceso concursal gozan de preferencia sobre las acreencias que hacen parte del pasivo objeto de concurso, e inclusive pueden exigirse de forma coactiva (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga se opuso al ruego resaltando la legalidad de su proceder. <\/p>\n
2. El tribunal criticado realiz\u00f3 un resumen de sus actuaciones y adujo que esa corporaci\u00f3n \u201cen modo alguno incurri\u00f3 en afectaci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales invocadas por los aqu\u00ed accionantes\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que de las decisiones cuestionadas se descarta la vulneraci\u00f3n alegada en este amparo. <\/p>\n
N\u00f3tese, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga en prove\u00eddo de 2 de diciembre de 2020, al declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del compulsivo bajo estudio, y rechazar la demanda ejecutiva incoada en ese asunto, expres\u00f3 razonadamente los motivos por los cuales proced\u00eda de esa manera. En efecto, ese despacho consign\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Obra en el plenario certificado de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. \u201cURBANAS S.A.\u201d, donde aparece registrado que mediante auto 400-002899 del 09 de abril de 2019, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES de BOGOT\u00c1 D.C., la admiti\u00f3 en REORGANIZACI\u00d3N\u201d. <\/p>\n
\u201cPues bien, el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006 ordena que a partir de la fecha de inicio de la REORGANIZACI\u00d3N, NO puede admitirse NI continuarse demanda de ejecuci\u00f3n o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. As\u00ed mismo prev\u00e9, que el Juez o funcionario competente, declarar\u00e1 de plano la nulidad de las actuaciones surtidas en contravenci\u00f3n a lo prescrito, por auto que NO tendr\u00e1 recurso alguno\u201d. <\/p>\n
\u201cDe otra parte, del Lauro Arbitral se aprecia que no obstante librarse el 13 de marzo de 2020, el tr\u00e1mite que condujo q \u00e9l empez\u00f3 el d\u00eda 22 de marzo de 2019 es decir, antes del inicio del proceso de REORGANIZACI\u00d3N, lo que implica que las sumas ejecutadas NO pueden considerarse como una obligaci\u00f3n nueva, y mucho menos como gastos de administraci\u00f3n con fundamento en los art\u00edculos 22 inciso segundo y art\u00edculo 71 de la Ley 1116 de 2006, como lo pretende la parte actora\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas se ajustar\u00e1 nuestro obrar a las riendas propias del debido proceso, por consiguiente, se decretar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado desde el auto que libro mandamiento de pago inclusive, por encontrarse en contrav\u00eda de lo establecido en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, pues qued\u00f3 claro que la sociedad URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. \u201cURBANAS S.A.\u201d se encuentra en REORGANIZACI\u00d3N, y adem\u00e1s porque los valores ejecutados NO corresponden a una obligaci\u00f3n nueva NI pueden catalogarse como gastos de administraci\u00f3n. Consecuentemente se rechazar\u00e1 la demanda que nos ocupa para ordenar su env\u00edo a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES para su debida incorporaci\u00f3n al proceso concursal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otro lado, el tribunal confutado al declarar bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n incoado contra el auto que rechaz\u00f3 la comentada demanda ejecutiva, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n respecto de la cual el citado recurrente pide se conceda el recurso de apelaci\u00f3n es el auto dictado el 2 de diciembre de 2020 por el que se declar\u00f3 nulo lo actuado al interior de este proceso, incluido el mandamiento de pago del 16 de octubre de 2020, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, comoquiera que desde el 9 de abril de 2019 la empresa demandada se encuentra en estado de reorganizaci\u00f3n ante la Superintendencia de Sociedades\u201d. <\/p>\n
\u201cEn tal sentido, de inmediato se determina que la queja que nos re\u00fane no goza de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues pese a que pudiera pensarse que de acuerdo con el numeral 6 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, el interlocutorio del 2 de diciembre de 2020, en principio, es susceptible de ser acusado v\u00eda recurso de apelaci\u00f3n, lo cierto es que por expreso mandato del legislador, esa particular decisi\u00f3n no admite recurso alguno, pues as\u00ed est\u00e1 contemplado de manera di\u00e1fana en el ya mencionado art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, cuyo contenido se transcribe a continuaci\u00f3n:\u201d <\/p>\n
\u201cNuevos procesos de ejecuci\u00f3n y procesos de ejecuci\u00f3n en curso. A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n no podr\u00e1 admitirse ni continuarse demanda de ejecuci\u00f3n o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. As\u00ed, los procesos de ejecuci\u00f3n o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, deber\u00e1n remitirse para ser incorporados al tr\u00e1mite y considerar el cr\u00e9dito y las excepciones de m\u00e9rito pendientes de decisi\u00f3n, las cuales ser\u00e1n tramitadas como objeciones, para efectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n y las medidas cautelares quedar\u00e1n a disposici\u00f3n del juez del concurso, seg\u00fan sea el caso, quien determinar\u00e1 si la medida sigue vigente o si debe levantarse, seg\u00fan convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendaci\u00f3n del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada\u201d. <\/p>\n
\u201cEl Juez o funcionario competente declarar\u00e1 de plano la nulidad de las actuaciones surtidas en contravenci\u00f3n a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendr\u00e1 recurso alguno\u201d. <\/p>\n
\u201cEl promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual o conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, para lo cual bastar\u00e1 aportar copia del certificado de la C\u00e1mara de Comercio, en el que conste la inscripci\u00f3n del aviso de inicio del proceso, o de la providencia de apertura. El Juez o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores incurrir\u00e1 en causal de mala conducta\u201d. <\/p>\n
\u201cCon raz\u00f3n, entonces, el Juez competente se abstuvo de conceder a alzada interpuesta por el demandado, negativa que, se ajusta a los lineamientos establecidos en la norma especial ya vista, conclusi\u00f3n suficiente para desestimar el recurso de queja analizado\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo aqu\u00ed planteado por los tutelantes es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada interpret\u00f3 las disposiciones especiales que regulan el tema de procesos ejecutivos incoados contra sociedades en reorganizaci\u00f3n, luego de admitido el respectivo proceso concursal; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u201cm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (\u2026) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u201d. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al tema aqu\u00ed expuesto, esta Corte ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]uego de la declaratoria de insolvencia, las deudas que adquiera la sociedad concursada tendr\u00e1n la connotaci\u00f3n de \u201cgastos de administraci\u00f3n\u201d y ser\u00e1n pagados de forma preferente seg\u00fan lo estatuido en el art\u00edculo 71 de la Ley 1116 de 2006\u201d1. <\/p>\n
\u201cPara hacer efectivas tales obligaciones, el acreedor cuenta con la posibilidad de exigirlas compulsivamente ante el mismo juez del concurso, m\u00e1s no frente a otro estrado, pues la norma se\u00f1ala que las ejecuciones, iniciadas respecto a la empresa objeto de liquidaci\u00f3n, deber\u00e1n remitirse al ritual de insolvencia so pena de incurrirse en nulidad, y ello por virtud del principio de la universalidad\u201d. <\/p>\n
\u201cAl punto, esta Corporaci\u00f3n adoctrin\u00f3:\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para la Sala, el referido canon 71 de la Ley 1116 de 2006, precisa el car\u00e1cter preferencial de todo cr\u00e9dito configurado luego del inicio del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sobre el particular, la Corte ha manifestado: (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) La norma citada no dice que s\u00f3lo tienen preferencia los gastos de administraci\u00f3n causados con posterioridad al inicio del proceso de insolvencia, sino que toda obligaci\u00f3n que se origine despu\u00e9s de ese momento se reputar\u00e1, necesariamente, como un gasto de administraci\u00f3n cuyo pago deber\u00e1 prevalecer sobre los cr\u00e9ditos que est\u00e1n cobijados por el tr\u00e1mite concursal. Es decir que el criterio diferenciador es meramente objetivo porque obedece al tiempo de generaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, sin ninguna otra consideraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los gastos de administraci\u00f3n dicen relaci\u00f3n a todos aquellos cr\u00e9ditos que se causan como consecuencia del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n judicial, seg\u00fan sea el caso, tales como la remuneraci\u00f3n del promotor o liquidador y de los auxiliares que se requieran. Tambi\u00e9n comprenden las expensas necesarias para el mantenimiento o funcionamiento de la empresa, las deudas contra\u00eddas por el representante del tr\u00e1mite de insolvencia en ejercicio de sus funciones y, todas aquellas obligaciones contractuales y legales que adquiera la entidad durante el desarrollo del proceso de reorganizaci\u00f3n o liquidaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De ah\u00ed que no es necesario que los cr\u00e9ditos con preferencia tengan una naturaleza eminentemente administrativa, pues tambi\u00e9n son considerados como tales \u2013 aunque en sentido estricto no lo sean\u2013 las obligaciones de origen legal o extracontractual que se causan despu\u00e9s de la apertura del proceso de insolvencia, independientemente que sirvan o no a los fines del proceso concursal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La raz\u00f3n de tal privilegio radica en que estos \u00faltimos cr\u00e9ditos no tienen su origen en el pasivo que la empresa conform\u00f3 en virtud de su objeto social originario y que constituye el prop\u00f3sito de la reorganizaci\u00f3n o es materia de la liquidaci\u00f3n judicial, sino que nacen para llevar hasta su fin el proceso de insolvencia, o bien se producen por mandato legal despu\u00e9s de iniciada la liquidaci\u00f3n, lo que significa que no pueden equipararse a las deudas ordinarias que han de pagarse con el patrimonio anterior de la empresa y que constituye prenda com\u00fan de los acreedores (se destaca) (\u2026)\u201d2 <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora, seg\u00fan el art\u00edculo 71 de la Ley 1116 de 2006, para la efectividad de las obligaciones constituidas luego del inicio de la liquidaci\u00f3n, \u00e9stas podr\u00e1n exigirse por v\u00eda ejecutiva (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La competencia funcional para rituar dicho compulsivo reside en el juez del concurso, por cuanto, am\u00e9n de tener pleno conocimiento de los bienes que servir\u00e1n para saldar los cr\u00e9ditos, no pueden admitirse el inicio de ejecuciones luego del comienzo de la liquidaci\u00f3n, dado que todas \u00e9stas deben ser remitidas al procedimiento concursal, so pena de incurrir en nulidad, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 203 de la Ley 1116 de 2006 (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u201cno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone despachar adversamente el ruego supralegal impetrado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, en oportunidad, en caso de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 71. Obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia. Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administraci\u00f3n y tendr\u00e1n preferencia en su pago sobre aquellas objeto del acuerdo de reorganizaci\u00f3n o del proceso de liquidaci\u00f3n judicial, seg\u00fan sea el caso, y podr\u00e1 exigirse coactivamente su cobro, sin perjuicio de la prioridad que corresponde a mesadas pensionales y contribuciones parafiscales de origen laboral, causadas antes y despu\u00e9s del inicio del proceso de liquidaci\u00f3n judicial. Igualmente tendr\u00e1n preferencia en su pago, inclusive sobre los gastos de administraci\u00f3n, los cr\u00e9ditos por concepto de facilidades de pago a que hace referencia el par\u00e1grafo del art\u00edculo 10 y el par\u00e1grafo 2o del art\u00edculo 34 de esta ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC13317-2014 de 1\u00b0 de octubre de 2014, exp. 11001-22-03-000-2014-01430-01. <\/p>\n
3\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 20. Nuevos procesos de ejecuci\u00f3n y procesos de ejecuci\u00f3n en curso. A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n no podr\u00e1 admitirse ni continuarse demanda de ejecuci\u00f3n o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. As\u00ed, los procesos de ejecuci\u00f3n o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, deber\u00e1n remitirse para ser incorporados al tr\u00e1mite y considerar el cr\u00e9dito y las excepciones de m\u00e9rito pendientes de decisi\u00f3n, las cuales ser\u00e1n tramitadas como objeciones, para efectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n y las medidas cautelares quedar\u00e1n a disposici\u00f3n del juez del concurso, seg\u00fan sea el caso, quien determinar\u00e1 si la medida sigue vigente o si debe levantarse, seg\u00fan convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendaci\u00f3n del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada (\u2026). El Juez o funcionario competente declarar\u00e1 de plano la nulidad de las actuaciones surtidas en contravenci\u00f3n a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendr\u00e1 recurso alguno (\u2026). El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual o conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, para lo cual bastar\u00e1 aportar copia del certificado de la C\u00e1mara de Comercio, en el que conste la inscripci\u00f3n del aviso de inicio del proceso, o de la providencia de apertura. El Juez o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores incurrir\u00e1 en causal de mala conducta (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC14533-2019 de 24 de octubre de 2019, exp. 66001-22-13-000-2019-00603-01, reiterada en sentencia STC4680-2020, rad. 11001-22-03-000-2020-00533-01. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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STC17172-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC17172-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04381-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Pablo Carvajal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60238","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60238"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60238\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}