STC17174-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC17174-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01214-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 29 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Luz Mar\u00eda Escobar Galeano le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n laboral, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2006-00905-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abm\u00ednimo vital, igualdad y principio de favorabilidad en materia laboral\u00bb para que, \u00abse deje sin efecto la sentencia de 1\u00b0 de noviembre de 2017 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia de instancia emitida el 9 de septiembre de 2020 en cuanto cas\u00f3 la sentencia de segunda instancia y actuando como Tribunal de instancia neg\u00f3 en contrav\u00eda del orden jur\u00eddico el derecho pensional de orden convencional reclamado\u00bb y, en su lugar, \u00abse dicte nueva providencia en la cual se aplique los procedentes constitucionales sobre la material y la jurisprudencia vigente, que impone el reconocimiento del reajuste pensional de conformidad con el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo celebrada entre el ISS y Sintraseguridad social\u00bb. <\/p>\n
En apoyo de sus rogativas sostuvo que trabaj\u00f3 para el Instituto de Seguros Sociales \u2013 I.S.S.- desde el 12 de julio de 1971, pero ante el proceso de escisi\u00f3n del ISS se expidi\u00f3 el Decreto 1750 el 26 de junio de 2003, en virtud del cual pas\u00f3 a desempe\u00f1arse en la ESE Rafael Uribe Uribe hasta el 30 de noviembre de 2004, fecha en la que se retir\u00f3 por haber cumplido los requisitos para la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que mediante Resoluci\u00f3n n\u00b0 9905 de 18 noviembre de 2005 la E.S.E. citada le reconoci\u00f3 la mesada a partir del 1 de diciembre de 2004, correspondiente al 75% del promedio mensual de los salarios devengados entre el 1\u00b0 de diciembre de 2003 y el 30 de noviembre de 2004, con fundamento en el art\u00edculo 101 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo suscrita entre el I.S.S. y Sintraseguridad Social, sin tener en cuenta el canon 98 de la misma, que consagraba un r\u00e9gimen pensional especial, esto es, que el empleado que haya cumplido 20 a\u00f1os de servicio y las mujeres con 50 a\u00f1os tendr\u00edan \u00abderecho a pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n en cuant\u00eda equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuaci\u00f3n para cada grupo de trabajadores oficiales: Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, el 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos \u00faltimo a\u00f1os de servicios\u00bb. <\/p>\n
Adujo que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el I.S.S. y la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, pretendiendo el reajuste pensional, al que se accedi\u00f3 en ambas instancias (11 may. 2009 y 23 sep. 2010); empero la determinaci\u00f3n fue cuestionada por las entidades convocadas a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n y el \u00f3rgano de cierre cas\u00f3 la sentencia (1\u00b0 nov. 2017), quien estim\u00f3 que no le era aplicable la normativa referida, por haber perdido la condici\u00f3n de trabajadora oficial y con ello, sus beneficios, ya que paso a ser parte de la planta del personal de la ESE mencionada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que con la entrada en vigor del Decreto 1750 de 2003, el 26 de junio de esa anualidad, si bien contaba con los 20 a\u00f1os de servicio, no suced\u00eda lo mismo con el presupuesto de la edad, pues cumplir\u00eda los 50 a\u00f1os hasta el 27 de octubre de 2004, por lo tanto, no se satisfac\u00edan las exigencias convencionales para \u00abacceder al r\u00e9gimen especial\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que antes de emitir la \u00absentencia sustitutiva\u00bb, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ofici\u00f3 al Ministerio de Salud -Grupo entidades liquidadas- y a la Unidad de Gesti\u00f3n de Pensiones y Parafiscales, para que allegaran certificaci\u00f3n sobre el salario mensual base para el c\u00e1lculo de las cotizaciones realizadas y, finalmente, el 9 de septiembre de 2020 dict\u00f3 veredicto que modific\u00f3 \u00abel fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medell\u00edn, el 11 de mayo de 2009, en el sentido de disponer que la prestaci\u00f3n a que tiene derecho la demandante es la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el Decreto 1653 de 1977 y, por ende, la mesada inicial debe reajustarse a la suma de $974.872,63, a partir del 1\u00ba de diciembre de 2004 que, a 31 de agosto de 2020, asciende a la suma de $8.872.338,40\u00bb. <\/p>\n
En su criterio, tal interpretaci\u00f3n es err\u00f3nea por cuanto, \u00abi) desconoce la regla de derecho fijada por la Corte Constitucional sobre el art\u00edculo 18 del Decreto Ley 1750 de 2003; ii) desatiende el precedente constitucional que de manera clara ha fijado la Corte Constitucional, acerca de la aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo celebrada entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL durante el t\u00e9rmino de vigencia de la misma (es decir hasta el 31 de octubre de 2004) tanto a trabajadores oficiales como a servidores del ISS que pasaron a ser empleados p\u00fablicos en virtud de lo dispuesto por el Decreto 1750 de 2003; y iii) desconoce los principios constitucionales de interpretaci\u00f3n de las normas laborales (incluidas las convencionales) y vulnera el principio de igualdad\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral afirm\u00f3 que lo que busca la tutelante es reabrir el debate en relaci\u00f3n con los temas discutidos y decididos en las instancias ordinarias, lo cual no puede ser avalado por el juez constitucional. Adem\u00e1s, que el sentido de las resoluciones judiciales per se no constituyen una v\u00eda de hecho, ya que, si lo solventado se ajusta a lo previsto en las ley y jurisprudencia aplicables al caso, entonces se est\u00e1 actuando conforme a la Ley. <\/p>\n
El Ministerio de Salud y FIDUAGRARIA S.A. -como vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales -ISS- en liquidaci\u00f3n, destacaron la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, ya que no tienen participaci\u00f3n alguna en los hechos relatados, ni tampoco figuran como entidades accionadas. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n de Acciones Constitucionales de Colpensiones solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo, en la medida que \u00abla autoridad enjuiciada actu\u00f3 conforme a la ley y la constituci\u00f3n y no se evidencia la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas b\u00e1sicas\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el amparo, tras no observar \u00abconfigurado en este caso, el defecto sustantivo invocado, porque la decisi\u00f3n descansa en argumentos razonables, que descartan que sea producto de la arbitrariedad o el capricho y, por ende, que haya consecuentemente vulnerado o puesto en riesgo los derechos fundamentales invocados por la parte actora\u00bb. Tambi\u00e9n descart\u00f3 el desconocimiento del precedente, como quiera que lo cierto es que la Sala reprochada acogi\u00f3 a la l\u00ednea jurisprudencial sentada por esta Corporaci\u00f3n en SL17783-2016, la cual es coherente con lo fijado por la Corte Constitucional en sentencia C-314 de 2004. <\/p>\n
2.- La quejosa impugn\u00f3 insistiendo en los argumentos plasmados en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine se evidencia el decaimiento de la \u00abtutela\u00bb y, por ende, la convalidaci\u00f3n del prove\u00eddo de primer grado, porque el fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que quebr\u00f3 el del Tribunal Superior de Medell\u00edn, no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la \u00abnormativa\u00bb que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo. <\/p>\n
1.1.- En efecto, para arribar a dicha conclusi\u00f3n, precis\u00f3 que Luz Mar\u00eda Escobar Galeano no era beneficiaria de la convenci\u00f3n colectiva celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y Sintraseguridad social, por cuanto para el momento que cumpli\u00f3 la edad para acceder a dicha prestaci\u00f3n, ya no ostentaba la calidad de trabajadora oficial, pues entre el 26 de junio de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2004 hizo parte de la planta del personal de la ESE Rafael Uribe Uribe, siendo considerada empleada p\u00fablica de conformidad con lo establecido en el Decreto 1750 de 2003. <\/p>\n
Memor\u00f3, entonces, que es criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, que \u00ablos servidores del Instituto de Seguros Sociales, que en virtud del Decreto 1750 de 2003 pasaron a las empresas sociales del Estado, cambiaron su condici\u00f3n de trabajadores oficiales a empleados p\u00fablicos, salvo quienes ejerc\u00edan labores propias del mantenimiento de la planta f\u00edsica hospitalaria o de servicios generales, excepci\u00f3n dentro de la cual no se encuentra la actora\u00bb. Para ello, cito la sentencia SL 17783- 2016 en la que se analiz\u00f3 el alcance del art\u00edculo 18 del Decreto 1750 de 2003, en armon\u00eda con lo sentado por la Corte Constitucional en el fallo C-314-2004, la cual determin\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab[L]os <derechos adquiridos> que se deb\u00edan respetar a quienes pasaran a ser empleados p\u00fablicos de las Empresas Sociales del Estado, por raz\u00f3n de la escisi\u00f3n del Instituto de Seguros Sociales, estaban tambi\u00e9n comprendidos aquellos que se derivaran de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, pero l\u00f3gicamente que se tratara de situaciones jur\u00eddicas consolidadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los cuales deb\u00edan cubrirse hasta por el tiempo en que fueron pactados\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
De lo anterior, infiri\u00f3 que en medio de la transici\u00f3n se le reconocer\u00edan derechos a los trabajadores oficiales que pasaron a ser empleados p\u00fablicos, siempre que acreditar\u00e1n el tiempo de servicio y la edad antes de la entrada en vigencia del Decreto. No obstante, en el caso concreto no se cumpl\u00eda con el \u00faltimo elemento, ya que la quejosa, siendo trabajadora oficial no contaba con 50 a\u00f1os cuando decidi\u00f3 acceder al r\u00e9gimen especial, al contrario, los cumpli\u00f3 el 27 de octubre de 2004, es decir estando en vigencia el referido Decreto, por lo cual no se hab\u00eda consolidado ninguna situaci\u00f3n que haya generado el reconocimiento de un \u00abderecho adquirido\u00bb. <\/p>\n
1.2.- En esas condiciones, debe admitirse que al margen que se comparta o no esas reflexiones, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo pretende la querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
2.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener el veredicto confutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por los pronunciamientos judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del ruego, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC13808-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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