STC17175-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17175-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04389-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Armando Benedetti Villaneda en contra de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema De Justicia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda constitucional al debido proceso, presuntamente conculcada por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Por tanto, solicita, se le ordene a la tutelada emitir un pronunciamiento sobre: i) \u201clas PRUEBAS solicitadas por la bancada de la Defensa durante la etapa de instrucci\u00f3n\u201d, ii) la solicitud de NULIDAD (\u2026) de los informes de Polic\u00eda Judicial No. 00327-03 del 13 agosto de 2021; No. 00327-04 del 20 agosto de 2021 y No. 00327-005 del 13 de septiembre de 2021\u201d; y \u201cSe EXHORTE\u201d para que se adelanten \u201clos actos investigativos correspondientes, para indagar si el incremento patrimonial presuntamente il\u00edcito es consecuencia de la actividad derivada del ejercicio del cargo o de la funci\u00f3n\u201d de Congresista; y se \u201cABSTENGAN de filtrar informaci\u00f3n relativa al proceso investigativo con radicado 00327 a medios de comunicaci\u00f3n, teniendo en cuenta el car\u00e1cter reservado de este estadio procesal\u201d. <\/p>\n
2. Del extenso ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Arguye que la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia inici\u00f3 en su contra una causa criminal por el delito de \u201cenriquecimiento il\u00edcito de servidor p\u00fablico\u201d, por hechos que datan \u201cdesde el a\u00f1o 2002, fecha en la cual (\u2026) inici[\u00f3] su labor congresual hasta la fecha actual\u201d. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1ala que, dentro de ese decurso, el 11 de marzo de 2021, se emiti\u00f3 \u201cresoluci\u00f3n de apertura de instrucci\u00f3n\u201d cuya investigaci\u00f3n recae por \u201cla compra de un apartamento ubicado en la transversal 3 No. 85-10 (Altos del Retiro) en la ciudad de Bogot\u00e1\u201d. <\/p>\n
2.3. Asevera que, luego de haber rendido la correspondiente indagatoria, su defensor solicit\u00f3 a la convocada \u201ctomar declaraci\u00f3n a diferentes testigos presenciales y t\u00e9cnicos\u201d distintos a los se\u00f1alados por el ente acusador; sin embargo, \u201ca la fecha de radicaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional y habiendo transcurrido la mitad del t\u00e9rmino que le otorga la ley para adelantar la etapa de instrucci\u00f3n (18 meses)\u201d, la corporaci\u00f3n cuestionada \u201cha decidido ignorar por completo\u201d ese pedimento. <\/p>\n
2.4. Afirma que, el 24 de septiembre pasado, su defensor requiri\u00f3 la nulidad de los informes periciales allegados por \u201cfuncionarias designadas para ello como miembros de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Sala Especial de Instrucci\u00f3n\u201d; empero, la convocada no ha emitido pronunciamiento alguno al respecto, aun cuando ha realizado actuaciones tendientes a materializar las medidas cautelares decretadas sobre algunos de sus bienes. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA <\/p>\n
Adujo que el asunto criminal adelantado en contra del actor se encuentra en etapa de investigaci\u00f3n y actividad probatoria, en cumplimiento de los fines dispuestos en el art\u00edculo 331 de la Ley 600 de 2001. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el promotor pasa por alto que \u201cel Despacho sustanciador funge como verdadero director del proceso (\u2026), lo que deja a su arbitrio el orden de la pr\u00e1ctica probatoria y la resoluci\u00f3n de la[s] peticiones elevadas, a fin de evitar el desquicie del [decurso] o trasladar su direcci\u00f3n a los sujetos procesales dentro de los cuales se encuentra la defensa\u201d. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en la aludida causa penal \u201cno se ha proferido ninguna decisi\u00f3n de fondo que implique valoraciones probatorias\u201d o relacionadas con el desecho de las peticiones del quejoso, por tanto, el actor cuenta aun con la oportunidad de controvertir las decisiones que se adopten al respecto. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la tipificaci\u00f3n de la conducta punible atribuida al censor \u201ces un asunto que incumbe, exclusivamente, al funcionario judicial y que toda calificaci\u00f3n que se haga de la realidad f\u00e1ctica objeto de investigaci\u00f3n tiene el car\u00e1cter de provisional\u201d. <\/p>\n
Sostuvo que la defensa del quejoso impetr\u00f3 un \u201cincidente procesal\u201d relacionado con la objeci\u00f3n al dictamen pericial de 11 de marzo de 2020, por tanto, no puede pretender el petente que \u201cal tiempo que se est\u00e1 dando curso\u201d a ese espec\u00edfico punto, \u201cse atiborre de peticiones al Despacho y pretenda su resoluci\u00f3n de manera inmediata\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal adelantado en contra del actor se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que no se ha dictado la sentencia que debe decidirla, y ni siquiera se ha calificado el sumario ya sea con decisi\u00f3n de preclusi\u00f3n o resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Por ello, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, referente a la atipicidad de la conducta a \u00e9l endilgada, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Entonces, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada (\u2026), y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u201d. <\/p>\n
\u201cSe llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cPlanteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. Ahora, el promotor tambi\u00e9n critica la demora que se ha suscitado en torno a la resoluci\u00f3n de la solicitud de pruebas y la nulidad presentadas por su defensa dentro del aludido decurso. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u201cmora judicial\u201d que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u201d (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
Pues bien, del informe allegado por el magistrado ponente del caso criminal subex\u00e1mine, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la falta de pronunciamiento de las peticiones del actor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino de la propia direcci\u00f3n del proceso penal y de la necesidad de evacuar asuntos que el mismo censor ha impulsado dentro del comentado caso, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por otra parte, se destaca que de los hechos narrados por el actor no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n. Mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida de la tutela como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos, que se hallan ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01 y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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