STC17179-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17179-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04490-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alba Piedad Montoya Pardo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada al acceder a la solicitud de invalidez que por indebida notificaci\u00f3n propuso Jos\u00e9 Fernando Henao Zuluaga en el juicio fustigado. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, \u00abdecretar la nulidad del auto de\u2026 junio 30 de 2021\u00bb, proferido por la Colegiatura convocada. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio divisorio incoado por la accionante contra C\u00fabica Bienes Ra\u00edces S.A.S., Asesor\u00edas Financieras y Jur\u00eddicas Andino Ltda., los Bancos Ganadero (hoy BBVA Colombia S.A.), Santander (hoy Ita\u00fa Corpbanca Colombia S.A.) y Superior (hoy Davivienda S.A.), respecto del predio con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 290-146428, el 8 de marzo de 2021 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira declar\u00f3 infundada la solicitud de nulidad que, con fundamento en el numeral 8\u00ba del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, debido a su falta de vinculaci\u00f3n y enteramiento, invoc\u00f3 Jos\u00e9 Fernando Henao Zuluaga aduciendo tambi\u00e9n ser comunero respecto de esa heredad, en un 7,98%. <\/p>\n
2.2. Dicha decisi\u00f3n, el 30 de junio \u00faltimo, la revoc\u00f3 el Tribunal convocado para, en su lugar, declarar probada la causal de invalidez aducida por Henao Zuluaga. <\/p>\n
Por ese rumbo, sostuvo la reclamante que el Tribunal encartado, para decidir en la forma en que lo hizo, incurri\u00f3 en notorio defecto f\u00e1ctico y \u00aben falsas apreciaciones sobre el supuesto derecho de propiedad que le asiste al recurrente\u00bb, sin efectuar un estudio adecuado del material suasorio recopilado, en especial, \u00abdel t\u00edtulo madre (CONCORDATO)\u00bb y \u00absu documento complementario[,] a saber: la escritura p\u00fablica # 2393 del 18 de junio de 2002, de la Notar\u00eda Cuarta de Pereira[,] en donde constan aspectos tan importantes como el dese[n]globle de la totalidad del terreno\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a brindar los datos de ubicaci\u00f3n de las partes e intervinientes en el asunto recriminado. <\/p>\n
2. La Superintendencia Financiera de Colombia rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, o la denegaci\u00f3n del resguardo porque esa entidad \u00abno ha vulnerado los derechos invocados por el accionante, y en efecto no hay pretensi\u00f3n alguna dirigida [en su] contra\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira deprec\u00f3 denegar \u00abla acci\u00f3n constitucional, entendiendo que la accionante confunde los fines del proceso divisorio, convocando en \u00e9l una controversia que no est[\u00e1] llamada a ser resuelta en ese escenario\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00aba lo largo de la providencia [que se le cuestiona] se detallan las pruebas y los razonamientos jur\u00eddicos que de ellas se deprenden para fundamentar la decisi\u00f3n, y las normas procesales y sustanciales que la solidifican\u00bb. <\/p>\n
4. El Banco Davivienda S.A. tambi\u00e9n deprec\u00f3 su exclusi\u00f3n de este tr\u00e1mite porque \u00abha actuado legal y jur\u00eddicamente dentro del \u00e1mbito de su competencia\u00bb y \u00abno ha conculcado los derechos fundamentales invocados por el actor (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. La actora critic\u00f3 el despacho favorable del incidente de nulidad que propuso Jos\u00e9 Fernando Henao Zuluaga exigiendo su necesaria vinculaci\u00f3n en el juicio divisorio objeto de reclamo, a lo cual ella se opone porque, en su sentir, debi\u00f3 declararse infundado, en tanto que aqu\u00e9l no tiene la condici\u00f3n de comunero respecto del predio all\u00ed inmiscuido. <\/p>\n
Con base en tales premisas, concluye la Corte que el resguardo de que se trata est\u00e1 llamado al fracaso, porque en la decisi\u00f3n de 30 de junio de 2021, mediante la cual la Colegiatura accionada zanj\u00f3 de forma definitiva la situaci\u00f3n cuestionada, expres\u00f3 con suficiencia los motivos para revocar la adoptada el 8 de marzo anterior por el a-quo para, en su lugar, \u00abDECLARAR la nulidad del\u2026 proceso divisorio, alegada por\u2026 Henao Zuluaga\u00bb. <\/p>\n
2.1. En efecto, primero sintetiz\u00f3 los argumentos que tuvo el Juzgado para no acceder a la comentada petici\u00f3n de invalidez, as\u00ed: <\/p>\n
\u2026Como raz\u00f3n principal para denegar la nulidad deprecada por el apelante, consider\u00f3 el despacho a quo, que en proceso concordatario (deudor Jos\u00e9 Fernando Henao Zuluaga) que se tramit\u00f3 all\u00ed mismo, a los acreedores: (i) Banco Ganadero, (ii) Banco Andino (que una vez inscrita la actuaci\u00f3n en folio real correspondi\u00f3 a Asesor\u00eda Financiera y Jur\u00eddicas Asandino Ltda.), (iii) Banco Superior, (iv) Bancafe, (v) Banco del Estado y (vi) Banco Santander, se les satisfizo sus cr\u00e9ditos con daci\u00f3n en pago. Todos los cr\u00e9ditos ascend\u00edan a $ 80.827.031 (v\u00e9ase f. digital 13 y 130 del cuaderno 1, de la actuaci\u00f3n de primera instancia). <\/p>\n
Ese valor, continu\u00f3 el juzgado, fue cubierto con un lote de 3.137 mt2 de extensi\u00f3n, que hac\u00eda parte de uno de mayor extensi\u00f3n (73.697 mt2); este \u00faltimo avaluado en $ 87.836.000. <\/p>\n
Entonces, siendo lo adeudado el 92,02% del aval\u00fao total del predio de mayor extensi\u00f3n, igual al porcentaje de propiedad de lo dado en pago con relaci\u00f3n al predio mayor, se entreg\u00f3 en daci\u00f3n en pago el 100% de los derechos de propiedad del predio de menor extensi\u00f3n, que es el mismo que ahora se pretende dividir. <\/p>\n
Por lo tanto, concluy\u00f3 el a quo, el se\u00f1or Jos\u00e9 Fernando Henao Zuluaga no es copropietario como lo reclama. <\/p>\n
Se sabe que el inmueble de mayor extensi\u00f3n al que se hace alusi\u00f3n corresponde al F.M.I No. 290-131884, del que se desenglob\u00f3 el de menor extensi\u00f3n con F.M.I No. 290-146428, seg\u00fan contenido de la escritura p\u00fablica 2393 de junio 18 de 2002 de la Notar\u00eda 4 de Pereira. <\/p>\n
Luego, anunci\u00f3 que revocar\u00eda tal determinaci\u00f3n al resultar inviable acoger esos planteamientos porque del material suasorio recopilado se desprend\u00eda que \u00abel solicitante aun ostenta derechos reales registrados sobre el inmueble\u2026, y en tal condici\u00f3n debi\u00f3 ser convocado al proceso\u00bb, de donde, \u00ab[a]l no hacerse de tal modo, se incurri\u00f3 en la irregularidad constitutiva de nulidad procesal alegada\u00bb; m\u00e1xime cuando: <\/p>\n
\u2026las conclusiones de la a quo llevar\u00edan a sostener que, en el acuerdo concordatario, el predio de mayor extensi\u00f3n fue valorado en $87.836.000, y teniendo como par\u00e1metro ese aval\u00fao, se entreg\u00f3 en daci\u00f3n en pago a las instituciones financieras en una proporci\u00f3n del 92,020391% ($80.827.031 -valor de acreencias-). Sin embargo, al contrastar esa informaci\u00f3n con el \u00e1rea total (73.695 m2), y el \u00e1rea que contiene el lote que fue objeto de daci\u00f3n en pago (3.137 m2), se obtendr\u00eda una proporci\u00f3n abismalmente diferente: el \u00e1rea objeto de entrega solo equivali\u00f3 al 4,256733% del \u00e1rea del predio de mayor extensi\u00f3n. En ese orden de ideas, y aun cuando la Sala no desconoce que es posible que el lote no sea uniforme en sus caracter\u00edsticas, y por ende no valga lo mismo el metro cuadrado en todas sus zonas, no parece razonable la diferencia que se plantea, luego no es dable concluir, sin m\u00e1s, que el valor de $87.836.000 indicado en el acuerdo concordatario correspond\u00eda al predio de mayor extensi\u00f3n, y no al predio que era objeto de daci\u00f3n en pago (lote 10, que luego del desenglobe result\u00f3 ser el lote 4). <\/p>\n
Por ese sendero, apoy\u00e1ndose en pronunciamientos de esta Corte (CSJ SC10497-2015, 10 ag.; y SC, 24 feb. 1995, rad. 4528), record\u00f3 que \u00ab[c]uando existen dos o m\u00e1s propietarios de un inmueble, ellos lo son en com\u00fan y proindiviso; es decir, son due\u00f1os del mismo dependiendo del porcentaje de propiedad que ostenten, del tama\u00f1o de su cuota, sin distinguir de qu\u00e9 parte f\u00edsica lo son. As\u00ed, \u201cla comunidad radica en una proporci\u00f3n o porcentaje, que no en un espacio determinado o cuerpo cierto\u201d\u00bb; y que \u00ab[c]uando en el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n no se se\u00f1ala la cuota, se entiende que existe igualdad de cuotas entre los comuneros, o que son copropietarios por partes iguales. Luego, es el t\u00edtulo donde en primer lugar debe indagarse por la determinaci\u00f3n de la cuota de cada comunero, as\u00ed como la composici\u00f3n misma de la comunidad, esto es, qui\u00e9nes la integran\u00bb. <\/p>\n
Bajo tal itinerario resalt\u00f3 que \u00abla comunidad\u2026 sobre el predio\u2026 surgi\u00f3 al interior de un tr\u00e1mite de recuperaci\u00f3n de negocios del deudor\u2026 Henao Zuluaga, que no de liquidaci\u00f3n de su patrimonio, donde mediante auto de\u2026 5 de marzo de 2002 se aprob\u00f3 el acuerdo concordatario deliberado y votado en forma positiva por la mayor\u00eda de los acreedores en audiencia del 06 de diciembre de 2001\u00bb; en el cual, \u00abluego de la descripci\u00f3n de lo que se proyectaba ser\u00eda el lote 10 de la finca El Diamante (predio de mayor extensi\u00f3n, con FMI 290-131884), al que en realidad [l]e correspondi\u00f3 la denominaci\u00f3n lote 4 luego de la escritura de desenglobe (escritura p\u00fablica 2393 de junio 18 de 2002 de la Notar\u00eda 4\u00aa de Pereira)\u00bb, en lo pertinente se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
De donde extrajo que se mostraba \u00abclaro que el predio objeto de esta disposici\u00f3n concordataria era el de menor extensi\u00f3n que se pretend\u00eda obtener luego de un desenglobe, que en ese momento se denomin\u00f3 Lote 10, con \u00e1rea de 3.137 m2. Tambi\u00e9n que se acord\u00f3 su entrega en daci\u00f3n en pago para los acreedores instituciones financieras all\u00ed indicadas, en una proporci\u00f3n del \u201c92.02% del bien\u201d\u00bb; lo que, dijo, tambi\u00e9n entendi\u00f3 as\u00ed \u00abel registrador de instrumentos p\u00fablicos. En efecto, una vez realizado el desenglobe del predio de mayor extensi\u00f3n (escritura p\u00fablica 2393 de junio 18 de 2002 de la Notar\u00eda 4 de esta ciudad), se dio apertura al FMI 290-146428, de propiedad del se\u00f1or\u2026 Henao Zuluaga (anotaci\u00f3n tercera de julio 2 de 2002). Luego, el 17 de julio de ese mismo a\u00f1o, se registr\u00f3 el auto aprobatorio del acuerdo concordatario que qued\u00f3 sentado de la siguiente manera\u00bb: <\/p>\n
Por tanto, anot\u00f3, de forma categ\u00f3rica, que \u00abse registr\u00f3 una daci\u00f3n en pago a favor de los acreedores all\u00ed mencionados, no sobre el 100% del predio, sino sobre el 92.02%, transferencia del derecho de dominio parcial que permite concluir que en cabeza del enajenante pervive una cuota parte de propiedad, equivalente a la proporci\u00f3n que no fue objeto de transferencia\u00bb. <\/p>\n
Y aunque lo anterior era suficiente para soportar su pronunciamiento, para ahondar en razones, a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
Que el porcentaje indicado tanto en el acuerdo concordatario como en el certificado de tradici\u00f3n y libertad corresponde a la proporci\u00f3n que cada comunero tiene sobre el bien, parece incluso pac\u00edfico en enajenaciones posteriores. N\u00f3tese como en las anotaciones 008 y 014 del FMI No. 290-146428 se registran ventas de derechos de cuota en proporci\u00f3n del 20.79% (la que originalmente correspondi\u00f3 a Bancafe); y la anotaci\u00f3n 10 habla de una compraventa de derechos de cuota en proporci\u00f3n al 8.88% (originalmente entregado a Banco del Estado, hoy de propiedad de la demandante -anotaci\u00f3n 13-). Se observa incluso que similar entendimiento le dio quien promovi\u00f3 este proceso, por ejemplo, en escrito de denuncia penal en contra del se\u00f1or\u2026 Henao, de\u2026 19 de enero de 2016, donde haciendo un recuento de hechos se\u00f1al\u00f3 que ella adquiri\u00f3 el 8.8% del predio que, en relaci\u00f3n con la cabida del inmueble (3.137 m2), asciende a 276.05 m2 (hecho 4\u00ba). <\/p>\n
Con fundamento en tales disquisiciones, observ\u00f3 que \u00ab[a]nte esa realidad, que emana del examen literal del t\u00edtulo (acuerdo concordatario) y del certificado del registrador de instrumentos p\u00fablicos, necesariamente debe concluirse que\u2026 Henao Zuluaga conserva derechos de propiedad registrados sobre el inmueble\u2026, lo que le otorgaba legitimidad para ser citado y comparecer al juicio divisorio como copropietario\u00bb. <\/p>\n
Y precisamente, de cara a las aseveraciones de la censora en torno a que el incidentante no ostentaba ning\u00fan derecho sobre el fundo, anot\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026si se alega que existi\u00f3 alg\u00fan error en el tr\u00e1mite del proceso concordatario o su aprobaci\u00f3n, o en el procedimiento de registro del auto que aprob\u00f3 el acuerdo por la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Pereira, no ser\u00eda este el escenario adecuado para resolverlo, o para desconocer los efectos del registro a partir de una interpretaci\u00f3n del acuerdo que le sirvi\u00f3 de antecedente. Al tenor de la Ley 1579 de 2012 (estatuto de registro de instrumentos p\u00fablicos), el examen, comprobaci\u00f3n y an\u00e1lisis de los negocios jur\u00eddicos con destino a ser anotados en los folios reales, corresponde a los registradores de instrumentos p\u00fablicos, y se estima que no es el juez civil, en el marco de un proceso divisorio, el competente para determinar si las anotaciones que se hicieron lucen acertadas o no de cara al negocio jur\u00eddico que las motiv\u00f3, pues esta actuaci\u00f3n tiene una finalidad que dista bastante de ese prop\u00f3sito. Por ello, corresponder\u00eda a los interesados, si es que consideran que las anotaciones del folio de matr\u00edcula 290-146428 no reflejan la realidad jur\u00eddica del predio, adelantar los tr\u00e1mites y actuaciones necesarios para su correcci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, de manera concreta, en cuanto a la causal de invalidez que encontr\u00f3 prospera, indic\u00f3: <\/p>\n
\u2026Precisado lo anterior, y al examen de la nulidad alegada por el apoderado judicial del se\u00f1or Henao Zuluaga, se tiene que la causal invocada fue la contenida en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del CGP, seg\u00fan la cual el proceso es nulo en todo o en parte entre otros casos, \u201c8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La norma aplica, por supuesto, para aquellos eventos en que se deja de convocar a un litisconsorte necesario. <\/p>\n
Decantado como est\u00e1 que el se\u00f1or\u2026 HENAO ZULUAGA conserva derechos reales registrados sobre el predio objeto de divisi\u00f3n y que como tal la comunidad est\u00e1 conformada tambi\u00e9n por \u00e9l, en consonancia con lo establecido en el art\u00edculo 61 y 406 del estatuto procesal en menci\u00f3n, el apelante debi\u00f3 ser identificado como demandado en el libelo introductor, o ser vinculado al proceso para conformar en debida forma la litis, como en su momento lo solicit\u00f3 el demandado Banco Itau S.A., integraci\u00f3n que la ley exige obligatoriamente conformar, m\u00e1s a\u00fan, ante la naturaleza propia del proceso divisorio. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese en ese sentido, que la demanda que presenta un comunero tiene que estar dirigida contra los dem\u00e1s copropietarios, requisito del que habla el art\u00edculo 406 del CGP, lo cual determina la configuraci\u00f3n de un litis consorcio necesario respecto a la parte pasiva, que debe estar integrada por todos y cada uno de los comuneros que no fungen como demandantes. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, para la Sala la decisi\u00f3n criticada no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que su reclamo no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 no es m\u00e1s que una diferencia de criterio acerca de los motivos por los cuales el Tribunal acusado, muy a pesar de sus alegaciones, con apoyo en el an\u00e1lisis conjunto de los medios suasorios recaudados, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, concluy\u00f3 que la condici\u00f3n de comunero de Henao Zuluaga respecto del predio objeto de divisi\u00f3n estaba plenamente probada de conformidad con las anotaciones contenidas en el folio inmobiliario correspondiente, lo que impon\u00eda su vinculaci\u00f3n al juicio y, por ende, daba cuenta de la configuraci\u00f3n de la nulidad que reclam\u00f3 al no haber sido llamado al mismo, independientemente de los eventuales reclamos que tuviese la censora en punto al modo en que se registr\u00f3 la daci\u00f3n en pago en el referido documento p\u00fablico, en tanto que ese era asunto ajeno al proceso divisorio en cuesti\u00f3n; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha sostenido de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda, que mutatis mutandis resulta aplicable al de ahora, dej\u00f3 dicho esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Lo consignado impone denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC17179-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC17179-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04490-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alba Piedad Montoya […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60245","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60245","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60245"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60245\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60245"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}