STC17195-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17195-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01660-01 <\/p>\n
((Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Helivardo Murcia G\u00f3mez contra la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, a Ecopetrol S.A. y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 68001-31-05001-2015-00010-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, la igualdad, la seguridad social, al principio de favorabilidad y a la \u00abespecial protecci\u00f3n de personas de la tercera edad, ancianidad y a la (\u2026) condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia laboral\u00bb, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El actor se\u00f1al\u00f3 que trabaj\u00f3 para Ecopetrol S.A. durante \u00ab25 a\u00f1os, 08 meses, 12 d\u00edas\u00bb y cumpli\u00f3 46 a\u00f1os, por lo cual fue pensionado el 30 de junio de 1982. El 1\u00ba de enero de 1984, la empresa le \u00abhizo el incremento anual de oficio de la pensi\u00f3n [\u2026] a\u00f1o y medio [\u2026] despu\u00e9s de salir a disfrutar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n desconociendo la Ley 4 de 1976\u00bb. Destac\u00f3 que adquiri\u00f3 su estatus de pensionado \u00abcon m\u00e1s de un a\u00f1o de anticipaci\u00f3n al 1.\u00b0 de enero de 1983\u00bb. <\/p>\n
2.2. Afirm\u00f3 que present\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Ecopetrol, con el fin de obtener \u00abel reajuste [\u2026] de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n conforme a la Ley 4 de 1976, factores salariales, indexaci\u00f3n\u00bb, que fue fallada el 7 de julio de 20161 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, despacho que decidi\u00f3 \u00abi) declarar que [\u2026], tiene derecho a la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n teniendo en cuenta la prima de antig\u00fcedad como factor salarial\u2026; ii) declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n formulada por la parte demandada [\u2026] y; iii) absolver de la totalidad de las pretensiones formuladas [\u2026] contra la demandada ECOPETROL S.A.\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 28 de septiembre de 20162, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, al resolver la alzada, dispuso: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga el 7 de julio de 2016 (\u2026), para en su lugar DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, en tanto que dicho fen\u00f3meno afecta solamente las diferencias pensionales causadas con anterioridad al 22 de octubre de 2011 (\u2026) SEGUNDO: REVOCAR, PARCIALMENTE, el ordinal tercero de la sentencia (\u2026), para en su lugar CONDENAR a la SOCIEDAD EMPRESA COLOMBIANA DE PETR\u00d3LEOS \u2013 ECOPETROL S.A., a pagarle al se\u00f1or HELIVARDO MURCIA G\u00d3MEZ la suma de $667.491,24 liquidado hasta el mes de agosto del a\u00f1o 2016, inclusive, correspondiente a las diferencias pensionales no prescritas. La mesada correspondiente a septiembre de 2016, debe tener el efecto propio del reconocimiento que se ha hecho en este fallo en cuanto tiene que ver con el factor salarial inicialmente no incluido, es decir, el de la prima de antig\u00fcedad a que ya se hizo referencia\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 5 de abril de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral desat\u00f3 el recurso extraordinario y no cas\u00f3 la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
2.5. El tutelante cuestion\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral considerara que su recurso carec\u00eda de t\u00e9cnica, toda vez que, en su sentir, esos defectos pod\u00edan superarse, porque siempre persigui\u00f3 el reajuste anual de oficio de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, conforme a la Ley 4\u00aa de 1976, lo cual conformaba un ataque completo y serio frente al fallo impugnado. <\/p>\n
De otra parte, resalt\u00f3 que \u00abel honorable Magistrado confunde status de pensionado con el efectivo reconocimiento pensional, o disfrute de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, y afirma que no puede operar para la fecha pretendida en la demanda, habida cuenta que entre dicha fecha y el primer ajuste no transcurri\u00f3 un (1) a\u00f1o. El \u00fanico requisito esencial para lograr el status de pensionado (Ley 4 de 1976) es cuando se tiene la edad de vida y tiempo de servicios. Como lo ordena la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia en el art\u00edculo 1, inciso tercero del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. Asimismo, indic\u00f3 que su estatus de pensionado lo obtuvo en vigencia de la Ley 4 de 1976 y, por tanto, ten\u00eda un derecho adquirido que no se le pod\u00eda desconocer, como lo hizo \u00abel sentenciador que me aplic\u00f3 leyes que nacieron muchos a\u00f1os despu\u00e9s de lograr su status de pensionado, y que me aplic\u00f3 retroactivamente\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se le otorgue el \u00abincremento anual de oficio en la pensi\u00f3n, factores salariales, retroactivo, indexaci\u00f3n e intereses moratorios\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, luego de hacer un recuento de la providencia emitida y de las falencias t\u00e9cnicas de la demanda, se\u00f1al\u00f3 que, aunque se superaran las mismas, la acusaci\u00f3n tampoco prosperar\u00eda, porque \u00ab[\u2026] la Corte tiene definido que los par\u00e1metros bajo los cuales debe efectuarse el incremento de las pensiones, es un aspecto sometido a la regulaci\u00f3n que al efecto expida el legislador, teniendo en cuenta los factores econ\u00f3micos y su incidencia en las mismas; que en cumplimiento del art\u00edculo 53 constitucional seg\u00fan el cual, \u2018el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste peri\u00f3dico de las pensiones legales\u2019 y con base en dicha preceptiva fue que el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993 previ\u00f3 el reajuste anual de las pensiones\u00bb. Aunado a ello, enfatiz\u00f3 que el fallo controvertido se ajust\u00f3 a la jurisprudencia de la Sala Laboral Permanente de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Igualmente, adujo que \u00abning\u00fan derecho fundamental se le vulner\u00f3 al accionante, pues se dio aplicaci\u00f3n a la normatividad que rige el asunto y (\u2026), al estar demostrado que la prestaci\u00f3n pensional se hizo efectiva a partir del d\u00eda siguiente de la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral, el ingreso base de liquidaci\u00f3n no sufri\u00f3 p\u00e9rdida del poder adquisitivo por consiguiente no hab\u00eda lugar a ordenar la actualizaci\u00f3n del mismo, al no presentarse el fen\u00f3meno de la devaluaci\u00f3n del peso, que solo se produce con el paso del tiempo, supuesto que no se materializ\u00f3 en el caso bajo estudio\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga sostuvo que su decisi\u00f3n \u00ab[\u2026] se ajust\u00f3 a la juridicidad que el caso reclamaba, puesto que se acometi\u00f3 el estudio de las disposiciones legales y jurisprudenciales que reglaban el derecho pretendido, de acuerdo a las pruebas aportadas al tr\u00e1mite, por lo que no podr\u00eda endilgarse un actuar caprichoso o arbitrario, ni en absoluta desconexi\u00f3n con el ordenamiento jur\u00eddico, que pudiere vulnerar o amenazar derechos fundamentales del promotor de la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga consider\u00f3 que \u00abno ha existido vulneraci\u00f3n o amenaza a derecho fundamental alguno del accionante por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n de este Despacho Judicial, pues como se dijo, el presente Despacho emiti\u00f3 pronunciamiento dentro del t\u00e9rmino legal otorgado para ello\u00bb. <\/p>\n
4. Ecopetrol S.A. arguy\u00f3 que todas \u00ablas actuaciones surtidas dentro del curso del proceso ordinario laboral, [\u2026], las ha realizado bajo par\u00e1metros legales, constitucionales y bajo los postulados de la buena fe\u00bb y que no era la llamada \u00aba responder por las supuestas (pero no probadas) vulneraciones a derechos fundamentales alegadas por el accionante\u00bb. <\/p>\n
5. El se\u00f1or Omar Barroso Plata, quien aleg\u00f3 haber actuado como apoderado del actor en el proceso objeto de debate, manifest\u00f3 que coadyuvaba la petici\u00f3n de amparo, toda vez que, en su criterio, existi\u00f3 una violaci\u00f3n del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 4 de 1976 y precis\u00f3 que, en el presente asunto, la situaci\u00f3n descrita no era \u00abuna simple expectativa como equivocadamente se interpret\u00f3 y aplic\u00f3 para resolver no casar la sentencia recurrida\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda invocada, en raz\u00f3n a que \u00abla hermen\u00e9utica jur\u00eddica empleada por la accionada no resulta contraria al ordenamiento que gobierna la materia. Contrario a ello, la Sala especializada advirti\u00f3 que la segunda instancia resolvi\u00f3 el asunto con apego a l\u00ednea de interpretaci\u00f3n sentada por la misma Corte, sobre el tema relativo a la forma como opera el reajuste pensional frente a pensiones reconocidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante censura la determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral no cas\u00f3 la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga y solicita que se le otorgue el \u00abincremento anual de oficio en la pensi\u00f3n, factores salariales, retroactivo, indexaci\u00f3n e intereses moratorios\u00bb. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos tr\u00e1mites judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un juicio en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n cuestionada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Ahora bien, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia expres\u00f3 los motivos por los cuales arribaba a la determinaci\u00f3n de no casar el fallo atacado. <\/p>\n
Para ello, comenz\u00f3 por precisar que el cargo en la demanda de casaci\u00f3n estaba deficientemente formulado, dado que \u00abla censura pretende que la Corte quiebre la decisi\u00f3n del Juez colegiado, para que en sede de instancia la revoque parcialmente y a la vez \u2018reemplace el fallo proferido por el Tribunal Superior y condene a la parte demandada\u2019 [\u2026], lo cual es jur\u00eddicamente imposible, porque la Corporaci\u00f3n al anular la sentencia atacada, esta desaparece del mundo jur\u00eddico, lo que impide, por sustracci\u00f3n de materia, otra decisi\u00f3n respecto a ella y, adem\u00e1s, porque en funci\u00f3n de Tribunal, la Sala no act\u00faa como Juez extraordinario, sino como ordinario, \u00fanicamente con competencia funcional para pronunciarse sobre el primer fallo\u00bb, resaltando lo establecido en la sentencia CSJ SL4084-2018. <\/p>\n
Igualmente, advirti\u00f3 que, a pesar de que en la acusaci\u00f3n enfoc\u00f3 el motivo del reproche en que \u00abel Tribunal viol\u00f3 el principio relativo a los derechos adquiridos y, en particular, el derecho a que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n se reajustara con la Ley 4 de 1976, en relaci\u00f3n con la Ley 71 de 1988\u2026\u00bb, involucr\u00f3 \u00abmodalidades de violaci\u00f3n de la ley incompatibles, esto es, la infracci\u00f3n directa y la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, pasando por alto que no es posible, l\u00f3gicamente, interpretar con error una norma que ha sido desconocida\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, puso de presente que, aunque \u00abel ataque lo encamina por la v\u00eda directa, que supone plena conformidad con la actividad de valoraci\u00f3n probatoria del Tribunal y las conclusiones f\u00e1cticas que de ella obtuvo, la recurrente cuestiona al sentenciador de la alzada, por no valorar el contenido de las pretensiones de la demanda, de acuerdo con los hechos y las pruebas allegadas, debate a todas luces inaceptable, por ser propio de la senda indirecta, no escogida por ella\u00bb, aunado a que frente al cuestionamiento dirigido contra el Tribunal, por infracci\u00f3n directa de la \u00abLey 4\u00aa de 1976 y la Ley 71 de 1988\u00bb, dicha autoridad s\u00ed hizo referencia a esas normas para definir el asunto, solo que \u00ables dio un entendimiento diferente al pretendido por la reclamante, raz\u00f3n por la cual no pudo violarlas por ignorancia, rebeld\u00eda o por restarles validez en el tiempo o en el espacio\u2026\u00bb, de acuerdo con lo expresado en sentencia CSJ SL2015-2014. <\/p>\n
Sin perjuicio de los defectos aludidos, la Sala analiz\u00f3 el asunto y sostuvo que, aun en el evento de flexibilizar la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n adoptada por el Tribunal, dado que \u00abla Corte tiene definido que los par\u00e1metros bajo los cuales debe efectuarse el incremento de las pensiones, es un aspecto sometido a la regulaci\u00f3n que al efecto expida el legislador, teniendo en cuenta los factores econ\u00f3micos y su incidencia en las mismas; que en cumplimiento del art\u00edculo 53 constitucional seg\u00fan el cual, \u2018el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste peri\u00f3dico de las pensiones legales\u2019 y con base en dicha preceptiva fue que el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993 previ\u00f3 el reajuste anual de las pensiones\u00bb; en sustento, mencion\u00f3 el criterio imperante sobre dicha tem\u00e1tica, citando lo expuesto en la sentencia CSJ SL4337-2019, de la Sala de Casaci\u00f3n permanente, que reiter\u00f3 lo definido en la SL6489-2015, y en las CSJ SL, 14 sep. 2010, rad. 36296 y CSJ SL, 11 mar, 2009, rad. 35213 e indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab\u2026el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 4\u00aa de 1976 fue derogado, es as\u00ed que el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 71 de 1988 dispuso expresamente que \u2018Las pensiones a que se refiere el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 4\u00aa de 1976, las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, ser\u00e1n reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario m\u00ednimo legal mensual. PARAGRAFO. Este reajuste tendr\u00e1 vigencia simult\u00e1nea a la que se fija para el salario m\u00ednimo\u2019 (resalta la Sala), y en estas condiciones si hay incompatibilidad con respecto a lo regulado en la nueva ley que antes reg\u00eda. <\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 71 de 1988 fue modificado por el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, norma que es la aplicable al asunto debatido, tal y como lo concluy\u00f3 el fallador de alzada\u2026. <\/p>\n
[\u2026], en la sentencia CC C-387 de 1994, la Corte orient\u00f3 [\u2026] que los pensionados, de acuerdo con la Constituci\u00f3n (art. 53), tienen derecho a que se les reajuste su pensi\u00f3n en la cuant\u00eda que determine la ley, sin que por ello se desconozca el art\u00edculo 58 ib\u00eddem, pues no hay derechos adquiridos sobre el factor o porcentaje en que se deben incrementar las pensiones, sino meras expectativas. Por tanto, la ley bien puede modificar las normas que consagran la proporci\u00f3n en que se realizar\u00e1n los aumentos de las mesadas pensionales\u2026 <\/p>\n
Que si bien en la sentencia CC C-110 de 2006, la Corte Constitucional se declar\u00f3 inhibida se declar\u00f3 inhibida por falta de competencia funcional por carencia de objeto, en la medida en que el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 4\u00aa de 1976 fue derogado desde el a\u00f1o de 1988, lo cierto es que no se pod\u00edan ignorar las consideraciones all\u00ed expuestas sobre la forma como opera el reajuste pensional frente a pensiones reconocidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, en la que al respecto se reflexion\u00f3: <\/p>\n
\u2018De lo anterior se concluye que, en la actualidad, a los pensionados bajo la vigencia de la ley 4\u00aa de 1976 no se les reajusta la pensi\u00f3n con base en dicha ley, [\u2026] sino que, al igual que todos los dem\u00e1s pensionados, el reajuste se lleva a cabo siguiendo la formula prevista en el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s normas concordantes\u2019. <\/p>\n
En suma, debe destacarse que en la sentencia CSJ SL, 28 en. 2009, rad. 31936, esta Corporaci\u00f3n ha explicado que el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 4\u00aa de 1976 fue derogado expresamente por el 1\u00b0 de la Ley 71 de 1988 y este, a su vez, por el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993 (sentencias CSJ SL, 11 mar. 2009, rad. 35213, CSJ SL, 14 sep. 2010, rad. 36296 y CSJ SL689-2015)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, estableci\u00f3 que como el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 4\u00aa de 1976 fue derogado por el 1\u00b0 de la Ley 71 de 1988 y este por el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con lo considerado por la Sala, \u00ablos destinatarios de los reajustes son aquellos que para el 1\u00ba de enero de cada a\u00f1o ostentan la condici\u00f3n de pensionados, \u2018bien sea porque ya est\u00e9n recibiendo su correspondiente monto o porque est\u00e9n a punto de recibir la primera mesada\u2019, pues el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, no impone l\u00edmites ni se\u00f1ala condici\u00f3n alguna para su efectividad, como s\u00ed ocurr\u00eda con el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 4\u00aa de 1976, seg\u00fan el cual, ten\u00edan derecho al reajuste quienes tuvieran el estatus de pensionado un a\u00f1o antes, el cual desapareci\u00f3 con la modificaci\u00f3n que le hiciera el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 71 de 1988\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, destac\u00f3 que el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 238 de 1995, por medio de la cual se adicion\u00f3 al precepto 279 de la Ley 100 de 1993, en el par\u00e1grafo 4\u00ba, dispuso: <\/p>\n
En esa medida, adujo que, \u00aba partir del 26 de diciembre de 1995, data en que fue publicada la referida Ley 238 de 1995, qued\u00f3 plenamente establecido que los reajustes pensionales previstos en dichos c\u00e1nones, aplican incluso para los pensionados de los reg\u00edmenes exceptuados, entre los cuales, ciertamente est\u00e1n incluidos quienes pertenec\u00edan al sistema pensional de Ecopetrol S.A.\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente a la actualizaci\u00f3n del IBL, se\u00f1al\u00f3 que no exist\u00eda equivocaci\u00f3n alguna del Tribunal en negarla, dado que \u00abla misma recurrente admite que la prestaci\u00f3n se hizo efectiva a partir del d\u00eda siguiente a la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral, de suerte que, entre uno y otro momento, no medi\u00f3 periodos en los que sus ingresos se vieran afectados por la p\u00e9rdida de poder adquisitivo de la moneda\u00bb, citando en sustento lo dicho en la sentencia CSJ SL, 27 en. 2010, rad. 35763, memorada en la CSJ SL581-2020, sobre la indexaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida razonadamente, con base en la jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
Por lo tanto, las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep., Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas y como quiera que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. En consecuencia, a prop\u00f3sito de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y puntual del asunto sub examine, por las razones anteriormente consignadas, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 7-8, Subcarpeta 1 118738 Reparto \u201cacci\u00f3n de tutela Helivardo Murcia G\u00f3mez.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Folios 10-11, Ibidem. <\/p>\n
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STC17195-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC17195-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01660-01 ((Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60249","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60249","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60249"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60249\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60249"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60249"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60249"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}