STC17199-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17199-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01787-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 09 de septiembre de 2021 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que neg\u00f3 el amparo reclamado por Miguel \u00c1ngel Monterrosa Zabala contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y libertad, presuntamente conculcado por las autoridades acusadas al interior del proceso de extinci\u00f3n de dominio adelantado en su contra. <\/p>\n
2. De las probanzas obrantes en el plenario, se advierte la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. En sentencia del 17 de julio del 2017, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga conden\u00f3 a Miguel \u00c1ngel Monterrosa Zabala a pena de 208 meses de prisi\u00f3n como responsable del delito de homicidio -v\u00edctima Alfredo Calder\u00f3n Vallejo-1. En dicha decisi\u00f3n se le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la penal y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.2. El 03 de febrero del 2016, el Juez Promiscuo del Circuito con funciones de conocimiento de Simit\u00ed (Bol\u00edvar) conden\u00f3 al accionante a pena de 300 meses de prisi\u00f3n, como responsable del delito de homicidio agravado del que fue v\u00edctima Jos\u00e9 Alfredo Vallejo Cano, en concurso heterog\u00e9neo con el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado2. <\/p>\n
2.3. A su turno, el 09 de septiembre del 2010, el despacho Promiscuo del Circuito con funciones de conocimiento de Simit\u00ed conden\u00f3 al actor a pena de 56 meses y 7 d\u00edas de prisi\u00f3n como responsable de rebeli\u00f3n3. <\/p>\n
2.4. La vigilancia de las penas en los tres procesos fue asignada al aludido Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bucaramanga. <\/p>\n
2.5. El 05 de diciembre del 2017, el promotor del amparo solicit\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las condenas correspondientes al expediente 2010-80043 de aquellas impuestas en los radicados 2010-80044 y 2010-00101. En consecuencia, pidi\u00f3 que \u00aben virtud a la acumulaci\u00f3n, sea vigilada y bajo una misma cuerda y bajo la radicaci\u00f3n de la referencia, los dos procesos acumulados\u00bb y se \u00abordene tener y como fecha de privaci\u00f3n de la libertad el 07 de agosto de 2010 que corresponde a la fecha de detenci\u00f3n por el delito de rebeli\u00f3n, y como consecuencia, se me tenga igualmente en cuenta, el tiempo reconocido como redenci\u00f3n de pena por el delito de Rebeli\u00f3n y dentro del proceso\u00bb4. <\/p>\n
2.6. El 24 de enero del 2018, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas al se\u00f1or Monterrosa Zabala \u00aben sentencias (1) del 17 de julio de 2017, proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bucaramanga, NI 22939 (2010-80044) como responsable del delito de HOMICIDIO y (2) del 03 de febrero de 2016, por el Juzgado Promiscuo del circuito con funciones de conocimiento de Simit\u00ed, NI 28292 (2010-80043), como responsable de los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO en concurso heterog\u00e9neo con el delito de FABRICACI\u00d3N, TR\u00c1FICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO\u00bb5. En atenci\u00f3n a ello, dictamin\u00f3 que el sentenciado qued\u00f3 sometido a una pena definitiva acumulada de 410 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, neg\u00f3 la solicitud de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica \u00abde penas deprecada por el sentenciado MIGUEL ANTONIO MONTERROSA ZABALA con relaci\u00f3n a la sentencia proferida el 09 de septiembre de 2010, por el Juzgado Promiscuo del Circuito con funciones de Conocimiento De Simit\u00ed por el delito de rebeli\u00f3n (2010-00101)\u00bb. <\/p>\n
2.7. Inconforme, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 28 de junio del 2021, resolvi\u00f3 confirmar el auto impugnado. <\/p>\n
2.8. Para el accionante, tal postura resulta irracional puesto que \u00abtodos los hechos por los cuales fui procesado ocurrieron en el a\u00f1o 2010 otra cosa es que lo procesos no fueron adelantados homog\u00e9neamente, sino que se individualizaron, solo con el \u00e1nimo de hacer una justicia m\u00e1s represiva, y castigante contrariando el principio in dubio pro reo. Pue (sic) ten\u00eda el derecho a recibir en un solo procesola (sic) sanci\u00f3n, ya sea por concurso de conductas punibles o por delitos continuos o sucesivos como la rebeli\u00f3n, culpa del funcionario de la fiscal\u00eda, y es quien me tiene en esta dificultad tan grande\u00bb. <\/p>\n
Tras traer de presente jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, asever\u00f3 que cumple a cabalidad con todos los requisitos exigidos para darse la figura jur\u00eddica de la acumulaci\u00f3n de penas, \u00abpues as\u00ed como se hizo con los proceso (sic) 2010-80043 y 291080044 los cuales los acumularon, el proceso 2010-00101 tambi\u00e9n se puede acumular; siendo este del mismo a\u00f1o, siendo conexo, y teniendo la misma naturaleza\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, que se deje sin efectos \u00ablos interlocutorios de fechas: 24 de enero de 2018(053) emnado (sic) del H.Juzagado (sic) tercero de ejecuci\u00f3n de penas de Bucaramanga; y el Interlocutorio de fecha del 28 de junio de 2021, emanado del H. Tribunal superior -sala penal de Bucaramanga\u00bb. En consecuencia, \u00abordenar al H. Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja Boyac\u00e1, la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas; de acuerdo a lo expuesto en regalones (sic) atr\u00e1s; siendo el H. Despacho antes mencionado, el competente por jurisdicci\u00f3n, para resolver la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal 39 Seccional de Bucaramanga solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela comoquiera que \u00abcomo Fiscal\u00eda, que adelant\u00f3 la correspondiente investigaci\u00f3n hasta culminar con una sentencia condenatoria, en virtud del art. 250 de la Constituci\u00f3n, se agot\u00f3 all\u00ed su funci\u00f3n, dado que efectivamente se procedi\u00f3 a acusar ante su Juez Natural al aqu\u00ed accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga inform\u00f3 que \u00abdesde el pasado 27 de julio de 2021 con oficio 9324 se remiti\u00f3 la causa acumulada por competencia a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad de Tunja -reparto-, por encontrarse el sentenciado privado de la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario de C\u00f3mbita Boyac\u00e1\u00bb. <\/p>\n
3. El Despacho Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga con funciones de conocimiento evidenci\u00f3 que \u00abel amparo constitucional de marras no se encuentra dirigido a cuestionar providencias de este estrado judicial y por sustracci\u00f3n de materia, no puede deprecarse vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del sentenciado Miguel \u00c1ngel Monterrosa Zabala, por parte de este juzgado\u00bb. <\/p>\n
4. El juzgador Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Simit\u00ed -Bol\u00edvar- remiti\u00f3 la carpeta del proceso 2010-080043. <\/p>\n
5. El juez Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja apuntal\u00f3 que las providencias cuestionadas \u00abfueron cimentadas \u00fanica y exclusivamente en el examen de las normas legales aplicables a su particular situaci\u00f3n jur\u00eddica. Tal hermen\u00e9utica est\u00e1 edificada en el principio de la \u201cautonom\u00eda funcional de los jueces\u201d y es coherente con los postulados de administrar justicia estatuidos en los art. 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
6. La Procuradur\u00eda 295 Judicial Penal I de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que las decisiones objeto de reparo no constitu\u00edan v\u00edas de hecho dado que \u00abla raz\u00f3n por la cual, las autoridades judiciales negaron la acumulaci\u00f3n de la se\u00f1alada sentencia, en los respectivos prove\u00eddos, fue porque, como en ellos se consigna, la pena se\u00f1alada en dicha sentencia ya hab\u00eda sido ejecutada, pues el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante auto del 24 de abril de 2014, decret\u00f3 pena cumplida, fecha en la que a\u00fan no hab\u00edan sido emitidas las dem\u00e1s sentencias condenatorias objeto de acumulaci\u00f3n en los prove\u00eddos que se\u00f1ala el accionante MIGUEL ANGEL MONTERROSA ZABALA\u00bb. <\/p>\n
7. Un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga afirm\u00f3 que lo argumentado por el interno respecto a que se decrete la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de la pena impuesta bajo el radicado 2010-00101 \u00abno es acertado, dado que para acceder al beneficio deprecado deben atenderse las exigencias consagradas en el art\u00edculo 460 de la Ley 906 de 2004, al igual que lo desarrollado por la jurisprudencia – lo que se ajusta a lo resuelto por la juez ejecutora -, sin que en sede de la fase de ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal resulte factible cuestionar la forma en que la agencia fiscal realiz\u00f3 la investigaci\u00f3n y los motivos que condujeron a no promover una sola actuaci\u00f3n penal bajo la misma cuerda procesal – (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo en atenci\u00f3n a que las providencias censuradas contienen argumentos razonables \u00abpues se sustentan en las normas que gobiernan el instituto acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas\u00bb. Evidenci\u00f3 que tales prove\u00eddos est\u00e1n ajustados \u00aben la medida en que negaron la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica del proceso con rad. 2010-00101, en raz\u00f3n a que la sentencia – 9 de septiembre de 2010 – ya hab\u00eda sido ejecutada – 24 de abril de 2014 – al momento de dictarse los fallos en los procesos con rad. 2010-80043 – 3 de febrero de 2016- y rad. 2010-80044 – 17 de julio de 2017\u00bb; ello en aplicaci\u00f3n de la expresa prohibici\u00f3n contenida en el inciso segundo del art\u00edculo 460 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la expresi\u00f3n \u00abni penas ya ejecutadas\u00bb del citado canon fue declarado constitucional en C-1086 del 2008 por la Corte Constitucional \u00abbajo el entendido que la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas s\u00ed resulta procedente en eventos de conexidad cuando una de las condenas ya se encuentre ejecutada\u00bb. No obstante, el se\u00f1or Monterrosa Zabala no cumple con la condici\u00f3n exigida en la jurisprudencia constitucional, \u00abtoda vez que en el proceso radicado n\u00ba 2010-00101 se impuso una condena por un delito que no es conexo con las conductas por las que fue sancionados en las dem\u00e1s actuaciones penales seguidas en su contra. Punto en el cual se destaca que el accionante no demostr\u00f3 que dicha afirmaci\u00f3n no fuera cierta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante quien insisti\u00f3 en que no contaba con medios ordinarios para cuestionar las providencias mediante las cuales se neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas. Por otro lado, manifest\u00f3 que los hechos en los tres radicados son conexos \u00abpor cuanto se advierte que tienen una relaci\u00f3n sustancial como una cadena final\u00edstica entre los hechos pues la primera condena fue por la Rebeli\u00f3n y luego pasado el a\u00f1o me empiezan a procesar por los procesos 2010-80043 y el 44; luego de iniciar con los procesos ya mencionados se demoraron m\u00e1s de seis a\u00f1os en producir condenas, tiempo muy longevo e injustificable. Los delitos son conexos, pues fueron dentro de la misma organizaci\u00f3n. Como lo dijo el mismo Juzgado y el H. Tribunal, que son conexos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine el gestor alega la vulneraci\u00f3n de sus derechos por parte de la accionada comoquiera que vulneraron sus derechos fundamentales con ocasi\u00f3n del auto que deneg\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas de radicado 2010-00101 a los procesos 2010-80043 y 2010-80044. <\/p>\n
2. En ese orden de ideas, pronto advierte esta Sala que el amparo constitucional deprecado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada debe confirmarse. Ello toda vez que la determinaci\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga de confirmar la decisi\u00f3n de no acumular las penas se halla razonable. <\/p>\n
En efecto, en la determinaci\u00f3n del 28 de junio del 2021, el Colegiado accionado explic\u00f3 que acert\u00f3 el a quo \u00abpuesto que la sanci\u00f3n impuesta por el delito de rebeli\u00f3n ya hab\u00eda sido ejecutada al dictarse las sentencias condenatorias por la comisi\u00f3n de los reatos de homicidio agravado y homicidio en concurso homog\u00e9neo con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de armas de fuego, es decir, por la expresa prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 460 de la Ley 906 de 2004 y, por consiguiente, la pena de 56 meses y 7 d\u00edas de prisi\u00f3n no pod\u00eda acumularse a las otras dos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, indic\u00f3 que el argumentos esgrimido por el accionante no es acertado en tanto que \u00abpara acceder al beneficio deprecado deben atenderse las exigencias consagradas en el art\u00edculo 460 de la Ley 906 de 2004, al igual que lo desarrollado por la jurisprudencia \u2013 lo que se ajusta a lo resuelto por la juez ejecutora-, sin que en sede de la fase de ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal resulte factible cuestionar la forma en que la agencia fiscal realiz\u00f3 la investigaci\u00f3n y los motivos que condujeron a no promover una sola actuaci\u00f3n penal -bajo la misma cuerda procesado-, todo lo cual debi\u00f3 argumentarse en el oportuno instante procesal, con fundamento en el factor de competencia de conexidad y el principio de unidad procesal -art\u00edculos 50 y siguientes ib\u00eddem-, espacio temporal ya ampliamente superado\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida con fundamento en la normativa que regula la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas. <\/p>\n
Por el contrario, los argumentos con los cuales la accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento subjetivo frente a las consideraciones en que la magistratura se bas\u00f3 para resolver negativamente la solicitud incoada. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, capaz de rebozar el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
4. En todo caso, si se sostuviera que no se atendi\u00f3 a lo expresado por la Corte Constitucional al momento de declarar la exequibilidad de la expresi\u00f3n \u00abni penas ya ejecutadas\u00bb contenida en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 460 de la Ley 906 del 2004, en el sentido de entender que \u00ab la expresi\u00f3n acusada \u201cni penas ejecutadas\u201d que prev\u00e9 una excepci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n del sistema de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, no es predicable de las condenas proferidas por delitos conexos, eventos amparados por el principio de la unidad del proceso, el cual cobra pleno vigor en el momento de la ejecuci\u00f3n de las distintas sentencias\u00bb6, lo cierto es que el actor no demostr\u00f3 que el delito por el cual se conden\u00f3 en el radicado 2010-00101 fuera conexo con aquellos por los cuales fue sancionado en los procesos 2010-80043 y 2010-80044. Aspecto que, en todo caso, corresponde determinar a los jueces de conocimiento. <\/p>\n
5. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de reclamo, por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Expediente 2010-80044. <\/p>\n
2\u0002 Expediente 2010-80043. <\/p>\n
3\u0002 Expediente 2010-00101. <\/p>\n
4\u0002 Folio 19 del PDF \u00abtutela montegrosa zabala\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Folio 33 del PDF \u00abtutela montegrosa zabala\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 C-1086 del 2008. <\/p>\n
<\/p>\n
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