STC17219-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17219-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2021-00227-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 20 de octubre de 2021, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Jos\u00e9 Fernando, quien adujo actuar en nombre de Erika del Pilar, Romero Santos y Luis Ricardo1, este \u00faltimo menor de edad, contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Sahag\u00fan. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procur\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de sus representados al debido proceso igualdad, seguridad jur\u00eddica, legalidad, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente trasgredidos por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, refiri\u00f3 los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Johana Mar\u00eda inici\u00f3 un proceso declarativo de existencia, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad de hecho contra los herederos del fallecido Gonzalo Josu\u00e9, con quien supuestamente conviv\u00eda, asunto que correspondi\u00f3, por reparto, al juzgado accionado, el cual, por auto del 23 de octubre de 2020, concedi\u00f3 \u00abirregularmente\u00bb a favor de la accionante un amparo de pobreza. <\/p>\n
2.2. Como apoderado de los accionados se opuso a la concesi\u00f3n del referido beneficio, por no cumplir con los requisitos establecidos en los art\u00edculos 151 y 152 del C\u00f3digo General del Proceso, pedimento que fue denegado en auto de \u00ab01-05-2021\u00bb2, en el que, adicionalmente, se impuso una multa a \u00e9l y a cuatro de sus poderdantes, de conformidad con el art\u00edculo 158 ibidem. <\/p>\n
2.3. En relaci\u00f3n con lo anterior, asever\u00f3 que \u00ab(\u2026) dicho auto fue apelado y sustentado oportunamente (\u2026)\u00bb y \u00abconfirmado\u00bb por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, el 25 de agosto de 2021. <\/p>\n
Asimismo, afirm\u00f3 que, con las providencias referidas, tanto el Juzgado como el Tribunal vulneraron sus derechos \u00abal imponer una multa, por ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, derecho que se encuentra garantizados por nuestro estado social\u00bb y por tomar la decisi\u00f3n de conceder el amparo de pobreza, sin tener en cuenta los requisitos respectivos. <\/p>\n
Argument\u00f3 que dichas providencias eran violatorias del debido proceso, por cuanto no tuvieron en cuenta, al aceptar el amparo cuestionado, que \u00aben Colombia el derecho civil es rogado, y solo se puede litigar, con poderes generales y especiales y los asuntos que se reclaman debe estar expreso, claramente identificados, es decir el poder debe ser expreso al caso concreto en litigio art 47 CGP\u00bb. <\/p>\n
Y reproch\u00f3 que \u00abestos despachos judiciales han vulnerado el derecho fundamental esencial y pilar fundamental de nuestro estado social de derecho, como es el respeto a la dignidad humana de mis poderdantes y suscrito, al imponer una multa, por ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, derecho que se encuentra garantizado en nuestro estado social\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, la salvaguarda de las garant\u00edas desconocidas por el operador judicial convocado y, en consecuencia, que \u00abse deje sin efecto la multa\u00bb. <\/p>\n
4. Inicialmente, la acci\u00f3n de tutela fue admitida por esta Corporaci\u00f3n, para su tr\u00e1mite en primera instancia; sin embargo, previo a resolver el asunto, se advirti\u00f3 que \u00abcontrario a lo afirmado por el peticionario, la providencia de 25 de agosto de 2021 no se pronunci\u00f3 en relaci\u00f3n con los prove\u00eddos del Juzgado accionado que resolvieron lo relativo al amparo de pobreza ni frente a la imposici\u00f3n de la aludida multa, pues el an\u00e1lisis de dicho colegiado se centr\u00f3 en determinar si el a quo hab\u00eda errado en la decisi\u00f3n adoptada el 12 de mayo de 2021, al haber rechazado la reforma de la demanda\u00bb3. <\/p>\n
Por ello, se orden\u00f3 la remisi\u00f3n a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, para que conociera de la presente queja constitucional en primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 18 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres indic\u00f3 que \u00abLos razonamientos del juzgador tutelado no comportan una interpretaci\u00f3n irrazonable. Por el contrario, se encuentra suficientemente motivado y ajustado a la ley y a la jurisprudencia y por ende no es susceptible de quebrar por v\u00eda de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Sahag\u00fan se\u00f1al\u00f3 que, \u00absi el togado y los accionantes se encontraban inconformes con el amparo de pobreza solicitado y se deseaban atacar el mismo por los requisitos formales de la concesi\u00f3n de este, siendo ello un requisito formal debi\u00f3 ser objeto de reproche mediante recurso de reposici\u00f3n contra el auto que lo concedi\u00f3; sin embargo, se observa que contra \u00e9ste no hizo el togado ning\u00fan pronunciamiento quedando dicha decisi\u00f3n en firme, por lo que no le es dable mediante la terminaci\u00f3n del amparo, dise\u00f1ado para terminar el amparo cunado han cesado los motivos para su concesi\u00f3n, atacar los defectos formales cuando dej\u00f3 vencer en silencio la oportunidad procesal para ello\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Monter\u00eda neg\u00f3 el amparo, por considerar que del \u00abauto adiado 1\u00ba de mayo de 2021 proferido por el juzgado accionado, se extrae que el Juez lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que no exist\u00edan fundamentos de hecho, ni de derecho que sustentaran la terminaci\u00f3n del amparo de pobreza impetrado por los accionados\u00bb, sin observar \u00abfalencia en la interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable al caso objeto de estudio\u00bb, pues \u00abtal y como reza en la parte final del art\u00edculo 158 del CGP arriba citado, la decisi\u00f3n de multar a los accionantes no constituye una decisi\u00f3n arbitraria por parte del Juzgado, puesto que la ley as\u00ed lo plantea\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, quien aleg\u00f3 que \u00abjam\u00e1s me he opuesto a la concesi\u00f3n del beneficio (\u2026) Mi inconformismo es con el procedimiento utilizado, para su solicitud, que es abiertamente contrario al procedimiento indicado en los art 151 y 152, ya que fue solicitado por el apoderado sin cumplir los requisitos de los art antes mencionados y poder para ello, sin el juramento de rigor personal del solicitante el cual es obligatorio no se presume\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el profesional del derecho censura la presunta vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de sus representados por parte del Juzgado Promiscuo de Familia de Sahag\u00fan, por haber concedido un amparo de pobreza a la demandante y por la multa que les impuso ante la negativa de la terminaci\u00f3n de dicho beneficio. <\/p>\n
2. Pues bien, de las probanzas allegadas, advierte la Sala, en primer lugar, que el accionante no se encuentra legitimado para actuar en nombre de las personas que dice representar, a fin de cuestionar las actuaciones u omisiones que se atribuyen al estrado judicial accionado, por cuanto no es parte en el proceso, no cuenta con poder especial que lo faculte para ello y no acredit\u00f3 las condiciones para ser su agente oficioso. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese aspecto, debe resaltarse que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
<\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (Se subraya, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
El poder especial para intervenir en sede de tutela es aqu\u00e9l que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T\u001f001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya, STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019, STC11675-2021). <\/p>\n
2.2. En consonancia con lo expuesto, se concluye que Jos\u00e9 Fernando, quien acude a esta v\u00eda \u00aben ejercicio del poder a mi conferido por los se\u00f1ores ERIKA DEL PILAR (\u2026) RONALDO \u2026JAZMID \u2026PATRICIA (\u2026) ROMERO SANTOS (\u2026) LUIS RICARDO\u00bb -demandados en el juicio de declaraci\u00f3n de existencia, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial bajo radicado 2020-00122-, al no ser parte en el proceso, no es la persona directamente afectada y tampoco alleg\u00f3 poder especial, ni demostr\u00f3 que su intervenci\u00f3n en este caso obedeciera a su condici\u00f3n de agente oficioso, por tanto, no se encuentra legitimado para actuar en nombre de quienes dice representar. <\/p>\n
En ese orden, frente a la presunta vulneraci\u00f3n de las prerrogativas de los accionados en el tr\u00e1mite censurado, quienes son los legitimados para cuestionar las supuestas irregularidades por la concesi\u00f3n del amparo de pobreza sin el lleno de los requisitos legales, la tutela es improcedente, por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa referida. <\/p>\n
3. De otro lado, como el profesional del derecho tambi\u00e9n cuestion\u00f3 la presunta irregularidad contenida en el prove\u00eddo del 1 de junio de 2021, que impuso una multa en su contra y que fue confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sahag\u00fan el 6 de octubre siguiente, se entrar\u00e1 a resolver \u00fanicamente en ese aspecto. <\/p>\n
3.1. Examinada la providencia a trav\u00e9s de la cual la autoridad judicial demandada adopt\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, observa la Sala que, independientemente de que se comparta o no la postura asumida, la misma se encuentra razonada bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, el operador judicial cognoscente, luego de plasmar las razones que lo llevaron al convencimiento de que no deb\u00eda revocarse el amparo de pobreza otorgado a la demandante, como lo hab\u00eda solicitado previamente el abogado (\u2026), sostuvo que \u00aben estricto cumplimiento a lo dispuesto en la parte final del citado art\u00edculo 158 [C.G.P], se impondr\u00e1 a los demandados y a su apoderado, sendas multas de un salario m\u00ednimo mensual, por haberse resuelto desfavorablemente su solicitud\u00bb. <\/p>\n
3.2. Pues bien, el art\u00edculo 158 del C\u00f3digo General del Proceso, que regula lo relativo a la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del amparo de pobreza, dispone expresamente que, \u00abEn caso de que la solicitud no prospere, al peticionario y a su apoderado se les impondr\u00e1 sendas multas de un salario m\u00ednimo mensual\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
De manera que, cuando lo reclamado en ese sentido no es aceptado, es procedente multar tambi\u00e9n al apoderado de los solicitantes, sin que ello implique restricci\u00f3n a los derechos de defensa y contracci\u00f3n de las partes representadas en el proceso, pues aquella decisi\u00f3n corresponde al cumplimiento de la ley. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, la determinaci\u00f3n cuestionada, en cuanto impuso una multa al apoderado aqu\u00ed accionante, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, dado que fue proferida en ejercicio del deber contenido en la normatividad que gobierna el asunto \u2013art\u00edculo 158 del C.G.P.-, circunstancia que, desde luego, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En ese sentido, es pertinente precisar que el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como se observa, la decisi\u00f3n cuestionada no muestra la vulneraci\u00f3n de los derechos del abogado tutelante. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, que neg\u00f3 el amparo, pero por los motivos aqu\u00ed esbozados. <\/p>\n
<\/p>\n
II. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 \u00abDocumento generado en 01\/06\/2021\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 V\u00e9ase que el Tribunal al resolver el recurso de apelaci\u00f3n indic\u00f3 que \u00abno est\u00e1 dem\u00e1s recalcar que nos encontramos frente a una apelaci\u00f3n de auto, por medio del cual se rechaz\u00f3 la reforma de la demanda, por tanto, de conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 321 del CGP, dicho prove\u00eddo es apelable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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