STC17229-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17229-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 70001-22-14-000-2021-00191-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo el 3 de noviembre de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el Departamento de Sucre contra el Juzgado Primero Civil del Circuito con Funciones Laborales de Corozal. Al tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La peticionaria, por conducto de apoderada judicial, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El Departamento de Sucre se encuentra en el marco de un Acuerdo de Reestructuraci\u00f3n de Pasivos conforme a la Ley 550 de 1999, desde el 6 de octubre de 2009. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Primero Civil del Circuito con Funciones Laborales de Corozal, libr\u00f3 mandamiento de pago el 23 de marzo de 2021, con ocasi\u00f3n de la demanda ejecutiva de mayor cuant\u00eda promovida por la IPS Nueva Esperanza S.A.S. contra la accionada de radicado 2021-00045-00. Luego, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en providencia del 10 de junio de la cursante anualidad. <\/p>\n
2.4. Por lo anterior, sostuvo que el proceder del estrado judicial accionado incursion\u00f3 en una v\u00eda de hecho, en vista de que desconoci\u00f3 los lineamientos establecidos en la Ley 550 de 1999, la cual dispone \u00abla PROHIBICI\u00d3N DE LIBRAR MANDAMIENTOS DE PAGO en contra de entidades p\u00fablicas que se encuentren incursos en procesos de reestructuraci\u00f3n de pasivos\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, \u00ablevantar las medidas de embargo decretadas por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES LABORALES DE COROZAL dentro de los procesos con Radicado No. 2021-000-45-00 y 2013-00136, Cuyos demandantes son IPS NUEVA ESPERANZA S.A.S y FUNDACIO\u0301N CAMINO A LA VIRTUD respectivamente\u00bb. Asimismo, exhort\u00f3 \u00abse declare la nulidad de todo lo actuado dentro de los procesos ejecutivos con Radicado No. 2021-000-45-00 y 2013-00136, Cuyos demandantes son IPS NUEVA ESPERANZA S.A.S y FUNDACIO\u0301N CAMINO A LA VIRTUD respectivamente y en consecuencia se suspendan todos los procesos ejecutivos en curso en dicho Juzgado\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito con Funciones Laborales de Corozal, luego de relatar lo acaecido en el tr\u00e1mite debatido, manifest\u00f3 que \u00abno es cierto que el t\u00edtulo ejecutivo de recaudo en el proceso ejecutivo radicado bajo el No. 2021- 00045-00 sea igual al que se present\u00f3\u0301 en el 2019-00078-00, puesto que en el 2021- 00045-00 no solo se acompa\u00f1aron las respectivas actas contentivas de los valores adeudados, sino tambi\u00e9n las respectivas facturas y sus anexos, raz\u00f3n por la cual, [\u2026] este despacho decidi\u00f3\u0301 librar mandamiento de pago por varias sumas de dinero, con base ahora en un t\u00edtulo ejecutivo complejo. Es decir, en la demanda en la que este juzgado neg\u00f3\u0301 el mandamiento de pago solo se aport\u00f3\u0301 como t\u00edtulo ejecutivo la referida acta de conciliaci\u00f3n, mientras que en el proceso radicado bajo el No. 2021-00045-00 se aportaron todos los documentos que conforman el t\u00edtulo ejecutivo complejo\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, explic\u00f3 que el amparo se torna improcedente, pues en el \u00abproceso ejecutivo No. 2021-00045-00 se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia que decidi\u00f3\u0301 las excepciones\u00bb. Sobre el compulsivo de radicado 2013-00136-00, resalt\u00f3 que \u00abse encuentra pendiente de que el juzgado profiera el auto que concede el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de fecha 8 de octubre de 2021, el cual contiene t\u00f3picos e inconformidades que coinciden con lo que tambi\u00e9n arguye el accionante en la presente tutela\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo neg\u00f3 el amparo, al estimar que, \u00abrespecto de algunas de las decisiones emitidas por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES LABORALES DE COROZAL \u2013 SUCRE no se ech\u00f3\u0301 mano de los recursos de ley, mientras que en los casos en los que si\u0301 se hizo uso de los mismos, estos est\u00e1n pendientes concesi\u00f3n y resoluci\u00f3n en el juzgado de origen y en el despacho del juzgador de segunda instancia, respectivamente\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que, \u00absi bien la tutelante manifest\u00f3\u0301 que hace uso de la acci\u00f3n de amparo como un mecanismo para evitar un perjuicio irremediable, no explica cu\u00e1l es el riesgo inminente respecto de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca que se debe evitar, y mucho menos aporto\u0301 pruebas de la existencia de ese menoscabo, sin que ello se evidencie de oficio\u00bb. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el apoderado de la gestora, quien se opuso a lo dispuesto por el a quo constitucional. En concreto, expres\u00f3 que el Tribunal Constitucional, no consider\u00f3 que la actuaci\u00f3n procesal del Juzgado accionado \u00abviolo\u0301 lo consignado en el numeral 13 del Art\u00edculo 58, es decir, actu\u00f3\u0301 contrario a la Ley en el sentido de, no iniciaci\u00f3n de procesos de ejecuci\u00f3n ni embargos de los activos y recursos de la entidad, y la suspensi\u00f3n de tales procesos o embargos. Con eso tenemos claro que no hay otro medio id\u00f3neo para ejercer la defensa del DEPARTAMENTO DE SUCRE que la ACCIO\u0301N DE TUTELA, pues, al actuar con total desconocimiento preferente y sumario que se cuenta para evitar que los recursos del Ente Territorial que son inembargables por lo ya se\u00f1alado, sean puestos a disposici\u00f3n del JUZGADO ACCIONADO\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la entidad promotora se duele del decreto de medidas cautelares proferidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito con Funciones Laborales de Corozal al interior de los procesos ejecutivos de radicados 2021-00045-00 y 2013-00136-00. Ello pues, estim\u00f3 que tal circunstancia no era viable en atenci\u00f3n al Acuerdo de Reestructuraci\u00f3n de Cr\u00e9ditos -conforme a la Ley 550 de 1990- en el que se encuentra el Departamento de Sucre, configurando as\u00ed, en una v\u00eda de hecho que amerita la perentoria salvaguarda. <\/p>\n
2. Temprano esta Sala advierte la improcedencia del amparo. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, por las razones que se pasan a exponer. <\/p>\n
2.1. Por un lado, se avizora que en el marco del tr\u00e1mite ejecutivo de radicado 2021-00045-00, el despacho accionado con auto del 23 de marzo de 2021, resolvi\u00f3 librar mandamiento de pago. Y decret\u00f3 \u00abel embargo de las sumas de dinero que el Departamento de Sucre\u2026 tenga o llegare a tener en la cuenta N\u00ba 353636095 del Banco Davivienda\u2026 2. Ni\u00e9guese las dem\u00e1s medidas cautelares solicitadas, conforme a las motivaciones expuestas en esta providencia\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el ente tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n, que no el de apelaci\u00f3n, mecanismo que era viable de conformidad con el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 321 del C.G.P. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye la improcedencia del amparo, pues la querellante cont\u00f3 con la oportunidad de exponer a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus interese y no lo hizo. <\/p>\n
2.2. Aunado a lo anterior, en el proceso citado se celebr\u00f3 audiencia el 10 de junio de 2021, en la que se resolvi\u00f3 la nulidad promovida por la convocante \u00abrelacionada con la imposibilidad de presentar demandas contra el Departamento por encontrarse sometido al Acuerdo de Reestructuraci\u00f3n de Pasivos\u00bb. <\/p>\n
En ella, el estrado enjuiciado procedi\u00f3 a rechazar el incidente propuesto, pues \u00abde conformidad con el art\u00edculo 133 del CGP las causales de nulidad son taxativas, y el Departamento ten\u00eda la doble carga de indicar en qu\u00e9 consiste la nulidad que plantea y la causal que invoca, y en su escrito lo que observamos es que cita el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica sin detenerse a explicar de qu\u00e9 manera se vulner\u00f3 ese art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
No conforme, el apoderado de la entidad promotora interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el que fue concedido en el efecto suspensivo. En seguida, las diligencias fueron remitidas a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal de Sincelejo el 25 de junio de 2021, sin que a la fecha se haya desatado el mismo. <\/p>\n
3. Por otra parte, se tiene que al interior del compulsivo de radicado 2013-00136-00, la entidad accionante solicit\u00f3 declarar la nulidad del auto del 27 de julio de 2021, mediante el cual se profiri\u00f3 sentencia anticipada y, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n conforme al mandamiento de pago. <\/p>\n
En ese orden, el Juzgado convocado con prove\u00eddo del 8 de octubre de 2021 determin\u00f3 que la solicitud de nulidad era improcedente. Ello, por cuanto que, no interpuso ning\u00fan recurso contra la determinaci\u00f3n rebatida, pese a que fue notificada por estado del 28 de julio de 2021. Adem\u00e1s, por tratarse de una sentencia \u00abla teor\u00eda del antiprocesalismo no se extiende a esas providencias, no es susceptible entonces abordar el estudio de su ilegalidad, de cara al orden y a la marcha segura del proceso\u00bb. <\/p>\n
Ante tal determinaci\u00f3n, formul\u00f3 el medio impugnatorio vertical y, elev\u00f3 petici\u00f3n \u00abde levantamiento de medida cautelar sobre la cuenta [\u2026] donde se manejan los recursos correspondientes a la prestaci\u00f3n de servicios a la poblaci\u00f3n pobre no cubierta con subsidio a la demanda\u00bb. Empero, el estrado judicial accionado no se ha pronunciado sobre la concesi\u00f3n de la alzada, ni sobre la solicitud de desembargo. <\/p>\n
4. En esas condiciones, tambi\u00e9n se estructura la causal de improcedencia del amparo establecida en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, pues el estado en que aparecen las referidas tramitaciones revela que la parte interesada est\u00e1 haciendo uso de los mecanismos judiciales de defensa, los cuales no pueden ser soslayados. De lo contrario, equivaldr\u00eda a sustituir la competencia atribuida a los jueces del proceso para resolver el conflicto planteado. <\/p>\n
En todo caso, los motivos invocados por la entidad tutelante no justifican acudir directamente a este mecanismo eminentemente subsidiario y residual, m\u00e1xime cuando, se est\u00e1 surtiendo el tr\u00e1mite necesario para resolver lo que pretende por esta instancia. <\/p>\n
Sobre el car\u00e1cter prematuro de este mecanismo supra legal, la Corte expres\u00f3 en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n, que: <\/p>\n
\u00abes palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar [\u2026] para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente [\u2026] para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (STC061 de 17 de enero de 2018, rad. 03535-00, reiterada en STC7661 de 23 de sep. 2020, rad. 2020-02423-00). <\/p>\n
Corolario de lo anterior, la entidad accionante activ\u00f3 prematuramente esta acci\u00f3n constitucional, la cual, como ya se fij\u00f3, deviene inf\u00e9rtil al estar pendiente en el escenario natural de los procesos lo pertinente a los recursos propuestos. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado por las razones expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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