STC17239-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17239-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04487-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Carlos Adolfo Parra Smith contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso judicial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al negarle la aplicaci\u00f3n de la garant\u00eda a la \u00abdoble conformidad\u00bb, dentro de la causa judicial tramitada en su contra, por el delito de lavado de activos. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte, \u00abdetermin[ar] que en [su] caso (\u2026), se cumplen los requisitos jur\u00eddicos y de tiempo para interponer, y para que sea viable la impugnaci\u00f3n especial\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que dentro del referido juicio fue absuelto el 9 de abril de 2012 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n de Cali, decisi\u00f3n que fue apelada y revocada el 7 de diciembre postrero por la Sala Penal del Tribunal Superior de la ciudad, para en su lugar, condenarlo por primera vez por el referido il\u00edcito, decisi\u00f3n que atac\u00f3 y no fue casada el 16 de junio de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Narra que el 17 de noviembre de 2020, deprec\u00f3 ante ese mismo \u00f3rgano de cierre la concesi\u00f3n de la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb, de conformidad a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2014; empero, mediante auto del 2 de diciembre siguiente, fue denegada por improcedente, determinaci\u00f3n que pese haber sido atacada a trav\u00e9s de la v\u00eda horizontal y el recurso de queja, se mantuvo inc\u00f3lume en providencia adiada 26 de mayo de la anualidad que avanza, vulnerando as\u00ed, dice, su debido proceso, en tanto que se \u00abincurre en errores interpretativos graves, al emitir las providencias que regularon el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n especial, que son restrictivas del derecho constitucional\u00bb, por lo que insiste en la necesidad que la decisi\u00f3n que por primera vez le fue adversa, sea revisada de manera integral y detallada, para que as\u00ed, sean detectadas las falencias o yerros que la misma padezca, escenario que solo puede abrirse paso, a trav\u00e9s de la presente senda constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 2 de diciembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
b). Por su parte la Coordinadora del Equipo Jur\u00eddico de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Narcotr\u00e1fico de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n puso de presente, que \u00abconforme a los registros contenidos en las bases de datos (\u2026), desde los despachos adscritos a es[a] Direcci\u00f3n Especializada contra el Narcotr\u00e1fico, no han sido conocidas diligencias en las que se haya vinculado a Carlos Adolfo Parra Smith, [por lo que] resulta imposible pronunciar[se] de fondo con respecto a lo requerido por [aqu\u00e9l], al tratarse de un asunto que escapa a la esfera de [su] conocimiento\u00bb. <\/p>\n
c). Al momento del registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por excepci\u00f3n procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Carlos Adolfo Parra Smith cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, la decisi\u00f3n del 2 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, mantenida en sede de reposici\u00f3n en prove\u00eddo del 26 de mayo del presente a\u00f1o, que le neg\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial presentada contra la sentencia condenatoria proferida en su contra por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 7 de diciembre de 2012, a trav\u00e9s de la cual fue condenado como autor del punible de lavado de activos, pues seg\u00fan su dicho, las pruebas recaudadas, no fueron valoradas a trav\u00e9s de las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
3. Para la Sala tienen trascendencia los siguientes hechos probados dentro del expediente constitucional, a saber: <\/p>\n
3.1. El 7 de diciembre de 2012, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali revoc\u00f3 la decisi\u00f3n absolutoria que dentro del precitado asunto hab\u00eda tomado el 9 de abril pr\u00f3ximo anterior el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n de Cali, y en su lugar, lo conden\u00f3 como autor del il\u00edcito individualizado en l\u00edneas precedentes. <\/p>\n
3.2. Contra lo determinado, el sentenciado interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual fue admitido y posteriormente fallado el 8 de junio de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, resolviendo no casar lo fallado. <\/p>\n
3.3. En prove\u00eddo AP3535 de 2 de diciembre de 2020, el \u00d3rgano de cierre Penal decidi\u00f3 \u00abNO CONCEDER la impugnaci\u00f3n especial pretendida por la defensa de CARLOS ADOLFO PARRA SMITH\u00bb, ello, porque \u00aben el caso examinado, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado por la defensa de CARLOS ADOLFO PARRA SMITH fue admitido para su estudio y decidido mediante sentencia que abord\u00f3 el an\u00e1lisis de los asuntos sustanciales relevantes del caso. <\/p>\n
La condena, entonces, no fue proferida por una \u00fanica autoridad judicial sino por dos, es decir, por el Tribunal Superior de Cali, primero, y por esta Corporaci\u00f3n, despu\u00e9s, cuando al resolver de fondo la impugnaci\u00f3n extraordinaria se pronunci\u00f3, sin las limitaciones de t\u00e9cnica propias de la fase de admisi\u00f3n, sobre la responsabilidad del nombrado. <\/p>\n
Con ello qued\u00f3 satisfecha la garant\u00eda de doble conformidad, la cual \u2013 se insiste \u2013 tiene por objeto, justamente, que todo fallo de responsabilidad criminal sea ratificado por una segunda autoridad judicial distinta de quien lo emiti\u00f3 con fundamento en el examen sustancial de su m\u00e9rito\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s se agreg\u00f3, que \u00aben cualquier caso, tambi\u00e9n por consideraciones temporales ser\u00eda imposible conceder la impugnaci\u00f3n reclamada, pues la sentencia de segundo grado fue emitida el 7 de diciembre de 2012, es decir, antes del 30 de enero de 2014, fecha \u00faltima que, conforme el precedente de la Corte Constitucional (SU \u2013 146 de 2020) y de esta Corporaci\u00f3n (AP2118-2020, 3 sep. 2020), marca el hito cronol\u00f3gico desde el cual la garant\u00eda de doble conformidad es exigible con independencia de la fecha en que el fallo adquiera ejecutoria\u00bb. <\/p>\n
3.4. Lo determinado fue atacado mediante el recurso de reposici\u00f3n, pero fue mantenido mediante decisi\u00f3n AP2072 de 2021. <\/p>\n
4. De entrada corresponde precisar, que esta Sala en asuntos de contornos similares, hab\u00eda sostenido el criterio que, para garantizar el respecto a la garant\u00eda de la doble conformidad, la impugnaci\u00f3n especial y el recurso de casaci\u00f3n, deb\u00edan tramitarse de manera independiente y sucesiva, de manera que la casaci\u00f3n proceder\u00eda solo despu\u00e9s de agotado aquel recurso, consider\u00e1ndose al respecto que: <\/p>\n
\u00abLa impugnaci\u00f3n especial implica una nueva etapa procesal tras proferirse el primer fallo condenatorio precedido de absoluci\u00f3n, o al haberse emitido el de \u00fanica instancia, con car\u00e1cter condenatorio. <\/p>\n
Como corolario, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no puede tener cabida antes de la doble conformidad; pero contrario sensu, es procedente luego de evacuarse la impugnaci\u00f3n especial\u2026 <\/p>\n
Para esta Sala, ambos instrumentos de defensa tienen perfiles y fuentes jur\u00eddicas dis\u00edmiles, pudi\u00e9ndose y debi\u00e9ndose rituar el primero y, luego, el segundo\u2026 <\/p>\n
Para la Corte, la \u2018impugnaci\u00f3n especial\u2019, en manera alguna, diluye el remedio extraordinario de casaci\u00f3n frente a la primera condena dictada en segunda instancia contra un ciudadano. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, como se ha rese\u00f1ado a lo largo de esta providencia, una y otra defensa son mecanismos independientes, con prop\u00f3sitos dis\u00edmiles. <\/p>\n
Del mismo modo, la \u2018impugnaci\u00f3n especial\u2019 constituye un nuevo escenario procesal cuando el ad quem revoca la decisi\u00f3n absolutoria y, en su lugar, condena al encausado. En ese momento, el interesado cuenta con dicho instrumento defensivo y, tras agotarse, tiene lugar la casaci\u00f3n\u00bb (STC-077-2021). <\/p>\n
Ese mismo criterio fue sostenido en el pronunciamiento STC4650-2021 de 29 de abril hoga\u00f1o, donde se consider\u00f3: <\/p>\n
\u00abque la \u2018doble conformidad\u2019, tambi\u00e9n denominada \u2018doble verificaci\u00f3n\u2019, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, debe surtirse como un \u2018recurso ordinario, sencillo, eficaz, accesible\u2019 e implica una nueva etapa procesal, a fin de \u2018garantizar\u2019 la revisi\u00f3n del fallo \u2018condenatorio\u2019 proferido por primera vez en segunda o en \u00fanica instancia, por un juez o tribunal de superior jerarqu\u00eda -diferente al que lo dict\u00f3-, sin que tenga sustento la deducci\u00f3n de que el agotamiento de la \u2018impugnaci\u00f3n especial\u2019 reemplaza y\/o diluye el \u2018recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u2019 o viceversa, en virtud a que son mecanismos aut\u00f3nomos y con fines distintos. <\/p>\n
Bajo ese entendido, el \u2018recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u2019 no puede tener cabida antes de la \u2018doble conformidad\u2019; contrario sensu, es procedente luego de evacuarse la \u2018impugnaci\u00f3n especial\u2019\u2026 <\/p>\n
(\u2026) son caracter\u00edsticas propias de la \u2018doble conformidad\u2019: (i) La posibilidad de atacar la primera condena y ejercer de manera ampl\u00eda el \u2018derecho a la defensa y contradicci\u00f3n frente a esta\u2019; (ii) La obligaci\u00f3n que los cuestionamientos del recurrente sean examinados por una \u2018instancia judicial\u2019 distinta a la que impuso la \u2018condena\u2019; (iii) El recurso debe ser ordinario, sencillo y eficaz que permita un amplio control formal y material de la \u2018condena\u2019; (iv) Su prop\u00f3sito no puede surtirse con otras herramientas extraordinarias como la casaci\u00f3n o revisi\u00f3n y; (v) No es propiamente una apelaci\u00f3n, sino el \u2018derecho fundamental a la doble verificaci\u00f3n de la primera condena\u2019\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Empero, ambas decisiones fueron revocadas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en prove\u00eddos STL2218-2021 y STL6115-2021, respectivamente, con fundamento en que la Sala de Casaci\u00f3n Penal al resolver los recursos de casaci\u00f3n, garantiz\u00f3 la doble conformidad, al haber estudiado all\u00ed de fondo la primera condena; por su parte, la Corte Constitucional ha considerado que la impugnaci\u00f3n especial se respeta por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, cuando en la sentencia de casaci\u00f3n efect\u00faa un an\u00e1lisis de la controversia jur\u00eddica abordada en el fallo objeto del recurso, m\u00e1s all\u00e1 de las causales del mismo, tem\u00e1tica sobre la cual ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abla Sala observa que la jurisprudencia constitucional m\u00e1s reciente reconoce que los art\u00edculos 29 superior, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP prev\u00e9n la existencia del derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria que se dicte en el marco de un proceso penal, mediante el cuestionamiento de todos los aspectos f\u00e1cticos, probatorios y jur\u00eddicos de la sentencia, ante un juez diferente del que impuso la condena, al margen de si se trata de un proceso adelantado bajo la Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004, o de si la primera sentencia inculpatoria se dict\u00f3 en segunda instancia o, incluso, en sede de casaci\u00f3n. En este sentido, el mecanismo para impugnar debe garantizar que la autoridad competente para resolver el recurso pueda realizar una revisi\u00f3n completa del fallo, que abarque no solo la sentencia recurrida, sino principalmente el problema jur\u00eddico central del caso, y que no est\u00e9 sujeta a causales que impidan el examen abierto de la misma. <\/p>\n
Si bien, en principio, y de acuerdo con la normativa que lo regula, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no cumple estas caracter\u00edsticas, corresponde al juez de tutela determinar si en el caso concreto el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de casaci\u00f3n cumple materialmente los requerimientos b\u00e1sicos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792 de 2014. Esto significa que el juez constitucional deber\u00e1 examinar, esencialmente, si (i) m\u00e1s all\u00e1 del examen de la sentencia impugnada y del estudio de las causales de casaci\u00f3n alegadas, la Sala de Casaci\u00f3n Penal analiz\u00f3 la controversia jur\u00eddica que subyace al fallo cuestionado, y (ii) si la revisi\u00f3n del fallo la adelant\u00f3 una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena\u2026 <\/p>\n
\u2026Visto lo anterior, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n concluye que la sentencia contra la cual se interpuso la acci\u00f3n de tutela de la referencia s\u00ed satisface los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n del derecho a la doble conformidad judicial fijados por la Corte en la Sentencia C-792 de 2014, toda vez que (i) hizo una revisi\u00f3n completa, amplia, exhaustiva e integral de la controversia jur\u00eddica que dio origen al proceso penal adelantado contra el actor, que no se limit\u00f3 a la decisi\u00f3n condenatoria adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, ni a las causales de casaci\u00f3n alegadas; y (ii) fue dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, es decir, por una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena. <\/p>\n
Es claro que la f\u00f3rmula de la Sala de Casaci\u00f3n penal de la Corte Suprema de Justicia para garantizar la impugnaci\u00f3n de la primera condena result\u00f3 razonable, de modo que el derecho a la doble conformidad del accionante logr\u00f3 su m\u00e1xima realizaci\u00f3n, en la medida de las posibilidades f\u00e1cticas y jur\u00eddicas del caso, pues hizo uso de las herramientas legales, procesales y jurisprudenciales de las que dispon\u00eda para ese momento. <\/p>\n
En este sentido, la sentencia de casaci\u00f3n del 29 de agosto de 2018 no incurri\u00f3 en el defecto de violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, ya que, contrariamente a lo afirmado por el accionante, s\u00ed garantiz\u00f3 el derecho a la doble conformidad judicial reconocido en los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n, 14.5 del PIDCP y 8.2.h de la CADH, y desarrollado jurisprudencialmente por esta Corporaci\u00f3n, particularmente en la Sentencia C-792 de 2014, en la medida en que dos jueces diferentes analizaron su responsabilidad en la comisi\u00f3n de los hechos indilgados\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Este entendimiento fue reiterado por la Corte Constitucional en prove\u00eddo SU-454 de 2019, y finalmente en sentencia SU-488 de 2020, donde se precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abla primera sentencia condenatoria pueda ser revisada por una autoridad distinta a la que profiri\u00f3 la condena y mediante un recurso que garantice un examen integral, que permita cuestionar aspectos f\u00e1cticos, probatorios y jur\u00eddicos, con independencia de la nominaci\u00f3n del medio judicial, recurso o procedimiento que se utilice. Por tanto, a pesar de las limitaciones del dise\u00f1o legal del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en caso de que la sentencia que lo resuelva satisfaga estas condiciones materiales, no se desconocer\u00eda el derecho a la doble conformidad. Esta valoraci\u00f3n, se reitera, es material y no formal; por tanto, pudo haber tenido como causa una revisi\u00f3n oficiosa por parte de la Corte Suprema de Justicia, o, a pesar de tratarse de un recurso extraordinario sometido a causales, el recurrente pudo haber encausado sus discrepancias por medio de los cargos formulados, y estos pudieron haber sido efectivamente valorados por la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u00bb. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, esta Sala opt\u00f3 en sentencia STC11947-2021 del pasado 14 de septiembre, por recoger la tesis que ven\u00eda sosteniendo sobre la tem\u00e1tica en comento, para entonces, acoger la postura expuesta por la Corte Constitucional, \u00aben procura de salvaguardar el principio de seguridad jur\u00eddica y de hacer efectiva la garant\u00eda de doble conformidad. As\u00ed las cosas, se advierte que, en asuntos como el que ahora se decide, corresponde al juez constitucional verificar si se respet\u00f3 la garant\u00eda en menci\u00f3n al resolver el recurso de casaci\u00f3n, en el sentido de que la primera condena haya sido revisada por una autoridad distinta a la que la profiri\u00f3 y que se hubiere efectuado un estudio de fondo de la controversia jur\u00eddica subyacente\u00bb. <\/p>\n
6. Bajo este panorama, analizar\u00e1 entonces la Sala si en la sentencia de casaci\u00f3n emitida dentro del asunto el 8 de junio de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, se cumplieron los anotados requisitos para tener por garantizada la doble conformidad, m\u00e1s all\u00e1 de la evaluaci\u00f3n de legalidad verificada sobre la primera sentencia condenatoria, prop\u00f3sito para el cual se observa, que lo all\u00ed decidido respecto del condenado Carlos Adolfo Parra Smith se fund\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas que dieron cuenta de las compraventas realizadas respecto de los bienes denominados \u00abLa Reforma\u00bb y \u00abPotrero Grande\u00bb <\/p>\n
7. Hecha esa contextualizaci\u00f3n, y revisado el contenido del prove\u00eddo que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario, observa la Corte que la Sala de Casaci\u00f3n Penal, luego de hacer una relaci\u00f3n de las pruebas incorporadas al juicio, los fundamentos del fallo de primera instancia, los argumentos del fallo se segundo grado, y, los errores planteados en la demanda: <\/p>\n
7.1. Frente al primero de los cargos, en el que el inconforme aleg\u00f3 que el Tribunal aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art\u00edculo 8 de la Ley 747 de 2002, que define el delito de lavado de activos, tras argumentar que la conducta realizada por el procesado no se enmarca en los contenidos de la aludida disposici\u00f3n de car\u00e1cter sustancial, sostuvo el \u00d3rgano de Cierre, que <\/p>\n
\u00abPara la prosperidad de un reparo de la naturaleza y alcance que, por la v\u00eda directa de infracci\u00f3n a la ley, el casacionista en este evento postula, resulta indispensable acreditar que el sentenciador hubiere declarado debidamente demostrado en la actuaci\u00f3n que el procesado no realiz\u00f3 a ning\u00fan t\u00edtulo -sea como autor, coautor, c\u00f3mplice o interviniente-, la conducta que se le imputa; que pese a haberla realizado, la misma no corresponde a la definici\u00f3n t\u00edpica que de ella hace el legislador; o que la llev\u00f3 a cabo al amparo de alguno de los motivos de ausencia de responsabilidad previstos por el legislador; o que de la prueba recaudada subsisten dudas sobre la realizaci\u00f3n del comportamiento materia de investigaci\u00f3n y juzgamiento o en relaci\u00f3n con la responsabilidad del acusado, y que pese a estar demostrada una de dichas eventualidades, decidi\u00f3 condenar cuando ha debido absolver. <\/p>\n
Nada de esto acredita el demandante en el presente caso. El Tribunal fue expreso en indicar que no solamente el procesado PARRA SMITH adquiri\u00f3 y enajen\u00f3 bienes inmuebles vinculados con el producto de los delitos de tr\u00e1fico de sustancias estupefacientes y testaferrato, sino que adem\u00e1s con pleno conocimiento y conciencia del car\u00e1cter delictivo del comportamiento, de manera libre y voluntaria lo llev\u00f3 a cabo con la finalidad de ocultar o encubrir su origen il\u00edcito\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De esta suerte, a la Corte le resulta clara la falta de fundamento en la protesta del recurrente formulada con apoyo en la causal primera por la senda de la violaci\u00f3n directa de la ley, pues pierde de vista que esta forma de transgresi\u00f3n implica, como ya fue advertido, acoger los hechos y las pruebas tal cual fueron declarados los unos y ponderadas las otras en sentencia, y esto es precisamente lo que en este caso no observa, de suerte que si su pretensi\u00f3n era cuestionar tales consideraciones del juzgador, para que la protesta tuviera alguna viabilidad no ten\u00eda m\u00e1s alternativa que acudir a la v\u00eda indirecta y acreditar que el yerro surgi\u00f3 fue en la apreciaci\u00f3n de los medios que soportaron la declaraci\u00f3n de condena. <\/p>\n
Ahora, si se da en considerar la definici\u00f3n t\u00edpica que el legislador ha hecho con respecto del delito de lavado de activos, as\u00ed como el alcance que a dicho comportamiento ha dado la jurisprudencia de esta Corte, acorde con las declaraciones f\u00e1cticas del fallo sin dificultad ninguna se establece, no s\u00f3lo desde el punto de vista objetivo sino tambi\u00e9n del subjetivo, que la conducta atribuida al procesado PARRA SMITH se enmarc\u00f3 totalmente en el contenido del art\u00edculo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 747 de 2002, pues la aludida disposici\u00f3n exige que el sujeto agente adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie, o administre bienes que tengan origen mediato o inmediato entre otras actividades il\u00edcitas, en el tr\u00e1fico de estupefacientes, de manera independiente de que el autor de la conducta llegue a acreditar que para llevar a cabo alguna de dichas actividades contaba con recursos suficientes de origen l\u00edcito, o que los bienes carec\u00edan de anotaciones o de antecedentes en los respectivos registros oficiales, o que respecto de alguno de los involucrados no se ha proferido sentencia de condena por al menos uno de los delitos subyacentes, pues repetidamente ha sido dicho que el lavado de activos es un delito aut\u00f3nomo e independiente de cualquiera otra conducta punible, que corresponde a una actividad a trav\u00e9s de la cual se realiza alguno de los m\u00faltiples verbos rectores que lo configuran y que se orienta a darle apariencia de legalidad a unos bienes de contenido patrimonial originados directa o indirectamente en alguna de las actividades delictivas all\u00ed mencionadas. <\/p>\n
Seg\u00fan los t\u00e9rminos de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, cuyos supuestos f\u00e1cticos no fueron desvirtuados en el juicio, la conducta que se le imput\u00f3 al procesado PARRA SMITH fue la de adquirir y vender bienes inmuebles, producto de las actividades il\u00edcitas del narcotr\u00e1fico desarrolladas por los se\u00f1ores RIVERA y RAM\u00cdREZ ABAD\u00cdA alias \u201cCHUPETA\u201d, hoy condenados por delitos relacionados con el tr\u00e1fico de sustancias estupefacientes, cuya propiedad finalmente fue transferida al municipio de Santiago de Cali con lo cual se perfeccion\u00f3 el fin perseguido\u00bb. <\/p>\n
7.2. Ahora bien, ya en desarrollo del segundo de los cargos, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, fundado en que los juzgadores dejaron de considerar la declaraci\u00f3n de Apolinar Salcedo Caicedo \u00abquien fuera el alcalde de Cali en cuyo gobierno esa ciudad adquiri\u00f3 de CARLOS ADOLFO PARRA SMITH, el predio POTRERO GRANDE\u00bb, as\u00ed como de Lucierne Abonaga Lopera, Subsecretaria de Renovaci\u00f3n Urbana y Proyectos Especiales del Cali; Harold Humberto \u00c1lvarez Lozano, Subdirector de Finanzas P\u00fablicas de Cali; Mar\u00eda del Rosario Pe\u00f1a Saavedra, Secretaria de Hacienda de Cali; Eduardo Eugenio Borrero Rengifo, abogado consultor de derecho inmobiliario, quien realiz\u00f3 el estudio de los t\u00edtulos de los predios; Miguel Antonio Mel\u00e9ndez Carvajal, perito avaluador de Camacol, quien fij\u00f3 el precio por metro cuadrado del terreno y; Napole\u00f3n Arboleda Trujillo, Presidente de Camacol, de los cuales dable era establecer que la venta de dicha heredad al municipio fue iniciativa de la Alcald\u00eda, que el precio pagado fue determinado por el aval\u00fao que hizo Camacol y que, ni la Alcald\u00eda ni el particular, tuvieron la posibilidad de sospechar que el bien proven\u00eda de un delito, explic\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que: <\/p>\n
Lo que s\u00ed evidencia estas transacciones, y como se dijera al momento de resolverles la situaci\u00f3n jur\u00eddica, es que se ejecutaron acciones tendientes a ocultar el verdadero origen del predio vendido al Municipio de Cali. <\/p>\n
Porque es muy clara y sencilla la operaci\u00f3n financiera: CARLOS ADOLFO PARRA SMITH pone a sus consangu\u00edneos a comprar parte de los terrenos que conforman LA REFORMA, \u00e9l hace lo mismo con el resto del terreno, para finalmente entregarlo en parte de pago a la compra de uno de mayor extensi\u00f3n POTRERO GRANDE \u2013 que negociara con \u00c1LVARO BARRERA MAR\u00cdN, sin tener trascendencia para la conducta por la que se le investiga \u2013LAVADO DE ACTIVOS- la capacidad econ\u00f3mica que ostentara, porque en primer lugar ten\u00eda asegurado el pago con la elevada suma de dinero que recibir\u00eda del municipio, y en segundo lugar, que es el motivo de la investigaci\u00f3n, porque lo que se pretend\u00eda era ocultar y transformar ese origen espurio del bien. <\/p>\n
Las dos negociaciones tienen algo en com\u00fan: los terrenos provienen de personas vinculadas con el narcotr\u00e1fico: LA REFORMA se sabe que fue de los RIVERA GONZ\u00c1LEZ y RIVERA RAMOS, personas que han sido condenadas por el delito de NARCOTR\u00c1FICO. POTRERO GRANDE de INVERSIONES y SERVICIOS FUTURO LTDA EN LIQUIDACI\u00d3N y el otro 50% por adjudicaci\u00f3n en la liquidaci\u00f3n de la sociedad INVERSIONES Y SERVICIOS LINCE LTDA EN LIQUIDACI\u00d3N, quienes a su vez lo hab\u00edan adquirido a la CONSTRUCTORA SANTIAGO DE CALI cuyos socios FREDY MONTES MART\u00cdNEZ y BENEDICTO QUI\u00d1ONEZ est\u00e1n afectados con medida de aseguramiento sin beneficio de libertad provisional en el despacho de la Fiscal\u00eda 9\u00aa UNCLA, personas relacionadas con BERNARDO MART\u00cdNEZ ROMERO y dineros procedentes del narcotr\u00e1fico como ya se rese\u00f1ara. <\/p>\n
Y, en la sentencia, el Tribunal indic\u00f3 que <\/p>\n
Bajo la l\u00f3gica de la l\u00ednea jurisprudencial antes citada, en el presente caso para tipificar el delito de lavado de activos bastaba con la demostraci\u00f3n de que el sujeto activo de la conducta ocult\u00f3 o encubri\u00f3 \u201cla verdadera naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes\u201d, incluso, sin necesidad de acreditar con una decisi\u00f3n judicial en firme el delito de donde proven\u00edan los recursos il\u00edcitos, en tanto la actividad ilegal subyacente s\u00f3lo requiere de una inferencia l\u00f3gica que la fundamente, pero que en este caso se encuentra m\u00e1s que probada a trav\u00e9s de la sentencia que se emitiera en contra de los socios de \u201cLa Reforma\u201d se\u00f1ores VICENTE WILSON RIVERA GONZ\u00c1LEZ y CAMILO HENRY RIVERA GONZ\u00c1LEZ, reconocidos narcotraficantes y propietarios de la hacienda en menci\u00f3n \u2013 sin que esta fuera necesaria como fuente demostrativa, como ya se dijo-. <\/p>\n
Es por lo anterior que se puede decir que la justicia cuenta no s\u00f3lo con la certeza de que los bienes -La Reforma y Potrero Grande- sobre los cuales se realizaron las diversas transacciones civiles eran producto de actividades il\u00edcitas, sino que, adem\u00e1s, fue precisamente por esa raz\u00f3n que personas como los aqu\u00ed implicados dispusieron su voluntad en el ocultamiento de ese origen, se reitera, realizando diferentes negocios jur\u00eddicos que permitieran limpiar su procedencia il\u00edcita con el transcurso del tiempo. <\/p>\n
De esta suerte, como quiera que a los enjuiciados no se les procesa por los t\u00e9rminos en que se produjo la negociaci\u00f3n de los terrenos con el Municipio de Cali, sino en raz\u00f3n del origen espurio de los mismos y de los entregados a cambio de aquellos por los acusados, resulta evidente que la protesta elevada por el casacionista cae en el m\u00e1s absoluto vac\u00edo, pues independientemente de lo que las pruebas extra\u00f1adas pudieran indicar, la inidoneidad de ellas para conmover el sustento de la condena se ofrece manifiesta, m\u00e1xime si el Tribunal fue expreso en indicar que <<no cabe aqu\u00ed reproche respecto del patrimonio adquirido por uno u otro procesado; la responsabilidad, como as\u00ed se refiere por parte del apelante, deviene del aprestamiento con el fin \u00fanico de hacer aparecer como legal un \u201cbien\u201d que por su naturaleza no lo es, como ocurri\u00f3 en el caso de la hacienda \u201cLa Reforma\u201d y el predio \u201cPotero Grande\u201d, obtenidos ellos con dinero que vino del ejercicio de actividades il\u00edcitas en las que reconocidos narcotraficantes fueron sus gestores>>. <\/p>\n
Si ello es as\u00ed, como en efecto lo es, resulta claro que el cargo se ofrece irrelevante, en cuanto deja inc\u00f3lume el sustento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la acusaci\u00f3n y la sentencia, pues independientemente de lo que los aludidos medios que el libelista echa de menos pudieran evidenciar, o si la venta de los terrenos a la Alcald\u00eda de Santiago de Cali obedeci\u00f3 a la necesidad de cumplir los programas de vivienda del Gobierno Municipal y si se cumplieron o no los presupuestos normativos de la contrataci\u00f3n administrativa, o si el precio pactado fue acorde con los del mercado inmobiliario para la \u00e9poca, de ninguna manera desvirt\u00faa la tipicidad de la conducta ni la responsabilidad penal por la realizaci\u00f3n de \u00e9sta, pues no logra demeritar el hecho cierto de haber ocultado o encubierto el verdadero origen en recursos de procedencia il\u00edcita de los bienes negociados\u00bb. <\/p>\n
7.3. De otro lado, ya en el an\u00e1lisis del tercer cargo, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, al existir un error de hecho por falso juicio de identidad, porque, seg\u00fan los dichos del casacionista, \u00abel Tribunal distorsion\u00f3 la indagatoria de \u00c1LVARO BARRERA MAR\u00cdN en torno a la \u00e9poca en que dijo haber conocido a CARLOS PARRA\u00bb, la autoridad judicial convocada, luego de citar in extenso la indagatoria por aqu\u00e9l rendida, concluy\u00f3 que no le asist\u00eda raz\u00f3n al recurrente, \u00abtoda vez que el referido sindicado, de quien tambi\u00e9n se afirma que administra bienes que en realidad son de propiedad de un traficante de drogas conocido con el alias de \u201cChupeta\u201d, como con tino fue declarado por el Tribunal, ciertamente incurri\u00f3 en ostensibles contradicciones, no solamente en cuanto tiene que ver con las personas con quienes negoci\u00f3 los predios conocidos finalmente como La Reforma y Potrero Grande, sino las circunstancias en que tales actuaciones tuvieron lugar, pues no logr\u00f3 explicar satisfactoriamente c\u00f3mo es que unos terrenos que inicialmente fueron adquiridos con dineros producto de actividades de narcotr\u00e1fico por los se\u00f1ores VICENTE WILSON RIVERA GONZ\u00c1LEZ y CAMILO HENRY RIVERA RAMOS, fueron parcelados para hacerlos aparecer como vendidos a Fernando Caicedo Villa, quien a su vez, tambi\u00e9n segmentadamente, los hizo figurar como vendidos a CARLOS ADOLFO PARRA SMITH, MELBA MERCEDES LONDO\u00d1O CA\u00d1AVERAL y CARLOS HERNANDO LODO\u00d1O PARRA, estos dos \u00faltimos, cada uno por su lado, pero de manera simult\u00e1nea, hipotecaron los terrenos reci\u00e9n adquiridos, a favor de CARLOS ADOLFO PARRA SMITH, siendo los mismos bienes que posteriormente vendieron de manera independiente a \u00c1LVARO BARRERA MAR\u00cdN, quien a su vez transfiri\u00f3 a PARRA SMITH la propiedad del bien denominado \u201cPOTRERO GRANDE\u201d, que posteriormente fue vendido a la administraci\u00f3n Municipal de Santiago de Cali para la construcci\u00f3n de planes de vivienda, con lo cual unos bienes de origen espurio y supuestamente comprados en la suma de seis mil doscientos millones de pesos, de los cuales se dijo haberse pagado la suma de seiscientos veinte millones y el resto despu\u00e9s de un per\u00edodo de gracia de 18 meses sin abonos a capital ni cobro de intereses, en c\u00f3modas cuotas semestrales de ochocientos millones de pesos cada una, resultaron reemplazados con dineros limpios de origen oficial en cuant\u00eda superior a los diecis\u00e9is mil millones de pesos. <\/p>\n
De la lectura detenida de la diligencia de indagatoria, rendida por BARRERA MAR\u00cdN, se establece que definitivamente no es cierto, como contrariamente se sugiere en la demanda, que la Fiscal\u00eda hubiese tratado de confundir a BARRERA MAR\u00cdN con los nombres de CARLOS ADOLFO PARRA SMITH y CARLOS HERNANDO LONDO\u00d1O PARRA, cuando de acuerdo a la secuencia de las negociaciones llevadas a cabo por BARRERA MAR\u00cdN entre los a\u00f1os 1999 y 2005, en \u00e9l no pod\u00eda existir duda alguna de tratarse de personas distintas, como distintas fueron las escrituras p\u00fablicas que suscribi\u00f3 con cada uno de ellos y con MELBA MERCEDES LONDO\u00d1O CA\u00d1AVERAL, para que en la indagatoria viniera a sugerir que s\u00f3lo negoci\u00f3 con CARLOS PARRA con quien dijo haber realizado negocios en los a\u00f1os 93 o 94, y que no conoce a CARLOS ADOLFO PARRA SMITH a quien finalmente reconoci\u00f3 como la \u00fanica persona con quien llev\u00f3 a cabo las negociaciones, desconociendo as\u00ed que CARLOS HERNANDO LONDO\u00d1O PARRA, tambi\u00e9n figura suscribiendo las escrituras de los bienes y que en dichos documentos aparecen fechas con 10 a\u00f1os de diferencia desde cuando dijo conocer a CARLOS PARRA. <\/p>\n
Por eso no se entiende la raz\u00f3n por la cual se sostenga por el demandante que BARRERA MAR\u00cdN no incurri\u00f3 en imprecisiones y contradicciones en su relato, y adem\u00e1s que en realidad no conoce a CARLOS HERNANDO LONDO\u00d1O PARRA, y que \u201cen estricta verdad\u201d no compr\u00f3 los predios a \u00e9ste sino que la negociaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo con CARLOS ADOLFO PARRA SMITH, cuando las escrituras p\u00fablicas evidencian lo contrario. <\/p>\n
Dado entonces que como el Tribunal no puso a decir a la prueba algo que objetivamente no se colige de ella, el cargo por falso juicio de identidad postulado por el defensor, carece de la m\u00e1s m\u00ednima vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb. <\/p>\n
7.4. Y ya frente a los cargos 4\u00b0 y 5\u00b0, relacionados con la indebida valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el Tribunal, anot\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n criticada, que no pod\u00eda \u00abmenos que concluir que los reparos propuestos no est\u00e1n llamados a prosperar, pues lo pretendido no es otra cosa que la Corte -por encima incluso de aquello que la actuaci\u00f3n evidencia-, le d\u00e9 la raz\u00f3n cuando manifiesta, sin respaldo probatorio alguno, que <<por parte de Carlos Adolfo Parra Smith, surge clara la veracidad de las explicaciones de este procesado, que debi\u00f3 ser acatada por el Tribunal, sin incurrir en inferencias caprichosas, al declarar una verdad distinta a la que revela el proceso>>, lo cual, por constituir apenas una opini\u00f3n personal, repugna a la objetividad con que deben formularse los reparos en sede extraordinaria\u00bb y, que era \u00abtan desenfocado el planteamiento del casacionista, que ni siquiera el juzgador de alzada se refiri\u00f3 al testimonio de ORLANDO ALZATE ALZATE para derivar de \u00e9l expresas consecuencias jur\u00eddicas en contra de CARLOS ADOLFO PARRA SMITH como contrariamente se sugiere en la demanda, sino que se limit\u00f3 a se\u00f1alar que \u00absus dichos fueron respaldados con documentos \u201canexos\u201d de los cuales se dej\u00f3 constancia por parte de la Fiscal\u00eda que fueron entregados, y en los que se encuentra consignado todo el movimiento al que aludi\u00f3 el se\u00f1or Alzate Alzate, en el que se involucr\u00f3 y se comprometi\u00f3 de manera seria la conducta del procesado Barrera Mar\u00edn, pues a trav\u00e9s de este testigo, logr\u00f3 establecerse cu\u00e1les fueron las sociedades, empresas y personas naturales que intercedieron para dar legalidad a los bienes del narcotraficante alias \u201cChupeta\u201d, dentro de los cuales se encontraba el se\u00f1or Barrera Mar\u00edn y su familia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el pronunciamiento de segunda instancia que \u00ab\u2026 no se observ\u00f3 en el testigo \u00e1nimo de da\u00f1o, ni motivo para causarle alguno al implicado \u00c1lvaro Barrera a quien se\u00f1ala de manera inequ\u00edvoca, en tanto sus declaraciones fueron producto del conocimiento directo que tuvo sobre la actividad il\u00edcita, pus no puede olvidarse que el se\u00f1or Orlando Alzate conoc\u00eda a alias \u201cChupeta\u201d desde el a\u00f1o 1977, como \u00e9l mismo lo refiere y que por ese motivo, estando en la c\u00e1rcel a la que ingres\u00f3 el referido narcotraficante, se constituy\u00f3 en uno de sus hombres de confianza, al punto que se le permiti\u00f3 intervenir en diversos asuntos del capo\u00bb, con lo cual se reafirma una vez m\u00e1s la sinraz\u00f3n de la protesta\u00bb. <\/p>\n
8. Estos argumentos, que fueron expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal no s\u00f3lo para declarar infundados los cargos elevados por el actor contra la sentencia del Tribunal, sino para garantizar el principio de doble conformidad, fueron desarrollados de manera tal que, requirieron un detallado an\u00e1lisis del hecho delictivo fundamentado en las pruebas recaudadas durante el juicio, probanzas que fueron sopesadas en su conjunto por la Colegiatura convocada, para reafirmar la autor\u00eda del gestor en la comisi\u00f3n del delito enjuiciado, lo que entonces, colma las exigencias de la mentada garant\u00eda, al haberse revisado la primera condena por una segunda autoridad distinta de aqu\u00e9lla que la profiri\u00f3. <\/p>\n
De este modo, entonces, las precitadas consideraciones dejan en evidencia que la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 2 de diciembre de 2020, mantenida el pasado 26 de mayo, con que neg\u00f3 aplicar el derecho fundamental de la doble conformidad al asunto, no solo porque en el fallo de casaci\u00f3n acabado de analizar se hizo un pronunciamiento de fondo sobre la primera condena impuesta al aqu\u00ed inconforme, sino en aplicaci\u00f3n del l\u00edmite temporal establecido por la Corte Constitucional (SU \u2013 146 de 2020), se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de la normatividad y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
9. As\u00ed, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar la postura adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma o al criterio jurisprudencial que est\u00e1 llamado a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC14011-2021). <\/p>\n
10. Corolario de lo expuesto, habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC17239-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC17239-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04487-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Carlos Adolfo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60266","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60266","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60266"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60266\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}