STC17243-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17243-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04457-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Jos\u00e9 Alirio Abril Sequera contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 29 Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Jorge Enrique Gil Te\u0301llez y a Herna\u0301n David Chavarro Vargas. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- A trav\u00e9s de apoderado judicial, el gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja sostuvo que Jorge Enrique Gil T\u00e9llez lo demand\u00f3, pidiendo la resoluci\u00f3n de un contrato de promesa de compraventa de inmueble y la restituci\u00f3n de $372.000.000, m\u00e1s indexaci\u00f3n e intereses. <\/p>\n
El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, bajo el radicado 2018-00391, y el ahora tutelante promovi\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n. Al proceso se vincul\u00f3 tambi\u00e9n a Hern\u00e1n David Chavarro Vargas. <\/p>\n
En sentencia del 14 de abril del a\u00f1o en curso, el a quo declar\u00f3 la prosperidad parcial de las pretensiones, en cuanto orden\u00f3 la resoluci\u00f3n del contrato, por incumplimiento del demandado -ahora tutelante-, y lo conden\u00f3 al pago de $330.000.000, m\u00e1s indexaci\u00f3n e intereses del 6% anual. <\/p>\n
El 12 de agosto de 2021, el Tribunal convocado confirm\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del a quo, pues advirti\u00f3 que hubo incumplimiento mutuo del contrato de promesa y tas\u00f3 el monto de la restituci\u00f3n a cargo del ahora tutelante en $494.039.670. <\/p>\n
El actor acusa a las autoridades judiciales accionadas de incurrir en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, en consideraci\u00f3n a que \u00abtanto el juez como el tribunal fueron v\u00edctimas de un enga\u00f1o por parte del demandante (JORGE ENRIQUE GIL TELLEZ) y un tercero (HERN\u00c1N DAVID CHAVARRO VARGAS) y ese enga\u00f1o los condujo a proferir sentencia en los t\u00e9rminos arriba descritos, teniendo en cuenta que no resulta legal la decisi\u00f3n que (sic) declarar resuelto el contrato de Promesa de Compraventa de inmueble de fecha 18 de enero de 2013 ya que por sustracci\u00f3n de materia, no pudo haber infracci\u00f3n de un negocio que no surgi\u00f3 jur\u00eddicamente, o que naci\u00f3, como en este caso viciado de nulidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia y, en consecuencia, declarar que las decisiones de primera y de segunda instancia, dictadas por las autoridades judiciales accionadas, \u00abviolaron el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb y ordenar \u00abla revisi\u00f3n\u00bb de estos prove\u00eddos, \u00aba fin de que se garantice el debido proceso y el acceso a la Justicia\u00bb. Pidi\u00f3 tambi\u00e9n que las autoridades judiciales convocadas \u00abreconozcan el derecho que tiene mi poderdante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADO <\/p>\n
1.- Hern\u00e1n David Chavarro Vargas se opuso a las peticiones del accionante y se pronunci\u00f3 sobre los hechos del escrito inicial. <\/p>\n
2.- El Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado derechos fundamentales del accionante y pidi\u00f3 denegar el amparo deprecado. <\/p>\n
3.- La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n \u00aben su debida oportunidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el tutelante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 29 Civil del Circuito de la misma ciudad, al proferir las providencias del 12 de agosto y 14 de abril del a\u00f1o en curso, respectivamente. <\/p>\n
2.- De manera preliminar resulta pertinente precisar que, si bien el reclamo se dirige contra providencias dictadas en primera y en segunda instancia, el presente examen se circunscribir\u00e1 a la proferida en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, pues, en \u00faltimas, fue la que defini\u00f3 el asunto objeto de controversia. <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos, la jurisprudencia ha establecido que, \u00abaunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
3.- De conformidad con las actuaciones que obran en el proceso, se observa que el Colegiado accionado, al resolver la apelaci\u00f3n del fallo del a quo en el proceso de marras, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a revocar parcialmente la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Para ello, en primer lugar, relat\u00f3 que el a quo \u00abdeclar\u00f3 el triunfo de la pretensi\u00f3n resolutoria al encontrar demostrado que el demandante satisfizo las prestaciones asumidas en el preliminar, rest\u00e1ndole importancia a que aquel no hubiere asistido a la oficina notarial el d\u00eda convenido (\u2026)\u00bb. Al respecto, el Colegiado sostuvo que \u00ab(\u2026) la obligaci\u00f3n principal que surge del precontrato -como negocio temporal y preparatorio- es la de perfeccionar el negocio prometido (\u2026)\u00bb y que \u00abEsa carga obligacional motiva que las partes sustanciales, una vez agotado el plazo concedido, asistan a la oficina notarial (\u2026) a suscribir el instrumento que perfeccione el negocio prometido, salvo que la contraparte haya incumplido obligaciones que le preceden en el tiempo a la principal o exista un hecho impeditivo con las caracter\u00edsticas de fuerza mayor que justifique esa inasistencia\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el Tribunal analiz\u00f3 la legitimaci\u00f3n en la causa de la parte actora, para pedir la resoluci\u00f3n del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, indicando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se parte del entramado negocial y del indiscutido hecho de que el d\u00eda 29 de marzo de 2013 ninguno de los convencionistas asisti\u00f3 a la notar\u00eda en la que se extender\u00eda la escritura p\u00fablica que perfeccionara la compraventa prometida, desatenci\u00f3n de la que desde ya se precisa, no puede calificarse como una falta insustancial o que no \u2018sea jur\u00eddicamente relevante\u2019 pues no en vano esa prestaci\u00f3n encarna el m\u00e1s importante de los d\u00e9bitos contra\u00eddos, al materializar la raz\u00f3n de ser del preliminar y la forma de satisfacer el ulterior designio de compra. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, la aludida incorrecci\u00f3n tampoco se supera con la observancia, por parte del promitente comprador, de las posteriores prestaciones ya ajustadas \u2013como, con ligereza, declar\u00f3 la juzgadora\u2013, no solo porque estas la suceden en el tiempo sino porque, incumplido aquel adeudo, las partes no honraron las cargas de sagacidad y diligencia de pactar por escrito \u2013solemnidad propia de la promesa civil\u2013 el plazo o condici\u00f3n determinada a cuyo agotamiento se celebrara el negocio futuro y que conllevara a la cogente aceptaci\u00f3n de que el continuar acatando lo inicialmente convenido lo legitimara para ejercer las acciones contractuales ante el advenimiento de nuevas contingencias, eventualidad en la que ese cumplimiento lo legitimaba para demandar la ulterior resoluci\u00f3n del contrato. Ese cargo, en el sub judice, gana particular acento porque en cuanto a la escrituraci\u00f3n, se dispuso que ser\u00eda el 29 de marzo de 2013 pero que \u2018si no se han cumplido las condiciones establecidas para el otorgamiento de la escritura p\u00fablica de venta en la fecha acordada, las partes de com\u00fan acuerdo podr\u00e1n establecer una nueva fecha mediante anexo al presente documento\u2019. En este orden, como las partes nada dispusieron sobre la ulterior suscripci\u00f3n del instrumento p\u00fablico, la promesa se estanc\u00f3, de manera definitiva, ante este incumplimiento. <\/p>\n
Con id\u00e9ntico destino desestimatorio de la legitimaci\u00f3n del actor, no visualiza la Sala la existencia de un previo y eventual desacato de alguna de las obligaciones de la contraparte que justificara su inasistencia a la oficina del fedatario en la fecha se\u00f1alada, an\u00e1lisis que, de contraluz, permite otear la legitimaci\u00f3n para reclamar la resoluci\u00f3n del contrato expuesta en la reconvenci\u00f3n \u2013tema que enmarca uno de los reparos de la alzada de la inicial demandada\u2013. Para su abordaje, en conjunto, se parte del hecho cierto de que, en t\u00e9rminos generales, el promitente vendedor deb\u00eda entregar el apartamento y asistir a la notar\u00eda el 29 de marzo para extender el instrumento p\u00fablico, momento en el que no deb\u00eda obrar limitaciones del dominio sobre el predio \u2013cl\u00e1usula tercera\u2013 adeudos que, con excepci\u00f3n de la asistencia a la notar\u00eda la falladora tuvo por satisfechos, aunque hay pol\u00e9mica en cuanto al d\u00e9bito contenido en el numeral 2 de la cl\u00e1usula quinta que expresa \u2018la suma de ciento cincuenta millones de pesos moneda corriente ($150.000.000), con recursos propios una vez se determine el valor que se cancelar\u00e1 al Banco Caja Social para cancelaci\u00f3n total de la deuda hipotecaria\u2019, el cual merece especial comentario. <\/p>\n
5. La se\u00f1ora jueza de conocimiento destac\u00f3 que el pago de esta obligaci\u00f3n hipotecaria se realizar\u00eda con recursos del comprador y que su monto real \u2013inicialmente previsto en $150.000.000\u2013, lo determinar\u00eda la entidad bancaria acreedora, condici\u00f3n que explica que finalmente se cancelara por este rubro -pero directamente al prometiente vendedor- $158.000.000 el d\u00eda 3 de mayo de 2013 seg\u00fan consta en el recibo de pago suscrito por este. Sin embargo, tambi\u00e9n coligi\u00f3 que quien deb\u00eda tramitar ante el banco la fijaci\u00f3n de la suma adeudada con la que, por igual, se pusiera fin al proceso coactivo, era el se\u00f1or Abril Cerquera, quien ten\u00eda la carga de \u2018gestionar y pagar el cr\u00e9dito hipotecario junto con sus intereses, gastos y costas procesales para evitar el remate del mismo, porque era bien sabido por \u00e9l que ya se hab\u00eda proferido sentencia ordenando la venta en p\u00fablica subasta del inmueble prometido y que estaba ad portas de una subasta p\u00fablica y era \u00e9l a quien le correspond\u00eda salir al saneamiento del inmueble, seg\u00fan se lee en la cl\u00e1usula tercera de la memoria contractual\u2019, por lo que concluy\u00f3 que el incumplido fue el demandado principal. <\/p>\n
No obstante lo anterior, en la redacci\u00f3n de esta obligaci\u00f3n hay un defecto en la misma arquitectura de su g\u00e9nesis, como quiera que los contratantes callaron en torno a qui\u00e9n adelantar\u00eda ese tr\u00e1mite y sobre todo no impusieron una fecha de cancelaci\u00f3n del cr\u00e9dito real, momento que, en sentir de la Sala, deb\u00eda anteceder al d\u00eda en que se extender\u00eda la escritura p\u00fablica, como \u00fanica forma de poder cumplir el prop\u00f3sito toral del precontrato, referido a la necesidad de que sobre el predio no pesaran cargas impositivas que obstaran el perfeccionamiento del negocio futuro. <\/p>\n
Ep\u00edlogo de lo expuesto sobre el punto, m\u00e1s all\u00e1 del deber de arm\u00f3nica colaboraci\u00f3n de los contratantes para absolver tan importante aspecto \u2013 del cual pend\u00eda la formalizaci\u00f3n de la compraventa\u2013, al no haberse regulado, de manera expresa, en quien reposaba la carga u obligaci\u00f3n de realizar los tr\u00e1mites ante el banco, tal desatenci\u00f3n no puede imputarse como motivo que justifique la resoluci\u00f3n del negocio a ninguno de los contratantes. Esta conclusi\u00f3n se impone, en especial, porque en el escenario m\u00e1s benigno, ambos deb\u00edan participar en la consecuci\u00f3n de ese fin, en tanto que el promitente comprador deb\u00eda aportar los recursos para pagar esa obligaci\u00f3n y el aspirante a vendedor tener el inmueble en posici\u00f3n h\u00e1bil de trasferir el dominio, controversia que, as\u00ed mismo, se diluye ante la certitud de que el pago se realiz\u00f3 el 3 de mayo, es decir, posterior al d\u00eda en que se deb\u00eda extender el instrumento escriturario, de donde fluye que de ninguno se puede predicar la condici\u00f3n de contratante cumplido que lo habilite para exorar la resoluci\u00f3n del negocio con indemnizaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
As\u00ed, el Tribunal resolvi\u00f3 declarar la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa de inmueble celebrado por las partes en contienda, pero por \u00abmutua petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, el Colegiado procedi\u00f3 a determinar el monto de la restituci\u00f3n debida al demandante como consecuencia de la resoluci\u00f3n del contrato, para lo cual hizo un extenso an\u00e1lisis del material probatorio y concluy\u00f3 que \u00ab(\u2026) los valores a restituir ascienden a $372.000.000, compuestos por las consignaciones y recibo de caja menor que no fueron controvertidos en la alzada, el pago autorizado al comisionista y la entrega del apartamento del Conjunto la Cofrad\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Como corolario de lo anterior, el Tribunal accionado orden\u00f3 la indexaci\u00f3n de las sumas debidas -confirmando en ese sentido la decisi\u00f3n del a quo-, pero sin los intereses del 6%, toda vez que consider\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en lo que dice relaci\u00f3n con los intereses decretados la respuesta es distinta, pues como al demandante Jorge Gil tampoco es contratante cumplido, ese acaso \u2013se reitera\u2013 lo inhabilita para la reclamaci\u00f3n de perjuicios, avalar una restituci\u00f3n que sobrepase la correcci\u00f3n monetaria, implica la aplicaci\u00f3n de una sanci\u00f3n pecuniaria contra el convocado, como ocurrir\u00eda de mantenerse este aparte de la decisi\u00f3n, en esencia porque, dadas las aristas del caso y teniendo en cuenta la orden sobre ese espec\u00edfico punto \u2013que se paguen desde la fecha de su entrega a Jos\u00e9 Alirio\u2013 esa utilidad reconocida tiene la categor\u00eda de r\u00e9dito moratorio, esto es, una punici\u00f3n frente al demandado principal, la cual es improcedente porque \u2013se insiste\u2013 los convencionistas no pueden catalogarse como cumplidores, motivo por el que se revocar\u00e1 este segmento de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y, por \u00faltimo, procedi\u00f3 a indexar las sumas de dinero objeto de restituci\u00f3n, para arribar a un total de $494.039.670. <\/p>\n
4.- De lo anterior se vislumbra que la decisi\u00f3n rebatida no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente ilegal, pues se motiv\u00f3 razonadamente, teniendo en cuenta las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite y las probanzas allegadas, todo lo cual llev\u00f3 al Tribunal a revocar parcialmente la decisi\u00f3n del a quo y condenar al ahora tutelante a restituir al demandante la suma de dinero referida. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, primeramente, en el sub examine, el a quo declar\u00f3 la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa de inmueble, encontrando probado el incumplimiento de la parte demandada -ahora tutelante- y, por tanto, orden\u00f3 la restituci\u00f3n de $330.000.000 entregados por la parte cumplida, m\u00e1s \u00abLa correcci\u00f3n monetaria y los intereses civiles del 6% anual que se causen sobre la suma (\u2026)\u00bb, as\u00ed como una condena en costas, por $16.312.202,56 y $4.200.000, a t\u00edtulo de agencias en derecho. <\/p>\n
Por su parte, el Colegiado accionado, con base en las pruebas allegadas al plenario, resolvi\u00f3 declarar la resoluci\u00f3n del contrato preliminar por mutuo incumplimiento y, en consecuencia, orden\u00f3 s\u00f3lo la restituci\u00f3n de las sumas de dinero entregadas por el demandante al demandado, las cuales estim\u00f3 en $494.039.670 -incluyendo la indexaci\u00f3n-, pero sin ordenar el pago de intereses moratorios, pues advirti\u00f3 que estos constitu\u00edan una indemnizaci\u00f3n de perjuicios que, en raz\u00f3n del mutuo incumplimiento, en este caso no se causaron. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala tiene establecido que, <\/p>\n
\u00abEse criterio de la Corte sobre la improcedencia de la resoluci\u00f3n del contrato en hip\u00f3tesis de rec\u00edproco incumplimiento, vino a ser replanteado, por primera vez, en una sentencia de casaci\u00f3n del 29 de abril de 1978, justificada sobre la base pr\u00e1ctica de que si ambos contratantes incumplen y ninguno puede pedir la resoluci\u00f3n o el cumplimiento, \u2018el contrato quedar\u00eda definitivamente estancado\u2019\u2026 <\/p>\n
En 1985, la Sala retorn\u00f3 a su tesis \u2018tradicional\u2019 sobre la inviabilidad de la resoluci\u00f3n del contrato para supuestos de rec\u00edproco incumplimiento, la que se mantuvo hasta \u00e9poca muy reciente, cuando en el referido fallo SC1662-2019, se determin\u00f3 que la rec\u00edproca desatenci\u00f3n de los compromisos negociales no era \u00f3bice para que cualquiera de los contratantes intentara la resoluci\u00f3n del convenio, pero sin indemnizaci\u00f3n de perjuicios (\u2026) pues la Corte constat\u00f3 que, en verdad, el ordenamiento y particularmente el C\u00f3digo Civil, no previeron la resoluci\u00f3n del contrato para la hip\u00f3tesis de los mutuos incumplimientos, debi\u00e9ndose buscar la soluci\u00f3n, como ordenan las cl\u00e1sicas reglas de hermen\u00e9utica, en la norma que m\u00e1s se asemejara a la situaci\u00f3n, siendo ella, el art\u00edculo 1546 ibidem\u00bb (CSJ STC366-2021). <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por el gestor con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para fallar en contra del ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Adicionalmente, en cuanto ata\u00f1e a la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el medio indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, puesto que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia(\u2026)\u2019\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
<\/p>\n
En el sub examine, no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n y a un nuevo an\u00e1lisis de las probanzas allegadas al plenario, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como se dijo atr\u00e1s, la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra motivada razonadamente, con base en las pruebas consideradas. <\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, esta Sala ha se\u00f1alado, en reiterada y profusa jurisprudencia, que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u2019\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). <\/p>\n
6.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC17243-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC17243-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04457-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Jos\u00e9 Alirio Abril Sequera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60268","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60268","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60268"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60268\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60268"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60268"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60268"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}