STC17245-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17245-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04462-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Augusto Morales Alzate contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. Al tr\u00e1mite se vincularon a los actores e intervinientes en el proceso de radicado 173319310300120190007703. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. En el escrito inicial, el accionante relata la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Armando Santos Reyes impuls\u00f3 proceso verbal de \u00abresoluci\u00f3n de contrato de arrendamiento de predio rural\u00bb en contra de los herederos determinados e indeterminados del se\u00f1or Jos\u00e9 An\u00edbal Morales Ocampo -Jos\u00e9 An\u00edbal Morales Ocampo y Jos\u00e9 Augusto Morales Alzate-. Pretendi\u00f3 que se declarara a aquellos civilmente responsables por los perjuicios econ\u00f3micos causados \u00abpor impedir el acceso a los predios relacionados en el numeral primero literales a) b) y c) de los hechos de esta demanda, a sembrar los cultivos de arroz conforme estaba pactado en el contrato de arrendamiento celebrado el 4 de julio de 2018\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El 31 de julio del 2019, el Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo profiri\u00f3 auto admisorio2. <\/p>\n
2.3. Notificada a la pasiva, el actor contest\u00f3 la demanda en el que se opuso a las pretensiones3 y propuso las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abinexistencia del contrato\u00bb, \u00abtasaci\u00f3n anticipada del perjuicio \u2013 cl\u00e1usula penal\u00bb; \u00abcontrato no cumplido\u00bb, \u00abausencia de culpa\u00bb, \u00abhecho extra\u00f1o \u2013 fuerza mayo y caso fortuito\u00bb, \u00abinversi\u00f3n de la carga de la prueba\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n\u00bb y \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb. Aunado a lo anterior, tach\u00f3 de falso el \u00abdocumento denominado contrato de arrendamiento de 3 predios celebrado el 4 de julio de 2018, que aport\u00f3 la contraparte en copia\u00bb4. <\/p>\n
2.4. El 12 de noviembre del 2020, se llev\u00f3 a cabo audiencia inicial en la que el Despacho en el que, entre otras, decret\u00f3 un \u00abdictamen grafot\u00e9cnico (\u2026) sobre los originales del documento\u00bb5 para lo cual orden\u00f3 a las partes \u00abaportar los originales del documento que se est\u00e1 cuestionado\u00bb. En tal sentido, precis\u00f3 que dicha carga se la asignada \u00abtanto a la parte demandante como a la parte demandada\u00bb; y, \u00abuna vez tenga el original del documento (\u2026) o la copia, si no aparece el original, lo vamos a remitir al CTI de la Fiscal\u00eda para que el grupo de grafotecnia me practique el dictamen. Para eso tambi\u00e9n le voy a poner una carga a la parte demandada que es la que est\u00e1 tachando el documento (\u2026) traer documentos coet\u00e1neos, o sea de la misma fecha, del contrato de arrendamiento que tenga de su pap\u00e16\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 01 de marzo del 2021, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n alleg\u00f3 dictamen rendido por perito en grafolog\u00eda y Documentolog\u00eda, en el cual se concluy\u00f3 que \u00abpara emitir un juicio de identidad objeto y veraz se debe aportar la FORMA ORIGINAL del documento cuestionado denominado CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TRES PREDIOS CELEBRADO EL 4 DE JULIO DE 2018 suscrito entre JOSE ANIBAL MORALES OCAMPO en calidad de ARRENDADOR, JOSE HERMINSO ARIAS CASTRO en calidad de EL ARRENDATARIO y RICARDO A GOMEZ en calidad de TESTIGO; asimismo abundantes firmas EXTRAPROCESO que cumplan con los requisitos de ORIGINALIDAD, SIMILARIDAD, ABUNDANCIA y COETANIEDAD, para as\u00ed poder analizar en ellas las cualidades intr\u00ednsecas m\u00e1s sobresalientes y lograr demostrar si de la FIRMA CUESTIONADA fue hecha de manera espont\u00e1nea y natural o si por el contrario proviene de una acci\u00f3n simulada\u00bb7. <\/p>\n
2.6. El 09 de abril del 2021 se celebr\u00f3 audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento en la que, en primera medida, el despacho resolvi\u00f3 cerrar la etapa probatoria. Inconforme, el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n al no haberse practicado la experticia. Sin embargo, el juzgador mantuvo en firme su decisi\u00f3n \u00abpor considerar que hay suficiente ilustraci\u00f3n alrededor de las consecuencias que cada una de las partes asumi\u00f3 al momento en que no se aport\u00f3 o no apareci\u00f3 el original del documento\u00bb. Por ello, se concedi\u00f3 la alzada en el efecto devolutivo8. <\/p>\n
Hecho lo anterior, y tras escucharse los alegatos de conclusi\u00f3n, dict\u00f3 sentencia en la que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. A su turno, declar\u00f3 \u00abcomo consecuencia de la falencia en la carga de la prueba, la falsedad del documento denominado contrato de arrendamiento de fecha 4 de julio del a\u00f1o 2018 y que se aporta como supuestamente suscrito por el se\u00f1or Jos\u00e9 An\u00edbal Morales Ocampo y el se\u00f1or Jos\u00e9 Herminso Arias Castro\u00bb. Adem\u00e1s, impuso la sanci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 274 del C\u00f3digo General del Proceso, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u00abinexistencia del contrato\u00bb y conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
2.7. La parte demandante apel\u00f3 tal determinaci\u00f3n. En virtud de ello, el 21 de junio del 2021, la Sala Civil Familia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 admiti\u00f3 en el efecto suspensivo, la apelaci\u00f3n \u00abinterpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo el 9 de abril del 2021 dentro del asunto de la referencia\u00bb9. <\/p>\n
2.8. Paralelamente, el 29 de junio, la Magistratura cuestionada resolvi\u00f3 confirmar el auto proferido el 09 de abril por el Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo mediante el cual \u00abneg\u00f3 la pr\u00e1ctica de la tacha de falsedad de la copia del contrato de arrendamiento del 4 de julio de 2018\u00bb. <\/p>\n
Para el accionante, tal decisi\u00f3n resulta incongruente, comoquiera que \u00abniega la prueba afirmando que existen suficientes medios probatorios para definir el litigio, lo cual no es l\u00f3gico, pues si de verdad hubieran existido suficientes medios probatorios, como se explica que la sentencia de primera instancia fuera absolutoria, mientras que la sentencia de segunda instancia, antag\u00f3nicamente saliera condenatoria\u00bb. <\/p>\n
2.9. El 24 de septiembre del a\u00f1o en curso, el Colegiado accionado dict\u00f3 fallo con el cual revoc\u00f3 el prove\u00eddo de primera instancia y, en su lugar, declar\u00f3 \u00abcivil y contractualmente responsable a la sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 An\u00edbal Morales Ocampo (\u2026) por incumplir la obligaci\u00f3n de entregar la cosa arrendada, lo que a su vez facult\u00f3 al demandante para tener por desistido el contrato celebrado el 4 de julio de 2018 (\u2026)\u00bb. Por ende, los conden\u00f3 a pagar los perjuicios sufridos por el actor a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente y lucro cesante. <\/p>\n
2.10. Para el quejoso, la Sala Civil Familia del citado Tribunal incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por omisi\u00f3n o negaci\u00f3n del decreto y pr\u00e1ctica de la prueba pericial. Indic\u00f3 que la \u00fanica manera de desvirtuar el contrato era la tacha de falsedad. Sostuvo que \u00absi los herederos propusimos como excepci\u00f3n de inexistencia del contrato, es decir, nos aferramos al hecho de que nuestro padre no celebro dicho acuerdo, a voces del art\u00edculo 167 del C.G.P., no ten\u00edamos el deber de probar por tratarse de una negaci\u00f3n indefinida\u00bb. <\/p>\n
Se doli\u00f3 que el ad quem \u00abnos haya negado la pr\u00e1ctica de la \u00fanica prueba que ten\u00edamos para demostrar la falsedad del contrato, y que, al mismo tiempo, dentro del fallo de segunda instancia, nos haya reprochado dos (2) veces el hecho de no haber desvirtuado la existencia del mismo, lo que en suma es contradictorio\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, afirm\u00f3 que \u00abla SALA CIVIL \u2013 FAMILIA del TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE infiri\u00f3 la presencia de dolo a pesar de que este no se configur\u00f3, puesto que, si en alg\u00fan momento se impidi\u00f3 el ingreso del se\u00f1or HERMINSO ARIAS a la finca, fue en ejercicio del derecho leg\u00edtimo de repeler la presencia de un extra\u00f1o en propiedad privada\u00bb. Adem\u00e1s, hizo \u00e9nfasis en la falta de imparcialidad de los testigos presentados por la parte activa, as\u00ed como en los supuestos actos indecorosos del abogado del demandante \u00abdurante las declaraciones de los testigos, hecho que no fue ajeno para el testigo MENESES, ya que como se puede ver en el video y en las fotos anexas (v\u00e9ase el minuto 23:21), su actuar insinuaba a los testigos a orientar respuestas, hecho que se puso en conocimiento al juez, al punto que este debi\u00f3 hacer un llamado de atenci\u00f3n al abogado para que dejara solo al testigo y no le ayudara con las respuestas (v\u00e9ase el minuto 23:23). Situaci\u00f3n que ameritar\u00eda una compulsa de copias al abogado SANTOS\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, asever\u00f3 que se present\u00f3 un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto con ocasi\u00f3n del auto del 19 de junio del 2021, pues la Magistratura \u00abse\u00f1ala que no era procedente la pr\u00e1ctica de este medio probatorio, en virtud del PRINCIPIO DE CELERIDAD, lo cual carece de toda l\u00f3gica, puesto que para dicho momento procesal, no estaba a portas de vencer el t\u00e9rmino m\u00e1ximo legal que puede tardar el proceso, conforme a lo estipulado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. As\u00ed pues, se sacrific\u00f3 injustificadamente el derecho a la verdad real o material, igualdad y debido proceso, \u00abso pretexto de privilegiar el principio de celeridad, sin realizar ning\u00fan tipo de ponderaci\u00f3n sacrificando la prueba solicitada, y lo peor del caso, es que se privilegi\u00f3 el principio de celeridad que para ese preciso momento procesal ni siquiera estaba amenazado, generando tensi\u00f3n y desconocimiento de derechos fundamentales, como se ha indicado\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abDEJAR SIN EFECTO la SENTENCIA de fecha 24 de septiembre de 2021, proferida por SALA CIVIL \u2013 FAMILIA del TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE, dentro del proceso que es objeto de reparo constitucional y CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DEL GUAMO \u2013 TOLIMA\u00bb. <\/p>\n
En subsidio, pidi\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia y que se ordene al Tribunal a que \u00abproceda a requerir a la parte demandante para que aporte documento original a efectos de realizar la prueba pericial\u00bb y que, \u00abuna vez practicada la prueba pericial, proceda a emitir nueva sentencia de conformidad con los resultados de esta experticia; y en el evento que el documento no sea entregado, aplique las consecuencias negativas del incumplimiento de este deber procesal a la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 apunt\u00f3 que \u00abse atiene a lo consignado en el expediente contentivo del tr\u00e1mite judicial en que tiene hontanar la acci\u00f3n de tutela y las razones jur\u00eddicas que motivaron la decisi\u00f3n cuestionada\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo inform\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en su despacho. <\/p>\n
3.- Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el gestor pretende que se invalide la providencia del 24 de septiembre del 2021 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que revoc\u00f3 la sentencia del 09 de abril de 2021, emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo, pues consideran que dicha decisi\u00f3n lesiona sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
2.- Revisada la providencia objeto de controversia, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver la instancia, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que era procedente revocar el prove\u00eddo cuestionado. <\/p>\n
Para ello, comenz\u00f3 por aludir al art\u00edculo 384, sobre la prueba del contrato de arrendamiento, y al canon 244 y siguientes del C\u00f3digo General del proceso, que versa sobre el valor probatorio de los documentos presentados en copia. En criterio de la Magistratura, a la luz de tales normas brota el desatino del juez de primera instancia \u00aben cuanto rest\u00f3 m\u00e9rito probatorio a la copia del contrato, pues con todo y que estimara pocos s\u00f3lidas las razones esbozadas por el arrendatario para no haber allegado el original (haberlo entregado en un tr\u00e1mite ante una entidad bancaria), lo cierto es que aquella reproducci\u00f3n era suficiente y bastaba para la acreditaci\u00f3n de la atadura negocial\u00bb. <\/p>\n
De la conclusi\u00f3n esgrimida por la perito, estim\u00f3 el Tribunal que \u00abno fue derruida la presunci\u00f3n de autenticidad que, como ya se explic\u00f3, igualmente cobija la copia del contrato de arrendamiento, sin que pudiera entrarse a desestimar tal postulado, como lo hizo el juez de primer grado, a partir de inferencias que contravienen los par\u00e1metros de la disciplina probatoria en materia de documentos\u00bb. Aunado a lo anterior, dentro del plenario se halla la declaraci\u00f3n de Ricardo Antonio G\u00f3mez, quien aparece firmando el documento como testigo, \u00abpersonal que relat\u00f3 ante el estrado de conocimiento, sin dubitaci\u00f3n alguna, haber sido Jos\u00e9 An\u00edbal Morales Ocampo (q.e.p.d.) tiene el 04\/07\/2018 lo llam\u00f3, cuando estaba pasando en su bicicleta frente al fondo ganadero, para que firmara en calidad de testigo el negocio que estaba celebrando con Jos\u00e9 Herminso (audiencia 22 de enero de 2021. Record 41:21 minutos), lo que hizo por amistad con el finado\u00bb. <\/p>\n
Bajo tales consideraciones, hall\u00f3 pr\u00f3spero el recurso de apelaci\u00f3n impetrado por la parte demandante, por lo que procedi\u00f3 a abordar los presupuestos de la acci\u00f3n resarcitoria impulsada. En ese orden de ideas, consider\u00f3 los art\u00edculos 1973 y 1982 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil en torno a los elementos de la responsabilidad civil contractual. Hecho esto, pas\u00f3 a su verificaci\u00f3n: <\/p>\n
Respecto a la efectiva celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, aludi\u00f3 al an\u00e1lisis efectuado en precedencia. Seguidamente, evidenci\u00f3 que est\u00e1 probado el incumplimiento del contrato por el arrendador, pues \u00abconforme a la cl\u00e1usula primera del compromiso de entregar al demandante 3 lotes de terreno para el cultivo y cosecha de arroz desde el momento mismo de la suscripci\u00f3n, pero as\u00ed no aconteci\u00f3, tal y como se desgaja de las manifestaciones hechas por los causahabientes de Morales Ocampo, quienes fueron consistentes al absolver su interrogatorio en indicar que no permitieron el ingreso de Jos\u00e9 Herminso Arias Castro a la finca los remansos luego que su padre falleci\u00f3, siendo contundente la aseveraci\u00f3n de Luisa Fernanda Morales respecto a que ella dio la orden para que a Arias Castro no se le permitiera el acceso. disposici\u00f3n de la que dan cuenta los testigos mover Reyes P\u00e1ramo y Efr\u00e9n Meneses quienes dieron cumplimiento de impedir el ingreso a la finca a Jos\u00e9 permiso; Nelson Vera Hern\u00e1ndez, el maquinista a quien se le impidi\u00f3 el ingreso al predio para efectuar la siembra del arroz y Andr\u00e9s Quezada, quien estuvo en la preparaci\u00f3n previa de los predios para el cultivo de arroz\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, el da\u00f1o cierto y real para el convocante est\u00e1 soportado y se circunscribe al detrimento patrimonial ocasionado con el pago anticipado del canon de arrendamiento al se\u00f1or Morales Ocampo y el cercenamiento de la expectativa de ganancia que ten\u00eda respecto de la siembra y cosecha de arroz. Tambi\u00e9n est\u00e1 acreditado el nexo de causalidad, \u00aben la medida en que fue la imposibilidad de acceder a los terrenos objeto de contrataci\u00f3n, que se produjo como se dijo por las directrices impartidas por los causahabientes del arrendador, lo que condujo a las p\u00e9rdidas econ\u00f3micas de que se duele el precursor procesal (relaci\u00f3n causa \u2013 efecto)\u00bb. <\/p>\n
Determinado el monto de las indemnizaciones por los que habr\u00eda de condenarse a los demandados -a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente y lucro cesante-, la Magistratura estim\u00f3 que no hab\u00eda lugar a declarar la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia del contrato\u00bb (que fue fundamentada en que el progenitor no les inform\u00f3 sobre la celebraci\u00f3n del contrato) pues \u00abtal situaci\u00f3n contundente para desconocer la existencia del mismo, toda vez que Morales su campo como hombre negocios que era, como lo indican los demandados en su interrogatorio de parte, disponible su libre autonom\u00eda de la libertad para celebrar acuerdos sin consentimiento o aprobaci\u00f3n de sus hijos, sin que pueda revestir la falta de enteramiento el obst\u00e1culo para definir la validez del contrato, m\u00e1s a\u00fan, s\u00ed en la cuenta se tiene, c\u00f3mo fue anotado en p\u00e1rrafos precedentes, que el contrato de arrendamiento arrimado a este estrado judicial da cuenta de lo acordado entre el finado y Arias Castro el 4 de julio de 2018, soporte documental que goza de presunci\u00f3n de autenticidad que no fue desvirtuada en esta sede judicial\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la excepci\u00f3n \u00abtasaci\u00f3n anticipada del perjuicio \u2013 Cl\u00e1usula Penal\u00bb asever\u00f3 que existe habilitaci\u00f3n legal para que -si as\u00ed lo consagran las partes- puedan reclamar de forma concurrente la cl\u00e1usula penal y la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, \u00abestando de todos modos radicada la potestad decisoria en el acreedor respecto a si, con una estipulaci\u00f3n de este talante, exige una, otra o ambas\u00bb. <\/p>\n
Sobre la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, advirti\u00f3 que tal medio defensivo no se acompasa con el contenido del contrato obrante en el expediente, \u00abya que desposarse la vista en el contenido de la cl\u00e1usula sexta del mencionado acuerdo, se extrae que los contratantes pactaron un canon de arrendamiento de $35.000.000 anuales fijando como tiempo de ejecuci\u00f3n del contrato 2 a\u00f1os, dej\u00e1ndose especificado en el mismo clausulado que \u201cmultiplicados por 2 a\u00f1os los cuales est\u00e1 realizado este contrato da la suma de 70 millones de pesos ($70.000.000) los que declara recibidos a satisfacci\u00f3n el arrendador de manos del arrendatario en dinero en efectivo\u201d\u00bb. <\/p>\n
Frente a la \u00abausencia de culpa\u00bb, indic\u00f3 que \u00abde lo que se ha aludido en el transcurso del proceso ha sido la imposibilidad de gozar de los lotes de terreno ubicados en la finca los remansos, no por parte del finado Jos\u00e9 An\u00edbal Morales Ocampo, sino por sus causahabientes, m\u00e1s concretamente por parte de Luisa Fernanda Morales quien emiti\u00f3 la orden para que Jos\u00e9 Herminso s\u00f3lo pudiera ingresar a los predios de la finca el remanso para realizar la correspondiente cosecha de arroz, como se expuso por la misma demanda al absorber su interrogatorio de parte\u00bb. Por ende, no es atendible el argumento expuesto por los demandados cuando consideran que no existe culpa en el incumplimiento pues este se debi\u00f3 a la muerte del causante. <\/p>\n
Desestim\u00f3 tambi\u00e9n los restantes medios defensivos. En cuanto a la prescripci\u00f3n, sostuvo que \u00abno logra materializarse, pues me more s\u00e9 que para que \u00e9sta pueda abrirse paso debe existir un interregno de inactividad del mecanismo jur\u00eddico de diez (10) a\u00f1os, a voces de lo consagrado en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, lapso que en el caso bajo lupa no se cristaliza por cuanto el incumplimiento contractual tuvo ocasi\u00f3n en el mes de julio de 2018 y la demanda fue instaurada tan s\u00f3lo un a\u00f1o despu\u00e9s, el 15 de julio de 2019\u00bb. A su turno, no se hallan probados los presupuestos de la compensaci\u00f3n alegada. <\/p>\n
3.- De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable y juiciosa de las probanzas y la normativa que regula la materia. <\/p>\n
Para la Sala, el escrutinio de las pruebas no comport\u00f3 el alegado defecto f\u00e1ctico, en tanto que al juez le corresponde efectuar un an\u00e1lisis de persuasi\u00f3n racional, haciendo un ejercicio desde la sana cr\u00edtica y las leyes de la experiencia, an\u00e1lisis que no result\u00f3, en el caso en concreto, irrazonable. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es menester resaltar que en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 7 oct. 2015, rad. 2336-00 y STC4937-2016 21 abr. 2016 rad. 2016-00057-01). <\/p>\n
4.- Bajo tales consideraciones, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5.- Aunado a lo anterior, tampoco de evidencia desproporci\u00f3n en la decisi\u00f3n del 09 de junio del 2021, mediante el cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 resolvi\u00f3 confirmar el dictado el 9 de abril del 2021, mediante el cual el Juez Primero Civil del Circuito del Guamo cerr\u00f3 la etapa de debate probatorio \u00abdada la necesidad de continuar con el tr\u00e1mite procesal correspondiente y ante la imposibilidad de encontrarse el original del contrato de arrendamiento del 4 de julio de 2018\u00bb. <\/p>\n
Lo que se advierte es una inconformidad de car\u00e1cter subjetivo por parte del accionante, que, se reitera, no abre paso a que el juez constitucional reexamine una decisi\u00f3n en firme. En efecto, el Colegiado asever\u00f3 que la falta de cumplimiento de la carga de aportar el documento original \u00abconlleva consecuencias jur\u00eddicas que deben ser aplicadas, sin que pueda como lo pretend\u00eda el aqu\u00ed opugnante, paralizarse el tr\u00e1mite de la instancia por la falta de un documento que no fue arrimado por quien le correspond\u00eda hacerlo para hacer el correspondiente cotejo que impone la tacha de falsedad, ya que de hacerse se estar\u00eda soslayando el principio de celeridad que campea en las actuaciones judiciales, m\u00e1xime si en la cuenta se tiene que el juzgador de instancia para despachar en forma desfavorable la pr\u00e1ctica de la tacha de falses del contrato de arrendamiento del 4 de julio de 2018 indici\u00f3 que en el plenario exist\u00edan suficientes medios de convicci\u00f3n para desatar la problem\u00e1tica enarbolada\u00bb. <\/p>\n
6.- Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-11 del PDF \u00ab01. Demanda. Fl. 1-11\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 13 del PDF \u00ab06. Expediente, PARTE I. fl. 77-130\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folio 15 del PDF \u00ab06. Expediente, PARTE 2. fl. 131-168\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Folio 11 del PDF \u00ab06. Expediente, PARTE 3. fl. 168-236\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Minuto 0:59:21 del audio \u00ab23. Audiencia del 27-11-2020. fl. 293\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Minuto 1:02:19 del audio \u00ab23. Audiencia del 27-11-2020. fl. 293\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 PDF \u00ab41. Informe pericial 73-291483. fl. 367-408\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Folios 2-3 del PDF \u00ab49. Sentencia 9 de abril de 2021. fl. 438-442\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 PDF \u00ab03. Admite Apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC17245-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC17245-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04462-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Augusto Morales Alzate […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60269","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60269","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60269"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60269\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}