STC17249-2021 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17249-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04543-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gerardo Herrera contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abcondenar en costas al representante legal del ente territorial, por permitir la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos en su territorio\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Gerardo Herrera inco\u00f3 acci\u00f3n popular contra Susuerte SA (radicado 17614-31-12-001-2021-00078), que se declar\u00f3 parcialmente pr\u00f3spera con providencia del 3 de septiembre de 2021, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el actor popular, siendo confirmada por el Tribunal cuestionado con sentencia del 10 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.2. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que la sede judicial acusada neg\u00f3 la \u00abcondena en costas contra el representante legal del ente territorial, pese a que fue vinculado y por su incumplimiento legal se vulnero derecho e inter\u00e9s colectivo\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Riosucio pidi\u00f3 desestimar el resguardo, \u00abporque [su] posici\u00f3n\u2026 y del\u2026 Tribunal, est\u00e1n amparados en normas procesales de orden p\u00fablico y obligatorio cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
2. Susuerte SA defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
3. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte y analizado el caso de marras, advierte la Corte que el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el fallo de 10 de noviembre de 2021, que confirm\u00f3 el dictado el 3 de septiembre pasado, no luce arbitrario, comoquiera que el Tribunal criticado, expres\u00f3 las razones por las que no consideraba procedente acceder a la condena en costas que reclam\u00f3 el actor popular frente al ente territorial vinculado al juicio criticado, sobre lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cARTICULO 38. COSTAS. El juez aplicar\u00e1 las normas de procedimiento civil relativas a las costas. S\u00f3lo podr\u00e1 condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acci\u00f3n presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podr\u00e1 imponer una multa hasta de veinte (20) salarios m\u00ednimos mensuales, los cuales ser\u00e1n destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las dem\u00e1s acciones a que haya lugar\u201d. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que, por regla general, en las acciones populares se aplican las disposiciones sobre costas previstas en C\u00f3digo adjetivo civil, cuyo art\u00edculo 365, numeral 1\u00b0, prescribe: <\/p>\n
\u201c1. Se condenar\u00e1 en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci\u00f3n, casaci\u00f3n, queja, s\u00faplica, anulaci\u00f3n o revisi\u00f3n que haya propuesto. Adem\u00e1s, en los casos especiales previstos en este c\u00f3digo.\u201d <\/p>\n
Por su parte los numerales quinto y octavo establecen: <\/p>\n
\u201c5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podr\u00e1 abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
8. Solo habr\u00e1 lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Pues bien, es claro que las costas procesales constituyen \u201cla erogaci\u00f3n econ\u00f3mica que debe realizar la parte vencida en un proceso judicial y comprende, tanto los gastos comprobados causados en su tr\u00e1mite, como las agencias en derecho, correspondientes a los egresos econ\u00f3micos efectuados por la parte triunfadora para su defensa judicial\u201d; el C\u00f3digo General del Proceso las regula de manera universal entre los art\u00edculos 361 a 366. <\/p>\n
De las normas precitadas, resulta di\u00e1fano que sin lugar a disquisiciones de orden subjetivo, el juez deber\u00e1 condenar en costas a la parte vencida en el proceso, con posibilidad de abstenerse de realizar dicha condena o hacerla parcial si la prosperidad de las pretensiones de demanda no fue total, para lo cual se le impone la carga argumentativa de expresar los fundamentos de esa decisi\u00f3n (numeral 5 ib\u00eddem), o exonerarla en los eventos que est\u00e9 con el beneficio de amparo de pobreza (art. 154 ib), o cuando no aparezca acreditada su causaci\u00f3n (numeral 8\u00ba art. 365 CGP). <\/p>\n
Para el caso en concreto, se observa que la Juzgadora de instancia se abstuvo de condenar en costas por cuanto hubo una prosperidad parcial de las pretensiones, en tanto frente a una de las acciones populares que se acumul\u00f3 result\u00f3 probada la excepci\u00f3n de carencia de objeto, mientras que en la otra se encontr\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos colectivos invocados. <\/p>\n
Ante esto, se encuentra acertada la decisi\u00f3n adoptada por la Juzgadora de instancia, en tanto al ser acumuladas las acciones populares adelantadas por la misma persona y en contra del mismo ente de derecho privado, fueron tramitadas bajo una misma l\u00ednea procedimental y se decidieron en una misma sentencia, en la que, se reitera, hubo una prosperidad parcial a las pretensiones acumuladas y por tanto resultaba ajustado dar aplicaci\u00f3n al numeral quinto del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, que de manera expresa faculta al Juzgador de abstenerse a condenar en costas bajo los supuestos antes descritos. <\/p>\n
Ahora bien, se observa que no es esto lo que realmente impugna el actor popular, sino que su censura se encamina a obtener de la Alcald\u00eda Municipal de Riosucio dicho emolumento, sin que lo pedido resulte procedente a la luz de lo antes dicho, pues resulta claro que no es el referido ente estatal quien result\u00f3 vencido en este asunto. Ha de aclararse que si bien, como m\u00e1xima autoridad local fue convocada a este tr\u00e1mite seg\u00fan las normas que as\u00ed lo prescriben, en virtud de la naturaleza de los derechos en cuesti\u00f3n, lo cierto es que la amenaza que se encontr\u00f3 probada fue endilgada de manera directa a la sociedad comercial Susuerte S.A, persona jur\u00eddica de derecho privado, como bien se adujo durante todo el tr\u00e1mite. <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia en relaci\u00f3n a las costas, pues se evidencia que la abstenci\u00f3n efectuada en la condena resulta ajustada al supuesto consagrado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 365 del CGP, aunado a que no resulta viable condenar a la Alcald\u00eda Municipal cuando no fue esta la parte que result\u00f3 vencida en este asunto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 las normas que regulan la imposici\u00f3n de costas y concluy\u00f3 que no se reun\u00edan los presupuestos necesarios para imponer tal condena a la Alcald\u00eda Municipal de Riosucio, comoquiera que dicho ente no fue la parte vencida en la contienda, atendiendo que el compromiso de los derechos colectivos fue endilgado, exclusivamente, a Susuerte SA. <\/p>\n
Tales deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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