STC17250-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17250-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04464-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Benjam\u00edn L\u00f3pez Romero contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad, as\u00ed como a Miriam Roc\u00edo, Jos\u00e9 Hilario y Luis Rafael L\u00f3pez Romero. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- A trav\u00e9s de apoderado judicial, el accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja se\u00f1al\u00f3 que, el 7 de septiembre de 2021, radic\u00f3 un memorial ante el Colegiado convocado pidiendo \u00abdejar sin efectos el auto proferido el d\u00eda 20 de octubre de 2020 y, consecuentemente, el del 29 de enero de 2021, por los cuales, en cumplimiento del Decreto 806 de 2020, descorri\u00f3 traslado para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n y lo declar\u00f3 desierto\u00bb, escrito en el que destac\u00f3 el criterio expuesto por esta Sala en el fallo STC6687-2020 y que el recurso se interpuso el 9 de marzo de 2020, cuando estaba rigiendo la Ley 1564 de 20121. <\/p>\n
Al no obtener respuesta, reiter\u00f3 su petici\u00f3n el 6 de octubre del a\u00f1o en curso, \u00absin que a la fecha el accionado diese respuesta cuando han transcurrido 78 d\u00edas calendario y m\u00e1s de 15 d\u00edas h\u00e1biles desde la primera solicitud\u00bb. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar su derecho fundamental de petici\u00f3n y, en consecuencia, ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que responda su solicitud del 7 de septiembre del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADO <\/p>\n
1.- La Secretar\u00eda de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena manifest\u00f3 que, el 24 de febrero del a\u00f1o en curso, \u00abse efectu\u00f3 devoluci\u00f3n del expediente con radicado No. 13001310300320160015701 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que recibi\u00f3 una solicitud del ahora tutelante el 7 de septiembre de esta anualidad, que fue reiterada el 6 de octubre siguiente, no obstante, \u00abpara la fecha de presentaci\u00f3n (\u2026) el expediente se hab\u00eda devuelto al despacho de origen\u00bb; por tanto, \u00abla petici\u00f3n (\u2026) junto con las dem\u00e1s solicitudes, as\u00ed como la constancia de devoluci\u00f3n del expediente fueron remitidos (\u2026) al correo Electr\u00f3nico del despacho de origen en fecha 02 de diciembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.- Por su parte, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena se\u00f1al\u00f3 que recibi\u00f3 el requerimiento del actor, por remisi\u00f3n del superior jer\u00e1rquico, y que se pronunci\u00f3 sobre el particular, ordenando la remisi\u00f3n del expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el gestor persigue la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, que considera vulnerado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, por no haber dado respuesta a su petici\u00f3n del 7 de septiembre del a\u00f1o en curso, reiterada el 6 de octubre siguiente, en la cual inst\u00f3 \u00abdejar sin efectos el auto proferido el d\u00eda 20 de octubre de 2020 y, consecuentemente, el del 29 de enero de 2021, por los cuales, en cumplimiento del Decreto 806 de 2020, descorri\u00f3 traslado para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n y lo declar\u00f3 desierto\u00bb, citando como soporte lo establecido por esta Sala en sentencia STC6687-2020 y que el recurso se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- Sea lo primero se\u00f1alar que la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los decursos judiciales, salvo en lo relativo a gestiones de linaje estrictamente administrativo. <\/p>\n
Lo esgrimido se explica porque son las normas procedimentales las que regulan las respuestas otorgadas a los requerimientos de los sujetos procesales. Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [L]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u00bb2. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso se descarta la lesi\u00f3n a la prerrogativa de petici\u00f3n, establecida en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por cuanto la solicitud a la que alude el tutelante se refiere a un asunto propio del tr\u00e1mite judicial y no a un aspecto netamente administrativo. <\/p>\n
3.- Aunado a lo expuesto, resulta pertinente se\u00f1alar que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que, \u00abcuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
3.1.- En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u2018nuevo\u2019 derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb (Se subraya) (CSJ STC 24 feb. 2006, Rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. Rad. 00294-00 y STC2713-2020, 12 de marzo Rad. 2020-00038-01). <\/p>\n
Entonces, es claro que la intenci\u00f3n del legislador no fue auspiciar el uso desmedido de este selecto instrumento, sino reprochar severamente cualquier actitud que se dirija en tal sentido, pues quien as\u00ed proceda no ver\u00e1 triunfar sus pretensiones. <\/p>\n
3.2.- Pues bien, en el sub examine se advierte que la Sala resolvi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de radicado 11001020300020210096900 que el ac\u00e1 accionante interpuso contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la cual fue negada en sentencia STC3741 del 14 de abril de 2021 y declarada improcedente por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, mediante fallo STL5009 del 5 de mayo siguiente3. <\/p>\n
En dicha oportunidad, el actor solicit\u00f3 que se ordenara al Tribunal convocado \u00ab[dejar] sin efectos el auto del 29 de enero de 2021 y tenga por sustentado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u00bb, aduciendo, entre otros, que \u00abpor error involuntario, en el que incurri\u00f3 por \u2018toda la situaci\u00f3n y caos que la pandemia ha ocasionado\u2019, no remiti\u00f3 el escrito de sustentaci\u00f3n, pero que la \u2018apelaci\u00f3n hab\u00eda sido oportunamente sustentad[a] con el escrito presentado ante el juzgado [de primera instancia] el 9 de marzo de 2020\u2019, por lo que no debi\u00f3 declararse desierta\u00bb4. <\/p>\n
Al decidir la tutela, esta Sala sostuvo \u00abque el quejoso tuvo a su alcance el recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda frente al auto del 29 de enero de la cursante anualidad, que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de 3 de marzo de 2020, mecanismo al que no acudi\u00f3. De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, en el tr\u00e1mite de la segunda instancia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral reiter\u00f3 que, \u00abcomo lo indic\u00f3 el a quo constitucional, la presente solicitud de amparo resulta improcedente para atacar la decisi\u00f3n del Colegiado accionado al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n, pues se advierte que, a pesar de haber contado el accionante con un medio judicial de defensa id\u00f3neo, como lo era el recurso de reposici\u00f3n llamado a ser activado contra (i) el auto que admiti\u00f3 la alzada y adecu\u00f3 el tr\u00e1mite del proceso conforme al Decreto 806 de 2020 y (ii) la providencia que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, no hay constancia de que lo empleara, como tampoco de las razones que los llevaron a desechar su utilizaci\u00f3n\u00bb; en consecuencia, declar\u00f3 improcedente el amparo deprecado. <\/p>\n
Una vez remitido el expediente a la Corte Constitucional, \u00e9sta resolvi\u00f3 no seleccionar el tr\u00e1mite para revisi\u00f3n, en auto del 29 de octubre de 20215. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que el asunto objeto de debate corresponde a uno que ya fue motivo de pronunciamiento en sede de tutela y, por tanto, no es viable someterlo nuevamente a control constitucional, pues, aun cuando en esta ocasi\u00f3n el accionante pretende revivir esa controversia con la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n posterior ante el Tribunal accionado, lo cierto es que tal alegaci\u00f3n, por s\u00ed misma, no basta para formular una nueva salvaguarda, porque, en rigor, se edifica sobre el cuestionamiento de la decisi\u00f3n de declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n en el proceso de marras, aspecto que ya se defini\u00f3 en esta instancia constitucional y que, por tanto, est\u00e1 cobijado por la instituci\u00f3n de la \u00abcosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
4.- Lo anterior, sin perjuicio de se\u00f1alar que el 9 de diciembre anterior, el a quo remiti\u00f3 el expediente al Colegiado accionado, con ocasi\u00f3n de la solicitud del tutelante, para lo que estime pertinente. <\/p>\n
5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 12 y 13 del escrito de tutela. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Si bien el ad quem constitucional revoc\u00f3 el fallo de esta Sala, lo hizo en el sentido de indicar que no denegaba el amparo, sino que lo declaraba improcedente. <\/p>\n
4\u0002 Antecedentes STC3741-2021. <\/p>\n
5\u0002 Radicaci\u00f3n T8403353 ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
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