STC17256-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04500-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la sociedad Inversiones Edwin y Camilo Ltda. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincularon a los actores e intervinientes en el proceso de radicado 2016-00857-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora procura la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y de las probanzas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Los se\u00f1ores Aldemar Moreno Quitian y M\u00e9lida Salazar Ruiz impulsaron en contra del accionante proceso verbal de pertenencia por prescripci\u00f3n ordinaria de los bienes inmuebles identificados con M.I. 50S-40712817 y 50S-40712806, que corresponden a un apartamento y su correspondiente garaje, ubicados en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. El 12 de diciembre del 2016, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 auto admisorio1. <\/p>\n
2.3. Notificada la pasiva contest\u00f3 la demanda en el que se opuso a las pretensiones2 y propuso las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abexepci\u00f3n (sic) de petici\u00f3n de modo indebido\u00bb; \u00abexcepci\u00f3n de contrato no cumplido\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n de carencia o inexistencia de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n de documento apocrifo (sic)\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n gen\u00e9rica de fondo y la que se pruebe en el transcurso del proceso\u00bb. A su turno, present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n con la que pretendi\u00f3 reivindicar los fundos objeto de controversia3. <\/p>\n
2.4. El 23 de julio del 2019, se llev\u00f3 a cabo audiencia inicial sin la asistencia de la parte demandante ni su apoderado4. En atenci\u00f3n a ello, el 29 del mismo mes y a\u00f1o, el despacho sancion\u00f3 a los se\u00f1ores Aldemar Moreno Quitian, M\u00e9lida Salazar Ruiz y \u00c1lvaro Adolfo Castillo Ram\u00edrez con multa de 5 s.m.l.m.v5. Adem\u00e1s, resolvi\u00f3 \u00absancionar procesalmente a la parte demandante ALDEMAR MORENO QUITIAN Y MELIDA SALAZAR RU\u00cdZ, en la forma contenida en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 372 del C. General del Proceso, esto es, presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n en que se fundan la contestaci\u00f3n demanda, situaci\u00f3n que ser\u00e1 verificada al momento de proferirse sentencia\u00bb. Tal providencia qued\u00f3 en firme sin manifestaci\u00f3n de las partes. <\/p>\n
2.5. Agotado el tr\u00e1mite de instancia, la c\u00e9lula judicial accionada dict\u00f3 sentencia el 09 de noviembre del 2020, en la que se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u00abcarencia o inexistencia de la acci\u00f3n\u00bb y, en consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. Adem\u00e1s, desestim\u00f3 las de la demanda de reconvenci\u00f3n por hallar \u00abprobada en forma oficiosa la excepci\u00f3n de IMPROCEDENCIA DE LA ACCI\u00d3N REIVINDICATORIA (DEMANDA DE RECONVENCI\u00d3N) por no demostrarse la calidad de poseedor de los demandados en reconvenci\u00f3n se\u00f1ores ALDEMAR MORENO QUITIAN y M\u00c9LIDA SALAZAR RUIZ\u00bb6. <\/p>\n
2.7. Para el quejoso, los juzgadores cuestionados incurrieron en v\u00edas de hecho comoquiera que no dieron aplicaci\u00f3n a la sanci\u00f3n procesal de que trata el numeral 4 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso ante la inasistencia de las partes a la audiencia inicial. En tal sentido, sostuvieron que si se hubiera aplicado correctamente la aludida norma, \u00abo sea la \u00abconfesi\u00f3n ficta o presunta\u00bb sobre hechos de la demanda, su contestaci\u00f3n y obviamente en la reconvenci\u00f3n, el resultado del proceso no pod\u00eda tener c\u00f3mo resultado, las sentencias de ambas instancias tal c\u00f3mo fueron dictadas, y por ello a partir de la CONFIRMACI\u00d3N, por parte de la sala Civil del Tribunal Superior, (En la pr\u00e1ctica un fallo inhibitorio), se configuran v\u00edas de hecho contra la administraci\u00f3n de justicia, y perjudica a la sociedad que represento, pues como consecuencia de ello, le priv\u00f3 el derecho de REIVINDICAR, y obtener el reconocimiento a los derechos de propiedad y recuperaci\u00f3n de la posesi\u00f3n sobre el inmueble objeto del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abdarle el tr\u00e1mite legal a la acci\u00f3n de tutela, c\u00f3mo \u00fanica v\u00eda excepcional para corregir o enmendar el error de las instancias judiciales querelladas, toda vez qu\u00e9 no hay otra oportunidad ni otro camino procesal, para obtener el reparo al fallo, que gener\u00f3 las v\u00edas de hecho, por la err\u00f3nea aplicaci\u00f3n de la norma procesal violada (art. 372 num 4 CGP)\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 asever\u00f3 que \u00abno ha incurrido en un indebido proceso, y el tramite seguido es el que corresponde de acuerdo a la norma procesal ya que todas las providencias se encuentran fundamentadas conforme a las leyes preexistentes y las formas propias que establece el C\u00f3digo General del Proceso sin vulnerar la seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
2.- Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el gestor pretende que se invalide la providencia del 09 de junio del 2021 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 la sentencia del 09 de noviembre de 2020, emitida por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, pues considera que dicha decisi\u00f3n lesiona sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
2.- Advierte esta Corporaci\u00f3n que, si bien el reclamo se enfila contra los fallos dictados en primera y segunda instancia, el examen se circunscribir\u00e1 al proferido el 09 de junio del 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, pues fue el que, en \u00faltimas, defini\u00f3 la disputa. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb 7. <\/p>\n
3.- Revisada la providencia objeto de controversia, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver la instancia, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que era procedente confirmar el prove\u00eddo cuestionado. <\/p>\n
Para ello, tras explicar los presupuestos de la acci\u00f3n prescriptiva y los de la reivindicatoria, evidenci\u00f3 que \u00abvalorado el caudal probatorio arrimado al proceso, a la luz de las reglas de la sana cr\u00edtica, y a partir del marco conceptual expuesto en l\u00edneas precedentes, prontamente advierte esta Sala la necesidad de confirmar la decisi\u00f3n apelada\u00bb. <\/p>\n
En efecto, vistas las manifestaciones efectuadas por los extremos procesales, advirti\u00f3 que estos \u00abcoincidieron en afirmar que los actores ingresaron al inmueble en virtud de un contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes\u00bb. Vistas las documentales obrantes en el plenario: <\/p>\n
\u00abCon el documento obrante a folios 3 a 5 se corrobora que el se\u00f1or Jos\u00e9 Francisco Riveros, en calidad de representante legal de la sociedad Inversiones Edwin y Camilo Ltda., el 16 de julio de 2007 prometi\u00f3 a los demandantes la venta del bien objeto de esta litis, de lo que se desprende inequ\u00edvocamente que la tenencia del inmueble que ostentan actualmente los actores es consecuencia de la existencia de un v\u00ednculo contractual que subsiste hasta la actualidad, puesto que no ha sido anulado o invalidado ni resuelto por ninguno de los medios que el legislador autoriza, y mientras ello sea as\u00ed, no pueden desconoc\u00e9rsele sus efectos o poder vinculante, al punto que mientras dicha circunstancia subsista las obligaciones en \u00e9l contenidas son ley para las partes y de obligatorio acatamiento -1602 C.C.-, sin que por la sola manifestaci\u00f3n de los actores se puedan desconocer sus efectos. <\/p>\n
Y como esa promesa de compraventa genera obligaci\u00f3n de hacer y no de dar, resulta incontestable que no puede ser considerada como justo t\u00edtulo para adquirir el dominio, como lo ha precisado en innumerables ocasiones la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Bajo dicho entendido, para el Colegiado es di\u00e1fano que ante la existencia del referido v\u00ednculo negocial \u00abtampoco pod\u00eda prosperar la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n, pues muy a pesar de que uno de los socios de la promitente vendedora hubiere fallecido, ello no le resta eficacia al negocio jur\u00eddico, toda vez que, conforme al art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Comercio, la \u201csociedad legalmente constituida constituye una persona jur\u00eddica distinta a los socios individualmente considerados\u201d\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte y de la lectura de las cl\u00e1usulas del contrato de promesa de compraventa, \u00abcontrario a lo se\u00f1alado por el recurrente, la entrega de un inmueble prometido en venta en virtud de promesa de compraventa por s\u00ed solo no convierte a los promitentes compradores en poseedores materiales, sino en meros tenedores, por lo que, en el caso bajo estudio y en raz\u00f3n a que en la promesa no se indic\u00f3 de forma inequ\u00edvoca que con la entrega anticipada del bien al demandante tambi\u00e9n se le otorgaba la posesi\u00f3n material, sino, como se dijo, la mera tenencia, es claro que el plazo de prescripci\u00f3n no puede computarse desde la fecha en que ese acto ocurri\u00f3\u00bb. As\u00ed las cosas, \u00abpara que la pretensi\u00f3n de los demandantes saliera adelante, incluso por prescripci\u00f3n extraordinaria (si nos atuvi\u00e9ramos a lo que fue se\u00f1alado al subsanar la demanda), debieron acreditar ser poseedores del bien y que dicha posesi\u00f3n la han detentado por m\u00e1s de diez a\u00f1os, circunstancia que muy a pesar de las manifestaciones de los recurrentes no est\u00e1n acreditadas, porque, como atr\u00e1s se vio, por las circunstancias que rodearon su ingreso al inmueble, es dable afirmar, en principio, que son meros tenedores\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, asegur\u00f3 que tampoco habr\u00eda lugar a declarar la prescripci\u00f3n extraordinaria, pues los actores tampoco acreditaron \u00abla supuesta posesi\u00f3n durante el t\u00e9rmino decenal exigido por la ley, pues dijeron que recibieron el bien el 18 de agosto de 2007 y presentaron la demanda de pertenencia el 12 de diciembre de 2016, lo que significa que no hab\u00edan transcurrido los 10 a\u00f1os previstos en el inciso 2\u00b0 del numeral 3\u00b0 del canon 2531 (modificado por el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 791 de 2002)\u00bb. <\/p>\n
Y, en lo que refiere a los alegatos esgrimidos por el demandante en reconvenci\u00f3n, lo cierto es que \u00abla acci\u00f3n reivindicatoria es de estirpe eminentemente extracontractual, situaci\u00f3n que aqu\u00ed no ocurre en la medida en que los actores ingresaron al inmueble por virtud del contrato de promesa de compraventa celebrado con la parte pasiva, el cual \u00fanicamente da lugar a derechos personales, m\u00e1s no reales\u00bb. En ese orden de ideas, -explic\u00f3- ante la existencia del v\u00ednculo negocial no es posible que prospere la acci\u00f3n reivindicatoria, ya que su ejercicio \u00abest\u00e1 reservado para el propietario que ha sido \u201cdespojado\u201d de la posesi\u00f3n, no as\u00ed para el que la entreg\u00f3 voluntariamente en virtud de un contrato, caso en el cual para recuperarla debe atacar el acuerdo negocial que dio origen a la entrega, pues, como lo ense\u00f1a el antiguo principio general en materia jur\u00eddica, \u201clas cosas en derecho se deshacen como se hacen.\u201d\u00bb. <\/p>\n
4.- De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable y juiciosa de las probanzas, la normativa y la jurisprudencia que regula la materia. <\/p>\n
4.1.- Para la Sala, el escrutinio de las pruebas no comport\u00f3 el alegado defecto f\u00e1ctico, en tanto que al juez le corresponde efectuar un an\u00e1lisis de persuasi\u00f3n racional, haciendo un ejercicio desde la sana cr\u00edtica y las leyes de la experiencia, an\u00e1lisis que no result\u00f3, en el caso en concreto, irrazonable. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el hecho de que exista confesi\u00f3n ficta por los demandantes ante su inasistencia a la audiencia inicial no significa, per se, que deban prosperar las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n, comoquiera que dicho medio de prueba deber\u00e1 ser valorado en conjunto con las dem\u00e1s probanzas obrantes en el plenario, tal como ocurri\u00f3 en el caso de marras. Sobre este aspecto, la Corte tiene por averiguado: <\/p>\n
\u201cImporta precisar que la confesi\u00f3n ficta tendr\u00e1 el mismo valor y fuerza que a las confesiones propiamente dichas la ley les atribuye, siempre y cuando, se insiste, no exista dentro del proceso prueba en contrario y para su incorporaci\u00f3n se hayan cumplido las condiciones previstas en el art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como con acierto lo ha sostenido la doctrina especializada, y tiene dicho la Corte, la prueba procesal no est\u00e1 formada, de ordinario, por un solo elemento, sino que, por lo com\u00fan, cada litigante suele utilizar diversos medios de persuasi\u00f3n, de naturaleza heterog\u00e9nea. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha insistido, con fundamento en la ley, y en reiterada doctrina que a los jueces se les impone la obligaci\u00f3n de hacer la evaluaci\u00f3n tanto individual como conjunta de los diversos y heterog\u00e9neos elementos probatorios obrantes en los autos; no de uno solo; <\/p>\n
\u201cDe no ser as\u00ed \u2013ha dicho la Sala-, a los falladores se les imposibilitar\u00eda para formar la premisa menor del silogismo judicial que constituye la sentencia, o sea la determinaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que debe subsumirse en la hip\u00f3tesis contemplada por la norma legal\u201d8\u00bb. <\/p>\n
4.2.- Es precisamente la valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas y del an\u00e1lisis cr\u00edtico que de ellas se haga, lo que permite elaborar razonamientos que, en tanto no sean il\u00f3gicos, no pueden ser desvirtuados a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Resulta necesario en este aparte resaltar que el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es menester resaltar que en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 7 oct. 2015, rad. 2336-00 y STC4937-2016 21 abr. 2016 rad. 2016-00057-01). <\/p>\n
5.- Bajo tales consideraciones, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
6.- Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 103 del PDF \u00ab01 PRINCIPAL\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folio 19 del PDF \u00abCuaderno2Reconvencion\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Folio 347 ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 350 ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 538 del PDF \u00ab01 PRINCIPAL\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015 <\/p>\n
8\u0002 STC066-2020 del 16 de enero del 2020, exp. 2019-00091-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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