STC17259-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17259-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04518-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de 15 de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dec\u00eddase la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mireya Beltr\u00e1n Rodr\u00edguez, quien afirma obrar como agente oficiosa de Leonardo Iv\u00e1n Cort\u00e9s Novoa, frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso, de quien dice representar, presuntamente vulnerados por el colegiado convocado. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se extrae que el 11 de octubre de 2021, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico de la promotora, se remiti\u00f3 \u00abpetici\u00f3n firmada por el doctor Leonardo Iv\u00e1n Cort\u00e9s Novoa, leg\u00edtimo propietario de los lotes\u00bb al Tribunal accionado, en la cual solicit\u00f3 \u00abque se levanten cada una de las medidas cautelares que se registran dentro de las anotaciones del Certificado de tradici\u00f3n y libertad como aparece en la comunicaci\u00f3n al respetado MAGISTRADO ponente de la Sentencia No. 500013121002-201500318-01\u00bb, sin que, a la fecha de presentaci\u00f3n de este amparo, haya obtenido respuesta. <\/p>\n
Sostuvo que interpon\u00eda esta acci\u00f3n constitucional para evitar un perjuicio irremediable, \u00aben vista que el propietario Doctor Leonardo Iv\u00e1n Cort\u00e9s Novoa ya realizo un negocio con los Lotes con el fin que no vayan nuevamente a ser invadidos\u00bb (sic). <\/p>\n
3. En escrito posterior1, la accionante precis\u00f3 que su tutela se fundamentaba \u00fanicamente en la falta de respuesta del Magistrado Ponente del Tribunal a la solicitud \u00abelevada por Leonardo Iv\u00e1n Cort\u00e9s Novoa incoada desde la fecha 11 de octubre del 2021\u00bb y que no ten\u00eda por objeto \u00abreabrir el expediente de Restituci\u00f3n de Tierras, sino de dar respuesta pronta, oportuna y respetuosa dentro del plazo razonable al Derecho de Petici\u00f3n\u00bb. Igualmente, refiri\u00f3 que previamente hab\u00eda formulado una tutela similar ante esta Sala, pero fue rechazada, \u00abporque el poder que anexe era con fecha del 19 de noviembre del 2013, que ya se hab\u00eda vencido\u00bb2, destacando que a la presente acci\u00f3n constitucional hab\u00eda allegado nuevas pruebas y aclarado de fondo ese aspecto, con una autorizaci\u00f3n reciente. <\/p>\n
4. Conforme a lo antelado, se advierte que lo pretendido es obtener respuesta, por parte del Tribunal accionado, al requerimiento elevado por Leonardo Iv\u00e1n Cort\u00e9s Novoa el 11 de octubre de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida en esa instancia y pidi\u00f3 desestimar el ruego, tras precisar \u00abque el memorial de 10 de octubre de 2021 solo comporta una solicitud procesal de levantamiento de medidas cautelares, sin dejar de lado la improcedencia del derecho de petici\u00f3n para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor p\u00fablico el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales\u00bb. <\/p>\n
2. La Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. El colegiado convocado requiri\u00f3 desestimar la tutela, por carencia actual de objeto, dado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Una vez recibido el texto contentivo de la tutela formulada por la agente oficiosa, se procedi\u00f3 a revisar la solicitud y lo actuado en el proceso, encontrando que, (i) respecto del predio -lote 6- identificado con FMI 232-9665, y seg\u00fan el examen del certificado de tradici\u00f3n allegado, ya se levantaron las medidas correspondientes a la protecci\u00f3n jur\u00eddica del predio (anotaciones 10 y 11), admisi\u00f3n solicitud de restituci\u00f3n del predio y sustracci\u00f3n provisional del comercio (anotaciones 13,14 y 16), limitaci\u00f3n al dominio por dos a\u00f1os y prohibici\u00f3n de enajenar derechos inscritos en predio abandonado por el titular (anotaciones 17, 19 y 20), quedando pendiente la anotaci\u00f3n 12 de ingreso del predio al Registro de Tierras despojadas, actuaci\u00f3n que le corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas-Territorial Meta, por haber sido la autoridad que adopt\u00f3 tal medida, tal como se dispuso en prove\u00eddo de fecha 12 de abril del a\u00f1o en curso: <\/p>\n
\u2018en el T\u00c9RMINO NO MAYOR A DIEZ (10) D\u00cdAS contados a partir del enteramiento de esta decisi\u00f3n, ordene a la Oficina de Registro competente, si a\u00fan no lo hubiere hecho, la cancelaci\u00f3n de la medida de inscripci\u00f3n del ingreso al registro de tierras despojadas ordenadas por la Territorial Meta de la UAEGRTD mediante Resoluci\u00f3n 0255 del 21 de marzo de 2014 con fundamento en el art\u00edculo 17 del decreto 4829 de 2011\u2019, (consecutivo 350 del expediente electr\u00f3nico), y (ii) en lo que toca a los lotes 5 (FMI 232-9664) y 7 (FMI 232-9666) no obra en el plenario ning\u00fan certificado de tradici\u00f3n del cual se pueda hacer el escrutinio que viene de anotarse para establecer el cumplimiento de la orden de levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
Con base en lo anterior, en auto de esta misma fecha, se emitieron sendas \u00f3rdenes para determinar el estado del levantamiento de las medidas cautelares, pues al tenor del art. 164 CGP \u2018Toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u2026\u2019, tal verificaci\u00f3n luce pertinente atendiendo que el solicitante en reiteradas oportunidades ha remitido al plenario el FMI 232-9665 obviando los FMI 232-9664 y 232-9666, impidiendo con ello el examen del cumplimiento de lo que echa de menos en sede constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradora 3 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras precis\u00f3 que la petici\u00f3n de levantamiento de medidas cautelares se realiza en el marco de un proceso de restituci\u00f3n de tierras y, en tal sentido, no puede ser considerada como un derecho de petici\u00f3n regulado por las normas que se\u00f1ala la tutelante en su escrito. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que las directrices \u00abprevistas por la Corte Constitucional para los procesos de restituci\u00f3n de tierras, han sido aplicadas a lo largo del proceso judicial, tanto en el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio, como en el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, quien aduce actuar en nombre de Leonardo Iv\u00e1n Cort\u00e9s Novoa pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, se d\u00e9 respuesta a la solicitud firmada por su agenciado y enviada al Tribunal el 11 de octubre de 2021, desde el correo electr\u00f3nico de la gestora, por la cual pidi\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas con ocasi\u00f3n del proceso 2015-00318-01. <\/p>\n
2. Pues bien, en relaci\u00f3n con lo anterior, advierte la Sala que no es procedente estudiar el amparo de fondo, por la ausencia de legitimaci\u00f3n de Mireya Beltr\u00e1n Rodr\u00edguez para impetrar la presente salvaguarda, toda vez que: (i) no es la titular de los derechos fundamentales invocados, (ii) no acredit\u00f3 la calidad requerida para recibir un poder especial para la acci\u00f3n de tutela, en los t\u00e9rminos exigidos para aqu\u00e9l apoderamiento y (iii) no demostr\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficiosa de quien dice representar, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. En efecto, en cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En torno al requisito referido, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abSobre el tema, [legitimaci\u00f3n] la jurisprudencia constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diferentes oportunidades (Ver sentencias T-082\/97, T-1220\/03, T-531\/02, T-017\/03, T-242\/03, T-301\/03, T-503\/03, T-629\/06, T-878\/07, T-312\/09, T-442\/12, SU-377\/14 entre otras.), concluyendo que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un presupuesto esencial de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela dentro de un caso concreto, puesto que al juez le corresponde verificar de manera precisa qui\u00e9n es el titular del derecho fundamental que est\u00e1 siendo vulnerado y cu\u00e1l es el medio a trav\u00e9s de cual acude al amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
A su vez, esta Sala ha determinado que \u00abcuando la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC9278-2020, 28 oct. 2020, rad. 2020-00011 y STC14371-2021. Se resalta). <\/p>\n
3.1. En estas diligencias, la tutelante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del se\u00f1or Leonardo Iv\u00e1n Cort\u00e9s Novoa, quien, en calidad de parte en el proceso de restituci\u00f3n de tierras 2015-00318-01, hizo el requerimiento al que, seg\u00fan se indica, no se hab\u00eda dado respuesta. <\/p>\n
3.2. Asimismo, ha de se\u00f1alarse que, aunque la acci\u00f3n constitucional puede ejercerse a trav\u00e9s de apoderado, dicho poder especial debe reunir unas condiciones que, en este caso, no se acreditan. <\/p>\n
Ello, en raz\u00f3n a que, si bien la actora alleg\u00f3 un documento suscrito por Leonardo Iv\u00e1n Cort\u00e9s Novoa, el 2 de diciembre de 2021, en el que le otorga \u00abpoder especial, amplio y suficiente (\u2026) con el objeto de interponer acciones judiciales, recursos judiciales y acciones de tutela necesarias para obtener la protecci\u00f3n de [sus] derechos (\u2026)\u00bb, lo cierto es que, conforme a la jurisprudencia constitucional, el acto de apoderamiento especial en materia de tutelas debe cumplir una serie de requisitos, adem\u00e1s, que solo puede ser otorgado a un profesional del derecho. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-493\/07, 28 de jun. 2007, citada por CSJ STC1707-2020, 19 de feb. 2020 rad. 2020-00005-01). <\/p>\n
Bajo este par\u00e1metro, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el poder especial es aqu\u00e9l que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T\u001f001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
Adem\u00e1s de los requisitos referidos, dicho apoderamiento es v\u00e1lido si cumple con los siguientes presupuestos: <\/p>\n
\u00ab\u2026i) es un acto jur\u00eddico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico; iii) debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; v) el destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional\u00bb (CC T-024\/19, 28 de ene. 2019) (\u00e9nfasis fuera de texto). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el documento denominado poder no cumple con los requisitos exigidos para ser especial y tampoco se acredit\u00f3 que la destinataria tuviera la calidad de abogada, presupuesto que tambi\u00e9n debe demostrarse para el referido apoderamiento. <\/p>\n
3.3. Finalmente, pese a que la actora dijo actuar como agente oficiosa para la salvaguarda de los derechos de Leonardo Iv\u00e1n Cort\u00e9s Novoa, no expuso ni soport\u00f3 las razones por las cuales su agenciado, siendo el titular de los mismos, no estaba en condiciones de promover su propia defensa. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada el 26 nov. 2015, exp. STC16407-2015) (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) En casos similares, la Corte Constitucional estableci\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura. Se destacan (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026)\u00bb3 (subraya fuera del texto). <\/p>\n
4. De este modo, el presente amparo no puede abrirse paso y, por tanto, no puede el Juez de tutela estudiar las alegaciones aqu\u00ed formuladas, pues, como antes se anot\u00f3, la actora no est\u00e1 legitimada para actuar en esta causa. <\/p>\n
5. Al margen de lo antelado, se destaca que el Tribunal alleg\u00f3 auto de 9 de diciembre de 2021, en el cual dispuso varias \u00f3rdenes con miras a determinar el estado del levantamiento de las medidas cautelares, con ocasi\u00f3n de la solicitud del se\u00f1or Cort\u00e9s Novoa. <\/p>\n
6. Por las razones anotadas, se debe negar la salvaguarda impetrada, por improcedente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Correo electr\u00f3nico enviado el 9 de diciembre de 2021. <\/p>\n
2\u0002 CSJ, ATC Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04330-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. 11001-02-04-000-2015-02437-01, reiterada en STC2486-2020 y en STC8898-2020. <\/p>\n
<\/p>\n
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