STC17261-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17261-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02468-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cielo Patricia Alvarado Avellaneda contra el Juzgado Primero Civil de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad y la Superintendencia de Sociedades – Grupo de Procesos de Reorganizaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en los procesos objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Sin formular pretensi\u00f3n concreta, la promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y propiedad, que dice vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Cielo Patricia Alvarado Avellaneda promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Blincorp de Colombia SA, Danilo y Silvia Mercedes Z\u00fa\u00f1iga Barbosa, tr\u00e1mite en el que, mediante providencia del 30 de marzo de 2016, se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia del 26 de febrero de 2019, el juzgado accionado orden\u00f3 entregar a la demandante los t\u00edtulos embargados a la sociedad demandada y, posteriormente, a trav\u00e9s de auto de 31 de julio de esas mismas calendas, dispuso la terminaci\u00f3n del juicio por \u00abpago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, comoquiera que los dineros que habr\u00edan de entregarse cubr\u00edan la totalidad de la acreencia. <\/p>\n
2.3. En septiembre de 2020, se inform\u00f3 a la sede judicial acusada sobre la apertura de proceso de reorganizaci\u00f3n de Blincorp de Colombia SA, ante lo cual, mediante providencia del 20 de octubre de 2020, dicho estrado dej\u00f3 \u00absin valor ni efecto alguno\u00bb el auto de 31 de julio de 2019, que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n; adicionalmente, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del proceso a la Superintendencia convocada, quien conoce del citado proceso de reorganizaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n poner a disposici\u00f3n de dicha autoridad \u00ablas medidas cautelares decretadas y practicadas\u2026 y los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial\u00bb. <\/p>\n
2.4. Contra esa decisi\u00f3n, la ejecutante formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos medios de impugnaci\u00f3n con prove\u00eddo del 19 de noviembre de 2020, determinaci\u00f3n en la que, adem\u00e1s, se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
2.5. De otro lado, remitidas las diligencias a la Superintendencia cuestionada, mediante providencia del 6 de julio de 2021, orden\u00f3 \u00abefectuar el pago de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial [remitidos por el juzgado enjuiciado]\u2026 a favor de la sociedad Blindcorp de Colombia SA\u00bb. Seguidamente, el 8 de julio de 2021, Cielo Patricia Alvarado Avellaneda solicit\u00f3 \u00abla devoluci\u00f3n de los t\u00edtulos remitidos por cuanto no eran de Blincorp\u00bb. <\/p>\n
2.6. Mediante providencia del 5 de agosto de 2021, el juez concursal dispuso la terminaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n y decret\u00f3 la apertura del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el juzgado accionado desconoci\u00f3 que el proceso ejecutivo se encontraba terminado, por lo que no pod\u00eda ordenar su remisi\u00f3n, as\u00ed como tampoco de los t\u00edtulos judiciales que all\u00ed reposaban, con destino al proceso de reorganizaci\u00f3n de Blincorp de Colombia SA; y que la Superintendencia convocada no se ha pronunciado sobre la petici\u00f3n que elev\u00f3 el pasado 8 de julio. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que \u00abha actuado bajo los presupuestos de derecho con el fin de garantizar los derechos de las partes y dem\u00e1s intervinientes en este asunto\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Blincorp de Colombia SA En Liquidaci\u00f3n y la Procuradur\u00eda Sexta Delegada para Asuntos Civiles II, rindieron informe. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Sociedades inform\u00f3 que \u00aben el expediente del proceso de Reorganizaci\u00f3n\u2026, en los memoriales 2021-01-443470 y 2021-02-018081 de 8 de julio de 2021, se present\u00f3 la solicitud por parte de la accionante\u00bb, pero que \u00aben ese entonces cursaba el proceso de Reorganizaci\u00f3n, por lo que el Juez competente\u2026 era el Grupo de Procesos de Reorganizaci\u00f3n, en el cual\u2026 se estaba a la espera de la presentaci\u00f3n de informaci\u00f3n por parte de la sociedad concursada para determinar su continuidad en el citado proceso\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, por cuanto, en lo que ata\u00f1e a las decisiones que dict\u00f3 el juzgado accionado, la \u00faltima de las cuales data del 19 de noviembre de 2020, \u00abtranscurri\u00f3 un t\u00e9rmino mayor a 11 meses, superando ampliamente el plazo considerado como razonable para acudir a esta senda excepcional\u00bb. <\/p>\n
Respecto a la Superintendencia criticada desestim\u00f3 el resguardo por cuanto \u00abel prove\u00eddo del 6 de julio de 2021 tampoco puede ser tildado de arbitrario, pues corresponde a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n del canon 4 del decreto 772 de 2020\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora expres\u00f3 que el resguardo \u00abno se dirigi\u00f3 a evidenciar un grave error frente a las providencias del 19 de noviembre de 2020, pues respecto de estas se ejerci\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n a trav\u00e9s de la alzada que se encuentra en curso\u00bb, sino que \u00abla violaci\u00f3n se dio [el] 29 de abril de 2021, fecha en la cual se dio el traslado de los t\u00edtulos a la Superintendencia\u2026\u00bb, por lo que su reclamo \u00abest\u00e1 dentro de los seis (6) meses que cubre el principio de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que \u00abrespecto de la conducta de la Superintendencia el hecho alegado no es la incorporaci\u00f3n del recurso, sino la no contestaci\u00f3n de la solicitud de revocatoria directa\u2026 y que a\u00fan a la fecha no ha sido objeto de respuesta\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a las quejas elevadas contra el juzgado convocado, advierte la Sala que, como lo concluy\u00f3 el a quo, la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que el prove\u00eddo que dej\u00f3 sin efectos la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo cuestionado y orden\u00f3 la remisi\u00f3n de ese asunto, junto con los dep\u00f3sitos judiciales que all\u00ed se hab\u00edan constituido, data del 20 de octubre de 2020, decisi\u00f3n que se censur\u00f3 la tutelante en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos recursos con auto del 19 de noviembre de esas mismas calendas (2020), providencia en la que, adem\u00e1s, se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
Entonces, desde la fecha de proferimiento de esa \u00faltima providencia (19 de noviembre de 2020) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 5 de noviembre de 2021, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir que no resultan de recibo las circunstancias que esgrimi\u00f3 la impugnante para excusar la anotada tardanza, en el sentido de indicar que present\u00f3 su ruego oportunamente, comoquiera que s\u00f3lo hasta el 29 de abril de 2021 \u00abse dio el traslado de los t\u00edtulos a la Superintendencia\u00bb, pues lo cierto es que dicha actuaci\u00f3n constituye, simplemente, el cumplimiento de lo ordenado en el citado prove\u00eddo de 20 de octubre de 2020, el cual qued\u00f3 en firme al quedar ejecutoriado el auto de 19 de noviembre de 2020, que resolvi\u00f3 sobre los recursos interpuestos contra tal determinaci\u00f3n, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 3021 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, mem\u00f3rese que, sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Ahora, en lo que ata\u00f1e a la queja elevada frente a la Superintendencia accionada, advierte la Sala que la inconformidad de la actora se circunscribe a que dicha autoridad no ha dado respuesta a la solicitud que elev\u00f3 el pasado 8 de julio, a trav\u00e9s de la que deprec\u00f3 \u00abla devoluci\u00f3n de los t\u00edtulos remitidos por cuanto no eran de Blincorp\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, considera la Sala que la demora que ha acaecido en resolver sobre la rese\u00f1ada petici\u00f3n compromete, sin duda, el derecho fundamental al debido proceso de la promotora. <\/p>\n
Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que la Superintendencia accionada ha dejado de lado la anotada solicitud, teniendo en cuenta que, con posterioridad a su presentaci\u00f3n, ha dictado varias decisiones, entre ellas, la de 5 de agosto de 2021, que clausur\u00f3 el proceso de reorganizaci\u00f3n y orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de Blincorp de Colombia SA, sin hacer menci\u00f3n alguna al pedimento que se pregona insatisfecho. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, evidencia la Corte que el juez concursal reconoce la existencia de la mencionada petici\u00f3n e intenta justificar la demora en su resoluci\u00f3n en que \u00abestaba a la espera de la presentaci\u00f3n de informaci\u00f3n por parte de la sociedad concursada para determinar su continuidad en el citado proceso\u00bb; sin embargo, como qued\u00f3 expuesto, ya se resolvi\u00f3 sobre la continuaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n, sin que se hubiese decidido sobre la prenotada solicitud, que present\u00f3 la accionante el 8 de julio de 2021. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, evidente es que han transcurrido cinco meses desde que la tutelante present\u00f3 su pedimento, sin que la autoridad querellada hubiese emitido pronunciamiento de fondo respecto de aquella, lo cual vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4. En ese orden de ideas, no cabe duda de que la Superintendencia cuestionada ha trasgredido las garant\u00edas de la actora, habida cuenta que ha superado con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, los t\u00e9rminos para pronunciarse sobre la petici\u00f3n que present\u00f3 la quejosa el pasado 8 de julio, raz\u00f3n por la cual habr\u00e1 de revocarse, en ese punto, el fallo impugnado, para en su lugar, acceder el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 a esa autoridad que proceda a resolver la anotada solicitud. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: Revocar la sentencia impugnada, en su lugar, concede parcialmente el amparo a los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Cielo Patricia Alvarado Avellaneda. En consecuencia, se ordena a la Superintendencia de Sociedades que, en el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, resuelva la petici\u00f3n que formul\u00f3 Alvarado Avellaneda el pasado 8 de julio (expediente No. 56258). En lo dem\u00e1s, se niega el amparo reclamado. <\/p>\n
Segundo. La Superintendencia accionada informar\u00e1 al fallador de primera instancia sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia a la referida Superintendencia y al a quo constitucional. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La citada norma establece que: \u00abLas providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. (\u2026) <\/p>\n
No obstante, cuando se pida aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n de una providencia, solo quedar\u00e1 ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. (\u2026) Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) d\u00edas despu\u00e9s de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los t\u00e9rminos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos\u00bb. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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