STC17269-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17269-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04459-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Hern\u00e1n Jaramillo Osorio contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 56782 (interno de la Corte). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libertad e igualdad, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, tras haber sido absuelto por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, fue condenado en segunda instancia \u2013 fallo del 17 de septiembre de 2019 \u2013 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, que le impuso una pena de 96 meses y 1 d\u00eda de prisi\u00f3n y multa de 400 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por los delitos de \u00abfraude procesal en concurso heterog\u00e9neo con falsedad en documento privado\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, por tratarse de una primera condena en segundo grado procesal, su defensa interpuso el recurso de impugnaci\u00f3n especial ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que mediante sentencia de 12 de mayo de 2021 confirm\u00f3 en su integridad la sanci\u00f3n penal en su contra por los delitos mencionados. Informa que se encuentra ejecutando la pena en prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Con especial \u00e9nfasis cuestiona el veredicto dictado en sede de la doble conformidad por la Sala Especializada Penal de esta Corporaci\u00f3n, a la que acusa de incurrir en v\u00eda de hecho por defectos \u00abf\u00e1ctico, falta de motivaci\u00f3n y desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Respecto del primero de los yerros que atribuye a la accionada, alega que se configur\u00f3 porque aqu\u00e9lla ratific\u00f3 la condena impuesta por el tribunal con fundamento en \u00abpruebas indiciarias\u00bb, desconociendo las \u00abpruebas directas\u00bb, como una pericial que estableci\u00f3 que \u00abno fue el autor material de la falsificaci\u00f3n de la firma y huella de [la v\u00edctima]\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, sostiene que, no se valor\u00f3 adecuadamente el material probatorio subrayando que, por ejemplo, los indicios a partir de los cuales se dedujo la responsabilidad, \u00abfueron indebidamente construidos [\u2026] inexistentes, se declararon probados err\u00f3neamente [y] no fueron acreditados con otros medios de persuasi\u00f3n (\u2026)\u00bb; y sobre la apreciaci\u00f3n de los elementos de conocimiento aduce que, \u00abno existi\u00f3 una debida inferencia racional fundada en los postulados de la sana cr\u00edtica [\u2026] existen dudas consistentes en los hechos jur\u00eddicamente relevantes [\u2026] no existe certeza sobre quien realiz\u00f3 la falsificaci\u00f3n de la firma y huella de la v\u00edctima [\u2026] no hay evidencia alguna que permita acreditar la responsabilidad penal en los delitos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, sobre la carencia de motivaci\u00f3n, destaca que la Sala accionada \u00abno dio cuenta ni justific\u00f3 el motivo por el cual se abstiene de pronunciarse sobre ciertos temas u otras hip\u00f3tesis que generaban los hechos indicadores, que jugaban en favor de los condenados\u00bb; y, sobre el desconocimiento del precedente, expuso que la tutelada pas\u00f3 por alto sus propios pronunciamientos en los que, en sede de casaci\u00f3n (SP28267-2009; SP3168-2017; SP1569-2018 entre otros), aclar\u00f3 la forma correcta en que corresponde valorarse los indicios. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se deje sin efecto \u00abla sentencia SP1762-2021 radicaci\u00f3n no 56782 del 12 de mayo de 2021, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente Luis Antonio Hern\u00e1ndez Barbosa, que decidi\u00f3 confirmar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en su integridad, y que en su lugar ordene expedir una nueva decisi\u00f3n judicial que proteja los derechos fundamentales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Fiscal 27 Seccional de La Virginia, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, pues asevera que en \u00ablos fallos condenatorios, se observa que se hizo un an\u00e1lisis objetivo, fundamentado, detallado y claro de la prueba indiciaria; que se concret\u00f3 y analiz\u00f3 cada uno de los indicios que permitieron llegar al conocimiento, m\u00e1s all\u00e1 de la duda razonable, de la responsabilidad de los acusados en los delitos por los que fueron condenados\u00bb. <\/p>\n
2. El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ponente de la providencia discutida por el actor, hizo un recuento de la actuaci\u00f3n procesal y solicit\u00f3 se declare la improcedencia de la tutela por cuanto, el actor \u00absolo pretende revivir el debate probatorio ya agotado tanto en el Tribunal Superior de Pereira como en la Sala de Casaci\u00f3n Penal, y no solo se le garantiz\u00f3 la doble conformidad, sino que se le respetaron sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la tutela por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues entiende que las pretensiones de la misma \u00abvan dirigidas contra el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n especial surtido ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el quejoso con la sentencia SP1762-2021 del 12 de mayo de 2021, mediante la cual resolvi\u00f3 el recurso de impugnaci\u00f3n especial y confirm\u00f3 la condena que le fue impuesta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira a 96 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abfraude procesal y falsedad en documento privado\u00bb, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria \u2013 defecto f\u00e1ctico \u2013 y, \u00abfalta de motivaci\u00f3n y desconocimiento de precedentes\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 la providencia atacada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
Sobre el debate propuesto por el censor en torno a la prueba indiciaria considerada por el ad quem, que le habr\u00eda permitido arribar a la conclusi\u00f3n de la existencia de la responsabilidad penal de los enjuiciados, la Hom\u00f3loga Penal dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la opini\u00f3n del defensor de Jaramillo Osorio respecto de la inexistencia de la prueba indiciaria en la ley 906 de 2004, en primer lugar, es totalmente infundada. La Corte, en forma reiterada, ha precisado que la prueba indiciaria hace parte del sistema probatorio colombiano a pesar de no aparecer mencionada en el art\u00edculo 382 de la Ley 906 de 2004, de manera que conservan plena validez las inferencias l\u00f3gico\u2013jur\u00eddicas fundadas en operaciones indiciarias, tal y como lo consign\u00f3 acertadamente el Ad quem en la providencia impugnada. <\/p>\n
En segundo lugar, como lo ha se\u00f1alado la Corte, un indicio se construye a partir de un hecho indicador debidamente constatado, raz\u00f3n por la que deben precisarse cu\u00e1les son las pruebas de este y qu\u00e9 valor se les confiere. De no contarse con las pruebas del hecho indicador, o de existir, pero no otorgarles credibilidad, no es posible construir el indicio o declararse probado. Demostrado el hecho indicador, a continuaci\u00f3n, se debe explicitar la regla de la experiencia que le otorga fuerza probatoria, garantizando as\u00ed su contradicci\u00f3n. Seguidamente, se lleva a cabo el razonamiento l\u00f3gico que permite inferir el hecho indicado, el cual se valorar en conjunto con los dem\u00e1s medios probatorios. Para establecer la validez y el peso probatorio del indicio, es necesario considerar todas las hip\u00f3tesis que puedan descartar o confirmar la inferencia realizada. En tales condiciones, la prueba indiciaria s\u00ed puede fundar una sentencia cuando en forma univoca y contundente se\u00f1ala la responsabilidad del o los implicados en los hechos punibles investigados\u00bb. <\/p>\n
Luego de destacar que, en efecto, pese a que el dictamen pericial practicado arroj\u00f3 como resultado que ninguno de los dos procesados particip\u00f3 en la elaboraci\u00f3n de la firma y huellas ap\u00f3crifas, se\u00f1al\u00f3 que, en todo caso, a partir de la apreciaci\u00f3n de diversos hechos indiciarios v\u00e1lidamente se pudo determinar la responsabilidad de aqu\u00e9llos en las conductas punibles endilgadas, pasando a desarrollar cada uno de ellos. En primer lugar, del indicio del m\u00f3vil del inter\u00e9s personal, detall\u00f3 que este fue, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) inferido a partir de los siguientes hechos indicadores: (i) que LOPERA CARDONA vendi\u00f3 como \u00fanico propietario el automotor a JARAMILLO OSORIO, (ii) que la firma y huella de Mart\u00ednez Zuleta fueron falsificadas en el documento de traspaso, (iii) que LOPERA CARDONA suscribi\u00f3 la autorizaci\u00f3n para la gesti\u00f3n y en dicho documento afirm\u00f3 que la informaci\u00f3n all\u00ed contenida era \u201cveraz y aut\u00e9ntica\u201d y (iv) que no exist\u00eda persona distinta a los acusados con inter\u00e9s en llevar a cabo el traspaso del veh\u00edculo. Para el Ad quem es claro que LOPERA CARDONA se present\u00f3 como \u00fanico propietario del automotor cuando firm\u00f3 el contrato de compraventa con JARAMILLO OSORIO, lo que estableci\u00f3 del simple contenido de las cl\u00e1usulas del contrato suscrito el 15 de agosto de 2008, sobre las que no precis\u00f3 realizar interpretaci\u00f3n alguna, dado su sentido literal claro, detallado y preciso\u00bb. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis del contrato de compraventa espurio, en lo que se refiere a la intervenci\u00f3n del aqu\u00ed accionante, puntualiz\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Bajo estas consideraciones, resulta cre\u00edble que JARAMILLO OSORIO, para esos momentos, no sab\u00eda que Gustavo de Jes\u00fas Mart\u00ednez Zuleta tambi\u00e9n era propietario del automotor. Seg\u00fan \u00e9ste, cuando suscribi\u00f3 el contrato con LOPERA CARDONA, no pudo constatar la tradici\u00f3n del veh\u00edculo por estar matriculado en La Virginia y la tarjeta de propiedad encontrarse en manos del conductor, quien operaba el veh\u00edculo en el Choco. As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 a Mart\u00ednez Zuleta como administrador de los veh\u00edculos de propiedad de LOPERA CARDONA y en ning\u00fan momento este le indic\u00f3 que era copropietario del automotor pese a que continu\u00f3 administrando el microb\u00fas para \u00e9l durante los a\u00f1os siguientes. <\/p>\n
De otra parte, la prueba pericial, tanto de la Fiscal\u00eda como de la defensa rese\u00f1ada, por su parte, estableci\u00f3 claramente la materialidad del il\u00edcito de falsedad en documento privado, al concluir que la firma y huella estampadas en el formato \u00fanico del Ministerio de Transporte que se us\u00f3 para el traspaso no correspond\u00edan con las de Mart\u00ednez Zuleta. Dicha conclusi\u00f3n no se ve aminorada, como lo pretende el defensor de LOPERA CARDONA, con la constataci\u00f3n de que ni \u00e9ste ni JARAMILLO OSORIO fueron sus autores materiales <\/p>\n
Seguidamente, en cuanto al inter\u00e9s que pod\u00eda revelarse por parte de los acusados en el negocio jur\u00eddico cuestionado, tomado como indicio por el tribunal, complement\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) No es cierto, finalmente, que en la elaboraci\u00f3n de este indicio el Ad quem haya convertido una conclusi\u00f3n en un hecho indicador. En efecto, el hecho indicador relativo a que no hab\u00eda personas distintas a los acusados interesados en realizar la gesti\u00f3n deviene, en primer lugar, del tr\u00e1mite mismo realizado por JARAMILLO OSORIO y LOPERA CARDONA, el primero como comprador y el segundo como vendedor del veh\u00edculo. En segundo lugar, de haberse descartado que Jhon Alejandro Mart\u00ednez Franco, hijo de Mart\u00ednez Zuleta, hubiere tenido inter\u00e9s en que se materializaran los delitos o, como lo insinu\u00f3 el defensor de JARAMILLO OSORIO, haya sido el posible autor de la suplantaci\u00f3n, al afirmar que trabajaba en la Secretaria de Tr\u00e1nsito de La Virginia y ten\u00eda acceso a la documentaci\u00f3n de la carpeta del automotor e, igualmente, que la documentaci\u00f3n fue manipulada despu\u00e9s de haber sido sustra\u00edda de la entidad de tr\u00e1nsito, como lo indic\u00f3 el defensor de LOPERA CARDONA. <\/p>\n
Lo cierto es que, si bien Mart\u00ednez Franco afirm\u00f3 laborar en la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito de Pereira y haber obtenido copia de la documentaci\u00f3n de manera irregular en la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito de La Virginia, el inter\u00e9s que ten\u00eda era establecer qu\u00e9 bienes constitu\u00eda la masa hereditaria yacente dejada por su progenitor, en la que sab\u00eda estaba el automotor adquirido en sociedad con CARDONA LOPERA, pues, seg\u00fan dijo, su progenitor nunca le inform\u00f3 haberlo vendido. Adem\u00e1s, como lo corrobor\u00f3 el investigador de la Fiscal\u00eda Guillermo Henao Serna, si bien se observ\u00f3 desorden en el archivo de los documentos en la carpeta del automotor, los documentos que all\u00ed reposaban eran los originales, entre los que destac\u00f3 el formulario \u00fanico que fue entregado a la Fiscal\u00eda para el cotejo correspondiente. <\/p>\n
Los anteriores hechos indicadores, en conclusi\u00f3n, como lo indica la regla de la experiencia relativa a que siempre o casi siempre en que una persona vende un carro y otro lo compra ambos tienen inter\u00e9s en llevar el traspaso correspondiente, de manera plural y convergente permiten inferir el indicio del m\u00f3vil del inter\u00e9s personal que asist\u00eda a JARAMILLO OSORIO y a LOPERA CARDONA\u00bb. <\/p>\n
En lo concerniente al indicio de mala justificaci\u00f3n, la Sala precis\u00f3 que se coligi\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a partir de que LOPERA CARDONA no supo explicar el motivo por el cual se aparece como \u00fanico propietario del automotor en el contrato de compraventa. En segundo lugar, de no poder explicar JARAMILLO OSORIO, pese a ejercer la profesi\u00f3n de abogado, por qu\u00e9 no le exigi\u00f3 documento alguno a LOPERA CARDONA que demostrara dicha condici\u00f3n. Para el Ad quem, adicionalmente, resulta inexplicable que JARAMILLO OSORIO, pese a ser y comportarse como due\u00f1o del automotor, no le haya exigido realizar el traspaso a LOPERA CARDONA entre los a\u00f1os 2008 y 2012. <\/p>\n
LOPERA CARDONA, en efecto, cuando fue interrogado sobre las razones por las cuales se present\u00f3 como \u00fanico propietario, eludi\u00f3 dar una respuesta concreta y se limit\u00f3 a se\u00f1alar que el negocio debi\u00f3 hacerse r\u00e1pido, pero fue \u201ctrasparente\u201d, siendo dubitativo en s\u00ed JARAMILLO OSORIO sab\u00eda de la existencia del otro propietario o no. Por su parte, JARAMILLO OSORIO afirm\u00f3 que no exigi\u00f3 ning\u00fan documento como prueba de la propiedad del automotor, por cuanto se trataba del hijo de un amigo y \u201ceste fue un negocio en el que yo actu\u00e9 de confiado\u201d\u00bb. <\/p>\n
Del indicio de \u00abmentira y de manifestaciones posteriores al delito\u00bb, dijo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) emerge [\u2026] de las contradicciones presentadas en las declaraciones de Jaramillo Osorio y Lopera Cardona respecto del motivo por el cual se hizo el negocio jur\u00eddico de compraventa del automotor y de c\u00f3mo se llev\u00f3 a cabo la gesti\u00f3n de traspaso. <\/p>\n
Sobre el motivo, LOPERA CARDONA inicialmente asever\u00f3 que no ten\u00eda como cubrir las cuotas del micro bus que ascend\u00edan a dos millones quinientos mil pesos mensuales y, para ese momento, deb\u00eda nueve. Posteriormente, al haber escuchado la explicaci\u00f3n de JARAMILLO OSORIO relativa a que pretend\u00eda con el negocio recuperar los 45 millones que le adeudaba \u201cCasinos el Fara\u00f3n\u201d, del que se\u00f1al\u00f3 como socios a LOPERA CARDONA y a Nancy Janeth Maldonado Sierra, \u00e9ste afirm\u00f3 que permut\u00f3 el micro bus por unas m\u00e1quinas de propiedad de Maldonado Sierra, quien las hab\u00eda adquirido con un pr\u00e9stamo que le hab\u00eda realizado JARAMILLO OSORIO. <\/p>\n
En cuanto a la gesti\u00f3n del traspaso, LOPERA CARDONA dijo que JARAMILLO OSORIO le avis\u00f3 sobre el tr\u00e1mite, por lo que fue hasta \u201cTabares Tovar Sucesores\u201d para firmar los documentos, diligencia que hizo solo. JARAMILLO OSORIO, por su parte, se\u00f1al\u00f3 que los dos hab\u00edan asistido al mismo tiempo, despu\u00e9s de ser citado por la gerente de la empresa pues, seg\u00fan dijo, la gesti\u00f3n fue iniciada por Lopera Cardona. <\/p>\n
Si bien la primera de las contradicciones surge de los testimonios de los acusados, la Sala no observa que existan pruebas que permita superarla, como fue afirmado de manera gen\u00e9rica por el defensor de LOPERA CARDONA, sin precisar a qu\u00e9 pruebas se refiere\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que otra de las contradicciones advertidas surg\u00eda de las declaraciones inconsistentes de uno de los testigos llevados a juicio, Lina Mar\u00eda Id\u00e1rraga Tabares, representante legal de \u00abTabares Tovar Sucesores\u00bb, que reforzaban entonces la inferencia del \u00abindicio de mentira\u00bb. En cuanto al indicio de oportunidad, destac\u00f3 que se observaba, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al tener en cuenta que si bien los acusados hab\u00edan podido realizar el traspaso desde el momento mismo en que se firm\u00f3 el contrato, esperaron 6 meses despu\u00e9s de la muerte de Mart\u00ednez Zuleta para hacerlo. Esta conclusi\u00f3n es reforzada por el Ad quem, se\u00f1alando que, para eludir la responsabilidad sobre los hechos, los acusados autorizaron la gesti\u00f3n a terceros, limit\u00e1ndose a afirmar que s\u00f3lo suscribieron unos formatos en blanco, en los que no aparec\u00edan ni la firma ni la huella de Mart\u00ednez Zuleta\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, a\u00f1adi\u00f3 que, \u00abPara la Corte es claro que, si bien JARAMILLO OSORIO no sab\u00eda que Mart\u00ednez Zuleta era tambi\u00e9n propietario del micro bus cuando firm\u00f3 el contrato con LOPERA CARDONA, como tampoco cuando \u00e9ste lo se\u00f1al\u00f3 como la persona que le ayudar\u00eda en la administraci\u00f3n del veh\u00edculo, s\u00ed se enter\u00f3 despu\u00e9s. Esto se infiere claramente del hecho de haberse interrumpido la consignaci\u00f3n del producido de la buseta que recib\u00eda Mart\u00ednez Zuleta de \u201cFlota Occidental\u201d, lo que ocurri\u00f3 el 5 de mayo de 2010, seg\u00fan certificaci\u00f3n expedida por el gerente de dicha empresa el 1\u00b0 de diciembre de 2015\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 el estudio de los elementos de prueba, refiriendo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Cuando Mart\u00ednez Zuleta fallece, a comienzos del 2012, JARAMILLO OSORIO y LOPERA CARDONA se vieron forzados a resolver el problema del traspaso para evitar posibles complicaciones con su familia. Y, al tener claro el primero, que hab\u00eda cancelado la mayor parte de las cuotas del veh\u00edculo, y el segundo, que pag\u00f3 la cuota inicial y algunas cuotas mensuales, recuperadas con la venta hecha a JARAMILLO OSORIO, ambos coincidieron en que Mart\u00ednez Zuleta solo era propietario por aparecer en la tarjeta de propiedad del veh\u00edculo pues no hab\u00eda aportado suma alguna para la cuota inicial, ni las cuotas mensuales, como tampoco para los gastos de mantenimiento, situaci\u00f3n que deb\u00edan remediar. <\/p>\n
En tales t\u00e9rminos, no tiene asidero alguno la exculpaci\u00f3n del apoderado de JARAMILLO OSORIO relativa a que \u00e9ste actu\u00f3 por error invencible pues, seg\u00fan dijo, no ten\u00eda experiencia en tr\u00e1mites de tr\u00e1nsito y cuando firm\u00f3 el formato en blanco no crey\u00f3 que comet\u00eda alg\u00fan delito, sino que realizaba el tr\u00e1mite para obtener la tarjeta de propiedad del veh\u00edculo que hab\u00eda comprado a LOPERA CARDONA y sobre el que pag\u00f3 una importante suma de dinero a la empresa PA RUEDA E.U <\/p>\n
Lo que s\u00ed resulta v\u00e1lida, entonces, es la apreciaci\u00f3n adicional del Ad quem, relativa a que, para desligarse de cualquier responsabilidad, decidieron realizar los tr\u00e1mites a trav\u00e9s de terceros, quienes, sin tener ning\u00fan inter\u00e9s en el asunto, seg\u00fan JARAMILLO OSORIO y LOPERA CARDONA, suplantaron a Mart\u00ednez Zuleta al consignar en el formato \u00fanico la firma y huella de \u00e9ste, benefici\u00e1ndolos a ambos con dichos il\u00edcitos\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al indicio de actos posteriores al hecho punible, explicit\u00f3 la Sala que surge de, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) haber realizado LOPERA CARDONA a JARAMILLO OSORIO la cesi\u00f3n de la afiliaci\u00f3n del automotor a \u201cFlota Occidental\u201d, hecho materializado mediante documento suscrito el 13 de septiembre de 201234, en el que si bien, como lo argument\u00f3 el defensor de LOPERA CARDONA, aparece en blanco el espacio correspondiente a la firma de Mart\u00ednez Zuleta, se utiliz\u00f3 la nueva tarjeta de propiedad ya que en la certificaci\u00f3n expedida ese mismo d\u00eda por la empresa sobre la aceptaci\u00f3n, claramente se expresa: \u201cQue el veh\u00edculo cuyas caracter\u00edsticas detallamos m\u00e1s adelante y de propiedad en la actualidad de LUIS HERN\u00c1N JARAMILLO OSORIO con c\u00e9dula de ciudan\u00eda No [\u2026] es ACEPTADO (s) EN AFILIACION por esta empresa\u201d\u00bb. <\/p>\n
Con todo, concluy\u00f3 que, \u00ab(\u2026) De acuerdo con el an\u00e1lisis exhaustivo llevado a cabo por la Sala, el Ad quem no s\u00f3lo apreci\u00f3 y valor\u00f3 adecuadamente la prueba aportada durante el juicio, sino que, fundamentalmente, arrib\u00f3 a la certeza m\u00e1s all\u00e1 de toda duda sobre la responsabilidad de los acusados LUIS HERN\u00c1N JARAMILLO OSORIO y PETERSON LOPERA CARDONA en la comisi\u00f3n de los delitos de falsedad material en documento privado y fraude procesal mediante prueba indiciaria plural, concordante y convergente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n atacada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al juzgador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o valoraci\u00f3n probatoria que coincida plenamente con la de las partes; a ese respecto, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Lo anterior porque, en rigor lo que se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que Sala de Casaci\u00f3n Penal apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico planteado y concluy\u00f3 que, los hechos indiciarios considerados por el ad quem que, apreciados en conjunto con las dem\u00e1s pruebas practicadas, lo llevaron a establecer la responsabilidad penal de los procesados, fueron fundamentados de manera razonable y de conformidad \u00abcon las exigencias decantadas por la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01). <\/p>\n
Finalmente, en ese mismo sentido, sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador un determinado raciocinio probatorio, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta especial justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo que no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por el accionante es anteponer su propio criterio al de la Sala tutelada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC17269-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC17269-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04459-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Hern\u00e1n Jaramillo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60284","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60284"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60284\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}