STC17278-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17278-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04489-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Melania R\u00edos de L\u00f3pez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2011-00512-02, y el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de esta capital. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando por conducto de apoderada judicial, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, \u00abjusticia, [y] legalidad\u00bb, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada al dictar el fallo de segunda instancia, proferido en virtud del litigio n\u00ba 2011-00512-02. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que promovi\u00f3 el citado juicio de responsabilidad civil extracontractual contra la Cooperativa Integral de Transportadores Pensilvania y Seguros C\u00f3ndor S.A., asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Manifiesta, que la referida autoridad dict\u00f3 sentencia el 23 de agosto de 2019, en la que \u00abconcedi\u00f3 todas las condenas peticionadas en la demanda, relativas al perjuicio de car\u00e1cter material, moral y fisiol\u00f3gico, pero al se\u00f1alar el tipo de responsabilidad escogi\u00f3 la contractual, no visualizando que con ocasi\u00f3n de los hechos narrados indefectiblemente se efectivizar\u00eda la prescripci\u00f3n por el t\u00e9rmino transcurrido desde la ocurrencia de los hechos y por consiguiente, se constitu\u00eda en un imposible hacer eficaz la punici\u00f3n de perjuicios\u00bb, raz\u00f3n por la cual apel\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Relata, que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, al dictar el fallo de segunda instancia- el 28 de mayo de 2021-, revoc\u00f3 la providencia recurrida en tanto que \u00abla responsabilidad que surge para la demandada, es contractual\u2026\u201d y que por lo tanto \u201c\u2026surge el adeudo con base en la convenci\u00f3n y, no, como lo repara el apoderado recurrente que el origen del da\u00f1o se encuentra fincado en el da\u00f1o que la v\u00edctima no est\u00e1 obligada a soportar, imputaci\u00f3n propia de la responsabilidad extracontractual\u00bb. <\/p>\n
Asegura, que la anterior determinaci\u00f3n vulnera sus prerrogativas, en la medida que, aunque \u00abera factible peticionar la declaratoria de responsabilidad civil contractual, as\u00ed como la extracontractual, se decidi\u00f3 por la segunda, en raz\u00f3n a que respecto de la contractual al momento en que se instauraba la correspondiente demanda por perjuicios, ya se encontraba prescrita, raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente y teniendo en cuenta que las circunstancias modales del acaecimiento de los hechos, confluyeron en la construcci\u00f3n, para acudir en solicitud de declaraci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se invalide la providencia dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 28 de mayo de 2021, en virtud del proceso n\u00ba 2011-00515-02, y en su lugar se le ordene \u00ab(\u2026) emitir nueva sentencia, en la que se declare la Responsabilidad civil extracontractual peticionada de conformidad con los hechos expuestos debidamente probados y la condena de perjuicios acreditada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. La titular del Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad, manifest\u00f3 que no ha conocido del litigio que origina el reclamo constitucional, por lo que solicit\u00f3 ser desvinculada del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Quien adujo ser el apoderado judicial de la Cooperativa de Transportadores Pensilvania se opuso a las pretensiones del auxilio se\u00f1alando que la interesada pretende utilizar este mecanismo como \u00abun tercer recurso para debatir lo que ya fue decidido por el Tribunal en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3, que \u00abno debe tutelarse ning\u00fan derecho fundamental toda vez que lo que se demostr\u00f3 en el presente hechos se deriv\u00f3 de una responsabilidad CONTRACTUAL, derivada de una obligaci\u00f3n negociada entre PASAJEROCONDUCTOR. Fue evidente que el asunto se encontraba PRESCRITO desde un inicio, y lo que hubo fue que el apoderado de v\u00edctimas no inicio la acci\u00f3n civil dentro de los t\u00e9rminos de los 2 a\u00f1os posteriores al accidente tal como lo establece el c\u00f3digo de comercio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Chubb Seguros Colombia S.A., asegur\u00f3 que la autoridad convocada ha obrado conforme a los preceptos que establece la ley, lo cual descarta el defecto procedimental absoluto endilgado. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por conducto de una de sus magistradas, defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas que reclama la accionante. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la inmediatez, y de superarse lo anterior, si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 transgredi\u00f3 las prerrogativas reclamadas por la gestora, al desatar la segunda instancia del juicio n\u00ba 2011-00515-02. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esenciales el temporal y el de la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable y, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio ha de precisarse que el resguardo implorado resulta improcedente por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace frente a la sentencia emitida el 28 de mayo de 2021, no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 1 de diciembre de 2021, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a decisiones judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues aunque la apoderada de la gestora aduce que \u00aba partir del 11 de noviembre de 2021, la suscrita apoderada asume la representaci\u00f3n de la actora en la presente tutela, sin recibir emolumento alguno de la misma, (\u2026) momento a partir del cual, comienza a correr el t\u00e9rmino razonable y proporcionado, para que la suscrita apoderada, tenga la oportunidad de interponer, sustentar y hacer ver al Juez Constitucional la violaci\u00f3n de los Derechos Fundamentales Constitucionales, de que fue objeto la actora, a trav\u00e9s de la providencia aqu\u00ed cuestionada, dando de esta manera razonabilidad al requisito de inmediatez, previsto jurisprudencialmente\u00bb, lo cierto es que aunque el mentado requisito podr\u00eda flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple el presupuesto de la inmediatez respecto del reproche endilgado frente a la sentencia proferida el 28 de mayo de 2021. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
6 <\/p>\n
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