STC17282-2021<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17282-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04425-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Marlen Johana Grajales Mar\u00edn y Duber Fabi\u00e1n Mart\u00ednez, en nombre propio y en representaci\u00f3n de los menores O.M.G. y M.A.M.G. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia y debido proceso, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indicaron que formularon demanda declarativa de responsabilidad civil extracontractual contra la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica Cl\u00ednica Tolima S.A., en procura del reconocimiento y pago de los perjuicios causados con ocasi\u00f3n de las fallas m\u00e9dicas suscitadas durante el nacimiento del menor O.M.G., el 15 de octubre de 2010, las cuales habr\u00edan generado \u00abda\u00f1os neurol\u00f3gicos de car\u00e1cter irreversible\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, quien, con auto de 24 de marzo de 2021, inadmiti\u00f3 el libelo para que se aportara el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la convocada y el env\u00edo \u00absimult\u00e1neo o previo de copia de la demanda y sus anexos a los demandados, con prueba de recibido\u00bb. <\/p>\n
En cumplimiento de la orden, dentro del t\u00e9rmino legal, presentaron la subsanaci\u00f3n, \u00aballegando el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la demandada debidamente actualizado, y frente a la causal segunda de inadmisi\u00f3n (\u2026) se realizaron algunas apreciaciones tendientes a demostrar al Juzgado que el suscrito hab\u00eda cumplido con el requerimiento\u00bb, pero, con prove\u00eddo de 9 de abril siguiente, se rechaz\u00f3 el tr\u00e1mite, porque \u00abfalta confirmaci\u00f3n de recibido del env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, porque se suministr\u00f3 impresi\u00f3n del env\u00edo al correo electr\u00f3nico del demandado, pero se desconoce si el mensaje fue entregado\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, recurrieron esa determinaci\u00f3n mediante reposici\u00f3n, en subsidio apelaci\u00f3n, destacando al despacho que \u00abdeb\u00eda tener en cuenta que la acreditaci\u00f3n de recibido era una obligaci\u00f3n surgida en el art\u00edculo 8 del Decreto referenciado, para la notificaci\u00f3n personal, momento procesal distinto a la radicaci\u00f3n de la demanda, que trata el art\u00edculo 6 [ibidem], por lo cual el suscrito hab\u00eda dado cabal cumplimiento a lo solicitado\u00bb, pero este mantuvo en firme su resoluci\u00f3n y concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
Por su parte, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa localidad confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, con auto de 4 de noviembre hoga\u00f1o, porque \u00abel traslado de la demanda constituye un acto procesal de trascendencia y obligatorio cumplimiento porque con \u00e9l se garantiza el derecho de defensa y contradicci\u00f3n del demandado al permit\u00edrsele conocer las pretensiones incoadas en su contra y realizar las manifestaciones pertinentes tendientes a lograr una correcta defensa de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, se\u00f1alaron que \u00abla obligaci\u00f3n inicial de la parte actora es remitir copia de la demanda y [de] sus anexos a la parte demandada, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico registrado en el Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n Legal e indicado en la demanda bajo la gravedad de juramento, sin que le sean exigibles en virtud del \u201cprincipio de buena fe\u201d m\u00e1s cargas, m\u00e1xime que la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico citada para notificaciones corresponda a [la] registrad[a] en el Registro Mercantil de la C\u00e1mara de Comercio del Domicilio de la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sobre el perjuicio irremediable, concluyeron que \u00abde no admitirse la demanda, mis poderdantes, quienes ostentan la calidad de demandantes, no tendr\u00edan la posibilidad de presentar nuevamente la demanda, pues ya estar\u00eda configurado el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidieron, en resumen, que \u00abse dejen sin efectos las providencias judiciales proferidas por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO [DE IBAGU\u00c9] dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual contra la Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica Cl\u00ednica Tolima S.A., bajo la radicaci\u00f3n 730001-31-03-001-2021-00068-00, correspondientes al auto que inadmite la demanda de fecha del 24 de marzo de 2021, el auto que rechaza la demanda de fecha del 09 de abril de 2021 y el auto que resuelte el recurso de reposici\u00f3n de fecha del 19 de abril de 2021, por incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial\u00bb, as\u00ed como \u00abla providencia judicial proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE DECISI\u00d3N CIVIL-FAMILIA DE IBAGU\u00c9 de fecha 04 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sociedad M\u00e9dico Quir\u00fargica del Tolima S.A. se opuso a la prosperidad del amparo, porque \u00abla acci\u00f3n de tutela ha sido instituida como remedio de aplicaci\u00f3n urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza. Luego no es propio de la acci\u00f3n de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijaci\u00f3n de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el prop\u00f3sito espec\u00edfico de su consagraci\u00f3n, expresamente definido en el art\u00edculo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protecci\u00f3n efectiva, actual y supletoria en orden a la garant\u00eda de sus derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 adujo que \u00abel 9 de abril de 2021, se rechaz\u00f3 la demanda, por falta de confirmaci\u00f3n de recibo del env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, porque se suministr\u00f3 impresi\u00f3n del env\u00edo al correo electr\u00f3nico del demandado, pero se desconoc\u00eda si el mensaje fue entregado. El 14 de marzo de 2021, la demandante solicit\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, contra el rechazo, resolvi\u00e9ndosele el 19 de abril de 2021. Se le inform\u00f3 que, el env\u00edo de la demanda y anexos, previo o simult\u00e1neo a la radicaci\u00f3n de demanda, constituye parte de la notificaci\u00f3n personal, porque, luego de admitida la demanda solamente se deber\u00e1 remitir auto admisorio, si el destinatario env\u00edo previamente el traslado, inc.5, art. 6, Decreto legislativo 806 de 2020. El 4 de noviembre de 2021, el Tribunal superior de Ibagu\u00e9- Sala Civil Familia, confirm\u00f3 el rechazo de la demanda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los autos de 9 de abril y 4 de noviembre de 2021, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de segunda instancia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Corporaci\u00f3n advierte que habr\u00e1 de concederse la protecci\u00f3n reclamada a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, toda vez que, de las actuaciones surtidas en el declarativo de responsabilidad civil extracontractual que promovieron los convocantes, especialmente, del rechazo de la demanda y la confirmaci\u00f3n de esa determinaci\u00f3n, se colige la configuraci\u00f3n de un defecto procedimental \u2013como consecuencia de un exceso ritual manifiesto\u2013, aspecto que amerita la injerencia del fallador constitucional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, la Sala considera oportuno precisar que el Decreto Legislativo 806 de 2020 prev\u00e9 en el art\u00edculo 6.\u00b0 lo concerniente a la presentaci\u00f3n de la demanda y de sus anexos, as\u00ed como los especiales deberes de los convocantes fijados en atenci\u00f3n a la necesidad de colaborar con el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia de forma virtual o remota, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 6. Demanda. La demanda indicar\u00e1 el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisi\u00f3n. Asimismo, contendr\u00e1 los anexos en medio electr\u00f3nico, los cuales corresponder\u00e1n a los enunciados y enumerados en la demanda. <\/p>\n
Las demandas se presentar\u00e1n en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electr\u00f3nico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este. <\/p>\n
De las demandas y sus anexos no ser\u00e1 necesario acompa\u00f1ar copias f\u00edsicas, ni electr\u00f3nicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado. <\/p>\n
En cualquier jurisdicci\u00f3n, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibir\u00e1 notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simult\u00e1neamente deber\u00e1 enviar por medio electr\u00f3nico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deber\u00e1 proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanaci\u00f3n. El secretario o el funcionario que haga sus veces velar\u00e1 por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditaci\u00f3n la autoridad judicial inadmitir\u00e1 la demanda. De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditar\u00e1 con la demanda el env\u00edo f\u00edsico de la misma con sus anexos. <\/p>\n
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificaci\u00f3n personal se limitar\u00e1 al env\u00edo del auto admisorio al demandado\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en la sentencia C-420 de 2020, mediante la cual la Corte Constitucional, entre otros aspectos, declar\u00f3 la exequibilidad condicionada del canon en cita (\u00aben el entendido de que en el evento en que el demandante desconozca la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podr\u00e1 indicarlo as\u00ed en la demanda sin que ello implique su inadmisi\u00f3n\u00bb), se reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en principio los deberes impuestos en los art\u00edculos 6\u00b0 y 9\u00b0 no obstaculizan el acceso a la administraci\u00f3n de justicia ni implican que las partes asuman responsabilidades propias de las autoridades judiciales. Se trata, como en el caso anterior, de una manifestaci\u00f3n del deber de colaboraci\u00f3n con la administraci\u00f3n de justicia y del principio de econom\u00eda procesal, que busca imprimirles celeridad a las actuaciones y agilizar el tr\u00e1mite de los procedimientos, mediante el uso de canales digitales que brindan inmediatez y permiten la interacci\u00f3n de los sujetos procesales en las circunstancias de aislamiento preventivo y distanciamiento social, caracter\u00edsticas del Estado de emergencia que gener\u00f3 la pandemia de la COVID-19. En relaci\u00f3n con el art\u00edculo 6\u00b0, cabe anotar que seg\u00fan lo dispuesto en su inciso 4, si el demandante no conoce el canal digital al que puede enviar la demanda al demandado podr\u00e1 cumplir la obligaci\u00f3n de remisi\u00f3n previa de esta actuaci\u00f3n mediante el env\u00edo f\u00edsico de los documentos, lo que garantiza que su derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia no se vea truncado por esa circunstancia\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
De igual forma, se itera, incluso en el evento de que los demandantes desconozcan la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la contraparte, el inciso 4.\u00b0 del art\u00edculo 6.\u00b0 ibidem establece dos excepciones puntuales para pretermitir el deber de enviar copia del libelo inicial, a saber: \u00abcuando se soliciten medidas cautelares previas\u00bb o cuando \u00abse desconozca el lugar donde recibir\u00e1 notificaciones el demandado\u00bb. Es decir, no se trata de una imposici\u00f3n absoluta o que deba ser marginada del an\u00e1lisis integral del contexto en que se suscite el caso, sino que, en cada evento, deber\u00e1 verificarse el cumplimiento de la citada pauta en armon\u00eda con las finalidades que persigue. <\/p>\n
En ese sentido, para la Sala es claro que las herramientas procesales que enuncia el referido compendio normativo deben ser analizadas de forma integral y en concordancia con las prerrogativas constitucionales de quienes acuden la jurisdicci\u00f3n, comoquiera que se trata de facilitar el acceso al sistema para todas las personas, en condiciones de igualdad \u2013incluyendo, por supuesto, en una visi\u00f3n integral y respetuosa de los derechos fundamentales, a quienes no est\u00e1n familiarizados con las herramientas digitales2 \u2013; mas no de privilegiar entendimientos restrictivos de las mencionadas garant\u00edas o de perpetuar trabas para el leg\u00edtimo ejercicio de reclamar de la administraci\u00f3n judicial la resoluci\u00f3n pac\u00edfica de las controversias. <\/p>\n
3.2. Con observancia de las premisas que anteceden, para esta Corte deviene di\u00e1fano que con la expedici\u00f3n del prove\u00eddo de 4 de noviembre de 2021, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 incurri\u00f3 en el prenotado defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues con la ratificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de rechazar la demanda por la falta de acreditaci\u00f3n de \u00abla confirmaci\u00f3n del recibido de la comunicaci\u00f3n\u00bb en el correo electr\u00f3nico o buz\u00f3n del extremo convocado, se impusieron cargas desproporcionadas para el ejercicio del derecho a acceder a la justicia, cuando el prop\u00f3sito de tal requerimiento, en ese estadio procesal, se itera, es prever un acto de comunicaci\u00f3n que facilite la implementaci\u00f3n de la justicia de forma virtual y la celeridad en el cumplimiento de actuaciones posteriores (v. gr., el enteramiento del auto admisorio, seg\u00fan sea el caso). <\/p>\n
M\u00e1xime que, como en el sub-lite, la parte interesada acredit\u00f3 el env\u00edo de la comunicaci\u00f3n al correo electr\u00f3nico consignado en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad requerida, en el cual se se\u00f1ala expresamente que \u00abde acuerdo con el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, S\u00cd AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico\u00bb (f. 60, escrito inicial), y que se aport\u00f3 copia de dicha remisi\u00f3n, tal como lo reconocieron las autoridades judiciales denunciadas3. <\/p>\n
Esto, teniendo presente las finalidades previstas en el mencionado Decreto 806 de 2020, compendiadas por la Corte Constitucional como la preservaci\u00f3n de los deberes \u00abde colaboraci\u00f3n con la administraci\u00f3n de justicia y del principio de econom\u00eda procesal\u00bb, para \u00abimprimirles celeridad a las actuaciones y agilizar el tr\u00e1mite de los procedimientos\u00bb. <\/p>\n
Es decir, de lo que se trata \u2013m\u00e1xime en esta etapa inicial\u2013 es de darle celeridad a las actuaciones y facilitar la realizaci\u00f3n de los procedimientos, no de exigir de forma irreflexiva requisitos que, para estos prop\u00f3sitos, resultan desproporcionados y ajenos a la pr\u00e1ctica judicial; y que, por el contrario, repercuten de forma definitiva en la garant\u00eda de acceder a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad. Recu\u00e9rdese que, tal como lo reiter\u00f3 el \u00f3rgano de cierre constitucional en la prenombrada providencia, \u00ab[e]l art\u00edculo 2\u00ba del Decreto Legislativo 806 de 2020 dispone que las TIC deben usarse en los procesos judiciales para facilitar y agilizar el acceso a la justicia y garantizar el debido proceso, la publicidad y la contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Incluso, al estudiar puntualmente la constitucionalidad del inciso 4.\u00b0 de art\u00edculo 6.\u00b0 ibidem, el Tribunal Constitucional se\u00f1al\u00f3 que: \u00ab(\u2026) discrepa de los intervinientes que solicitan la declaratoria de inexequibilidad, en tanto las cargas procesales que son comparadas por estos difieren en su naturaleza. La primera se refiere al cumplimiento del t\u00e9rmino perentorio para ejercer una determinada acci\u00f3n y la segunda al t\u00e9rmino otorgado por ley al demandado para defenderse de las pretensiones que se presenten en su contra. Adem\u00e1s, est\u00e1n previstas para ejercerse en momentos procesales distintos. Sostener que se trata de cargas equiparables, y, por tanto, que debe aplicarse una regla de igualdad aritm\u00e9tica implicar\u00eda la obligaci\u00f3n de conceder al demandado un t\u00e9rmino de contestaci\u00f3n similar en extensi\u00f3n al t\u00e9rmino de caducidad exigido al demandante para ejercer la acci\u00f3n, lo cual ser\u00eda, a todas luces, irrazonable\u00bb, aunado a que: <\/p>\n
\u00abPor otra parte, la Sala observa que la carga impuesta al demandante hace parte del deber constitucional de colaboraci\u00f3n con los \u00f3rganos jurisdiccionales, el cual puede ser v\u00e1lidamente determinado por el legislador, a fin de dar celeridad y seguridad jur\u00eddica al proceso. Por lo que, contrario a generar una desigualdad procesal entre las partes, su cumplimiento por parte del demandante supone la materializaci\u00f3n de los mandatos constitucionales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se advierte que: (i) el demandante tiene un t\u00e9rmino mayor para la elaboraci\u00f3n de la demanda, dise\u00f1o de su estrategia de litigio y recopilaci\u00f3n de pruebas, solo limitado por el t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n; por tanto, aquel, en todos los casos, es superior al t\u00e9rmino concedido por el ordenamiento al demandando para los mismos prop\u00f3sitos; (ii) el litigio realmente se traba con la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, por lo que sin importar las acciones que el demandado pueda adelantar de manera previa, la decisi\u00f3n de iniciar el proceso sigue a cargo de la autoridad judicial como rector del proceso, garante de la seguridad jur\u00eddica y de la publicidad de las actuaciones; (iii) los elementos esenciales del proceso est\u00e1n garantizados, habida cuenta de que las oportunidades procesales para exponer ante el juez las pretensiones, las excepciones, las pruebas y ejercer el derecho de contradicci\u00f3n de todas ellas siguen intactas bajo el dise\u00f1o procesal que introduce la medida objeto de estudio; y (iv) la medida examinada contribuye a la celeridad procesal, por cuanto el conocimiento antelado de la informaci\u00f3n por parte del demandado agiliza el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda y su contestaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la medida del inciso 4 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto Legislativo sub judice: (i) no genera un trato diferenciado entre los sujetos procesales y, por tanto, no vulnera el principio de igualdad procesal; (ii) materializa el deber constitucional de colaboraci\u00f3n con los \u00f3rganos jurisdiccionales415 y (iii) no excede el amplio margen de configuraci\u00f3n que tiene el legislador para dise\u00f1ar los requerimientos para la presentaci\u00f3n de la demanda. Por lo dem\u00e1s, la medida es razonable, por cuanto persigue fines constitucionalmente importantes, como son, la de celeridad y econom\u00eda procesal (art. 29 superior) y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (arts. 2, 29 y 229 de la constituci\u00f3n), en los t\u00e9rminos en que se ha indicado\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Sumado a lo anterior, esa Sala ha reiterado que \u00ab(\u2026) [e]l respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en s\u00ed mismos, todo lo contrario, la primac\u00eda de lo sustancial impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administraci\u00f3n de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella. \u201cNo se trata de avalar el desconocimiento absoluto de la ritualidad procesal, pero tampoco de que el funcionario judicial atienda de manera tan rigurosa a esas formalidades, pues ello apareja un \u00abexcesivo ritual manifiesto\u00bb que sacrifica prerrogativas constitucionales para salvaguardar la forma\u201d\u00bb (CSJ STC7543-2020, 18 sep., reiterada en STC5790-2021, 24 may.). <\/p>\n
Con todo, el yerro en cuesti\u00f3n \u2013y, con ello, la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2013 se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16); tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial, pues all\u00ed se establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, aunado a que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se conceder\u00e1 el amparo solicitado, por lo que se ordenar\u00e1, para el efecto, la invalidaci\u00f3n del auto que confirm\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la demanda, as\u00ed como la reanudaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n para que, de acuerdo con las razones que anteceden, se resuelva el mentado medio defensivo, observando las garant\u00edas de acceso a la justicia y debido proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales de los accionantes al acceso a la justicia y debido proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: DECLARAR sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 4 de noviembre de 2021, mediante el cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 el auto de 9 de abril de la misma calenda, a trav\u00e9s del cual se rechaz\u00f3 la demanda de la referencia; as\u00ed como las decisiones que de \u00e9l se desprendan. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, reanude la actuaci\u00f3n y adopte la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 As\u00ed, relievaron que \u00abel t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n corresponde a diez (10) a\u00f1os, tiempo que para el caso en concreto finiquitaba el 14 de octubre de 2020, teniendo en cuenta la fecha del da\u00f1o, que data del 15 de octubre de 2020, no obstante a ello (sic), y conforme a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos por la emergencia sanitaria del Covid-19 (\u2026) m\u00e1s la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos por la solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial, (\u2026) y la fecha de expedici\u00f3n del acta de no conciliaci\u00f3n, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n fenec\u00eda el 06 de abril de 2021, present\u00e1ndose la demanda dentro del t\u00e9rmino\u00bb (f. 2). <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, en otra oportunidad (STC7284-2020, 11 sep.), esta Sala estableci\u00f3 que: \u00abEntonces, como el \u00abacceso y conocimiento de los medios tecnol\u00f3gicos\u00bb a trav\u00e9s de los cuales se ha de celebrar la \u00abaudiencia virtual\u00bb es condici\u00f3n para su realizaci\u00f3n, la falta de uno o de ambos elementos por el \u00abapoderado judicial de alguno de los extremos procesales\u00bb, puede ser invocada como causal de \u00abinterrupci\u00f3n del proceso\u00bb. Si dichas circunstancias ocurren y se alegan antes de la vista p\u00fablica, dar\u00e1n lugar a la \u00abreprogramaci\u00f3n\u00bb de la sesi\u00f3n, y si a pesar de ellas la \u00abaudiencia\u00bb se practica, o, son concomitantes a \u00e9sta, podr\u00e1 alegarse la nulidad consagrada en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 132 del estatuto adjetivo, con el fin de que se repita. Todo ello, claro est\u00e1, cuando de acuerdo con las \u00abcircunstancias\u00bb de cada caso en particular, la ausencia de \u00abacceso y conocimiento tecnol\u00f3gicos\u00bb impida la comparecencia del togado a la respectiva audiencia, aspectos que deber\u00e1 valorar el juez de conformidad con los criterios antes se\u00f1alados\u00bb (Se enfatiza). <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, ver: (i) auto de 9 de abril de 2021 (a quo): \u00abFalta confirmaci\u00f3n de recibo del env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, porque se suministr\u00f3 impresi\u00f3n del env\u00edo al correo electr\u00f3nico del demandado, pero se desconoce si el mensaje fue entregado\u00bb; (ii) auto de 19 de abril de 2021 (a quo): \u00abciertamente, la demandante suministr\u00f3 impresi\u00f3n el env\u00edo del traslado al correo electr\u00f3nico de la demandada, pero se desconoce si el mensaje fue entregado\u00bb; y (iii) auto de 4 de noviembre siguiente (ad quem): \u00ab(\u2026) el demandante deb\u00eda y pod\u00eda demostrar que el destinatario recibi\u00f3 de manera efectiva el correo en el que le fue remitida la demanda\u00bb. <\/p>\n
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STC17282-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC17282-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04425-00 (Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Marlen Johana Grajales […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-60296","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60296","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60296"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60296\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60296"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60296"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}