STC17285-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17285-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04502-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mar\u00eda Bel\u00e9n Betancur, Jes\u00fas David y Alberto Andrey Z\u00fa\u00f1iga Betancur, Ana Mercedes Mantilla Santos y Jarishinio, Nancy Roc\u00edo y Jorge Luis Moreno Mantilla contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso declarativo 2018-00028. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando por conducto de apoderado, acuden al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad ante la ley\u00bb. <\/p>\n
2. De la extensa demanda y de los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Los ac\u00e1 gestores interpusieron demanda declarativa de responsabilidad civil contractual contra Coomeva EPS y la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de Risaralda, buscando la indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os materiales y morales presuntamente ocasionados por la atenci\u00f3n m\u00e9dica brindada a Alba Yuliet Z\u00fa\u00f1iga Betancur que, seg\u00fan dicen, desencaden\u00f3 en el deceso de su hija reci\u00e9n nacida. <\/p>\n
2.2. El conocimiento de dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 en primera instancia al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, despacho que profiri\u00f3 fallo desestimatorio anticipado el 24 de febrero de 2020, acogiendo la excepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n, formulada por las demandadas y llamadas en garant\u00eda. <\/p>\n
2.3. Dicha determinaci\u00f3n fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los demandantes, siendo confirmada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el pasado 30 de junio. <\/p>\n
3. Para los gestores, la corporaci\u00f3n ad quem incurri\u00f3 en \u00abdefecto procedimental absoluto\u2026 material o sustantivo\u2026 y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb, al efectuar una interpretaci\u00f3n irracional de los art\u00edculos 21 de la Ley 640 de 2001 y 118 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a la contabilizaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n extintiva de las acciones judiciales, su interrupci\u00f3n y suspensi\u00f3n; por ello, solicitan remover los efectos jur\u00eddicos de las providencias de primer y segundo grado y en su lugar, ordenar \u00abseg\u00fan corresponda, continuar con el proceso judicial dando tr\u00e1mite a la audiencia de pruebas, alegatos y juzgamiento conforme el art\u00edculo 373 del C.G.P. y los desarrollos procesales posteriores [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia cuestionada manifest\u00f3 atenerse a los argumentos plasmados en ella. <\/p>\n
2. La Juez Quinta Civil del Circuito de Pereira, luego de dar cuenta de las principales actuaciones surtidas en el proceso objeto de escrutinio se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas razones de la inconformidad de los accionantes se ci\u00f1en a discrepancias de interpretaci\u00f3n\u00bb raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 desestimar el resguardo al no haber incurrido en acciones u omisiones vulneradoras de derechos fundamentales. <\/p>\n
3. Por su parte, la representante legal judicial de La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros y el apoderado general de Allianz Seguros S.A. se opusieron a la prosperidad de la salvaguarda dado que la decisi\u00f3n sobre la que recae la queja constitucional se encuentra acorde no solo con las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, sino tambi\u00e9n con los medios de prueba obrantes en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Pereira vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por los accionantes, al interior del proceso declarativo de responsabilidad civil contractual 2018-00028 en el que fueron demandantes, con la expedici\u00f3n de la sentencia de segundo grado del pasado 30 de junio a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 la desestimatoria proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad que declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n formulada por las demandadas y llamadas en garant\u00eda, por realizar, supuestamente, una valoraci\u00f3n inadecuada de las normas que gobiernan la materia. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo se dirige contra los fallos de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido por la Sala Civil Familia de la aludida corporaci\u00f3n, comoquiera que fue el que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se sustenta la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se advierte en la sentencia del pasado 30 de junio, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal providencia, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ordinario. <\/p>\n
En efecto, previo a abordar el estudio del caso concreto, la colegiatura identific\u00f3 los reparos formulados por los demandantes en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primer grado, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) est\u00e1 claro\u2026 que el asunto corresponde a una reclamaci\u00f3n derivada de una responsabilidad civil extracontractual que, por tanto, a falta de regulaci\u00f3n espec\u00edfica sobre el particular, se enmarca dentro de la regla general de prescripci\u00f3n se\u00f1alada en el art\u00edculo 2356 del C. Civil, modificado por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 781 de 2002, en virtud de la cual, la acci\u00f3n ordinaria se prescribe por diez a\u00f1os. <\/p>\n
(\u2026) El embate de los demandantes es por partida doble. Por un lado se\u00f1alan que, de acuerdo con lo que regula el art\u00edculo 21 de la Ley 640 de 2001, el t\u00e9rmino de suspensi\u00f3n cuenta, no hasta cuando se realice la audiencia de conciliaci\u00f3n, sino hasta el momento en que se expidan las constancias de que trata el art\u00edculo 2\u00ba de la misma normativa. Y en este evento, la entrega de la constancia fue el 20 de enero de 2018; por tanto, dicen, como ese d\u00eda 20 fue s\u00e1bado, y por tanto inh\u00e1bil, se extendi\u00f3 hasta el lunes 22 de enero, seg\u00fan expresa el art\u00edculo 118 del CGP, por lo que los dos d\u00edas que faltaban eran el 23 y 24 de enero, por tanto, como la demanda se promovi\u00f3 el 23 de ese mes, fue tempestiva. <\/p>\n
Por el otro lado, se\u00f1alan que una vez radicada la solicitud de conciliaci\u00f3n previa, el efecto fue la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, gracias a la regulaci\u00f3n que ahora trae el art\u00edculo 94 del CGP, en el sentido de que tal fen\u00f3meno se da ante el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Y como ello es as\u00ed, empezaba a contar nuevamente (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se adentr\u00f3 en la resoluci\u00f3n del asunto, recordando, inicialmente, la regulaci\u00f3n en torno al conteo del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extintiva, su interrupci\u00f3n y suspensi\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las acciones para reclamar un derecho est\u00e1n sujetas, por regla general, a extinguirse por el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n (art. 2535 C.C.), como tambi\u00e9n que ella puede interrumpirse o suspenderse. <\/p>\n
Se interrumpe natural o civilmente, lo primero cuando se reconoce por el deudor la obligaci\u00f3n, expresa o t\u00e1citamente, lo segundo, por la presentaci\u00f3n de la demanda judicial, salvo algunos casos que no tienen que ver con este asunto (art. 2539). <\/p>\n
Ahora, el art\u00edculo 94 del CGP, trajo como novedad una nueva forma de interrupci\u00f3n, que tambi\u00e9n puede considerarse como civil, en cuanto permite que un requerimiento escrito, realizado por el acreedor al deudor, surta ese efecto, por una sola vez. <\/p>\n
Lo primero que resulta indiscutible es que pueda pensarse en un requerimiento de esa naturaleza en un asunto que pende de una declaraci\u00f3n judicial; solo cuando el juez establezca la responsabilidad del enjuiciado podr\u00eda imponer una condena con visos de obligaci\u00f3n crediticia de la que, al amparo de esa norma, pudiera interrumpirse el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n por la sola reclamaci\u00f3n escrita del acreedor. <\/p>\n
En cualquier caso, a\u00fan si se entendiera que puede abrirse paso respecto de cualquier tipo de relaci\u00f3n, lo cierto es que una cosa es la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n por estas causas y otra diferente, el beneficio de la suspensi\u00f3n como quiso denominarla el legislador\u2026 en el art\u00edculo 21 de la Ley 640 de 2001. Dicho de otra manera, esta norma, que no ha sido derogada, comporta un efecto diferente al que el recurrente quiere atribuirle, pues no fue instituida la interrupci\u00f3n, sino, clara y determinantemente, la suspensi\u00f3n con la presentaci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n previa, y entre una y otra, hay marcadas diferencias (\u2026)\u00bb <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el juzgado tiene raz\u00f3n, partiendo de los supuestos que est\u00e1n aceptados por las partes, esto es, que la demanda ha debido promoverse a m\u00e1s tardar el 24 de noviembre de 2017, pero como se present\u00f3 solicitud de conciliaci\u00f3n previa, ese t\u00e9rmino estuvo suspendido desde el 23 de noviembre hasta cuando se dio una de las situaciones previstas en la Ley 640 de 2001, que es lo que en realidad se debe revisar. Es decir, que todos convienen en que los demandantes contaban con esos d\u00edas para promover su demanda. <\/p>\n
Para la sala es determinante tener en cuenta que, en el caso de ahora, no hubo conciliaci\u00f3n total, ni parcial, de manera que no ten\u00eda lugar, propiamente, el registro de que trata el art\u00edculo 14 [de la Ley 640 de 2001] sino la entrega de la constancia de no conciliaci\u00f3n, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 2\u00ba, hecho que ocurri\u00f3 conforme con lo informado por la c\u00e1mara de Comercio de Dosquebradas, el 16 de enero de 2018. <\/p>\n
A ello sigui\u00f3, eso s\u00ed, el registro en el SICAAC, por cuanto el art\u00edculo 2.2.4.2.7.1 del Decreto 1069 de 2015 impone que, sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.4.2.7.7 del mismo cap\u00edtulo, todas las constancias derivadas de los tr\u00e1mites conciliatorios deben ser registradas en el Sistema de Informaci\u00f3n de la Conciliaci\u00f3n, el Arbitraje y la Amigable Composici\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, aqu\u00ed estaba dada una de las circunstancias que fue la primera que ocurri\u00f3, y como explic\u00f3 el Juzgado es excluyente, consistente en que se expidi\u00f3 la constancia de no conciliaci\u00f3n referida en el art\u00edculo 2\u00ba. <\/p>\n
(\u2026) entregada la constancia referida el 16 de enero de 2018, que fue un martes, los dos d\u00edas mentados corrieron el 17 y el 18. Y ya se sabe que la demanda fue promovida el 23 de ese mes, esto es por fuera del t\u00e9rmino. <\/p>\n
Ahora, si se le diera la raz\u00f3n a los recurrentes en el sentido de que, cual tambi\u00e9n lo informa la C\u00e1mara de Comercio, el registro en el SICAAC ocurri\u00f3 el 20 de enero, y ese d\u00eda se entreg\u00f3 la constancia de ello a los demandantes, la situaci\u00f3n seguir\u00eda siendo igual. <\/p>\n
Para arribar a esta conclusi\u00f3n hay que recordar, como lo tienen claro el juzgado y las partes, pero parece por momentos desconocer la demandante, que el t\u00e9rmino que aqu\u00ed se contabiliza es de a\u00f1os\u2026 no de d\u00edas. Y lo que la ley establece concretamente en el art\u00edculo 118 del CGP es que en los t\u00e9rminos de meses y a\u00f1os, si \u201csu vencimiento ocurre en d\u00eda inh\u00e1bil, se extender\u00e1 hasta el primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente\u201d. <\/p>\n
Es claro, pues, que a diferencia de los t\u00e9rminos de d\u00edas, en los de meses y a\u00f1os no se descuentan los d\u00edas inh\u00e1biles, salvo que ese d\u00eda coincida con el \u00faltimo del vencimiento del t\u00e9rmino. <\/p>\n
En el caso que nos ata\u00f1e, claro como est\u00e1 que los demandantes recibieron la constancia de la que quieren valerse el 20 de enero de 2018 (s\u00e1bado), por tratarse de un t\u00e9rmino de a\u00f1os -no de d\u00edas- se repite, corr\u00edan ese d\u00eda 20 y el 21, domingo. Y como este \u00faltimo d\u00eda era inh\u00e1bil, entonces se extend\u00eda hasta el d\u00eda siguiente h\u00e1bil que fue el 22 de enero. Incluso pudiera plantearse que como el acta se recibi\u00f3 el 20 ese d\u00eda no contaba; entonces, igual correr\u00edan el 21 (domingo) que no era el \u00faltimo d\u00eda de vencimiento y el 22 (lunes) que s\u00ed lo era y ese era el l\u00edmite para promover la demanda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que se sustenta en las disposiciones legales y jurisprudencia pertinentes, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por los accionantes son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretenden es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando los gestores del resguardo se\u00f1alan los que, en su sentir, son \u00abdefectos\u00bb del juzgador ad quem en el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis del asunto, lo que en realidad hacen es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior de este por los funcionarios competentes, con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y los demandantes pretenden desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular intelecci\u00f3n de la normativa llamada a gobernar el asunto sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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