STC17291-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17291-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02381-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Floralba Romero de Giraldo frente al fallo proferido el 4 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos constitucionales al debido proceso, defensa, igualdad, vida, honra, \u00abbienes\u00bb y \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial cuestionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, que \u00abse decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del levantamiento de las medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para definir el presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo hipotecario promovido por el Banco Central Hipotecario (siendo el actual ejecutante-cesionario, Ricardo Becerra Ruiz) contra la accionante y Jos\u00e9 Israel Romero Ruiz, el 5 de febrero de 1999 se libr\u00f3 mandamiento de pago, el 3 de marzo siguiente se embarg\u00f3 el predio gravado, el 27 de agosto de 2004 se dict\u00f3 sentencia declarando infundadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la pasiva y ordenando la venta en p\u00fablica subasta de ese bien, para con su producto satisfacer lo debido, decisi\u00f3n que el 21 de enero de 2005 confirm\u00f3 el ad-quem; luego, debidamente embargado, secuestrado y avaluado el predio hipotecado, se fij\u00f3 el 27 de octubre \u00faltimo para su remate. <\/p>\n
2.2. En la demanda de tutela presentada el pasado 25 de octubre la accionante critic\u00f3, en concreto, que el Juzgado incurri\u00f3 en prevaricato porque a pesar de existir una actuaci\u00f3n penal que conllev\u00f3 a la anulaci\u00f3n de los actos mediante los cuales, de manera fraudulenta, se transfiri\u00f3 el derecho de propiedad que ella ten\u00eda sobre el predio hipotecado (anotaciones 7 a 12), ha continuado el juicio fustigado sin atender que, aunque la autoridad penal no lo dijo, debieron tenerse por invalidados no s\u00f3lo aquellos actos sino el concerniente al embargo hipotecario del a\u00f1o 1999 (anotaci\u00f3n 6), dispuesto en el asunto fustigado. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que lo anterior se present\u00f3 porque para poder pagar el cr\u00e9dito hipotecario se vio obligada a rentar el predio, momento para el cual se fue a vivir a la ciudad de Cali, y al retornar a Bogot\u00e1 se enter\u00f3 que su inmueble hab\u00eda sido fraudulentamente vendido; y que a pesar de haber obtenido sentencia penal favorable, a la fecha no se le ha devuelto la posesi\u00f3n del fundo, cohonestando el actuar irregular de los condenados penalmente, quienes en la actualidad adelantan un juicio de pertenencia respecto de la referida heredad. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas e indic\u00f3 que el reclamo constitucional \u00abdeviene improcedente, por cuanto no se ha quebrantado, amenazado ni puesto en peligro ning\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
2. La abogada Martha Constanza Mu\u00f1oz Bernal, \u00abobrando en [su] condici\u00f3n de apoderada del se\u00f1or Ricardo Becerra Ruiz\u2026 dentro del proceso [fustigado]\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin aportar el mandato especial conferido por \u00e9ste para actuar en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo desestim\u00f3 el resguardo al concluir que \u00abninguna irregularidad se otea que tenga la virtualidad de constituir afrenta a las prerrogativas supralegales; en rigor, el proceso ejecutivo se ha rituado conforme a la ley y el procedimiento, a lo que se suma que para adelantar la subasta p\u00fablica del bien, se han agotado todos los presupuestos legales\u00bb, porque \u00aben lo atinente a la sentencia proferida el 27 de agosto de 2004, que desestim\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito blandidas por los convocados, la cual fue refrendada por [esa] Corporaci\u00f3n, \u2026es una etapa ampliamente superada, por manera que cualquier reclamaci\u00f3n, adem\u00e1s de tornarse tard\u00eda, luce sin recepci\u00f3n en esta causa constitucional\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, observ\u00f3 que, \u00abpara adelantar el remate del fundo, fue previamente embargado, secuestrado y avaluado, am\u00e9n que se cumplieron con las formalidades previstas en el art\u00edculo 448 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. Con todo, en la diligencia p\u00fablica se escucharon a los litigantes, donde adem\u00e1s se resolvieron algunos y se rechazaron otros medios de censura enarbolados por los interesados. Por \u00faltimo, adjudic\u00f3 el predio al citado, sin que la tutelante planteara reclamo en el acto\u00bb, quedando enmendada cualquier anomal\u00eda de acuerdo a lo dispuesto en el precepto 455 ib\u00eddem, seg\u00fan el cual, \u00ab[l]as irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerar\u00e1n saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00aben punto de la acusaci\u00f3n ata\u00f1edera a que el Juzgado convocado estar\u00eda invadiendo competencias y facultades propias de la justicia penal, ante un presunto punible, ciertamente, ello se sale de la \u00f3rbita constitucional, al no deducirse de forma contundente hechos distintos a los ya investigados, que ameriten compulsar copias, quedando al interesado la posibilidad\u00bb de acudir con su denuncia ante las autoridades competentes, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
OTRAS ACTUACIONES EN EL JUICIO ATACADO <\/p>\n
En el curso de la tutela, el 29 de octubre de 2021 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate en la que el predio hipotecado se adjudic\u00f3 al cesionario-ejecutante y el 2 de diciembre \u00faltimo se aprob\u00f3 dicha almoneda. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la quejosa insistiendo en sus planteamientos iniciales, enfatiz\u00f3 que con el proceder de los \u00f3rganos de la rama jurisdiccional irregularmente se favorece a quienes, siendo miembros de grupos al margen de la ley, a la fuerza, se hicieron con la posesi\u00f3n del predio gravado. <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, la salvaguarda se abre paso de manera excepcional y limitada a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, se anticipa la confirmaci\u00f3n del veredicto emitido por el a-quo supralegal, en tanto que el resguardo impetrado carece de actualidad respecto a las sentencias que, tras desechar las \u00fanicas excepciones de m\u00e9rito oportunamente propuestas por la quejosa, dispusieron la subasta del predio gravado, para con su producto satisfacer la obligaci\u00f3n debida. <\/p>\n
Lo dicho, porque entre la emisi\u00f3n de la \u00faltima de esas providencias (21 de enero de 2005) y la interposici\u00f3n del presente ruego tutelar (25 de octubre de 2021), transcurrieron m\u00e1s de diecis\u00e9is (16) a\u00f1os, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral fijado por la jurisprudencia de la Sala como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que, a pesar de las manifestaciones de la impugnante, la foliatura reporte la existencia de situaci\u00f3n v\u00e1lida alguna que justifique tal tardanza, misma que por su holgura denota la ausencia de urgencia en el reclamo propuesto. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto, insistentemente ha sostenido esta Corte que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido\u2026, adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que muy a pesar de las alegaciones de la inconforme, la anterior conclusi\u00f3n no sufre ninguna alteraci\u00f3n por el hecho de que la actuaci\u00f3n penal a la que hizo referencia dispusiera la anulaci\u00f3n de algunas de las anotaciones contenidas en el folio inmobiliario del predio hipotecado desde el 23 de marzo de 2005, pues lo cierto es que la sentencia atr\u00e1s referida se dict\u00f3 antes de ello, a saber, el 21 de enero de ese a\u00f1o, y lo all\u00e1 dispuesto no afect\u00f3 el registro del embargo dispuesto desde el 3 de marzo del a\u00f1o 1999. <\/p>\n
3. Sumado a ello, el fracaso de la salvaguarda tambi\u00e9n deriva del hecho que la gestora omiti\u00f3 agotar sus alegaciones ante el juzgador natural y en la oportunidad debida, a saber, la que contempla el inciso 1\u00ba del canon 455 del C\u00f3digo General del Proceso1, respecto a las circunstancias que por v\u00eda de tutela sindica de irregulares. <\/p>\n
De ese modo, la queja actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Finalmente, si la inconforme considera que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades judiciales o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, como es de su conocimiento, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda, que mutatis mutandis resulta aplicable al de ahora, dej\u00f3 dicho esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
5. Lo dicho impone respaldar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed decidido a los interesados y env\u00edese las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abLas irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerar\u00e1n saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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