STC17293-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17293-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04390-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Estela Pe\u00f1a Tamayo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, \u00abigualdad de las partes y bilateralidad de la audiencia\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda de responsabilidad civil contra Equidad Seguros Generales O.C. (rad. 2017-00686), con fundamento en el fallecimiento de su c\u00f3nyuge, quien hab\u00eda suscrito un contrato de seguro de vida con la convocada, en desarrollo de los cr\u00e9ditos que este \u00faltimo adquiri\u00f3 con la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito \u2013Colanta, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Medell\u00edn, quien desestim\u00f3 el petitum, dada la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n; decisi\u00f3n confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de esa localidad, en desmedro de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, teniendo en cuenta que, en su criterio, solo tuvo conocimiento del convenio en octubre de 2016. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, \u00abREVOCAR en su totalidad la sentencia de segunda instancia del 08 de octubre de 2021, emanada por la Honorable Sala Primera de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn. Y en su lugar ordenar a dicho despacho emitir nuevo fallo, valorando adecuadamente la prueba documental del 06 de octubre de 2016, expedida por la entidad D6 Seguros, documento a partir del cual se tuvo conocimiento del seguro y de sus condiciones\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El estrado a quo en la causa confutada aport\u00f3 copia del expediente digital. <\/p>\n
2. La Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Colanta \u2013 A y C Colanta manifest\u00f3 que \u00abm\u00e1s all\u00e1 de una simple enunciaci\u00f3n de ellos, no explica en ninguna parte en que consiste la violaci\u00f3n por parte de la Cooperativa AyC COLANTA, como tampoco arrima prueba de ello. Conforme a lo manifestado por el tutelante, los derechos que presuntamente est\u00e1n siendo vulnerados son: \u201cel derecho al debido proceso, derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia en concordancia con los principios de igualdad de las partes y bilateralidad de la audiencia, observaci\u00f3n de normas procesales y motivaci\u00f3n de las providencias desarrollados por la doctrina procesal como jurisprudencial\u201d; por parte del Tribunal Superior de Medell\u00edn – Sala Civil. Todo lo anterior en el marco de un proceso de responsabilidad civil extracontractual entre la se\u00f1ora Luz Estela pe\u00f1a y sus hijas en contra de la Equidad Seguros Generales con radicado 2017-686, en el cual la Cooperativa AyC COLANTA no es sujeto procesal ni fuimos notificados del mismo\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn explic\u00f3 que \u00abel razonamiento del Tribunal es simple: si la demandante ten\u00eda conocimiento del siniestro y del contrato de seguro desde por lo menos junio de 2013 – hecho sin el cual no habr\u00eda podido realizar la petici\u00f3n de \u201cdescargo de las obligaciones\u201d ante AYC Colanta para que \u00e9sta a su vez realizara la reclamaci\u00f3n a la aseguradora, como se confiesa desde la demanda y se advierte en la prueba documental-, comenz\u00f3 a correr para ella el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ordinario del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, recalc\u00f3 que \u00abel Tribunal no ignora que el tomador-beneficiario del seguro es AYC Colanta, o que la demandante no fue parte del contrato de seguro. Basta leer la sentencia que se cuestiona para descartar esta afirmaci\u00f3n del apoderado de la parte actora. Tampoco se ignora que el 7 de septiembre de 2016 se elev\u00f3 una petici\u00f3n a la aseguradora que ser\u00eda contestada en octubre del mismo mes, entregando a la demandante copia del contrato de seguro, de la reclamaci\u00f3n y de la objeci\u00f3n. El punto es que seg\u00fan la convicci\u00f3n razonada del Tribunal, cuando la demandante comenz\u00f3 esas gestiones, ten\u00eda conocimiento del siniestro y de la relaci\u00f3n aseguraticia desde hac\u00eda m\u00e1s de tres a\u00f1os, y por tanto la oportunidad para el cobro judicial frente a la aseguradora estaba prescrita\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el declarativo de responsabilidad civil contractual que inici\u00f3 la gestora (rad. 2017-00686), por confirmar la sentencia desestimatoria de primer grado que declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn confirm\u00f3 la providencia desfavorable de primer grado, proferida en el declarativo de responsabilidad civil contractual que inici\u00f3 la solicitante, en tanto \u00abpuede inferirse razonablemente que para la fecha en que la aseguradora objeta la reclamaci\u00f3n – junio de 2013-, las interesadas conoc\u00edan no s\u00f3lo del fallecimiento de Leonel de Jes\u00fas M\u00fanera Rold\u00e1n -siniestro-, sino tambi\u00e9n del contrato de seguro que amparaba los cr\u00e9ditos de \u00e9ste, conocimiento sin el cual no habr\u00edan podido realizar la petici\u00f3n respectiva para el \u201cdescargo de las obligaciones\u201d adquiridas por el causante, tal y como se afirma desde la demanda\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al fijar como problemas jur\u00eddicos a dirimir (i) lo concerniente a la relaci\u00f3n litisconsorcial entre Equidad Seguros Generales y Equidad Seguros de Vida, en lo que respecta a la legitimaci\u00f3n en la causa; (ii) la nulidad del contrato de seguro por la falsedad que se imputa al beneficiario al momento de declarar el riesgo para la inclusi\u00f3n de un cr\u00e9dito en una p\u00f3liza de vida del grupo deudores; as\u00ed como (iii) la configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n; con fundamento en el inciso 3.\u00b0 del art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso, el ad quem precis\u00f3 que iniciar\u00eda por el estudio del tercer punto, en tanto \u00absi esta excepci\u00f3n resulta probada, las consideraciones sobre los otros dos puntos ser\u00edan irrelevantes para resolver este litigio o modificar el sentido desestimatorio general denegatorio de las pretensiones en la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, la c\u00e9lula cognoscente se refiri\u00f3 a la previsi\u00f3n del canon 1081 del C\u00f3digo de Comercio y recalc\u00f3 que \u00abcuando la obligaci\u00f3n de que se trata es la indemnizaci\u00f3n a favor del beneficiario y a cargo de la aseguradora por la materializaci\u00f3n del riesgo asegurado, el r\u00e9gimen de prescripci\u00f3n aplicable presenta dos posibilidades marcadas por la ocurrencia del siniestro, el conocimiento de \u00e9ste y de las condiciones del contrato de seguro\u00bb, de modo que, aplicadas las premisas normativas y jurisprudenciales del caso, coligi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn los hechos quinto y sexto de la demanda (cfr. archivo 1.1 fl. 2), el actor afirma que tras el fallecimiento del se\u00f1or Leonel de Jes\u00fas M\u00fanera Rold\u00e1n y en raz\u00f3n de \u00e9l, se realiz\u00f3 una petici\u00f3n a AYC COLANTA, y \u00e9sta a su vez a la aseguradora, con el fin de afectar la p\u00f3liza de seguros del grupo deudores para el cubrimiento del saldo insoluto de las obligaciones del causante con esa entidad, ante el evento de la muerte del deudor. <\/p>\n
Se agrega que la reclamaci\u00f3n fue objetada por la aseguradora el 21 de junio de 2013, por las razones all\u00ed expuestas. <\/p>\n
Estas afirmaciones se soportan con prueba documental (cfr. archivo 1.2, anexos de la demanda). De estas afirmaciones y documentos puede inferirse razonablemente que para la fecha en que la aseguradora objeta la reclamaci\u00f3n – junio de 2013-, las interesadas conoc\u00edan no s\u00f3lo del fallecimiento de Leonel de Jes\u00fas M\u00fanera Rold\u00e1n -siniestro-, sino tambi\u00e9n del contrato de seguro que amparaba los cr\u00e9ditos de \u00e9ste, conocimiento sin el cual no habr\u00edan podido realizar la petici\u00f3n respectiva para el \u201cdescargo de las obligaciones\u201d adquiridas por el causante, tal y como se afirma desde la demanda. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio y las consideraciones del ac\u00e1pite precedente, si el interesado tiene \u201cconocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n\u201d, para este caso el siniestro y el contrato de seguro, el derecho a reclamar la indemnizaci\u00f3n prescribe en dos a\u00f1os a partir de ese conocimiento. <\/p>\n
Entonces, si los reclamantes sab\u00edan del siniestro y el seguro en junio de 2013 y la demanda se present\u00f3 s\u00f3lo hasta el 30 de noviembre de 2017 (cfr. fl. 27), resulta claro que se configur\u00f3 la prescripci\u00f3n oportunamente alegada por las aseguradoras demandadas\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
En consecuencia, concluy\u00f3 que \u00abcomo esta excepci\u00f3n es suficiente para la desestimaci\u00f3n de la totalidad de las pretensiones, se hace innecesario abordar el estudio de los dem\u00e1s reparos formulados en la apelaci\u00f3n, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 282 inc. 3 del CGP. En consecuencia, con fundamento en estas consideraciones, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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