STC17294-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17294-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04451-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y la Procuradur\u00eda Delegada para Acciones Populares, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia que se disponga que la Procuradur\u00eda \u00abse pronuncie en derecho de esta tutela y de ser el caso presente tutela a [su] nombre\u2026 pues no [es] abogado\u00bb; y se le ordene al estrado acusado \u00abinmeditamente fallar la acci\u00f3n, a fin que cumpla el art 37 ley 472 de 1998 y garantice el derecho sustancial\u00bb; as\u00ed como \u00abconsignar todos los radicados donde [h]a declarado desiertas apelaciones en acciones populares\u2026\u00bb y \u00abdonde la H CSJ S C Laboral le ha revocado\u2026 y ha ordenado dar tr\u00e1mite a la alzada\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Cooperativa de Caficultores del Alto Occidente, bajo el radicado 2021-00112, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, el que con sentencia del 12 de octubre de 2021 desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, el Tribunal criticado admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n, corri\u00f3 traslado para sustentar la alzada y el 18 de noviembre de 2021 declar\u00f3 desierta la misma. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que no pod\u00eda ser declarada desierta la alzada formulada, pues estaba sustentada en primera instancia; que no era necesario reponer dicha decisi\u00f3n, pues ese recurso no era absoluto y deb\u00eda analizarse cada caso para ceder cuando se advierta una vulneraci\u00f3n, pues de lo contrario se configurar\u00eda un defecto por exceso ritual manifiesto; y que se desconoc\u00eda el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 y la supremac\u00eda del derecho sustancial. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el Procurador Delegado para Acciones Populares nunca se pronunciaba ni actuaba en derecho \u00aben acci\u00f3n popular alguna\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Riosucio indic\u00f3 que la exigencia de la sustentaci\u00f3n del recurso no era un capricho, sino una actividad impuesta por el Decreto 806 de 2020, el que estableci\u00f3 normas especiales por la pandemia que atravesamos; que las acciones constitucionales tambi\u00e9n estaban sometidas al debido proceso que pretend\u00eda eludir el accionante; que el gestor no agot\u00f3 todos los mecanismos de defensa que ten\u00eda a su alcance para controvertir la decision ahora criticada; que se opon\u00eda a las pretensiones por carecer de sustento f\u00e1ctico y no vulnerar derecho fundamental alguno; y que no se argumento cual era el perjuicio inminente e irremediable. <\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales refiri\u00f3 que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 impon\u00eda la obligaci\u00f3n de sustentar la alzada en los 5 d\u00edas siguientes a su admisi\u00f3n, lo que acaeci\u00f3 el 3 de noviembre de 2021, carga de la que se sustrajo el accionante, por lo que no se pod\u00eda pronunciar frente a los reparos expuestos en primera instancia; que no cumpl\u00eda con los requisitos de procedencia del resguardo, pues no se agotaron los mecanismos de defensa para atacar la providencia que declar\u00f3 desierta la alzada; que la decisi\u00f3n censurada se adopt\u00f3 con criterios normativos, de car\u00e1cter procesal y de imperativo cumplimiento, por lo que no se puede considerar arbitraria, caprichosa o desconocedora de la normatividad, del debido proceso o de la ley sustancial; y que la tutela no sustitu\u00eda los mecanismos de defensa ni saneba la desidia. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda Municipal de Riosucio adujo que se deb\u00eda dar cumplimiento al Decreto 806 de 2020; que no se cumpl\u00eda con el presupuesto de la subsidiariedad, pues el gestor no agot\u00f3 las herramientas legales con las que contaba; que no advert\u00eda la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales; y que no se hizo enfasis en que se estuviese causando un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n sostuvo que se deb\u00eda corroborar si se aplic\u00f3 el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el aplicable era el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020; y que esa entidad interven\u00eda en todos los asuntos en los que era convocada de conformidad con el art\u00edculo 277 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, esta Sala concluye que la solicitud de resguardo es improcedente, comoquiera que el promotor desaprovech\u00f3 el mecanismo ordinario de defensa judicial que tuvo a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantea, pues no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n frente al prove\u00eddo de 18 de noviembre de 2021 que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
\u2026y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada 15 may. y 17 oct. 2012, rads. 2012-00017-01 y 2012-02127-00; STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, en cuanto a las pretensiones relacionadas con la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, es necesario recordar al quejoso, como insistentemente se le ha dicho en m\u00faltiples ocasiones, que si considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular de parte de esa entidad, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello, lo que frente al particular tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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