STC17295-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17295-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-04289-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que \u00c1ngel Mar\u00eda D\u00edaz Matta instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de impugnaci\u00f3n de actos de asambleas con radicado n\u00b0 253073103002-2016-00064-01. <\/p>\n
1. El gestor pidi\u00f3 que se deje \u00absin efecto la providencia proferida el 24 de agosto de 2021\u00bb que confirm\u00f3 el rechazo de las pruebas que solicit\u00f3 en el pleito acusado. <\/p>\n
En sustento adujo ser demandante en el proceso objeto de revisi\u00f3n, junto con Ren\u00e9 Araujo Torres quien fue desvinculado del pleito al resolverse una excepci\u00f3n previa. Relat\u00f3 que en ese litigio el Juzgado accionado rechaz\u00f3 su solicitud de exhibici\u00f3n de documentos, inspecci\u00f3n judicial, oficios y testimonios (9 mar. 2021), pruebas con las que pretend\u00eda demostrar la nulidad de la decisi\u00f3n societaria de 30 de enero de 2016, fundado en que algunos de los participantes de esa reuni\u00f3n se hallaban suspendidos. Relat\u00f3 que apel\u00f3 sin \u00e9xito esa determinaci\u00f3n (24 ago. 2021). <\/p>\n
De lo anterior deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales pues, a su juicio, el juez de primer grado omiti\u00f3 decretar pruebas de oficio, mientras que el fallador de segunda instancia no apreci\u00f3 adecuadamente las circunstancias que llevaron a la denegaci\u00f3n de las pruebas pedidas y resolvi\u00f3 sin suficiente motivaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El juzgado accionado remiti\u00f3 el expediente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos del gestor se impone el fracaso del amparo porque algunas de las quejas expuestas no fueron expuestas oportunamente ante las agencias encartadas. De otra parte, la determinaci\u00f3n criticada se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n razonable de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y normativa que fue conocida por la magistratura convocada, en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. En lo que respecta a la censura porque el juez de primer grado no hubiese decretado pruebas de oficio, testimonios e inspecci\u00f3n judicial, pronto se advierte la improcedencia del resguardo como quiera que dichas inconformidades no fueron planteadas oportunamente ante el fallador del asunto pues, si bien es cierto que el auto de rechazo probatorio fue apelado, en dicha ocasi\u00f3n nada se dijo al respecto. Ciertamente, la inconformidad del censor se circunscribi\u00f3 \u00fanicamente a la denegaci\u00f3n de la exhibici\u00f3n de documentos y a la elaboraci\u00f3n de oficios, como se extrae de su intervenci\u00f3n en ese escenario: <\/p>\n
Me permito interponer recurso apelaci\u00f3n contra el auto que decreta las pruebas espec\u00edficamente en lo que se refiere a los oficios, as\u00ed como a la exhibici\u00f3n de documentos argument\u00e1ndolo en el siguiente sentir (\u2026), en ese sentido su se\u00f1or\u00eda respetando el criterio del despacho, no comparto el mismo, indicando que apelo en cuanto a la exhibici\u00f3n de documentos a los oficios (\u2026), en ese sentido, su se\u00f1or\u00eda, dejo claro la inconformidad que presento respecto a esos puntos espec\u00edficos del decreto de pruebas (\u2026) <\/p>\n
De lo anterior expuesto, en breve se colige la incuria del libelista frente a la posibilidad que tuvo de reprochar lo que por esta senda cuestiona y se hace ostensible el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario y excepcional que caracteriza a este tipo de tr\u00e1mite constitucional. No en vano, sobre la desidia que se pone de presente, ha reiterado esta Sala que: <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). Subrayas resaltadas. <\/p>\n
3. De otro lado, en lo referente a la queja por la forma en que se motiv\u00f3 el rechazo de la exhibici\u00f3n de documentos y oficios, as\u00ed como su respectiva confirmaci\u00f3n, se observa que la censura de \u00c1ngel Mar\u00eda D\u00edaz Matta radic\u00f3 en que, a su parecer, dichas resoluciones fueron tomadas \u00absin raz\u00f3n jur\u00eddica\u00bb y no contienen un adecuado an\u00e1lisis de las circunstancias que rodearon el caso concreto. As\u00ed, queda sentado desde ya que la verdadera intenci\u00f3n del accionante se halla cimentada sobre la base de discutir el raciocinio desplegado por el juzgador natural de su causa a pesar de que, al margen de que se comparta, no se vislumbra caprichoso, fortuito o abiertamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico como se pasa a exponer. <\/p>\n
En efecto, tres fueron las razones del a quo para denegar la probanza: <\/p>\n
(\u2026) deni\u00e9guese la exhibici\u00f3n de documentos solicitados por el demandante en virtud, de que no se relacionan con el problema jur\u00eddico planteado, ni con la fijaci\u00f3n del litigio en especial debido a: primero, la autenticidad que se presume de todos los documentos aportados por las partes en original o copia de acuerdo con el inciso segundo del art\u00edculo 244 del C.G.P. y teniendo en cuenta que ninguno de los aportados a recibido tacha alguna de las partes. Segundo debido a que los documentos diferentes a las actas de asamblea aportadas al proceso no contienen hechos que interesen al proceso ni se relacionan con el problema jur\u00eddico planteado ni con la fijaci\u00f3n del litigio; y tercero, teniendo en cuenta que los hechos que se pretenden probar con dichos documentos se relacionan con el se\u00f1or Ren\u00e9 Araujo Torres, respecto del cual ya se decidi\u00f3 la excepci\u00f3n previa de no haberse presentado prueba de la calidad en la que act\u00faa el demandante Ren\u00e9 Araujo Torres continu\u00e1ndose en el proceso \u00fanicamente con el demandante \u00c1ngel D\u00edaz Matta (\u2026) <\/p>\n
Argumentaci\u00f3n refrendada por el ad quem quien luego de hacer un escrutinio relativo a la responsabilidad de probar los hechos alegados en juicio y la oportunidad para ello, transcribi\u00f3 el listado de documentos pedidos en exhibici\u00f3n que consist\u00edan, en esencia, en copias aut\u00e9nticas que, a su juicio, en nada ayudaban a la resoluci\u00f3n del caso concreto. Al respecto expuso que: <\/p>\n
Entonces, el primer medio de prueba relacionado esta reglado en el art\u00edculo 265 del CGP, por lo que \u00abLa parte que pretenda utilizar documentos o cosas muebles que se hallen en poder de otra parte o de un tercero, deber\u00e1 solicitar, en la oportunidad para pedir pruebas, que se ordene su exhibici\u00f3n.\u00bb, con lo cual, la parte actora pretende acreditar que la asamblea ordinaria adelantada por Cootransgirardot Ltda. el 30 de abril de 2016 est\u00e1 viciada de nulidad, en tanto los \u00f3rganos de gobierno y control para ese entonces se encontraban suspendidos con ocasi\u00f3n a la medida cautelar ordenada por el Juzgado Primero Civil Municipal, que afect\u00f3 la reuni\u00f3n ordinaria de 31 de marzo de 2015. <\/p>\n
De ah\u00ed que, esa exhibici\u00f3n carece de utilidad y es inconducente, bajo el entendido de que las copias enlistadas en los numerales 1 a 11 y 13, no conllevan a discernir la problem\u00e1tica planteada que a todas luces es jur\u00eddica, teniendo en cuenta que lo cuestionando es, la validez de la pluricitada asamblea de 30 de abril del a\u00f1o 2016; adem\u00e1s, en los numerales 11 y 12, se pretende acreditar la relaci\u00f3n jur\u00eddica del se\u00f1or Rene Araujo Torres frente a la Cooperativa y, como bien lo ha reiterado la judicatura de primer nivel, se tiene que al declararse probada la excepci\u00f3n previa de no haberse presentado prueba de la calidad en que actuaba el demandante Rene Araujo Torres con auto de 29 de octubre de 2018′, dio prosperidad a la excepci\u00f3n previa de carencia de acreditaci\u00f3n de calidad en que el actuaba como demandante, decisi\u00f3n que se mantuvo luego de presentarse recurso horizontal y denegarse la alzada en auto de 1\u00ba de marzo de 2019, por teniendo esa exhibici\u00f3n directa relaci\u00f3n con aquel que ostent\u00f3 la calidad de actor -numerales 11 y 12-, igualmente resulta impertinente, comoquiera que Araujo Torres no hace parte del extremo demandante. <\/p>\n
F\u00edjese, que la \u00abraz\u00f3n jur\u00eddica\u00bb que extra\u00f1o el censor, no es otra que la ausencia de requisitos propios para la admisibilidad de las pruebas, evento sobre el que recientemente esta Sala precis\u00f3: <\/p>\n
As\u00ed, el interesado no puede llevar, deliberadamente, cualquier prueba al proceso, ni acreditar cualquier supuesto f\u00e1ctico. Los medios suasorios aducidos han de ser i) l\u00edcitos, ii) conducentes, iii) pertinentes y iv) \u00fatiles en relaci\u00f3n con la controversia en la que se invocan, esto es, i) que no est\u00e9n prohibidos o se hayan obtenido con violaci\u00f3n de derechos fundamentales, ii) que sean id\u00f3neos legalmente para demostrar determinado hecho, iii) que guarden relaci\u00f3n con los supuestos f\u00e1cticos que se pretende demostrar y los que originaron la pol\u00e9mica, y iv) que sean necesarios para esclarecer el debate. <\/p>\n
De suerte que, si esos presupuestos no se cumplen, el juez est\u00e1 habilitado para inadmitir las probanzas invocadas. Por eso, a voces del art\u00edculo 168 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[e]l juez rechazar\u00e1 de plano, mediante providencia motivada, las pruebas il\u00edcitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o in\u00fatiles\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, resulta ostensible que en criterio de los juzgadores de instancia las documentales pedidas, de una parte, ya obraban en el pleito, aunque no de forma aut\u00e9ntica -lo cual no les resta valor salvo que la ley lo disponga- y, de otra, carec\u00edan de relaci\u00f3n directa con los hechos determinados en la fijaci\u00f3n del litigio, situaci\u00f3n que no luce irreflexiva e impide la injerencia constitucional. <\/p>\n
Ahora, no escapa del estudio que una de las razones del Tribunal para rechazar las probanzas consisti\u00f3 en la falta de conducencia, lo que implicaba explicar con suficiencia por qu\u00e9 consideraba que esos medios suasorios no resultaban id\u00f3neos para demostrar los hechos alegados, al margen de su predicada inutilidad e impertinencia, situaci\u00f3n sobre la que se tiene dicho que: <\/p>\n
Para determinar si es conducente, tambi\u00e9n ser\u00e1 suficiente que efect\u00fae un juicio de legalidad con el fin de esclarecer si la prueba invocada es apta para demostrar el hecho correspondiente. Es decir, su labor, en \u00faltimas, se contrae a comparar el medio probatorio con la Constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n
Sin embargo, al margen del eventual yerro de la magistratura, lo cierto es que el rechazo de las pruebas estaba fundamentado en la falta de pertinencia y utilidad develada en precedencia, por lo que la falta de trascendencia del evento descrito se hace palmar. Al respecto, valga precisar que, para que el juez pueda repeler la probanza, no se requiere la presencia de todos los motivos de inadmisibilidad consagrados en el canon 168 del C\u00f3digo General del Proceso, pues si bien pueden concurrir en algunos casos, basta con que se encuentre acreditada una sola de esas causales para habilitar el rechazo. <\/p>\n
Por otra parte, en lo que respecta a la negativa a elaborar oficios a distintas entidades con el fin de obtener documentales, el Tribunal predic\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) frente a los oficios relacionados, es preciso anotar que esa informaci\u00f3n debi\u00f3 preliminarmente, obtenerse a trav\u00e9s de derecho de petici\u00f3n por el interesado; tanto as\u00ed, que es carga de las partes conforme lo dispone el numeral 10 del art\u00edculo 78 del C.G.P. \u00abAbstenerse de solicitarle al juez la consecuci\u00f3n de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u00bb, por lo cual, \u00abEl juez se abstendr\u00e1 de ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petici\u00f3n, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petici\u00f3n no hubiese sido atendida, lo que deber\u00e1 acreditarse sumariamente.\u00bb -inciso primero articulo 173 idem-, sobre lo cual, en los reparos el apoderado de la parte actora indic\u00f3 que su representado Diaz Matta tuvo que acudir a tutela y que en desarroll\u00f3 ese tr\u00e1mite procedimental y constitucional a la fecha no se tienen en poder de mi representado\u00bb, lo cual no es cierto, porque, revisado el legajo, se tiene que el derecho de petici\u00f3n fue elevado por el se\u00f1or Ren\u00e9 Araujo Torres y fue \u00e9l quien inco\u00f3 acci\u00f3n de tutela a efecto de salvaguardar su derecho fundamental de petici\u00f3n, siendo amparado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot con sentencia de 17 de septiembre de 2015, careciendo de sustento f\u00e1ctico el reclamo, m\u00e1xime, cuando los oficios indicados en los numerales 3 y 4, se relacionan directamente con el promotor excluido ante la prosperidad de la excepci\u00f3n previa como se explic\u00f3 anteriormente. <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto que uno de los reparos del censor radic\u00f3 en que no se tuviese en cuenta que \u00e9l s\u00ed present\u00f3 derecho de petici\u00f3n para obtener los documentos pedidos al juzgado -como en efecto ocurri\u00f3 (sep. 2020)1- en realidad tal circunstancia no tiene la virtud de cambiar el panorama acaecido como quiera que esa solicitud fue elevada con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda que dio lugar al proceso cuestionado (2016-00064). De all\u00ed que la desidia predicada por el Tribunal no pueda ser superada con el argumento expuesto por el precursor. <\/p>\n
Dest\u00e1quese, que el deber de indagaci\u00f3n prejudicial que asiste a los litigantes -consagrado en los c\u00e1nones 43 y 78, numerales 4\u00b0 y 10\u00b0, respectivamente, as\u00ed como el art\u00edculo 173, inciso segundo, obedece, en \u00faltimas, al nuevo modelo confirmatorio adoptado por la actual legislaci\u00f3n adjetiva que percibe al proceso judicial como un escenario de confirmaci\u00f3n de los asertos de las partes y, solamente de tinte averiguatorio cuando se acredite la imposibilidad de acceder a especificas probanzas de manera directa por los contendientes y de forma preliminar al pleito, ello a fin de materializar el postulado de celeridad en el marco de la tutela jurisdiccional efectiva prescrito en el art\u00edculo 2\u00ba de la legislaci\u00f3n en comento, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeci\u00f3n a un debido proceso de duraci\u00f3n razonable (\u2026) <\/p>\n
Con todo, f\u00edjese que el hecho de que el censor no hubiese intentado obtener los documentos -con anterioridad a su llegada al proceso- no fue el \u00fanico motivo de rechazo probatorio pues, como se dej\u00f3 dicho, la exhibici\u00f3n se consider\u00f3 innecesaria como quiera que versaba sobre hechos relativos al se\u00f1or Ren\u00e9 Araujo Torres, quien no fung\u00eda como parte en el litigio, lo cual tampoco luce irreflexivo o caprichoso sino resultado de lo all\u00ed actuado. <\/p>\n
Establecido lo anterior, resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada de frente a los hechos que fueron adosados a la autoridad accionada y sobre los cuales efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico que la llev\u00f3 a concluir que para el caso concreto, las pruebas pedidas resultaban innecesarias para resolver el problema jur\u00eddico, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que el gestor considera que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
3. En definitiva, comoquiera que la providencia acusada no se percibe caprichosa, antojadiza o abiertamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, y dado que no se apreci\u00f3 la falta de motivaci\u00f3n censurada, no queda alternativa diferente a la de desestimar el auxilio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por \u00c1ngel Mar\u00eda D\u00edaz Matta. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
1\u0002 Folio 19 escrito de tutela. <\/p>\n
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