STC17297-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17297-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04481-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Arturo Urbano Camargo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y los Juzgados Primero Penal Municipal de Duitama y Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, sin hacer petici\u00f3n concreta, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Carlos Arturo Urbano Camargo instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra los Juzgados Primero Penal Municipal de Duitama y Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, la que en sentencia de 9 de agosto de 2021 deneg\u00f3 el resguardo. <\/p>\n
2.2. Tras ser impugnada dicha determinaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en fallo de 28 de septiembre siguiente la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que el 13 de agosto de 2010 el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Duitama lo declar\u00f3 responsable de la comisi\u00f3n del delito de extorsi\u00f3n agravada en grado de tentativa y lo conden\u00f3 a la pena de 240 meses de prisi\u00f3n; y que la vigilancia de la pena le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda elevado distintas solicitudes de libertad condicional pero le hab\u00edan sido denegadas; que por ello formul\u00f3 una tutela ajustada a los par\u00e1metros legales y respetando los lineamientos, la que tambi\u00e9n le fue desestimada, por lo que acud\u00eda nuevamente al resguardo \u00abpor sujetarse a una serie de leyes y requisitos que solo operan para las personas de a pie de bajos recursos, que no tienen como pagar un abogado que le defiend[a] sus intereses procesales\u00bb. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que hab\u00eda reclamado constantemente su libertad condicional porque cumpli\u00f3 con el tiempo y los requisitos de ley; y que dicho beneficio se le concedi\u00f3 al se\u00f1or Milton G\u00f3mez Mart\u00ednez, condenado en el mismo tr\u00e1mite y por igual delito, por lo que advert\u00eda una persecuci\u00f3n judicial y represar\u00edas en su contra. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que ten\u00eda un requerimiento por el punible de receptaci\u00f3n, por el que fue condenado a 36 meses, pero gozaba del anotado beneficio; y que se le deb\u00eda dar una oportunidad tal como se la otorgaron a los integrantes de las FARC, las AUC, los agentes del Estado y los parapol\u00edticos. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que su tutela fue menospreciada, pues las entidades accionadas \u00abparecieran no guardar respeto por este organo m\u00e1ximo de justicia como es\u2026 la Corte Constitucional\u00bb; que se pas\u00f3 por alto que se encuentra prohibida la doble incriminaci\u00f3n; y que no pod\u00eda acudir a una apelaci\u00f3n especial ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que se encontraba recluido en la c\u00e1rcel Picale\u00f1a de Ibagu\u00e9; y que estaba consternado e inconforme con la decisi\u00f3n del segundo \u00f3rgano m\u00e1s importante del pa\u00eds como lo era la Corte Suprema de Justicia \u00aben confabulaci\u00f3n con los otros accionados a desconocer las sentencias y los argumentos de nuestra Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que conoci\u00f3 de la tutela criticada; que esta acci\u00f3n excepcional no era una tercera instancia; que si bien el accionante manifest\u00f3 inconformidad con lo decidido por los juzgados accionados, no se\u00f1al\u00f3 de manera concreta los defectos que ten\u00edan las determinaciones; que no advirti\u00f3 transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales, pues los falladores sustentaron de forma razonable la decisi\u00f3n con la que se le deneg\u00f3 la libertad condicional; que el tr\u00e1mite surtido se ajust\u00f3 a la legalidad y se hallaba debidamente fundamentado, sin que las divergencias interpretativas o de valoraci\u00f3n probatoria sean violatorias de garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Duitama realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso penal adelantado en ese estrado. <\/p>\n
3. La Oficina Jur\u00eddica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Duitama inform\u00f3 que Milt\u00f3n G\u00f3mez Mart\u00ednez se encontraba en libertad desde el 28 de abril de 2021. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda que el objeto del presente reclamo recae sobre los fallos emitidos dentro de la acci\u00f3n de tutela que conocieron las autoridades accionadas, pretendiendo que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examinen los mismos. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques se enfilaron frente a aspectos de fondo sobre los que se soport\u00f3 la sentencia constitucional ahora cuestionada con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, se observa que se encuentra pendiente que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional decida si va a revisar o no el fallo aqu\u00ed criticado. <\/p>\n
De manera que \u00abcomo el tr\u00e1mite censurado se encuentra pendiente de la eventual revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, es ante dicha Corporaci\u00f3n que\u2026 podr\u00eda acudir e insistir en su selecci\u00f3n, para que de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u00bb (CSJ STC, 6 mar. 2009, rad. 2008-00489-01; reiterada en la STC5674, 8 may. 2014, rad. 2014-00062-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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