STC17301-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17301-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-02142-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Deysi Katherine Jord\u00e1n Casas contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, dignidad humana y trabajo, que dice vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al accionado que \u00abproceda a la creaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de [su] n\u00famero de tarjeta profesional en el Registro Nacional de Abogados en plazo razonable y prioritario\u2026\u00bb; y se \u00abexpida [su] tarjeta profesional de abogado -pl\u00e1stico- en plazo razonable y prioritario determinado a criterio del Se\u00f1or Juez, contado a partir del fallo de la presente tutela\u00bb. Subsidiariamente, se le \u00abinforme el estado actual del tr\u00e1mite de [su] tarjeta profesional y la fecha tentativa de su posible expedici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 la accionante que el 24 de septiembre de 2021 obtuvo su titulaci\u00f3n de pregrado como abogada de la Universidad Industrial de Santander; que el 9 de octubre siguiente radic\u00f3 solicitud de inscripci\u00f3n de su tarjeta profesional con los respectivos anexos; y que el 11 de octubre de los corrientes se acus\u00f3 recibo y se le inform\u00f3 que la solicitud hab\u00eda sido transferida a la persona encargada. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que a la fecha hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de un mes sin avance alguno; que la espera era desproporcionada, injustificada e irrazonable comparado con otras profesiones; que dicha dilaci\u00f3n afectaba sus prerrogativas y proyecto de vida, pues en medio de la crisis sanitaria y la inestabilidad econ\u00f3mica del pa\u00eds se encontraba desprovista de herramientas para ejercer su profesi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Adujo que no se pod\u00eda vincular al sector p\u00fablico; que se le restring\u00eda la obtenci\u00f3n de su m\u00ednimo vital por las demoras injustificadas; y que no contaba con otro mecanismo de defensa id\u00f3neo. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura refiri\u00f3 que gestionaba el tr\u00e1mite de las solicitudes en orden de llegada al correo institucional designado para el efecto; que en lo corrido del a\u00f1o hab\u00eda tramitado 8.153 solicitudes de reconocimiento de pr\u00e1ctica jur\u00eddica y proferido 19.296 tarjetas profesionales de abogado; que inscribi\u00f3 a la accionante en el registro de abogados, asign\u00e1ndole el n\u00famero de tarjeta profesional 373.092, la que envi\u00f3 al contratista para la elaboraci\u00f3n del pl\u00e1stico y una vez le sea entregada, la remitir\u00e1 a trav\u00e9s del servicio de correo certificado de 472 al domicilio registrado; que la peticionaria pod\u00eda acceder a la certificaci\u00f3n de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, la que puede ser descargada o consultada por la p\u00e1gina web de la Rama Judicial; que anexaba el oficio remitido a la petente con el que le informaba sobre el tr\u00e1mite surtido; que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno; y que se trataba de un hecho superado. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la gestora ya est\u00e1 inscrita como abogada, se le asign\u00f3 n\u00famero de tarjeta profesional, encontr\u00e1ndose disponible el certificado de vigencia en la p\u00e1gina web, y el pl\u00e1stico de su tarjeta est\u00e1 en elaboraci\u00f3n, el que le ser\u00e1 enviado al domicilio por ella registrado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada en el tr\u00e1mite de la presente tutela, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional de la peticionaria, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que la autoridad criticada inscriba a la gestora como abogada y emita el n\u00famero de la tarjeta profesional. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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