STC17304-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC17304-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 23001-22-14-000-2021-00199-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
4. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene \u00abla revisi\u00f3n de la providencia\u00bb y \u00abel embargo de los dineros depositados en las\u2026 cuentas bancarias, advirtiendo en el oficio de embargo dirigido a los bancos el fundamento jurisprudencial que ordena el embargo de los dineros provenientes de los recursos del SGP, con el fin de hacer efectivas las sentencias judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Gloria Esperanza Murillo Londo\u00f1o promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra la ESE Hospital San Jos\u00e9 de Tierralta, cuyo conocimiento le fue asignado al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Monter\u00eda, el que en providencia de 6 de agosto de 2014 dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, la ejecutante solicit\u00f3 como medida cautelar el embargo de las cuentas de la entidad demandada, por lo que en auto de 3 de noviembre de 2020 el referido despacho ofici\u00f3 a los bancos con miras a que certificaran la naturaleza y destinaci\u00f3n de los recursos depositados en las cuentas bancarias, para que una vez arribara la respuesta, procediera a pronunciarse frente al asunto, decisi\u00f3n que se recurri\u00f3 en reposici\u00f3n, pero con auto de 9 de febrero de 2021 se mantuvo; el 31 de mayo siguiente se ofici\u00f3 a los Bancos Colpatria, Popular y Agrario; y con prove\u00eddos de 2 y 3 de agosto puso en conocimiento de la actora las respuestas brindadas. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que era deber del juzgador acusado decretar la medida invocando el fundamento legal para su procedencia en el oficio dirigido a las entidades bancarias; que con autos de 9 de febrero y 31 de mayo de 2021 el estrado acusado insisti\u00f3 en abstenerse decretar las cautelas y de requerir a los bancos, dejando de lado la jurisprudencia que se le puso de presente. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se le generaba un perjuicio, pues la solicitud de las cautelas la present\u00f3 en noviembre de 2020 y el demandado se pod\u00eda insolventar; que en los precedentes allegados se conclu\u00eda que los dineros del SGP eran embargables para el pago de sentencias judiciales; y que no se contribu\u00eda a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
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4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Monter\u00eda realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado ning\u00fan derecho fundamental; que la Procuradur\u00eda emiti\u00f3 concepto en el que inform\u00f3 que se trataba de bienes de car\u00e1cter inembargable; que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues se atacaba el prove\u00eddo de 3 de noviembre de 2020 y el auto que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n impetrada de 9 de febrero de 2021; que no se hab\u00eda pronunciado frente a las medidas cautelares deprecadas, pues no se hab\u00edan cumplido los m\u00faltiples requerimientos efectuados a las entidades bancarias, lo que se considera necesario para resolver el asunto; y que remit\u00eda copia del tr\u00e1mite adelantado. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos y Aduanas de Monter\u00eda adujo que no le constaban lo expuesto en la tutela; que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna; que no ten\u00eda injerencia en los hechos que generaron la decisi\u00f3n criticada; y que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Provincial de Monter\u00eda asever\u00f3 que eran inembargables los recursos destinados al sistema general de seguridad social en salud, por lo que exhortaba para que una vez se analizaran los argumentos expuestos por los sujetos procesales, se dispusiera garantizar dicha inembargabilidad en el asunto. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que lo pretendido fue solicitado en el proceso y se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n, pues all\u00ed no se ha definido si se accede o no a la medida cautelar, raz\u00f3n por la que la petici\u00f3n de resguardo era prematura. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no ten\u00edan nada que objetar de la motivaci\u00f3n del Tribunal Constitucional, pero s\u00ed estaban inconformes con la misma; que el pronunciamiento sobre medidas cautelares deb\u00eda ser inmediato; y que hab\u00eda transcurrido un a\u00f1o sin que se hubieran decretado las cautelas, siendo innecesario conocer si los dineros eran del SGP, puesto que eran embargables para el pago de sentencias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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4. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
Luego, se observa que como la actuaci\u00f3n referida estaba en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que lo contrario equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, no desconoce la Corte que en auto de 25 de noviembre de 2021 se resolvi\u00f3 adversamente la solicitud impetrada por la ahora accionante, deneg\u00e1ndose las medidas cautelares deprecadas, sin embargo, esto constituye un hecho nuevo, no incluido en el libelo inicial, frente al que no puede entrar a pronunciarse la Sala en esta instancia, toda vez que desconocer\u00eda el derecho de defensa de los involucrados en esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026Es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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