STC17308-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17308-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04501-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de diciembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Harding Elvis Chow R\u00edos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el asunto liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante del auxilio reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente conculcada por la Corporaci\u00f3n querellada, con ocasi\u00f3n del decurso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal iniciado en su contra por Verlin de Armas, radicado bajo el N\u00b0 08001-31-10-009-2005-00483. <\/p>\n
Pretende, en consecuencia, se deje \u00absin valor y efecto el fallo proferido por la Sala Octava Unitaria Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el d\u00eda veintiocho (28) de Mayo de dos mil diecinueve (2.019), as\u00ed como las actuaciones que del mismo se desprendan, ordenando a la colegiatura encartada, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir del momento en que tenga conocimiento [del] fallo, vuelva a dictar sentencia, consultando las disposiciones legales y la jurisprudencia que gobiernan la materia\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su s\u00faplica expone, que en sentencia de 28 de noviembre de 2005, el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla decret\u00f3 el divorcio del matrimonio civil celebrado entre \u00e9l y Verlin de Armas y dispuso la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, para lo cual su exesposa present\u00f3 la demanda el 3 de octubre de 2017. <\/p>\n
Relata que tras las m\u00faltiples diligencias realizadas para vincularlo como demandado, contest\u00f3 el libelo se\u00f1alando que los inmuebles con matr\u00edculas inmobiliarias N\u00b0 450-18685 y 450-19148, ubicados en San Andr\u00e9s y que pretend\u00edan incluirse en el liquidatorio, \u00abno hacen parte de la sociedad conyugal ya que son bienes heredados, pese a que fueron adquiridos por una compraventa la cual [no pod\u00eda tenerse como tal], de acuerdo a la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Bogot\u00e1 [en el proceso de extinci\u00f3n de dominio seguido respecto de dichos predios, pues] en la isla de San Andr\u00e9s se acostumbra a que cuando se trate de donaciones o bienes en herencia se hace a trav\u00e9s de una compraventa\u00bb. <\/p>\n
Acota que la diligencia de inventarios y aval\u00faos se realiz\u00f3 el 28 de enero de 2019 y en ella las partes denunciaron las partidas correspondientes, las cuales \u00abfueron rec\u00edprocamente objetadas\u00bb, celebr\u00e1ndose la audiencia para definir tales objeciones el 20 de marzo de 2019, oportunidad donde se declararon impr\u00f3speras las manifestaciones de la all\u00e1 demandante, precis\u00e1ndose, entre otras cuestiones, que los inmuebles atr\u00e1s identificados no pod\u00edan ingresar a la masa partible, comoquiera que se trataba de bienes propios adquiridos por el tutelante mediante herencia. <\/p>\n
Apelada esa determinaci\u00f3n por Verlin de Armas, el Tribunal enjuiciado, en pronunciamiento de 28 de mayo de 2019, la revoc\u00f3 para en su lugar, desestimar las objeciones propuestas por el aqu\u00ed solicitante y permitir la inclusi\u00f3n de los renombrados predios. <\/p>\n
Devueltas las diligencias al a quo, en providencia de 5 de diciembre de 2019, esa autoridad resolvi\u00f3 \u00abacatar lo resuelto por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, en lo pertinente a la parte resolutiva de la providencia adiada el d\u00eda veintiocho (28) de Mayo de dos mil diecinueve (2.019)\u00bb y conformar, en consecuencia, los inventarios y aval\u00faos de la sociedad conyugal objeto de liquidaci\u00f3n, prove\u00eddo atacado en apelaci\u00f3n por el aqu\u00ed querellante, insistiendo en la exclusi\u00f3n de los inmuebles mencionados. <\/p>\n
Frente a dicho remedio vertical, el Colegiado denunciado, en auto de 14 de febrero de 2020, dispuso la devoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n al juzgado de origen, por cuanto \u00abla providencia venida en alzada es producto de un recurso de apelaci\u00f3n resuelto por esta instancia, esto es, ya es una discusi\u00f3n debidamente zanjada, y a la que se remite por mantenerse invariable los considerandos en esa oportunidad expuestos\u00bb. <\/p>\n
Afirma el accionante que la Corporaci\u00f3n denunciada quebrant\u00f3 sus prerrogativas con las determinaciones rese\u00f1adas, toda vez que desconoci\u00f3 lo definido en el proceso de extinci\u00f3n de dominio tramitado sobre los bienes debatidos, \u00abvulneraci\u00f3n que permanece en el tiempo\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 3 de diciembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Tribunal enjuiciado se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto en las providencias discutidas actu\u00f3 \u00abbajo los lineamientos de la Constituci\u00f3n y la ley, sin vulneraci\u00f3n a derecho fundamental o legal alguno\u00bb. <\/p>\n
b. El Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, remiti\u00f3 el enlace virtual del expediente materia de censura. <\/p>\n
c. Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. El tutelante cuestiona la providencia de 28 de mayo de 2019, mediante la cual el Tribunal acusado revoc\u00f3 la de 20 de marzo anterior, para desestimar las objeciones enarboladas por el tutelante a los inventarios y aval\u00faos, y permitir la inclusi\u00f3n de los inmuebles identificados con matr\u00edculas inmobiliarias N\u00b0 450-18685 y 450-19148; asimismo, censura el auto de 14 de febrero de 2020, con el cual la Corporaci\u00f3n atacada dispuso la devoluci\u00f3n de las diligencias al a quo al hallarse ya resuelta la apelaci\u00f3n contra el pronunciamiento de 20 de marzo de 2019. <\/p>\n
3. De entrada se advierte la improcedencia de la protecci\u00f3n demandada, por cuanto, como se anunci\u00f3, el promotor reprocha las determinaciones emitidas por el Colegiado accionado el 28 de mayo de 2019 y el 14 de febrero de 2020; no obstante, la presente demanda constitucional se radic\u00f3 solo hasta el 2 de diciembre hoga\u00f1o, circunstancia que evidencia la tardanza en la proposici\u00f3n del reclamo tutelar. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo -m\u00e1s de 1 a\u00f1o y 9 meses- desde la \u00faltima providencia controvertida, sin que el peticionario hubiese aducido en este tr\u00e1mite justificaci\u00f3n alguna en relaci\u00f3n con la tardanza evidenciada. <\/p>\n
4. La Corte, sobre la materia, ha se\u00f1alado que \u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
5. En consecuencia, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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