STC17311-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC17311-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04531-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2019-00144. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra la Cooperativa Nacional de Ahorro y Cr\u00e9dito Avanza (sede Cartago), radicado n\u00ba 2019-00144, mediante la cual solicit\u00f3 \u00abla construcci\u00f3n de un ba\u00f1o p\u00fablico apto para ciudadanos en silla de ruedas\u00bb; sin embargo, destaca, su pretensi\u00f3n no prosper\u00f3, pues el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago la neg\u00f3 (fallo del 26 de agosto de 2021), \u00abaduciendo cosa juzgada, pues en el a\u00f1o 2015 y present\u00e9 igual acci\u00f3n\u00bb (decisi\u00f3n confirmada parcialmente, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, sentencia del 19 de octubre de 2021). <\/p>\n
Alega que, el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, as\u00ed como la sentencia C-622 de 2007, refieren que \u00abla cosa juzgada no es absoluta, sino relativa y se puede impetrar la acci\u00f3n nuevamente de no haber sido amparada de persistir la amenaza a derechos colectivos\u2026y asi lo hice, adem\u00e1s aport\u00e9 pruebas de la amenaza, aportando sentencias de tribunales donde han amparado igual pretensi\u00f3n consignada en mi renuente acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
Finalmente hizo alusi\u00f3n a diversos pronunciamientos emanados por autoridades judiciales de diferente nivel, en los cuales se accedi\u00f3 a las pretensiones formuladas. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se ordene a las autoridades querelladas, \u00abCONCEDER MI ACCI[\u00d3]N POPULAR SIN QUE PUEDA DECRETAR COSA JUZGADA Y MENOS AG[O]TAMIENTO DE JURISDICCI[\u00d3]N, PUES SE PROB[\u00d3] LA AMENAZA DE DERECHOS COLECTIVOS EN LA RENUENTE ACCI[\u00d3]N POPULAR\u00bb; asimismo, \u00abTRAMITAR MI ACCI[\u00d3]N POPULAR, TENIENDO COMO PRUEBAS LA SENTENCIA DE ACCI[\u00d3]N POPULAR 2015 00037 00, CONTRA BANCO DE OCCIDENTE Y EL FALLO DEL TRIBUNAL QUE LE REVOC[\u00d3] ACCI[\u00d3]N POPULAR CONTRA DAVIVIENDA Y AMPAR[\u00d3] MI ACCI[\u00d3]N POPULAR RADICADA 2013 00116 01\u00bb y \u00abAPLICAR ART 11 LEY 472 DE 1998, SENTENCIA C 622 de 2007 nunca m\u00e1s declarar cosa juzgada, pues la misma no es absoluta, si se presentan pruebas nuevas tal como lo hice y hago\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Cartago, defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n que profiri\u00f3 en primer grado de la acci\u00f3n popular en cuesti\u00f3n, la cual fue ratificada en lo cardinal por el Tribunal Superior de Buga, y que adem\u00e1s, se evidencia que el gestor pretende utilizar la acci\u00f3n de tutela como \u00ab(\u2026) si se tratase de una instancia adicional para proponer un debate jur\u00eddico, que ha concluido legalmente en su escenario natural; queriendo, al paso, trasladar la definici\u00f3n de un asunto que por disposici\u00f3n legal no le compete al juez constitucional por virtud de la residualidad que a \u00e9sta la caracteriza\u00bb. <\/p>\n
2. La Cooperativa Nacional AVANZA, vinculada como entidad demandada en la acci\u00f3n popular referida indic\u00f3 que, como lo advirti\u00f3 el juzgado de conocimiento, en el a\u00f1o 2015 se promovi\u00f3 por parte de Arias Id\u00e1rraga id\u00e9ntica acci\u00f3n en su contra y, \u00abla nueva acci\u00f3n vincula las mismas partes y se fundamenta en los mismos hechos, por lo que la juez accionada estaba facultada legalmente para declarar la existencia de cosa juzgada\u00bb. Por \u00faltimo, se\u00f1ala que, si se han producido sentencias en contra de otras entidades financieras, no tendr\u00edan efectos frente a \u00e9sta, porque se estar\u00eda en presencia de fundamentos f\u00e1cticos y legales diferentes. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo, manifest\u00f3 que, la acci\u00f3n popular relacionada en el escrito de tutela no fue promovida por esa entidad y que \u00fanicamente le consta su iniciaci\u00f3n en virtud del requerimiento del juzgado cognoscente. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Provincial de Cartago explic\u00f3 cu\u00e1les son sus competencias en estos asuntos, y pide que se le desvincule por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago, afirm\u00f3 que conoci\u00f3 de otra acci\u00f3n popular impetrada por el aqu\u00ed accionante contra \u00abConfiquind\u00edo\u00bb, hoy Cooperativa Avanza, con la que tambi\u00e9n buscaba la instalaci\u00f3n de bater\u00edas sanitarias, para el uso de la comunidad y en especial de personas con capacidad reducida de movilidad en el inmueble donde funcionaba para entonces, la cual concluy\u00f3 con fallo desestimatorio el 16 de marzo de 2016, confirmado en segundo grado por el tribunal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron la garant\u00eda denunciada por negar las pretensiones de la demanda popular radicado n\u00ba 2019-00144, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho, por desconocer precedentes judiciales en los que se han concedido pretensiones id\u00e9nticas a la de la acci\u00f3n constitucional en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Hechos probados. <\/p>\n
Se encuentran acreditados los sucesos relevantes que se destacan as\u00ed: <\/p>\n
3.1. El 9 de agosto de 2019, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Cooperativa Avanza \u2013 Sede Cartago, con la cual pretendi\u00f3 que se ordene la \u00abconstrucci\u00f3n de un ba\u00f1o para los ciudadanos con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas [\u2026] en el local comercial donde presta los servicios la citada cooperativa\u00bb. <\/p>\n
3.2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, el 26 de agosto de 2021, deneg\u00f3 las aspiraciones de la acci\u00f3n al considerar que se presentaba en el caso la figura de la cosa juzgada, pues advirti\u00f3 que una demanda id\u00e9ntica fue formulada por el actor en el a\u00f1o 2015 (radicado n\u00ba 2015-00047), tramitada en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
3.3. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3.4. Mediante sentencia de 19 de octubre de 2021, el Tribunal Superior de Buga, Sala Civil Familia, confirm\u00f3 la negativa de la acci\u00f3n, refrendando la postura del a quo en cuanto a la cosa juzgada, revoc\u00f3 la condena en costas y la imposici\u00f3n de multa al actor. <\/p>\n
4. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo comprende los fallos de ambas instancias, el examen de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 19 de octubre de esta anualidad, que ratific\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo constitucional pedido por el actor popular, por cuanto fue el que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
5. La decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que sustentan la queja, y los expuestos en la providencia del tribunal accionado \u2013 19 de octubre de 2021 \u2013, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo por esta v\u00eda implorado, por cuanto, la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor del reclamo constitucional. <\/p>\n
En dicha providencia, preliminarmente, el accionado explic\u00f3 el instituto de la cosa juzgada en consonancia con el art\u00edculo 35 de la ley 472 de 1998 y lo precisado en la sentencia C-622 de 2007 de la Corte Constitucional que condicion\u00f3 la aplicaci\u00f3n de dicha figura, e indic\u00f3 que aqu\u00e9lla operar\u00eda salvo \u00ab(\u2026) cuando surjan con posterioridad a la sentencia desestimatoria nuevas pruebas trascendentales que pudieran variar la decisi\u00f3n anterior\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, y de acuerdo al contexto procesal, puntualiz\u00f3 que la acci\u00f3n popular con radicado n\u00ba 2015-00047 contra la misma Cooperativa Avanza y su sede de la ciudad de Cartago, persegu\u00eda el mismo prop\u00f3sito, esto es, el de la instalaci\u00f3n de ba\u00f1os p\u00fablicos adaptados para la poblaci\u00f3n con movilidad reducida y en sillas de ruedas; sin embargo, en esa ocasi\u00f3n el juez de conocimiento, luego de efectuar la inspecci\u00f3n judicial al lugar y practicar otras pruebas, acogi\u00f3 la defensa de la entidad financiera en el sentido que, la instalaci\u00f3n de ba\u00f1os en ese local eventualmente representar\u00eda un riesgo para los usuarios \u00abporque all\u00ed se podr\u00edan ocultar los delincuentes para preparar alg\u00fan delito\u00bb (sentencia del 16 de mayo de 2016 \u2013 acci\u00f3n popular rad. 2015-00047); determinaci\u00f3n que qued\u00f3 en firme, al declararse desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el actor popular, quien no cumpli\u00f3 la carga de sustentarlo ante el ad quem. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que, la \u00abprejudicialidad\u00bb en las acciones populares agota la jurisdicci\u00f3n impidiendo la interposici\u00f3n de una nueva demanda por los mismos hechos, as\u00ed los accionantes sean distintos. <\/p>\n
Sobre dicha figura y la cosa juzgada, se apoy\u00f3 en pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que rese\u00f1\u00f3 as\u00ed, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En sentencia de unificaci\u00f3n (SU-658 de 2015) donde la Corte Constitucional concluy\u00f3 que en aquellos supuestos en que se est\u00e9 ante demandas de acci\u00f3n popular en las cuales se persigan las mismas pretensiones, est\u00e9n basadas en la misma causa petendi, y dirigida contra iguales demandados, lo que procede es dar aplicaci\u00f3n a la figura del agotamiento de jurisdicci\u00f3n [y no a la acumulaci\u00f3n de procesos o demandas] tambi\u00e9n, se trajo a colaci\u00f3n la jurisprudencia del Consejo de Estado acerca de la diferencia entre tal agotamiento y la cosa juzgada: <\/p>\n
\u2026 la diferencia entre el agotamiento de jurisdicci\u00f3n y la cosa juzgada, radica en que con el primero se busca evitar un desgaste de la administraci\u00f3n de justicia, de tal suerte que ante la existencia de dos procesos en curso, que versan sobre hechos, objeto y causa similares, el juez debe establecer cu\u00e1l de ellos agot\u00f3 la jurisdicci\u00f3n y, para ello, debe constatar en qu\u00e9 procedimiento fue notificada primero la demanda a los demandados, pues es a partir de dicho momento que se habla propiamente de la existencia del proceso como tal, en tanto en dicho instante se traba la litis. Ahora bien, en la cosa juzgada, el operador judicial constata que un proceso sobre los mismos o similares hechos, objeto y causa ya fue fallado por la jurisdicci\u00f3n, situaci\u00f3n que lo lleva a declarar, en la sentencia, la imposibilidad de acceder a las pretensiones, puesto que el asunto ya fue ventilado y decidido ante los \u00f3rganos jurisdiccionales respectivos\u00bb. <\/p>\n
Complement\u00f3 indicando que, en el sublite, de acuerdo a lo decantado en la actuaci\u00f3n, la \u00abjurisdicci\u00f3n qued\u00f3 agotada y no se proced\u00eda presentar nuevas demandas ni acumularse a la primera otras acciones posteriores\u00bb. <\/p>\n
Y puntualiz\u00f3 que, ejecutoriada la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la acci\u00f3n popular contrastada, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la misma adquiri\u00f3 el efecto de cosa juzgada que impide reabrir la discusi\u00f3n, as\u00ed el fallo hubiese sido negativo, pues como lo explica el tratadista precitado: la cosa juzgada se opone a cualquier pretensi\u00f3n que contradiga la sentencia anterior. Su naturaleza reside en el inter\u00e9s de declarar la certeza de las relaciones jur\u00eddicas. Si la sentencia ejecutoriada (salvo la susceptible del recurso extraordinario de revisi\u00f3n) pudiera ser modificada en otro proceso, de nada servir\u00eda el concepto de autoridad que reviste. (Morales Molina, 1991). <\/p>\n
De conformidad con lo rese\u00f1ado, como se anticip\u00f3, el ruego constitucional no puede prosperar, toda vez que, contrario sensu a lo manifestado por el querellante, la decisi\u00f3n recriminada no alberga anomal\u00eda que imponga prima facie la salvaguarda suplicada. <\/p>\n
As\u00ed que, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 la magistratura acusada, como aquella, en principio se observa sensata, carente de arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que, no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. <\/p>\n
En lo atinente, se ha indicado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el que el precursor del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
6. Sobre el desconocimiento del precedente. <\/p>\n
La denuncia sobre el supuesto desconocimiento del precedente judicial tampoco puede abrirse paso, toda vez que el precursor del resguardo no demostr\u00f3 la incidencia de las sentencias que invoc\u00f3 en el desenlace confrontado. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, en el escrito introductorio el actor aludi\u00f3 a varios casos (providencias dictadas por las mismas autoridades aqu\u00ed accionadas en acciones populares radicados 2015-00037 y 2013-00016; as\u00ed como la 2010-01876, de Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia), los que adujo eran similares al que se revisa, limit\u00e1ndose a indicar que en ellos la pretensi\u00f3n relacionada con la instalaci\u00f3n de ba\u00f1os de servicio p\u00fablico acondicionados para el uso de personas con movilidad reducida en diversas entidades fue acogida, pero no acredit\u00f3 ni argument\u00f3 en qu\u00e9 circunstancias y bajo qu\u00e9 contexto espec\u00edfico se tomaron esas decisiones. <\/p>\n
Al respecto, mem\u00f3rese que, la simple alusi\u00f3n a otras decisiones judiciales y a las semejanzas con el asunto que se estudia, no basta para estructurar la omisi\u00f3n alegada, ya que, por un lado, en principio, las sentencias vierten sus efectos en los casos en los que son emitidas y, por otra parte, si se trata de que una autoridad judicial resuelva conforme a otro asunto que le precedi\u00f3, debe demostrarse que existe entre ellos cierta identidad que permita y amerite un tratamiento jur\u00eddico similar, lo que aqu\u00ed no se prob\u00f3. <\/p>\n
En tal sentido, en una acci\u00f3n de tutela en la que se trajo a discusi\u00f3n la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad por desconocimiento del precedente judicial respecto de otra acci\u00f3n popular, esta Sala dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Adicionalmente, es menester indicar que, ante la alegaci\u00f3n relacionada con la supuesta inobservancia de la postura se\u00f1alada en un fallo de tutela, as\u00ed como de otra determinaci\u00f3n emitida por una magistrada hom\u00f3loga del ac\u00e1 tutelado, donde se acced\u00eda al requerimiento del actor popular, resulta oportuno advertir que no podr\u00eda admitirse un directo desconocimiento del precedente bajo la simple premisa de existir decisiones en las cuales salieron avantes las pretensiones que aqu\u00ed se exponen, pues, resulta leg\u00edtimo que el estudio de un espec\u00edfico escenario procesal lleve a diferentes conclusiones, todas las cuales podr\u00edan ser acertadas, mientras sean cotejadas estrictamente con la ley aplicable. <\/p>\n
Asimismo, lo resuelto por la magistrada aludida por el actor corresponde a una apreciaci\u00f3n jur\u00eddica que efectu\u00f3 en otro contexto y a la hermen\u00e9utica que de manera aut\u00f3noma le otorg\u00f3 a la situaci\u00f3n analizada, luego, no constituye en riguroso sentido un precedente jurisprudencial que sirva de insoslayable derrotero para todos los asuntos similares, pues recu\u00e9rdese, los criterios adoptados por funcionarios hom\u00f3logos no son necesariamente vinculantes\u00bb (STC16620-2019). <\/p>\n
Con fundamento en lo discurrido, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional pedida. <\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El amparo habr\u00e1 de denegarse porque la providencia objeto de reclamaci\u00f3n no puede tildarse de caprichosa como para ser objeto de ataque en sede constitucional y tampoco se demostr\u00f3 el supuesto desconocimiento del precedente judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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